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CAPÍTULO II

(Neo)extractivismo: en la naturaleza del conflicto

Uno camina sobre el agua, el segundo la vadea y se sumerge en ella. El tercero marcha con las botas secas sobre los guijarros que debían albergar un río. Uno vive en el área metropolitana de Río de Janeiro, el segundo en la selva tropical de Perú, el tercero en las estribaciones de los Andes en Chile. Uno pesca, el otro draga; el tercero siembra, escribe y habla. La cotidianidad de los tres está marcada por el extractivismo. Y todos ellos viven y trabajan en territorios.

Territorio

El debate y la controversia sobre el extractivismo en América Latina resultan incomprensibles sin el concepto territorio. En las ciencias políticas éste tradicionalmente designa al ámbito del Estado nacional en el que coinciden el derecho, la lengua y la esfera de dominio del gobierno: un espacio definido geográficamente por las fronteras nacionales y determinado por la soberanía del Estado; uniforme y homogéneo, como lo define el ideal.

La reciente geografía crítica se ha distanciado de esta conceptualización. En el debate latinoamericano, territorio ahora se entiende sobre todo como el área (natural) a la cual se quiere expandir un cierto tipo de explotación económica de la naturaleza, pero en la que ya existe otra praxis económica y otra forma de vida. Dicho concepto designa espacios en los que está activo el extractivismo, mismo que desencadena conflictos específicos de apropiación y explotación con la población que vive en él, porque conlleva complejas consecuencias para sus formas de vida y sus derechos.

El núcleo de estos conflictos lo constituye la pregunta: ¿Quién tiene acceso al territorio y a lo que se halla encima y debajo de la tierra; quién tiene el poder de disponer sobre ello y cómo lidian los diferentes actores con los elementos naturales y con las formas de vida y de producción que existen en esos espacios?

El territorio es tierra, y en la historia latinoamericana la tierra ha sido objeto de disputas desde la época colonial. La cuestión de la tierra ha provocado revoluciones. Los muchos campesinos sin tierra del continente exigen hasta hoy que se expropien los latifundios y que se les adjudiquen tierras de cultivo. La tierra es, al mismo tiempo, objeto y lugar del conflicto. Los actores estatales y del sector privado apuntan al dominio (es decir, la propiedad y el aprovechamiento o valorización), los habitantes a la apropiación (como propiedad de uso colectivo y como un espacio de vida, económico y cultural que debe ser conservado).[1] Lo que para los habitantes puede ser campo, bosque, río, bahía, patria y santuario, se convierte en territorio debido a la intervención del extractivismo. El territorio es, al mismo tiempo, un concepto, un hecho espacial y una práctica extendida, sobre todo de medición y control. Y son también las prácticas de intervención las que territorializan el espacio y la tierra.

Esto significa que el extractivismo es más que un modelo económico: conlleva un sistema político, códigos jurídicos, una cierta cultura, símbolos y anhelos; actúa como si dispusiera de un espacio vacío e indeterminado. El conflicto con las formas de producción, las normas y la cultura de quienes viven en esos territorios es inevitable.

Abordar los territorios con base en opuestos asimétricos entraña el peligro inherente a todas las dicotomías: la exageración de lo bueno y de lo malo, la idealización de las prácticas “buenas” y la demonización de las “malas” y también de aquellos que las ejercen. No todos los habitantes de los territorios tienen una orientación comunitaria, no todos son autóctonos ni están libres de intereses económicos transitorios. A la inversa, existen proyectos que, aunque fueron llevados desde fuera a los territorios y afectan las condiciones locales de producción, de ninguna manera tienen por objetivo integrar al territorio en los ciclos del mercado mundial. Los debates en torno a la naturaleza y el desarrollo adolecen de simplificaciones, armonizaciones o proyecciones, porque éste es el clásico punto ciego del abordaje desde el liberalismo económico: en los conflictos por los territorios, las relaciones de poder están configuradas de manera desigual; con frecuencia, extremadamente desigual. Los recursos de poder y de influencia (y de dinero, con el cual los dos primeros van de la mano) no están distribuidos de manera equitativa, ni por mucho. La gran mayoría de los territorios se encuentran en aquellas regiones nacionales en las que no existe un Estado de derecho, o sólo de manera fragmentaria. Tampoco se dispone de infraestructura material, o igualmente sólo de manera fragmentaria. Los grupos poblacionales que viven ahí son lo que en derecho internacional se conoce como “vulnerables”: personas que cuentan con pocos recursos, que carecen prácticamente de una educación formal, a las que los hospitales les quedan lejos y un abogado les resulta inalcanzable, y que ganan poco más que lo necesario para sobrevivir.