Читать книгу Dimensiones de la migración en Colombia. - Felipe Aliaga Sáez - Страница 28

Para hablar de migración forzada interna, o desplazamiento forzado en Colombia, es necesario remitirse a los libros de historia del país que hablan acerca del conflicto armado interno, por lo menos a los que datan de las últimas décadas del siglo XIX en adelante, periodo en el cual “no se consiguió ni la libertad, fervorosamente defendida por los liberales federalistas y radicales; ni el orden, propuesto por los conservadores unitarios y católicos, ni mucho menos la sumatoria de libertad y orden que soñó la Constitución de 1886” (Palacios & Safford, 2002, p. 451). La guerra de los Mil Días, la separación de Panamá de Colombia, una guerra civil en 1885, entre otros acontecimientos, marcarían al país con un sello de violencia que ha dejado huellas de índole política y social, las cuales han afectado a millones de personas.

Sin embargo, el propósito de este capítulo no es hacer un recuento de la historia de la violencia en Colombia, sino que se centrará en el conflicto interno más reciente, si es que se le puede llamar reciente, en el que país lleva sumido más de 60 años, sometiendo a la población a vivir bajo el fuego cruzado de diversos actores armados, tanto estatales como al margen de la ley, lo cual ha dejado como resultado millones de personas desplazadas tanto al interior como al exterior del país3.

El referido periodo se puede ubicar cuando “a partir del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, empieza en Colombia un ciclo de violencia política que degeneró en un conflicto armado con rasgos de guerra interna” (González, 2010, p. 629). Molano (2015a, p. 2) también coincide con que este acontecimiento marcó un hito importante en el conflicto armado colombiano, “el asesinato de Gaitán desbordó tanto la estrategia conservadora como la liberal. Fue la guerra civil no declarada. El Gobierno se atrincheró en el poder, y el Partido Liberal, acéfalo, trató de defenderse con guerrillas oscilando siempre entre las urnas y las armas”.

De acuerdo con lo planteado por Pécaut (2006, pp. 527-529), conviene resaltar cuatro observaciones acerca del conflicto colombiano; en primer lugar, el término guerra ha sido poco utilizado para referirse al conflicto, el término que se ha usado por excelencia es de la violencia, ya que este permite incluir la multiplicad de actores y factores que comprenden el conflicto en Colombia; en segundo lugar, si bien las instituciones estatales han perdido credibilidad y han atravesado por crisis, aún gozan de una legitimidad sorprendente; en tercer lugar, los actores del conflicto se diferencian por el apoyo que reciben y por sus bases de reclutamiento; y, por último, el conflicto afecta principalmente a las zonas periféricas del país.

En Colombia, el desplazamiento forzado ha sido generado principalmente por los hechos violentos que cometen los grupos armados en contra de la población civil, como una manera de ejercer control sobre los territorios y de esta manera expandir su influencia, es decir, que “los fenómenos de desplazamiento forzado deben ser vistos dentro del contexto de conflicto armado interno que se lleva a cabo en torno al control territorial, político y económico” (Kerr, 2010, p. 4). Según Ibáñez (2004), el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia se ha propagado tanto que ha llegado a afectar de alguna manera al 88 % de los municipios del país, incluso al punto de que algunos de estos municipios han perdido más de la mitad de su población. Otra de las razones que menciona Ibáñez, y que usualmente no es tenida en cuenta como una de las causantes del desplazamiento forzado, es la sustitución de cultivos ilícitos, ya que la fumigación de los cultivos afecta los ingresos de los cultivadores, por un lado, y por otro lado las personas se desplazan por temor a los enfrentamientos armados que se pueden generar entre los grupos armados y los militares que normalmente acompañan las actividades de fumigación. “El desplazamiento interno en Colombia corresponde al conflicto interno y a los abusos de los derechos humanos que van de la mano con él. […] Además, los enfrentamientos entre actores armados que violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) también contribuyen al desplazamiento de la población civil” (Kerr, 2010).

Varios han sido los intentos en Colombia por negociar la paz con los diferentes grupos armados, y de esta manera reducir las consecuencias desgarradoras del conflicto armado como lo es el desplazamiento forzado. Desde 1974, entre el gobierno de Alfonso López Michelsen y el ELN, pasando por el gobierno de Andrés Pastrana en 1998 con las FARC, incluso durante el gobierno de Álvaro Uribe se llevaron a cabo algunas rondas exploratorias con el ELN, sin embargo todos estos esfuerzos fueron en vano, hasta el año 2016, como se verá más adelante. Estos intentos no solo no lograron conseguir la paz, sino que la situación empeoró, con la Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, “en términos de percepción pública de la época […] fue un éxito. El Gobierno dio cifras sobre la disminución de homicidios y secuestros, pero Naciones Unidas mostró el aumento de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento” (Molano, 2015b, p. 55).

En un estudio realizado por Ibáñez & Moya (2007) se puede evidenciar además que, en los años recientes, al ser un documento del año 2007 este periodo coincide con el gobierno de Uribe, “el fenómeno de desplazamiento forzoso se ha expandido a lo largo del país debido a la generalización de la violencia armada y cada vez abarca más territorio. Como resultado, el fenómeno del desplazamiento afecta alrededor de 90 % de los municipios del país, ya sea por la expulsión o por la recepción de personas. A pesar de esto, la expulsión y la recepción de personas desplazadas se concentran en unos pocos municipios”, y que según la Red de Solidaridad Social, “mientras que en 2001, el desplazamiento había afectado a 819 municipios, en 2005 esta cifra ascendió a 997 municipios, lo que equivale a un incremento de 22 % en esos cuatro años” (Ibáñez & Moya, 2007, p. 30).

De acuerdo con Sandra Borda (2012), durante los periodos presidenciales de Uribe se presentaron problemas fundamentales en materia de derechos humanos que llamaron la atención de la comunidad internacional, uno de ellos fue el desplazamiento forzado de las comunidades rurales debido a los enfrentamientos de grupos armados. Si bien el desplazamiento forzado en Colombia no es un fenómeno nuevo, y de hecho, es complejo y de carácter casi permanente, debido a las múltiples dinámicas sociales, económicas y políticas que lo vienen provocando (Ruscheinsky & Nina, 2013a, p. 159), en la historia reciente del país se puede ubicar una primera fase con la época de La Violencia entre 1948 y 1966; continuando con la expansión de la insurgencia y la brutal respuesta del Estado en los años setenta, y dando paso a la triple alianza entre las fuerzas de seguridad, los carteles de droga y los terratenientes que conformaron escuadrones paramilitares son en gran medida la raíz del desplazamiento que se vive actualmente, sumado a la dependencia económica que adquirieron las guerrillas a través de las ganancias de la droga y de actos violentos y extorsivos contra la población (Kirk, 1993). Es notorio que durante los primeros años del gobierno de Uribe, 2000-2002, de acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), se observó una agudización del problema en donde hubo un total de 804.897 personas desplazadas (Borda, 2012). En el 2010, en una entrevista realizada al entonces director de CODHES, Jorge Rojas, afirmó que el gobierno de Uribe es el gobierno que más personas ha desplazado en la historia reciente de Colombia. Ya sea que se mire por las cifras oficiales o por las de CODHES (Coello, 2010).

Finalmente, en el 2012, se abrió una nueva posibilidad de negociación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, el grupo guerrillero más antiguo de Colombia, y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, lo cual derivó en la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual se reconoce la existencia del conflicto y las fatales consecuencias que este ha traído para el pueblo colombiano, considerando el desplazamiento forzado como una de las graves consecuencias:

El conflicto armado, que tiene múltiples causas ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones de colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y Rom, personas en razón de sus creencias religiosas, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, población LGBTI y gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles, pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo4.

Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC arrojaron algunos resultados esperanzadores, pues si bien los desplazamientos forzados continuaron, en el primer cuatrienio de este gobierno se evidenció una reducción del 47 % en el desplazamiento forzado, en comparación con el cuatrienio anterior, según lo expresó Iris Marín, la entonces directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas (AFP, 2015). Desafortunadamente, tras la firma del Acuerdo no se evidenciaron los resultados esperados, según el informe anual de 2017 del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia:

El desplazamiento forzado continúa a pesar del proceso de paz. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reportó que en 2016 se produjeron 47 emergencias en razón de nuevos desplazamientos forzados masivos, confinamientos y restricciones de movilidad […] y afectaron primordialmente los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y campesinas. Aproximadamente 13.864 personas fueron afectadas por el desplazamiento masivo. Un alto porcentaje de estos casos estuvo relacionado con emergencias recurrentes en las cuales los esfuerzos institucionales no lograron mitigar las causas de las hostilidades o la violencia. (Consejo de Derechos Humanos, 2017, p. 16)

A pesar de que Colombia se ubica como el país con más desplazados internos del mundo, estas víctimas están sometidas a la invisibilización, y es que a pesar de que en términos generales la población colombiana conoce la existencia de las víctimas, por lo menos de las que están al interior del país, ya que por razones de desplazamiento forzado se han asentado en diferentes partes del territorio, tampoco se puede desconocer que:

Aunque el conflicto armado en el país ha cobrado millares de víctimas, representa para muchos conciudadanos un asunto ajeno a su entorno y a sus intereses. La violencia de la desaparición forzada, la violencia sobre el líder sindical perseguido, la violencia del desplazamiento forzado, la del campesino amenazado y despojado de su tierra, la de la violencia sexual y tantas otras suelen quedar marginadas de la esfera pública, se viven en medio de profundas y dolorosas soledades. En suma, la cotidianización de la violencia, por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de la inmensa mayoría de víctimas, por el otro, han dado lugar a una actitud si no de pasividad, sí de indiferencia, alimentada, además, por una cómoda percepción de estabilidad política y económica. (CNMH, 2013, p. 14)

Esta situación de invisibilización la ratifica el informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia, una nación desplazada, en el cual se sostiene que “a pesar de que la crisis humanitaria ha puesto a Colombia en el centro de atención de la comunidad internacional en las últimas dos décadas, durante la mayor parte del siglo XX el desplazamiento forzado permaneció como una problemática inadvertida, invisibilizada, y en muchos casos, justificada como una consecuencia o “efecto colateral” a las más de cinco décadas continuas de conflicto armado interno (CNMH, 2015, p. 26).