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INTRODUCCIÓN

Una de las preocupaciones más recurrentes en el estudio de negociaciones es determinar las razones que llevan a las partes a un impasse o, incluso, a una ruptura definitiva del diálogo. ¿Por qué unos procesos de negociación logran llegar a acuerdos entre las partes, mientras que otros fracasan en el intento? ¿Por qué a pesar de las múltiples opciones de ganancia mutua para las partes y de la oportunidad que estas tienen de explorar diferentes posibles acuerdos, muchos conflictos continúan luego de los esfuerzos por resolverlos de manera negociada? (Babcock, & Loewenstein, 1997).

En este capítulo se explora la capacidad del concepto de dignidad como una variable esencial a la hora de explicar el resultado de una negociación, así como otros aspectos del proceso de negociación relacionados con las condiciones iniciales, su duración y la naturaleza misma del acuerdo o desacuerdo. Esto toma gran relevancia especialmente en aquellas negociaciones en las que el conflicto puede entenderse como una amenaza latente a la supervivencia de al menos una de las partes.

Según la Real Academia de la Lengua Española, se entiende como digno el ser merecedor de algo o el estar asociado a cierto mérito y condición. De acuerdo con Waldron (2019), históricamente, la dignidad pasó de ser vista como un rango o nobleza que solo un grupo privilegiado de la sociedad poseía, a ser una condición propia de todos los seres humanos. Por lo tanto, el concepto de dignidad se relaciona con el sentimiento de valor inherente a cada persona (Hicks, 2013). Desde esta perspectiva, en la modernidad se condena la instrumentalización de los seres humanos y se muestra la necesidad de que cada individuo sea tratado como un fin y no como un medio (ONU, 1948; Kant, 1785).

Estas reflexiones se extienden naturalmente a los escenarios de negociación, donde las partes presentan cierto nivel de expectativas sobre la forma en que sus motivaciones y causas serán tenidas en cuenta. Es decir, cada parte se considera a sí misma como merecedora de algo, por lo que siente la necesidad de ser valorada y reconocida, y se comportará en la negociación de acuerdo con estas expectativas.

Otros aspectos relacionados con la dignidad también juegan un papel importante en los resultados de la negociación. Por ejemplo, la opinión de terceros actores, como medios de comunicación, opinión pública u otros observadores, podrían influenciar la percepción de las partes involucradas sobre qué tipo de resultados serían aceptables en una negociación.

En el ámbito amplio de las relaciones interpersonales –entre ellas las negociaciones–, muchas instituciones sociales, rituales y prácticas que hacen parte del relacionamiento diario de individuos de una sociedad cumplen entre sus funciones honrar la dignidad de las personas, lo que facilita el trato y las dinámicas de cooperación entre ellas. No obstante, la existencia de estas normas sociales no impide el surgimiento de conflictos, que a su vez requieren de negociación y respeto por la dignidad del otro.

Un ejemplo del papel de la dignidad en la negociación lo comenta Nelson Mandela en su autobiografía, cuando en 1985 se negó a aceptar una oferta de libertad que le hizo el entonces presidente surafricano P. W. Botha, a cambio de que rechazara incondicionalmente la violencia como instrumento político (Mandela, 2013, p. 540). En tanto las condiciones de esta oferta no modificaban el contexto de discriminación y ausencia de derechos políticos para la población negra en Suráfrica, contra las que se había hecho el levantamiento armado, se consideraba como un ataque a la dignidad del Congreso Nacional Africano y, por tanto, debía rechazarse.

Análogamente, Malhotra (2016) comenta el caso de uno de los primeros tratados de paz de los que haya registro, Acuerdo de Kadesh, orientado a poner fin al conflicto entre el Imperio egipcio y el Imperio hitita hace más de treinta siglos. El acuerdo fue escrito en dos idiomas diferentes –uno para cada imperio– en términos bastante similares, pero con una diferencia importante: en la versión egipcia el texto establecía que los hititas pidieron inicialmente un acuerdo de paz, mientras que la versión hitita señalaba que fueron los egipcios quienes en primera instancia pidieron tal acuerdo. Así, en tanto cada texto mostraba que fue “el otro” quien pidió el acuerdo, permitía a cada una de las partes mostrarse como victoriosa y con eso salvar su dignidad ante posibles cuestionamientos de terceros.

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera: en la segunda sección se discute por qué las vulneraciones a la dignidad pueden dar paso al conflicto, se desarrolla la idea de dignidad como imagen interna y externa, y se comentan algunos hallazgos experimentales. Posteriormente, se analiza la incidencia de la dignidad en los resultados de las negociaciones del Gobierno colombiano con las Farc y el ELN, del gobierno de Nicolás Maduro con la oposición venezolana, y el plan de paz de Medio Oriente. Finalmente, se presentan las conclusiones.

DIGNIDAD, CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN

El tema de la dignidad juega un papel importante en la política contemporánea y las diferentes aproximaciones teóricas para su análisis. Según Fukuyama (2018a; 2018b), durante los últimos años en el mundo se ha venido consolidando el ascenso de la política de la identidad; el autor explica que de acuerdo con una larga tradición en el pensamiento occidental, una de las partes esenciales del ser humano es la necesidad de reconocimiento, asociada a lo que Platón llamaba el thymos del alma.

Esto es, más allá de los placeres básicos como aquellos asociados a la alimentación, al sexo y los bienes materiales, y más allá de los aspectos relacionados con la razón, los seres humanos tienen una necesidad esencial de dignidad; de ser reconocidos por otros miembros de su especie.

Fukuyama señala que la identidad, el reconocimiento y la dignidad están desplazando otras agendas en la evolución de la política reciente. Por ejemplo, a diferencia de las agendas de los sectores de izquierda durante buena parte del siglo XX, cuyos discursos buscaban reivindicaciones de carácter socioeconómico y para esto intentaban ahondar en la identidad de clase, actualmente incorporan agendas de grupos más específicos, como la población LGBTI, grupos feministas, ambientalistas, o animalistas¹. Adicionalmente, enfatiza Fukuyama, esto ya no ocurre con una agenda orientada únicamente a la igualdad de derechos respecto a las mayorías, sino que adicionalmente buscan un reconocimiento especial de las condiciones que los hacen únicos.

Sin embargo, a pesar de que esto pudiera indicar que en negociaciones asimétricas las demandas y expectativas de reconocimiento provienen de las partes más débiles, lo cierto es que, las partes con mayor poder también están interesadas en proteger su dignidad. De hecho, comportamientos que van desde la negativa a sentarse a negociar con alguien a quien se considera inferior, hasta el tipo de temas que están dispuestos a tocar en la mesa de negociación son ejemplo de ello².

Pese a las complejidades asociadas con las diferentes acepciones del concepto de dignidad, las percepciones de su vulneración normalmente generan reacciones negativas en las personas, que en algunos casos, ocurren como respuesta a una acción, sin la plena conciencia de que fueron motivadas por un ataque a la dignidad (Hicks, 2013). De ahí que, existen elementos conscientes e inconscientes relacionados con la dignidad y las percepciones sobre su vulneración, que podrían ser fuente de conflictos.

Dichos elementos están estrechamente relacionados con la teoría de las necesidades humanas (Burton, 1990), según la cual, cuando algunas necesidades psicológicas se transgreden, se pone en riesgo el ambiente que requiere una persona para desenvolverse; situación que desencadenará la búsqueda de mecanismos que eviten o corrijan cualquier tipo de vulneración, bajo el riesgo de que se generen ciertos conflictos.

Burton propone que las necesidades psicológicas que deben ser satisfechas para un libre desarrollo del ser humano son identidad, reconocimiento, seguridad y pertenencia. La inclusión de estas necesidades a la hora de abordar los conflictos contribuye a crear una nueva relación entre las partes enfrentadas (Roy, 1995; Mitchell, 1995).

Desde una perspectiva sicológica, Hicks (2013) argumenta que los conflictos interpersonales se pueden rastrear hasta eventos donde las partes sintieron que su dignidad fue transgredida, y señala a la ira, el resentimiento y los sentimientos negativos entre grupos de individuos como manifestaciones de dichas vulneraciones a la dignidad.

A partir del modelo de las necesidades humanas básicas, Hicks reconoce una serie de aspectos esenciales de la dignidad que, considera, deben tenerse en cuenta para evitar conflictos. Así, extendiendo el modelo de Burton, la autora propone estos aspectos: identidad, inclusión, seguridad, reconocimiento, equidad, beneficio de la duda, comprensión, independencia y rendición de cuentas. Adicionalmente, expone cómo ciertos comportamientos individuales ponen en riesgo no solo la dignidad propia, sino que también contribuyen a deteriorar las relaciones interpersonales. Entre estos se encuentran las acciones orientadas a proteger la imagen y evadir el conflicto.

Reconocer la dignidad del otro, explica, contribuye a una acción recíproca por medio de la cual, las dos partes desarrollan una relación positiva. Si bien, la mayor parte de los argumentos de Hicks se ubican en la esfera personal, también señala la importancia del reconocimiento público, llevando la discusión a una dimensión que resulta esencial para la comprensión de la dignidad en la negociación.

Siguiendo lo expresado en el capítulo “Negociación en la teoría económica y en otras áreas del conocimiento”, una de las aproximaciones contemporáneas a los problemas de negociación caracteriza sus posibles soluciones como aquellas que crean valor para las partes (Fisher et al., 2012). Lax, & Sebenius (2006) llevan esta idea más allá de lo que podría considerarse ganancias netamente materiales e indican que estas pueden comprender el valor de las relaciones, la reputación, apariencias políticas, justicia o, incluso, la forma como se percibe a la contraparte en el proceso. Desde esta perspectiva, aspectos asociados con la dignidad –como es la imagen– también son un elemento esencial en los planteamientos estándar del análisis de problemas de negociación.

Así, por ejemplo, a nivel laboral, Ashforth, & Hodson (2002) argumentan que muchos trabajadores, para salvaguardar su dignidad de abusos, exceso de trabajo y explotación recurren a prácticas sutiles que dificultan la cooperación. Estas actividades van más allá de los requerimientos organizacionales, y están al margen de aquellas exclusivamente relacionadas con el trabajo o el desarrollo de relaciones sociales. Por su parte, Shell (2010) propone que ante vulneraciones sistemáticas de la dignidad, la opción de no negociar podría justificarse; mientras que Linder (2007); Vallacher et al. (2013) estudian la humillación y su rol en el conflicto internacional y concluyen que la humillación no solo es una de las causas principales de conflicto sino un obstáculo para su solución.

Si bien el marco propuesto por Hicks (2013) permite precisar qué principios pueden representar una vulneración u honra a la dignidad, en negociación resulta útil identificar la forma como las partes en conflicto experimentan dichos ataques. La literatura ha desarrollado dos vertientes interrelacionadas: imagen interna e imagen externa.

LA DIGNIDAD COMO IMAGEN INTERNA

Una de las formas en que las partes pueden experimentar la dignidad se da desde la evaluación interna de los elementos propios de la negociación a lo largo del proceso. Algunas teorías de comportamiento moral han incluido el concepto dignidad a partir de la percepción que los individuos tienen de sí mismos.

A partir de esto, una razón ampliamente estudiada por la cual las aspiraciones de tratamiento digno pueden incidir en el resultado de una negociación –especialmente, en un impasse– es que las expectativas y percepciones de cada parte suelen estar inclinadas en su favor y difícilmente concuerdan con las de la contraparte; en la literatura en economía y sicología esto se conoce como el sesgo autocomplaciente (self-serving bias) (Babcock et al., 1995, 1996; Kaplan, & Ruffle, 1998; Yildiz, 2011). De acuerdo con Thompson (1990a; 1990b), estas percepciones se deben a características sociopsicológicas de las personas, que las lleva a emitir sentimientos y juicios sesgados sobre situaciones de negociación, que van desde el contexto y la estructura del proceso hasta la inferencia del comportamiento y las características del otro.

Lo anterior tiene varias implicaciones en la evolución de una negociación. Por un lado, las expectativas de trato digno pueden reducir la zona de posible acuerdo entre las partes y con ello incrementar la probabilidad de un impasse; segundo, unas expectativas exacerbadas –asociadas a mayores consideraciones de la dignidad propia– pueden hacer que las demandas y propuestas de la contraparte sean subvaloradas, lo que a su vez podría ocasionar que el diálogo colapse (Bénabou, & Tirole, 2011; Yildiz, 2011); tercero, las partes son reacias a aceptar un acuerdo por debajo de lo que creen justo (Babcock, & Loewenstein, 1997; Loewenstein et al., 1989). De esta forma, en un escenario de sesgo autocomplaciente, es muy probable que las partes rechacen un posible acuerdo al no considerarlo digno.

Así, modelos teóricos orientados a explicar estos fenómenos, parten de que las personas se interesan por “quiénes son” e infieren cuáles son sus propios valores basándose en sus acciones pasadas. A esta corriente se le ha llamado autoinferencia y está motivada por el funcionamiento imperfecto de la memoria o de la consciencia.

Para los individuos es difícil entender con precisión el conjunto de valores y motivaciones que los lleva a actuar de determinada manera, pero sus acciones y conductas son información objetiva de más fácil acceso. Por consiguiente, las personas se juzgan a sí mismas por sus acciones.

Naturalmente, este comportamiento da pie a “inversiones” en identidad como autoseñales. Es decir, los individuos tienen en cuenta qué tipo de persona serían tras realizar una determinada acción, por lo que se comportan de una manera consistente con el tipo de persona que quieren ser (Bénabou, & Tirole, 2011).

Un ejemplo interesante aparece en el trabajo de Bénabou, & Tirole (2009) quienes estudian el papel de la dignidad en problemas de negociación. Los autores proponen un modelo teórico en el que las preocupaciones de cada una de las partes acerca de su autoestima, orgullo y dignidad, los podrían llevar a rechazar ofertas que consideren insultantes, y con eso, abrir la posibilidad de una ruptura de la negociación. A la hora de involucrar estos elementos en el modelo de comportamiento de los agentes, aparecen resultados compatibles con lo que se observa en muchas negociaciones reales.

Como se mencionó en el capítulo anterior, en la medida en que la importancia de la dignidad o autoestima sea mayor, menor será el espacio de posibles acuerdos; un nivel demasiado alto de autoestima hará que la ruptura en las negociaciones sea inevitable.

LA DIGNIDAD COMO IMAGEN EXTERNA

Los individuos y grupos no solo se preocupan por la imagen que perciben de sí mismos, sino que cultivan una imagen social que tienen razones para valorar y que están dispuestos a proteger. Durante el proceso de negociación, las partes suelen estar involucradas en confrontaciones o en evaluaciones públicas de sus resultados y su esfuerzo, esto hace que la experiencia de negociar sea especialmente sensible para la identidad y autoestima de los negociadores (White et al., 2004). Adicionalmente, lo que ocurre en una negociación puede afectar las atribuciones del negociador sobre su propia habilidad (Kwon, & Weingart, 2004).

A este fenómeno se le ha dado el nombre de “face-saving” (cuidado de la imagen). La imagen social se define como “el valor social positivo que una persona efectivamente reclama para sí misma” (Coser, & Burton, 1991; Goffman, 1983). Desde esta perspectiva, se entiende que dicha imagen no es una posesión permanente del individuo, sino que es “prestada” por la sociedad. Así, a medida que la persona se comporte de una manera que se considere adecuada, el público mantendrá su imagen social sobre él; en caso de que no, el público la retirará.

Dado que los individuos valoran su imagen, se comportan de manera que no solo no la afecte, sino que también les permita proyectarla al público (Van Ginkel, 2004). En este sentido, las personas evitarán comportamientos que vayan en contra de la imagen social que han cultivado en el tiempo o que quieren mostrar en el futuro (Lustenberger, 2020).

Cuando la imagen de una persona es vulnerada, suele tener una serie de sentimientos negativos como vergüenza o indignación y, con esto, una fuerte motivación para restaurar la imagen perdida (Ting-Toomey, & Kurogi, 1998). Ejemplo de ello son los resultados de la evaluación de vulneraciones a la imagen en contextos laborales; Carson, & Cupach (2000) encuentran que los trabajadores muestran una menor satisfacción con el resultado de interacciones que amenazan su imagen (como lo son los reproches de sus supervisores). De manera que, una mayor percepción de amenaza a la imagen presenta una correlación directa con la percepción de injusticia en las relaciones laborales, lo que produce sentimientos de ira entre los empleados. Por el contrario, una mayor percepción de amenaza a la imagen tiene una correlación indirecta con la percepción de las competencias comunicativas del supervisor.

Por otro lado, aceptar la imagen de la contraparte está asociado con mejores dinámicas de cooperación a largo plazo. Hempel, Zhang, & Tjosvold (2009) exponen que las personas pueden aceptar fuertes evaluaciones negativas respecto a su posición, siempre que crean que su imagen está confirmada. Esto genera una mentalidad abierta hacia la visión del otro, intensificando la consecución de metas cooperativas. En caso contrario, si un individuo o grupo considera que el proceso de negociación afectará su imagen, es menos probable que negocie.

De acuerdo con H. R. Bowles, Babcock, & Lai (2007), parecer un tonto o sentir vergüenza por rechazo a las peticiones disminuye la probabilidad de iniciar una negociación. De modo que, los negociadores no solo se preocupan por los resultados materiales de la negociación, sino que intentan no parecer incapaces o ridiculizados en público. Más aún, varios estudios arrojan evidencia de que los negociadores están dispuestos a perder ganancias materiales en una negociación con tal de mantener –o restituir– su imagen (Brown, 1968).

Miles (2010) resume a partir de una serie de proposiciones la inclusión del costo de perder la imagen en los postulados de negociación. En palabras del autor, si las personas creen que la negociación resultará en una pérdida de la imagen, es menos probable que negocien; incluso en situaciones que reconocen como potencialmente negociables. Junto con esto, es más probable que los individuos con estatus bajo crean que la negociación les hará perder imagen que los individuos con estatus alto. Dado que los individuos no son igual de sensibles a sentir su imagen amenazada, Miles destaca que las personas con mayor nivel de sensibilidad a la amenaza de la imagen son más propensas a creer que negociar puede amenazar su imagen.

Con respecto a los conocimientos de negociación, los individuos con poca autoeficacia (es decir, qué tan buen negociador se percibe a sí mismo) tendrán una mayor creencia de que la negociación puede amenazar su imagen. Con esto, las personas que no estén familiarizadas con los guiones o contenido de negociación son más propensas a creer que la negociación puede amenazar su imagen.

CIERTA EVIDENCIA EXPERIMENTAL

Los criterios de dignidad desarrollados por Hicks y la forma en que los individuos experimentan ataques a su dignidad en una negociación, pueden discutirse a partir de algunos resultados de juegos en escenarios experimentales.

Uno de los ejemplos más estudiados al respecto es el del famoso juego del ultimátum. En este, un primer jugador le hace un ofrecimiento a otro acerca de cómo repartir cierta cantidad de dinero, con la condición de que, si este último acepta, se lleva a cabo la repartición propuesta, pero en caso de que no acepte, ambos obtienen un pago de cero.

La solución de este juego, partiendo de agentes racionales cuyos pagos dependen únicamente de la cantidad de dinero recibida, es aquella en la que el primer jugador no le ofrece nada al segundo, y este acepta, ya que es indiferente entre hacerlo o no. De manera más sencilla –aunque menos rigurosa– una oferta infinitesimal por parte del primer jugador al segundo bastaría para que este último acepte, ya que, para este, esa pequeña cantidad es mejor que no obtener nada. Así, desde la teoría, la repartición final en este juego es de la forma (100 %, 0 %).

Sin embargo, uno de los problemas asociados con la dignidad es que más allá del homo economicus convencional que se concentra de manera exclusiva en las ganancias materiales presentes en la negociación, existen agentes “reciprocadores”. Es decir, jugadores que, más que las ganancias propias, están interesados en devolver los comportamientos de aquellos con quienes interactúan. Así, en la medida en que el comportamiento de la contraparte sea considerado como negativo, ellos responderán con otro comportamiento igualmente negativo (Fehr, & Gächter, 2000).

No es sorpresa entonces, que la evidencia experimental del juego del ultimátum diste bastante de la predicción teórica señalada. En múltiples experimentos de este juego se encuentra que las ofertas del primero al segundo jugador oscilan entre el 20 % y el 30 % de la totalidad del dinero a repartir, con lo cual este último acepta; de igual manera, las ofertas por debajo de tal rango usualmente son rechazadas (Güth, Schmittberger, & Schwarze, 1982; Bowles, 2016).

Es decir, lejos de la solución (100 %, 0 %) que predice el modelo teórico básico, lo más normal es encontrar soluciones de la forma (80 %, 20 %) o (70 %, 30 %), y un número importante de desacuerdos originados en ofertas demasiado bajas por parte del primer jugador. Como es claro de las soluciones que terminan en desacuerdo –así como la percepción del primer jugador respecto a las expectativas del segundo, en aquellas que sí terminan en acuerdo, y que se reflejan en sus ofertas aceptadas en la primera etapa–, la solución práctica del juego no depende únicamente de las ganancias absolutas sino también de cierto sentimiento subjetivo de justicia o trato digno de ambas partes.

Así, la evidencia experimental del juego del ultimátum sugiere que un factor trascendental que motiva las decisiones de cada jugador es su participación dentro del total de la negociación y, en ese sentido, si hay lugar o no a un sentimiento de ser tratado de manera justa.

Si este es el caso, podría decirse que en el segundo jugador se activa un sentimiento de dignidad que lo motiva a rechazar ofertas que en principio lo dejarían con algo de dinero, pero que se consideran injustas. Es decir, los sentimientos de dignidad o de un trato justo jugarían un papel incluso más importante que la valoración netamente monetaria de la situación.³ Estos resultados van en la misma línea de los elementos de reconocimiento y equidad, considerados en el modelo de dignidad de Hicks señalados previamente.

Otras reflexiones que ofrece la teoría de juegos y la evidencia experimental resultan pertinentes para uno de los elementos esenciales de la dignidad: la inclusión. En el famoso juego del dilema del prisionero, dos jugadores tienen la posibilidad de elegir de manera simultánea una acción cooperativa o de actuar de manera egoísta; los beneficios colectivos son mayores si escogen la acción cooperativa, pero independientemente de lo que haga la contraparte, cada uno tiene incentivos unilaterales a escoger la acción egoísta y con eso obtener un beneficio individual superior. De esta manera, ambos jugadores terminan en una situación indeseable desde una mirada colectiva, pero en la cual ninguno tiene incentivos a cambiar su estrategia, dada la estrategia del otro.

Existen múltiples variaciones a este juego que permiten analizar los comportamientos bajo escenarios hipotéticos experimentales acerca de la decisión de la contraparte, lo que permite hacer un valioso contraste entre los diferentes resultados.

En un primer escenario que refleja de manera adecuada la situación descrita en el juego del dilema del prisionero, cada jugador desconoce por completo la decisión del otro jugador a la hora de tomar su decisión. La evidencia experimental muestra que, en tal caso, con pleno desconocimiento respecto a la decisión del otro, la elección de la opción cooperativa –aquella que trae mayores beneficios para ambos jugadores– ocurre en cerca del 37 % de los participantes. Es decir, la evidencia no coincide con lo que predice la teoría (nadie coopera) pero tampoco se va al extremo opuesto (todos cooperan).

En una variación de este escenario, a uno de los jugadores se le informa acerca de la decisión ya tomada por el otro jugador. En un primer caso, al jugador se le informa que su oponente en una primera etapa eligió la opción no-cooperativa. Como es de esperarse, en tal caso resulta natural que el nivel de cooperación se deteriore en relación con el alcanzado en el escenario original. La evidencia experimental confirma tal intuición arrojando solo un 3 % de participantes eligiendo la opción cooperativa.⁴

Sin embargo, el caso que resulta más interesante es cuando se anuncia que el otro jugador eligió la opción cooperativa. Allí, la respuesta también cooperativa aparece apenas en el 16 % de los participantes; más de 20 puntos porcentuales por debajo de lo alcanzado en el escenario original de elección simultánea. Es decir, en cualquier escenario respecto a la decisión de la contraparte, la certeza acerca de la decisión del otro jugador reduce la probabilidad de elegir la opción cooperativa, incluso cuando aquel eligió cooperar.

Estos resultados no tienen una explicación inmediata. Para los profesores Shafir, & Tversky (1992), la razón detrás de estas cifras radica en que los jugadores que eligen la acción cooperativa en el modelo original –ante el total desconocimiento respecto a la acción de la contraparte– lo hacen porque creen que con ella pueden influir en la decisión de su contraparte; algo que desde luego no es cierto, pero sobre lo cual los jugadores parecieran tener alguna expectativa con probabilidad positiva. Por el contrario, cuando ya se conoce la acción de la contraparte, eliminando la posibilidad “imaginaria” de incidir en ella, priman las decisiones no cooperativas (Dixit, & Nalebuff, 2008).

Extrapolando este resultado experimental al análisis de los comportamientos observados en múltiples negociaciones, la idea de discutir los temas, de poder incidir en los resultados, y de que no hay acuerdos, por más atractivos que parezcan, que puedan ser establecidos por fuera del ámbito de la negociación, será fundamental para el tratamiento de conflictos. Como se verá en la siguiente sección, la violación de este principio, por ejemplo, a través de acciones unilaterales al margen de la negociación, con frecuencia es condenada por la contraparte, conduciendo a impasses.

A nivel de la identidad grupal, Eriksson et al. (2017) muestran que la mayoría de individuos está dispuesta a incurrir en un costo para preservar no solo su imagen propia sino la de un grupo al que pertenecen, incluso si la identidad del grupo es mínima. Esto indica que el componente de dignidad en una negociación involucra elementos de carácter individual del negociador, pero también del grupo al que pertenece.

DIGNIDAD EN LA NEGOCIACIÓN: ESTUDIOS DE CASO

El reconocimiento de la dignidad en la mesa de negociación implica reflexiones para las partes, que van desde la escogencia del momento para llevar ciertos temas a la mesa de conversaciones hasta el lenguaje que se utiliza durante la negociación. La inclusión de los principios de dignidad incide notablemente en los resultados de la negociación y en el nivel de satisfacción que tengan los actores involucrados con dichos resultados, los cuales pueden dar lugar a la terminación, el escalamiento o desescalamiento de un conflicto. Para ilustrar esta relación, a continuación se presenta un análisis de tres casos: las negociaciones del Gobierno colombiano con las Farc y el ELN, del gobierno de Nicolás Maduro con la oposición venezolana, y el plan de paz de Medio Oriente.

Los casos se caracterizan por ser procesos relevantes a nivel internacional en los últimos años. Las negociaciones de paz en Colombia se han convertido en un referente para el manejo de muchos conflictos armados; y se analizan desde dos perspectivas: las negociaciones con las Farc que concluyeron en un acuerdo entre las partes, y con el ELN, que no lograron tener un avance significativo. Por su parte, la situación de Venezuela es uno de los casos más relevantes del hemisferio occidental; el país latinoamericano pasó de ser uno de los más prósperos de la región a tener una crisis económica y política con fuertes repercusiones externas. Finalmente, el conflicto palestino-israelí sigue siendo vigente y recientemente se involucró en la agenda del gobierno de Trump con una propuesta de paz.

El análisis de estos casos es de carácter cualitativo y toma las consideraciones sobre la dignidad como variable independiente y el resultado de la negociación como variable dependiente. Como se mencionó en el párrafo anterior, los casos se escogieron en función de sus características inherentes, permitiendo variabilidad en la variable dependiente, lo cual evita sesgos y otras complicaciones en el análisis (Gerring, 2012, 2017).

NEGOCIACIONES DE PAZ DEL GOBIERNO DE COLOMBIA CON LAS FARC Y EL ELN: IDENTIDAD, INDEPENDENCIA E INCLUSIÓN

El gobierno de Juan Manuel Santos llevó a cabo negociaciones paralelas con las guerrillas de las Farc y el ELN. Como es bien sabido, mientras el primer proceso llegó a un acuerdo entre las partes, el segundo enfrentó toda suerte de obstáculos que impidieron lograr acuerdos ni siquiera en uno solo de los puntos en discusión. Principios como la identidad, independencia e inclusión, que hacen parte del marco de análisis propuesto por Hicks podrían estar entre las explicaciones de tan diversos resultados.

La propuesta de Bénabou, & Tirole (2009), comentada anteriormente, ofrece algunas reflexiones importantes. La principal conclusión de dicho modelo es que, ante la inseguridad sobre los valores propios, es frecuente que una de las partes prefiera la ruptura de las negociaciones, que aceptar ofertas consideradas insultantes y que, a la luz de un desempeño pobre en ella, permitan evidenciar la responsabilidad propia en tal resultado. El desacuerdo, por el contrario, siempre permite poner la responsabilidad en la contraparte.

Desde una perspectiva comparada, el caso de la negociación con el ELN resulta particularmente atractivo si se tiene en cuenta su menor capacidad militar, presencia territorial, número de hombres y mujeres en armas, entre otras variables críticas, en comparación con las Farc. A la luz del modelo teórico, tal situación haría más proclive al ELN que a las Farc a propiciar una ruptura en las negociaciones que a aceptar un acuerdo que pueda ser utilizado para cuestionar los ideales que dice representar.

Según Carlos José Herrera, miembro del equipo del Gobierno en los diálogos con el ELN,

[esta organización armada] nunca aceptará un tratamiento explícito de ser una “segunda” fuerza guerrillera, aunque lo sea; es decir, no aceptarán una negociación de segunda. Sabiéndose más pequeños, solo empezarán a avanzar si el contenido en el cual se ampara la decisión gubernamental de negociar con ellos es que son la otra guerrilla y que se debe negociar así, independiente de la fortaleza militar. (2014, pp. 195-196)

Igualmente, en tal negociación aparece el precedente del acuerdo con las Farc, sobre el que el gobierno de Santos avanzó más rápidamente, y que fijó un estándar frente al que el ELN podía hacer comparaciones en aspectos como la voluntad y capacidad de la delegación del Gobierno de adquirir compromisos y cumplirlos. De esta manera, y de acuerdo con sus sentidos de identidad e independencia, para el ELN no sería aceptable la oferta de suscribir el acuerdo logrado con las Farc a cambio de concentrarse y dejar las armas, ni cualquier acuerdo considerado inferior, como muchas veces pareció sugerirse y, de hecho, caracteriza el enfoque actual del Gobierno frente a dicha organización.

Aparecen, entonces, dos elementos para el análisis comparativo de las negociaciones con las Farc y el ELN. Primero, las perspectivas ante el tipo de acuerdo que podía lograrse: esto es, si aborda un conjunto amplio de temas, o si únicamente toca temas considerados marginales. Y, segundo, la forma en que dicho posible acuerdo exacerba los sentimientos de vulneración de la dignidad. Así, bajo tales condiciones, el obstáculo que representa el principio de dignidad en el avance de las conversaciones sería relativamente más importante en el caso de las negociaciones con el ELN que en el de las Farc.

Dicho de otra manera, una vez pactado un acuerdo con las Farc, el espectro de acuerdos posibles con el ELN pareciera reducirse: temas cruciales como el desarrollo rural, los mecanismos de justicia transicional, o la participación ciudadana (este último crucial en la agenda política del ELN), ya habían sido acordados con las Farc. Así, en el lenguaje de Bénabou y Tirole, en caso de que se llegara a un acuerdo entre el Gobierno y el ELN, seguramente este se caracterizaría por lo que los autores llaman “un equipo de bajo rendimiento”. Es decir, un “equipo Gobierno y ELN” sin posibilidades de generar resultados comparables a aquellos logrados entre Gobierno y Farc. Ante tal expectativa, resultaría más atractivo para la organización armada rechazar el acuerdo y salvar la dignidad, que aceptarlo y sentir que se traicionaban principios esenciales para la organización.

Como es claro, y teniendo en cuenta la composición diferenciada de los dos equipos que representaban al Gobierno en cada una de las negociaciones, la misma lógica podría aplicarse hacia el equipo que negoció con el ELN en relación con aquel que negoció con las Farc. La perspectiva de poner fin al conflicto, y ser los gestores de tal logro después de 50 años de intentos fallidos, era un galardón que había conseguido el equipo que negoció con las Farc, luego quedaba poca ganancia para los integrantes del equipo que negociaba con el ELN.

Resulta lógico entonces que, en el proceso con el ELN, prácticamente no hubiera textos acordados, mientras el número de constancias de incumplimiento, declaraciones de percepción de mala fe en el comportamiento del otro, o incluso, declaraciones públicas culpando a la contraparte de los pobres resultados, fuera bastante abultado. Es decir, las partes se preparaban para salvar su imagen en el escenario inminente de un desacuerdo, en lugar de trabajar conjuntamente en la redacción de acuerdos. Estos resultados se ajustan de manera bastante adecuada a las predicciones del modelo de Bénabou, & Tirole (2009).

Siguiendo con el análisis comparativo de estas dos negociaciones, otro elemento pertinente del marco conceptual de Hicks es el de inclusión, entendida como el sentimiento de los actores de ser parte de un proceso conducente a ciertos resultados específicos.

Como se explica a continuación, el tema de la inclusión genera algunas dificultades para el avance de los diálogos. Por un lado, las decisiones unilaterales del Gobierno, por ejemplo, con proyectos de ley, decisiones administrativas o iniciativas asociadas a temas de la negociación, son usualmente percibidas por la contraparte como violatorias de los principios del diálogo. Sin embargo, por el otro lado, desde el punto de vista del grupo armado, su necesidad de no sentirse excluido puede llevarlo a querer que prácticamente cualquier tema de la agenda del país sea parte de la negociación. Así, es usual ver escenarios en los que el grupo armado propone discusiones sobre temas que, en muchos casos, no se relacionan de manera directa con el objetivo del diálogo.

A manera de ejemplo, algunos de los temas que las Farc incluyeron dentro de sus llamadas “propuestas mínimas” en el tema de participación política, eran las siguientes⁵:

- “Elección popular de los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; Fiscalía General y Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas”.

- “La oposición tendrá asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores; tendrá un representante en la Junta directiva del Banco de la República”.

- “La justicia social urbana conlleva el reconocimiento de compensaciones especiales para superar las profundas desigualdades dentro de las ciudades, así como el hambre, la pobreza y la miseria, a través de políticas redistributivas del ingreso y del espacio urbano.”

Como puede inferirse de esta sublista de propuestas, es claro que carecían de una relación directa con el punto en el que se encontraban –participación política– y no contribuían al objetivo principal de la mesa de conversaciones que era ponerle fin al conflicto armado, por lo cual el Gobierno los mantenía fuera de la discusión.

Otro ejemplo que vale la pena señalar está relacionado con una de las primeras crisis graves de la fase pública en el proceso de negociación con las Farc. Tal crisis estuvo asociada con la decisión del presidente Santos en agosto de 2013 de darle trámite en el Congreso a un referendo como mecanismo de refrendación del acuerdo final. En ese momento, tal posición contrastaba radicalmente con la del grupo armado, que consistía en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación, y que había sido llevada a la mesa de conversaciones y divulgada ante los medios de comunicación.

Las Farc consideraron que estas decisiones al margen de la mesa eran inaceptables, por lo cual declararon que harían “una pausa en la discusión de la Mesa, para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización.” Ante esto, el presidente Santos afirmó que “[e]n este proceso el que decreta las pausas y pone las condiciones no son las Farc” y ordenó el regreso inmediato del equipo negociador a Bogotá para evaluar el alcance del comunicado de la contraparte.⁶ Así, la idea de violación al principio de inclusión desencadenó una crisis en la negociación.

Estas crisis no se ahondaron gracias a que antes y después se había adoptado medidas que contribuían a reconocer la dignidad de la contraparte –las Farc en este caso– como el reconocimiento de su identidad –al empezar la negociación con el tema de desarrollo rural– o la construcción de un acuerdo que los líderes negociadores de la organización armada podían “vender” a sus sectores de base, lo que da cuenta del elemento de rendición de cuentas dentro del modelo de Hicks.⁷ Sin embargo, la aplicación extrema del elemento de inclusión puede llevar a otras situaciones con costos insuperables sobre la negociación.

Por ejemplo, en el caso de la negociación con el ELN, en la fase previa a las conversaciones públicas, en octubre de 2016, el Gobierno se comprometió a indultar a dos miembros de esta organización. El texto del acuerdo señala que estos se otorgarían “a solicitud del ELN y conforme a la ley”. Una lectura de este texto indicaría que esto implica la legislación vigente en el país como el referente básico para el gesto del Gobierno; no obstante, en su comunicado del 29 de noviembre de ese año, el ELN se aleja de esta interpretación y se acerca al DIH, con lo que establece que en la mesa:

se propuso ponernos de acuerdo en qué es lo indultable y dejamos claro ciñéndonos a lo que el Derecho Internacional Humanitario establece, que para el ELN entre los delitos políticos que son conexos a la rebelión están: Dar muerte en combate a un combatiente, y tomar prisioneros como producto de combates.⁸

Ahora, según la sentencia C-456 de 1997, en Colombia el homicidio en combate no es indultable, lo cual explica la alusión del ELN al DIH en esta cita.

Es decir, lejos de ser suficiente con que el acuerdo estableciera explícitamente que los indultos se otorgarían “conforme a la ley”, el ELN demandaba que la situación jurídica de sus integrantes fuera parte de una discusión en la mesa de diálogos, independientemente de lo que contemplaran las leyes colombianas. Luego de varias semanas de discusión, que coincidieron con el receso de fin de año, lo que implicó mayores pérdidas de tiempo en los avances de la negociación, la solución efectivamente fue la de acogerse a la ley colombiana, como debió ocurrir desde el comienzo, pero ante lo cual el principio de inclusión jugaba en contra.

Así, desde el punto de vista de la organización armada, el hecho de que se toque algún tema de su interés obliga a un tratamiento inmediato en la mesa, a pesar de que este no sea ni el lugar ni el momento para ello. Esto hace que sea muy difícil lograr avances en la mesa, al tiempo que contribuye a destruir la poca confianza existente entre las partes.

En ese sentido, lo que podría calificarse como ideal desde una perspectiva netamente orientada al rápido avance de la negociación, o como fórmulas pragmáticas para la solución a ciertos temas, y que por consiguiente pueden ser retrotraídas desde fuera de la mesa, serían muy probablemente rechazadas por el grupo armado por violar la naturaleza de la negociación. En el caso del ELN, como es bien conocido, el cúmulo de impasses como en los ejemplos señalados, sin una estrategia clara por parte de Gobierno que subsanara las necesidades de dignidad del grupo armado, impidió que se avanzara siquiera en uno solo de los puntos de la agenda.

Así, mientras que elementos como ideología, inclusión, reconocimiento, equidad, independencia y rendición de cuentas jugaron un papel clave para el logro del acuerdo con las Farc, no ocurrió lo mismo en el caso de la negociación con el ELN. Esto, en parte, puede ayudar a entender las trayectorias divergentes entre ambos procesos.⁹

NEGOCIACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO Y LA OPOSICIÓN VENEZOLANA EN SANTO DOMINGO: INCLUSIÓN, EQUIDAD E IDENTIDAD

Luego de las elecciones parlamentarias de 2015 en Venezuela, donde los sectores de oposición obtuvieron su primera victoria política desde el referéndum del 2008, el gobierno de Nicolás Maduro emprendió una serie de acciones que contribuyeron a deteriorar la ya precaria situación política del país suramericano. Temas como la composición del Tribunal Supremo de Justicia, los poderes especiales del presidente y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente hacían parte de las principales preocupaciones de la oposición.

En paralelo, las sanciones internacionales cumplían el papel de dificultar la posición financiera del Gobierno, que en 2017 enfrentaba una inflación del 720 % anual, una contracción del PIB del 18,6 % respecto al año anterior y una reducción sustancial de las reservas internacionales, asociada, entre otros, a una caída en los precios del petróleo (FMI, 2019).

Gobierno y Oposición decidieron entonces explorar la posibilidad de una salida negociada que contribuyera a normalizar la situación política y mejorar el panorama de la economía venezolana, para ello, se programaron rondas de negociación en Santo Domingo, que solo llegaron a seis debido al receso indefinido de la negociación. Como se puede inferir en los textos publicados en febrero de 2018, luego del desacuerdo entre las partes, aspectos asociados con el sentimiento de vulneración de la dignidad permiten explicar, al menos parcialmente, dicho resultado.

Para empezar, distintos principios del modelo de dignidad de Hicks (como el reconocimiento, la inclusión, la equidad, el beneficio de la duda, y la rendición de cuentas), no eran ajenos al proceso de negociación. A manera de ejemplo, y en concordancia con la necesidad de reconocimiento de la contraparte, la Oposición –en lo que sería su borrador del acuerdo– reconocía “las competencias y responsabilidades del Gobierno Nacional en materia de políticas públicas en el área económica y social”. Asimismo, acorde con los principios de inclusión, equidad y beneficio de la duda, las partes coinciden en la creación de una comisión para el estudio y formulación de propuestas para abordar la situación económica de Venezuela.

En lo que respecta al principio de rendición de cuentas, las partes estuvieron de acuerdo en la creación de una comisión que observara la implementación de lo pactado. Hubo coincidencias en materia de las funciones de dicha comisión y quiénes harían parte de ella, y solo presentaron un desacuerdo relacionado con la periodicidad de las reuniones para su funcionamiento (Gobierno de Venezuela, 2018; Oposición de Venezuela, 2018). De igual forma, en la propuesta del acuerdo por parte de la Oposición, esta se comprometía a reconocer el resultado de los comicios presidenciales, siempre y cuando se cumplieran todas las garantías establecidas en la ley y el acuerdo; es decir, que el Gobierno rindiera cuentas y honrara lo acordado en República Dominicana, esto en relación con los principios de rendición de cuentas y equidad.

No obstante, a pesar de la aparente inclusión de dichos elementos en la negociación, la vulneración de ciertos aspectos relacionados con la dignidad puede contribuir a explicar algunas dificultades de la negociación y su mismo desenlace.

Uno de los principios transgredidos se trata de la inclusión. Las declaraciones públicas de las partes indican que la Oposición estuvo excluida de cualquier asunto relacionado con la definición del cronograma electoral¹⁰, siendo este uno de los temas centrales de discusión en la mesa de negociación. El borrador de la Oposición, publicado tras la ruptura del proceso, indicaba que “el cronograma electoral se iniciará y desarrollará con la instalación de la Observación Internacional. Se acuerda que esta misión de observación tenga todas las posibilidades de participar en todas las etapas e instancias del proceso electoral”. Contrario a esto, el Gobierno mantuvo su postura inicial de que las elecciones se llevarían a cabo el 22 de abril (Gobierno de Venezuela, 2018). La posición adoptada por el Gobierno afectaba de manera contundente la dignidad de la Oposición, al excluir de la decisión tanto a sus actores como a sus intereses.

Un segundo elemento importante en este análisis es el de la equidad y su conexión con otros principios del modelo de dignidad. Desde el punto de vista de la Oposición, un tema esencial era acordar elecciones justas, para lo cual realizó propuestas orientadas a garantizar condiciones equitativas para los diferentes actores políticos. A manera de ejemplo, en relación con el acceso a los medios de comunicación públicos y privados durante el desarrollo de la campaña electoral, el borrador del Gobierno indicaba que “se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados, y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral” (Gobierno de Venezuela, 2018). Redacción que era considerada como insuficiente para la Oposición, quien con el objetivo de perseguir la equidad, extendía la propuesta del Gobierno a que ambas partes acordaran no promover ninguna legislación que implique reducir la libertad de expresión en medios o redes sociales, que el Gobierno se comprometiera a la suspensión de cadenas de radio y televisión, y que una comisión electoral velara por la no existencia de censura tanto en medios públicos como privados durante todo el proceso electoral (Oposición de Venezuela, 2018).

De lo anterior puede inferirse que una propuesta orientada a garantizar uno de los principios –equidad– puede exacerbar la preocupación de la contraparte –el Gobierno– respecto a su seguridad. Es decir, aceptar una propuesta como la realizada por la Oposición no solo expondría al Gobierno a unas condiciones electorales que no estaba dispuesto a enfrentar, sino que, además, implícitamente lo haría reconocer que había incurrido en malas prácticas en el pasado. Tal situación, como es claro, lo dejaría expuesto ante la comunidad internacional, que de manera creciente cuestionaba la legitimidad de los comicios venezolanos.

Tal vez el principio vulnerado más importante en esta negociación es el relacionado con la identidad que cada una de las partes tiene de sí misma y la dificultad de la contraparte para aceptar tal visión, o por lo menos, elaborar propuestas que no atenten contra dicha autopercepción. Así, mientras que el Gobierno se percibe a sí mismo –desde su propia narrativa– como el representante del pueblo venezolano, la Oposición lo ve únicamente como el poder ejecutivo del país. De manera análoga, la Oposición construye su identidad sobre la base de representar a la mayoría del pueblo venezolano a través de la Asamblea Nacional –donde había obtenido resultados mayoritarios–, mientras que, para el Gobierno, la Oposición representa apenas un grupo de actores desconectados del país. Es decir, en la concepción propia y de la contraparte hay una negación de la identidad del otro, que vulnera su dignidad e imposibilita la construcción de un acuerdo.

Esto se hace evidente en la redacción de los borradores del acuerdo de cada una de las partes. Un ejemplo de ello aparece en el tema de la revisión de las sanciones. El borrador de la oposición plantea que “Gobierno y Oposición acuerdan trabajar en la medida que el Gobierno avance en el otorgamiento de garantías democráticas en Venezuela, para que se revisen las sanciones que bloquean capacidades financieras del ejecutivo”. En el borrador del Gobierno, por su parte, se plantea: “Gobierno y Oposición acuerdan trabajar conjuntamente para que se revisen y supriman las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano”. Como se observa, cada parte redacta una propuesta que, a pesar de ir en direcciones similares, niegan la identidad que aquel tiene de sí mismo. En tanto ambos textos revelan percepciones de identidad del Gobierno sobre las que las partes no están dispuestas a ceder, se genera un impasse que da al traste con la negociación.

Por último, en relación con los principios de identidad e independencia, las declaraciones de las partes tras la ruptura de las negociaciones evidencian una distancia enorme entre ellas. En una rueda de prensa, el jefe negociador del oficialismo afirmó que la Oposición decidió no firmar “por órdenes de Estados Unidos”, a lo cual, el jefe de la delegación de la Oposición respondió diciendo que “los venezolanos de verdad no recibimos órdenes ni de Estados Unidos ni de Cuba. Les garantizo que hasta que no haya un acuerdo digno no firmaremos nada”¹¹.

Así, la transgresión de elementos como inclusión, equidad e identidad pudieron tener una influencia negativa en la ruptura de las negociaciones, dejando lesiones en la dignidad del otro que avivan el conflicto entre las partes.

EL “PLAN DE PAZ” DE MEDIO ORIENTE: EQUIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS E INCLUSIÓN

En enero de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló su visión de un acuerdo de paz en Medio Oriente (White House, 2020). En lo que Trump denominó el “acuerdo del siglo” se presentó una propuesta que solucionaría el conflicto palestino-israelí, pero que desde sus inicios fue criticada su viabilidad¹². Desde un enfoque de dignidad, varios aspectos del plan vulneran principios que involucran la dignidad de una de las partes involucradas.

Un primer punto se relaciona con el desconocimiento de los acuerdos realizados en negociaciones anteriores. De acuerdo con los autores de la propuesta, esto se debe a que los intentos previos de mediación habían fracasado por su falta de “exhaustividad”. Sin embargo, no solo no se tienen en cuenta acuerdos previos, sino que además se excluyen algunos intereses de las partes. Por ejemplo, el acuerdo del siglo no reconoce los logros ya alcanzados en reconocimiento de derechos del agua (Johnson, 2020) y exige a los palestinos a que renuncien a los territorios de Cisjordania y el Valle del Jordán, siendo estos ricos en agua.

Históricamente, el acceso al agua ha sido uno de los puntos centrales del conflicto. El agua fue el tercero de los siete pilares principales en los acuerdos de paz entre Israel y Jordania en 1994 (Gellman, 1994), y uno de los puntos centrales en los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina en 1995 (The Government of the State of Israel, & The Palestine Liberation Organization, 1996). Según algunas estimaciones, Israel utiliza más del 80 % del agua en Cisjordania, dejando el resto a Palestina (Lazaro, 2019). En esta línea, Palestina ha demandado la garantía de una fuente sostenible de agua natural. Por lo que, la propuesta de Trump no considera los requerimientos básicos para que los palestinos puedan acceder a agua potable.

El desconocimiento de los acuerdos previos y la exclusión del tema del agua vulnera los principios de reconocimiento y rendición de cuentas del marco de Hicks. El Gobierno de Estados Unidos no reconoce los intereses que Palestina ha manifestado históricamente, y además, su propuesta pierde credibilidad al quitarle valor al trabajo previo en temas de negociación y diplomacia.

Un segundo punto trata de la falta de equidad e imparcialidad de Estados Unidos –y, en particular, de Donald Trump– como mediador. Las acciones y el lenguaje de Trump han mostrado un amplio favoritismo a la narrativa de Israel. En el plan se permite anexar al territorio israelí sitios sagrados en disputa, propuesta que había iniciado en diciembre de 2017, cuando Donald Trump decidió reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y realizar el posterior traslado de la embajada americana a esta ciudad. Estos reconocimientos no solo atentan contra principios como la equidad, la inclusión e identidad, sino que además ponen trabas a la solución del conflicto.

Los palestinos han reclamado históricamente que Jerusalén oriental sea reconocida como su capital, dado su importancia religiosa. Aunque la propuesta estadounidense menciona el respeto al significado histórico y religioso del territorio, su insistencia en que Jerusalén permanezca unido bajo la soberanía total de Israel debilita al entonces ya frágil presidente palestino Mahmoud Abbas, así como a quienes promueven que las aspiraciones palestinas pueden conseguirse a través de la vía negociada. Al mismo tiempo, tal decisión sirve para empoderar a los sectores más radicales en Palestina y el mundo árabe, que descartan cualquier salida negociada y que defienden el uso de la violencia. Tal es el caso del líder de Hamas, Ismail Haniye, con su llamado a iniciar una nueva intifada y su pronunciamiento según el cual: “se debería anunciar que el llamado acuerdo de paz está enterrado de una vez por todas y no hay nada que se pueda llamar un socio de los palestinos en la paz”, ¹³ así como los pronunciamientos de los líderes de Hezbollah en las primeras protestas en Beirut luego de la decisión de Trump.¹⁴ Como resultado de estas acciones, el plan se ha considerado en sí mismo como inequitativo o injusto, y le ha quitado legitimidad a Estados Unidos como posible mediador del conflicto.

Otro punto para considerar es la negación del plan del derecho al retorno de los refugiados expulsados de territorios tomados por Israel, siendo este uno de los aspectos más delicados en la relación con los palestinos. Junto con esto, le da un poder de veto a Israel para determinar la medida en que el nuevo Estado de Palestina pueda servir como destino de origen a dichos refugiados (White House, 2020). En conjunto, estas medidas ponen en entredicho los derechos territoriales palestinos.

Tal vez lo más preocupante de este plan es la falta de inclusión de una de las partes, puesto que no considera a Palestina como parte de un proyecto común, que puede tener incidencia en los resultados de la negociación, y que en cambio se le trata como un invitado en una cuestión ya decidida, que, de ser aceptada, vulnera la imagen interna y externa de los palestinos.

La violación de este principio, así como el de la identidad, rendición de cuentas y equidad profundiza el conflicto e impide lograr un acuerdo beneficioso para todos los involucrados.

CONCLUSIONES

“Sin dignidad no hay negociación posible, es así de sencillo”, afirma Sergio Jaramillo en el capítulo final de este libro. La dignidad, sin embargo, no es un concepto fácil de asimilar y mucho menos de garantizar al llevar a cabo una negociación.

Con una larga historia en el pensamiento occidental, la dignidad aparece como un aspecto central en las relaciones humanas y su reconocimiento adecuado o pasar por encima de ella podría hacer la diferencia entre el escalamiento de un conflicto, o su deterioro progresivo.

Sin embargo, aun siendo conscientes de su importancia, entran distintas variables que complejizan su tratamiento adecuado. Por un lado, las expectativas de tratamiento digno y la imagen que cada actor tiene de sí mismo. “El sesgo autocomplaciente”, estudiado ampliamente en sicología, muestra las dificultades que aparecen en una negociación en tanto cada parte considera que tiene derecho a mejores condiciones en una relación, las cuales pueden resultar incompatibles con las expectativas de su contraparte.

Junto a las creencias subjetivas sobre el valor propio, la imagen que cada actor busca proyectar de sí mismo contribuye a dificultar la inclusión de medidas orientadas a satisfacer la dignidad de las partes. Esto se debe a que desafortunadamente, muchas personas parecieran pensar en los conceptos de dignidad y reconocimiento como juegos de suma cero, sin entender que difícilmente más reconocimiento para un actor es menos para otro; reconocer esta idea facilita la solución de muchos conflictos.

Esto es aún más complicado al entender que la dignidad está asociada tanto a aspectos individuales como a los grupos a los que estos individuos pertenecen.

Las categorías propuestas por Burton y Hicks permiten dar cuenta de elementos centrales a la hora de analizar los principios de dignidad e incorporarlos en el manejo de una negociación. Los estudios de caso presentados, justamente, ilustran la importancia que el tratamiento de estos elementos puede tener en el resultado de una negociación.

Mientras que en las negociaciones del Gobierno colombiano con las Farc, la incorporación de algunos aspectos esenciales de la dignidad permitieron la obtención de un acuerdo final, esto no ocurrió en las negociaciones con el ELN, y tampoco en las del gobierno de Maduro y la oposición venezolana en Santo Domingo, o en la propuesta de paz en Medio Oriente por parte del presidente Trump. Estos tres últimos escenarios evidencian que la vulneración de algunos elementos como la inclusión, equidad o identidad terminan por promover el escalamiento del conflicto y, en algunos casos, mayores brotes de violencia.

A nivel práctico, la principal recomendación radica en tener presentes dichos elementos a la hora de abordar conflictos y tener en cuenta que, de la mano de las necesidades materiales de las partes involucradas, el honor, la necesidad de reconocimiento, las formas y otros aspectos asociados al concepto de dignidad pueden ser la clave para el logro de acuerdos. De manera análoga, pasar por alto estos elementos es la fórmula perfecta para el escalamiento de los conflictos.

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