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El campo político ha experimentado una profunda transformación como consecuencia de la globalización, cuyos componentes han sido analizados por Juan Ramón Capella en su libro Fruta prohibida. Capella caracteriza el nuevo poder político como un «campo» en el sentido de que no está monopolizado por una institución que pueda ser presentada como una unidad, como en el caso del estado. En realidad, está constituido por un conjunto de actores de diverso tipo y su funcionamiento viene determinado por las correlaciones de fuerza existentes en cada momento. En el campo global se sitúan las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales y los estados hegemónicos como EE UU o instituciones regionales como la UE. Un rasgo esencial de la transformación del poder político es la «apertura» que experimentan los estados respecto de las exigencias de los poderes globales, especialmente de las multinacionales.

Aquí señalaremos algunas formas como los estados se «abren» ante los poderes globales, especialmente subordinándose al poder y a la lógica del sector financiero³⁴.

La manifestación más palmaria de esta supeditación consiste en que los estados asumen la función de «garantes» de la integridad del sistema financiero³⁵. Este papel se puso claramente de manifiesto en la crisis financiera de 2008 y en la desestabilización de la eurozona. Sin embargo, el «rescate» de las entidades financieras no empezó en 2008. Ya en los años ochenta EE UU sacó a flote numerosas cajas de ahorro que se encontraban al borde de la quiebra. Los estados ejercen esta función de garantes tanto a nivel nacional como internacional. El Fondo Monetario Internacional ha intervenido en repetidas ocasiones para evitar la quiebra de los bancos como consecuencia de las crisis de la deuda de los estados, iniciando esa práctica en 1982 debido a la falta de solvencia de México para saldar sus obligaciones con las entidades financieras transnacionales. El mecanismo utilizado por el FMI ha consistido en la concesión de préstamos dirigidos a que los estados deudores puedan pagar a sus acreedores, que generalmente son bancos privados. Como el Fondo Monetario Internacional se nutre de fondos públicos aportados por sus países miembros, ese tipo de actuaciones tiene, entre otras consecuencias, un trasvase de fondos públicos a manos privadas. Todas las crisis financieras han puesto de manifiesto que el interés de los bancos está por encima de cualquier otro, incluido el bienestar de las poblaciones, las cuales han sido repetidamente sometidas a severos planes de ajuste para satisfacer las exigencias del sector de las finanzas.

La independencia de los bancos centrales es una de las garantías más importantes de esta subordinación. Esto se puso de manifiesto en 1979, año en que tuvo lugar un cambio radical en la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. El objetivo de la política monetaria pasó a ser exclusivamente el control de la inflación, dejando de lado el pleno empleo. Eso se tradujo en un incremento de las tasas reales de interés que incrementó el peso de las deudas tanto públicas como privadas. Durante los años setenta, las tasas de interés real habían disminuido enormemente debido a la inflación, perjudicando los intereses del sector financiero. Tasas de interés cercanas a cero o, incluso, negativas, permitían a los estados incrementar su endeudamiento. En el momento en que se produjo el giro copernicano en la política monetaria norteamericana, países como México se vieron ahogados por una deuda cuyos intereses se incrementaron bruscamente. Los beneficios obtenidos del cobro de intereses por las entidades financieras aumentaron sustancialmente en la década de los ochenta. Si las tasas reales de interés en EE UU llegaron a ser negativas a mediados de los años setenta, durante la década siguiente alcanzaron un pico del 9 % o más³⁶.

Como señala Saskia Sassen³⁷, el banco central de un país tiene una relación muy estrecha con los de los otros estados. Esos vínculos son más intensos que los que tiene con las instituciones del estado al que pertenece. Un buen ejemplo de ello es el Comité de Basilea, que reúne a representantes de los bancos centrales de los países más ricos del planeta. Este ente no es una organización internacional, sino una especie de foro en el que se reúnen las autoridades de supervisión bancaria de los estados con más peso en el sector financiero. El comité hace «recomendaciones» que no son jurídicamente obligatorias, pero que son «interiorizadas» por los estados a través de la vía de sus bancos centrales que actúan independientemente. De esa manera, los bancos centrales se convierten en reguladores de las finanzas globales prescindiendo de las exigencias de representatividad y transparencia propias de las organizaciones internacionales.

En el caso del Banco Central Europeo (BCE), el estatuto regulador consagra su independencia, así como el objetivo de contener la inflación como finalidad única de su actuación. El BCE no puede prestar dinero a los estados. Bajo la presidencia de Draghi la institución pudo sortear esta prohibición comprando bonos soberanos en los mercados secundarios para aliviar la deuda de los países más afectados por la crisis de la eurozona. Pero, recientemente, el Tribunal Constitucional alemán ha considerado inválida esta política abriendo así un conflicto con las instituciones europeas cuyo alcance y consecuencias son difíciles de predecir en este delicado momento en el que estamos ahora (mayo de 2020).

Los mercados financieros han adquirido una especie de poder de «veto» sobre las decisiones estatales en materia de política económica. Pueden boicotear las decisiones gubernamentales de muy diversas formas. Pueden retirar los capitales invertidos en sus bolsas de valores o lanzar ataques especulativos contra su moneda. Como los estados dependen de los mercados de capitales para su financiación, pueden encontrarse con que la adopción de determinadas políticas conlleve un incremento de los intereses que deben pagar por la deuda pública. La existencia de un poder global situado por encima de los estados, al que Capella denomina «soberano supraestatal difuso»³⁸, tiene en la actuación de los mercados financieros una de sus más claras manifestaciones. No obstante, la expresión «mercados financieros» puede conducir al equívoco de que nos estamos refiriendo a mecanismos de carácter automático. En realidad, detrás de ese concepto abstracto se encuentran grandes inversores, como los diferentes tipos de fondos, que pueden poner a un país en una situación extraordinariamente difícil si actúan contra él de consuno.

La privatización de los servicios públicos ha conducido en muchos casos a «financiarizarlos», subordinando en última instancia su funcionamiento a la lógica y los intereses de las entidades financieras. Este fenómeno es consecuencia de la utilización de operaciones de titulización por parte de las compañías que adquieren o asumen los servicios privatizados. Así, las concesionarias privadas del servicio de suministro de agua en Gran Bretaña generan títulos respaldados por los pagos de las futuras facturas por parte de los usuarios. En el sector sanitario británico se titulizan las cuotas que deben pagar los entes públicos por la utilización y mantenimiento de instalaciones hospitalarias financiadas y construidas por entidades privadas. Estos títulos acabarán en manos de entidades inversoras como los fondos soberanos de los países de Oriente Medio que no tienen ningún tipo de relación ni interés en el buen funcionamiento de los servicios. Su objetivo es asegurarse una determinada rentabilidad e impondrán ese interés a los gestores de dichos servicios³⁹.