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ECO, LA RECONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR Y LA EDUCACIÓN POPULAR EN EL CHILE DE LOS OCHENTA

Mario Garcés Durán1

Introducción

La sociedad chilena vivió profundas transformaciones en el último tercio del siglo XX. Desde un punto de vista histórico, en los años sesenta maduraron grandes proyectos de cambio social que involucraron a diversos grupos sociales, pero muy particularmente a los sectores populares. El proyecto de “Revolución en libertad”, conducido por la Democracia Cristiana, y la “Vía chilena al socialismo”, liderado por la izquierda, convocaron a la clase popular chilena a hacerse parte de importantes reformas en el campo de la propiedad (Nacionalización del Cobre, Reforma Agraria y Área de Propiedad Social); en la gestión de la producción rural y urbana (ampliación de la propiedad y la gestión estatal en diversas áreas productivas); en la educación (ampliación de la matrícula y reforma en el gobierno universitario); así como en el ordenamiento y la expansión de la ciudad (nuevas políticas de vivienda y programas de apoyo y promoción de la organización popular). Estos diversos procesos de cambio social, que modificaban relaciones tradicionales de poder y que permitían a los grupos subalternos ocupar nuevos espacios y roles sociales, fueron violentamente interrumpidos, si no anulados o bloqueados, luego del golpe de Estado de 1973 que derrocó al presidente Allende y que dio paso a una acción represiva sin precedentes en la historia de Chile, tanto en contra de la izquierda política como de los sectores sociales organizados. La dictadura chilena fue, en este último sentido, eminentemente anti-popular.

En los años setenta y ochenta, los sectores más pobres, al igual que los partidos políticos de la izquierda y la Iglesia católica, favorecieron inéditos procesos de reorganización popular, a partir de los cuales se abrió paso la educación popular como un conjunto de iniciativas encaminadas a generar nuevos saberes, así como nuevos enfoques y orientaciones para la acción política de resistencia y oposición a la dictadura militar. Sin embargo, cuando en el segundo lustro de los ochenta las fuerzas de oposición social y política pudieron desestabilizar parcialmente al régimen autoritario e iniciar los procesos de acuerdo y consensos para recuperar la democracia, se impusieron las formas más tradicionales de la política chilena, centradas fundamentalmente en la acción hacia el Estado y en el papel protagónico de los partidos políticos. En este contexto, mucho de los aprendizajes, propósitos y sentidos que animaron la reorganización de los sectores populares fueron relegados a un segundo plano y la transición a la democracia se organizó sobre la base de la prescindencia tanto de los movimientos sociales tradicionales como de los nuevos. En este capítulo nos proponemos revisitar los procesos de reconstrucción que protagonizaron estos sectores en los años ochenta y el papel que jugó la educación popular en ellos.

La reorganización popular

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 representó un punto de ruptura en la historia de los movimientos sociales populares en Chile. En muchos sentidos, dio paso a una verdadera tragedia. Por más que los primeros bandos de la junta militar indicaban que los derechos y conquistas de los trabajadores serían respetados, nada de esto ocurrió. Paralelamente al ataque a la Moneda, o en las horas siguientes, las fábricas y las poblaciones serían objeto de una acción represiva a gran escala. Las Fuerzas Armadas chilenas operaron prácticamente como “ejército de ocupación”, patrullando calles, allanando locales y sedes partidarias, los cordones industriales y las poblaciones más emblemáticas. En Santiago, los vuelos rasantes de aviones que el día 11 habían bombardeado la Moneda, ahora sobrevolaban los barrios infundiendo temor en las poblaciones periféricas de la ciudad. El toque de queda se impuso desde el mismo día 11 y limitó hasta los años ochenta el desplazamiento de los ciudadanos durante la noche.

El efecto del golpe en las poblaciones fue devastador, tanto por la represión como por el temor que esta generaba entre sus habitantes. Estos en muchos casos fueron víctimas de la ocupación militar de sus barrios, de disparos durante la noche, de allanamientos selectivos y masivos, de detenciones arbitrarias, de malos tratos y violencia con resultado de muerte. En este clima, de violencia estatal y de incertidumbre, las primeras respuestas de los pobladores fueron pequeños actos y gestos solidarios hacia sus vecinos o militantes de izquierda que buscaban protección, gestos que se potenciaron y amplificaron cuando las Iglesias cristianas, en especial la Iglesia católica, comenzaron a desarrollar programas más sistemáticos de ayuda a los familiares de las víctimas de la represión, así como iniciativas de apoyo social dirigidas hacia los sectores más pobres de la ciudad.

Según el Informe del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi), creado en octubre de 1973 como consecuencia del golpe de Estado, “muchas personas se acercaron a las iglesias de diversas denominaciones que existen en Chile en busca de consuelo y apoyo frente a situaciones, propias o de familiares, de detención, desaparecimiento, muerte, cesantía, etc. Muchos de ellos no contaban con los recursos económicos necesarios para sobrellevar la emergencia. Otros comprobaban que los organismos competentes no respondían a sus requerimientos. No faltaban los que sentían intimidación y miedo”2. Este fue el origen de la acción solidaria de las Iglesias en Chile. En este contexto fueron surgiendo en el Copachi “los programas jurídicos, asistenciales, laborales, de salud, de comedores, de campesinos, de talleres artesanales, hasta llegar a diciembre de 1975 habiendo atendido a más de cuarenta mil personas en sus oficinas, dando casi 70.000 prestaciones médicas en sus policlínicos y colaborando en la alimentación de más de 35.000 niños diariamente en los comedores infantiles”3.

Luego de dos años de existencia, la presión de la dictadura llevó a su cierre. No obstante, el cardenal Silva Henríquez decidió dar continuidad a las tareas del Copachi a través de la creación de la Vicaría de la Solidaridad (un organismo propio de la Iglesia católica), la que, junto con atender a las víctimas de la represión, expandió los programas sociales en las principales poblaciones de Santiago. La Vicaría fue un gran “marco institucional” para la acción solidaria de la Iglesia católica; sin embargo, esta acción no habría sido posible sin la existencia de una vasta red de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral que daban vida a las comunidades cristianas populares.

En medio de la represión, de la cancelación del estado de derecho y del cierre de los canales históricos de participación (en especial los partidos políticos), las parroquias y comunidades cristianas de las poblaciones fueron los principales espacios en que los pobladores se pudieron encontrar y dar vida a una nueva red de organizaciones sociales. Primero los comedores infantiles, luego los comedores familiares, las bolsas de cesantes, los grupos de salud, los centros de apoyo escolar y muchos otros, tanto de pastoral juvenil como grupos artísticos y culturales de jóvenes. La vida comunitaria en las poblaciones se fue entonces recreando lentamente.

En este mismo período, la situación de la izquierda fue francamente crítica y desfavorable debido a la represión y a los efectos de la derrota político-militar que había significado el golpe de Estado. En una primera etapa vivió las consecuencias de la represión masiva, la que tuvo como emblema el Estadio Nacional convertido en un gran campo de detención (por cierto, hubo otros centros, como regimientos, cuarteles de policía, barcos de guerra, etc.). En una segunda etapa, fue víctima de una represión más selectiva, orientada a la desarticulación de los principales partidos de izquierda. Los aparatos de seguridad e inteligencia, como la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), pusieron entonces en práctica sus métodos más atroces, masificando tanto la tortura en diversos centros clandestinos de detención como la desaparición de los detenidos4. La DINA definió sus prioridades haciendo del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) su principal objeto de represión y desarticulación. Paralelamente, golpeó al Partido Socialista, y hacia 1976, centró su accionar en el desmantelamiento del Partido Comunista.

Con esto se buscaba anular a la izquierda en su capacidad de resistencia a la dictadura, pero desde un punto de vista más estructural, se bloqueó y anuló el lugar y el papel que habían jugado los partidos en el sistema político chileno5. En este nuevo contexto, la reorganización de los sectores populares debía seguir caminos relativamente inéditos, con nuevos actores y nuevas organizaciones en las cuales los partidos políticos seguirían jugando un papel no menor, ya sea adaptándose o apoyando los procesos de reorganización popular.

La emergencia de nuevos actores: la Vicaría, los centros académicos y de apoyo al movimiento popular

La Vicaría de la Solidaridad orientó sus acciones en una doble dirección. Por una parte, en la defensa legal y jurídica de los perseguidos por el régimen y, por otra, en un conjunto de programas sociales orientados a mitigar los efectos de la pobreza y apoyar a las organizaciones populares. El Departamento de Zonas de la Vicaría, en 1976, se hizo cargo de las principales iniciativas sociales y solidarias a través de cuatro programas: bolsas y actividades para la subsistencia; comedores; salud; capacitación, educación y cultura.

El programa de bolsas y actividades para la subsistencia estaba relacionado con 50 bolsas de cesantes y 131 talleres productivos. Las bolsas de cesantes eran una organización que agrupaba a los trabajadores que habían perdido su empleo, y en torno a ellas se fueron gestando diversas actividades culturales (actos solidarios, campañas), recreativas y deportivas, así como apoyos a los comedores populares. Los rubros de producción o servicios que más frecuentemente realizaban eran carpintería, cuero y calzado, alimentación, gasfitería, pintura, etc.

El programa de comedores alcanzaba en 1976 a un total de 186. La mayoría de ellos atendía, en promedio, a unos cien niños en edades preescolar y escolar. La Vicaría les entregaba mensualmente legumbres, quínoa, aceite y azúcar. También leche, pero en cantidades que se consideraban insuficientes. Caritas, por su parte, repartía de forma irregular harina, porotos y huevos desecados. Los comedores estaban dirigidos en su gran mayoría por mujeres de las mismas comunidades. En algunos casos se comenzaron a crear los CAE (Centro de Apoyo Escolar) para enfrentar los problemas de retraso en la escuela. Ese año, una de las zonas vinculadas a la Vicaría comenzó a desarrollar un proyecto piloto de actividades recreativas. Finalmente, un gran número de comedores contaba con el apoyo de nutricionistas.

El programa de salud prestaba servicios a través de policlínicos vinculados a la Iglesia. Hasta el año 1976 se encontraban inscritas un total de 30.215 personas. Las atenciones médicas y dentales superaban las 95 mil. Un programa especial controlaba a los niños que asistían a los comedores infantiles. Entre julio y diciembre de 1976 se atendió a 13.832, de los cuales 9.483 estaban desnutridos (68,3 %).

Según los informes de la Vicaría, en esos años se mantenían vínculos con un significativo número de personas en las distintas zonas episcopales de Santiago, como se muestra en el cuadro siguiente.

Número de personas vinculadas a las acciones solidarias de la Vicaría

Tipos de personas	Total
Dirigentes de bolsa	444
Madres encargadas de comedores	4.800
Integrantes de bolsas	5.920
Monitores de los centros de apoyo escolar	236
Delegados poblacionales de salud	342
Integrantes de grupos de ayuda fraterna	1.400
Total:	13.142

Fuente: En base a datos de Vicaría de la Solidaridad. Ocho meses de labor. Agosto 1976.

La Vicaría alcanzó un desarrollo importante en sus primeros años de existencia (1976-1978), lo que generó tensiones al interior de la propia Iglesia entre quienes favorecían el desarrollo de las actividades solidarias y quienes veían en estas efectos políticos no deseados. Se produjo entonces un cambio de vicario y se desarrolló un debate acerca de las orientaciones de la Vicaría, del que resultó que esta tendería a acentuar la “acción pastoral” por sobre la “acción solidaria”6.