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Las privatizaciones han transformado unos bienes y servicios distribuidos gratuitamente —o con precios «políticos»— y financiados por medio de impuestos progresivos en mercancías vendidas por empresas con fines de lucro, es decir, los han «mercantilizado». Si antes eran un derecho, ahora solo se los pueden permitir quienes pueden pagar su precio, igualándose el criterio de acceso a determinados servicios con el de la adquisición de coches de lujo. La financiarización de las familias es algo así como el «último estadio» de la mercantilización que han traído consigo los procesos privatizadores.

Las privatizaciones que han tenido mayor incidencia en la financiarización de las economías familiares han sido las de las pensiones y las de la vivienda.

La privatización del sistema de pensiones supone un cambio radical del derecho a la jubilación. Recibir esta prestación por parte de un sistema público es una forma de reconocimiento de una vida de trabajo, aunque, sin embargo, no contempla las tareas domésticas. Las cotizaciones son una manera de financiar el sistema, pero no el fundamento del derecho a recibir una pensión, como lo demuestra la existencia de un tope máximo que es independiente de las cantidades que se hayan cotizado. En la práctica, son las contribuciones que pagamos hoy las que financian la jubilación de nuestros padres, así como serán las futuras generaciones quienes paguen nuestras pensiones. Es un sistema que cuenta con mecanismos de justicia distributiva intra- e intergeneracional.

Cuando se afirma que el sistema de pensiones colapsará por el aumento del número de jubilados y la consiguiente disminución de la proporción de trabajadores activos, se confunde la disponibilidad de recursos con el mecanismo de financiación. Así, por ejemplo, si el PIB de un país es hoy el doble que hace veinte años y la población se ha incrementado en un 20 %, el PIB per capita de ahora equivaldrá a 1,6 veces el de hace dos décadas. Si la riqueza se distribuyese igualitariamente, todas las personas «tocarían» ahora a más con independencia de que tuviesen o no un empleo o de que fueran estudiantes o jubilados. El problema no es el volumen de recursos disponibles, sino la forma como se reparten. Los mecanismos de financiación y asignación del sistema de pensiones condicionan el modo como se distribuye la riqueza social y, particularmente, la porción que va a los jubilados. Si las pensiones se financiaran íntegramente por medio de impuestos progresivos y se contabilizaran los años que las mujeres han dedicado a las tareas domésticas, l@s jubilad@s recibirían en su conjunto una porción mayor de la riqueza generada socialmente.

Los sistemas privados de pensiones se basan en una filosofía completamente diferente mucho más insolidaria e injusta. El derecho a percibir una pensión de jubilación nace de las aportaciones que el trabajador haya hecho durante los años en que ha estado en activo, siendo administrado ese capital por «fondos» que manejan enormes volúmenes de dinero como vimos más arriba. Las aportaciones realizadas son las que fundamentan el derecho a percibir una pensión, así como su cuantía, la cual no tiene un tope máximo. El trabajador tiene una jubilación no porque haya trabajado, sino porque ha podido acumular un fondo para ello. La implantación de un sistema privado de pensiones supone, por consiguiente, una «mercantilización» de la jubilación: las personas percibirán ese tipo de rentas en el futuro en función exclusivamente de lo que vayan aportando en el presente. Se trata del rendimiento de una inversión y no de una prestación derivada de un derecho.

La privatización del sistema de pensiones conduce a la financiarización de la economía familiar, pues los fondos que gestionan los capitales ahorrados invierten en acciones u otro tipo de títulos, lo que deja el cobro de las jubilaciones al albur de las oscilaciones de los mercados financieros y al mayor o menor acierto de los gestores a la hora de invertir. Los riesgos recaen exclusivamente sobre los clientes, y si se produce una debacle financiera, los futuros pensionistas verán esfumarse los capitales que deberían proporcionarles las rentas una vez jubilados. Así, la crisis de 2008 privó de todo o parte de sus pensiones a millones de norteamericanos: los fondos privados estadounidenses cuyo patrimonio superaba los siete billones de dólares, perdieron el 20 % de su valor⁵⁴.

Otro factor capital de financiarización de la economía familiar ha sido el giro privatizador de la política de vivienda. Muchos países abandonaron el sistema de viviendas públicas en régimen de alquiler e incentivaron la compra de viviendas en propiedad, financiadas mediante créditos hipotecarios. Margaret Thatcher vendió las viviendas sociales a sus inquilinos. En Francia se produjo un giro en los años ochenta y el estado empezó a fomentar la adquisición de viviendas en propiedad en detrimento de los alquileres sociales⁵⁵.

La «privatización» de la política de la vivienda ha sido la principal causa del creciente endeudamiento de las familias. La hipoteca en sí misma constituye una carga económica de gran magnitud, que resulta asumible para la mayoría únicamente por la duración de los plazos. Es un compromiso arriesgado, especialmente si se opta por un interés variable. Por otro lado, la capacidad de ahorro de las familias promedio disminuyó con la globalización, debido al estancamiento o descenso de los salarios, lo que obligó a las familias a endeudarse para financiar su consumo. La privatización de los servicios públicos supuso, además, un recorte del salario indirecto. Entre los años noventa y la crisis de 2008, la deuda familiar creció significativamente en todos los países de la OCDE pasando de un 90 % a un 140 % de la renta disponible en EE UU (y de un 60 % a un 150 % en España)⁵⁶.

El incremento del precio de los inmuebles hipotecados debido a las burbujas inmobiliarias permitió contratar segundas hipotecas. Estos préstamos se utilizaron para refinanciar los créditos al consumo y para comprar bienes y servicios. El porcentaje de hipotecas no destinadas a la compra de inmuebles en EE UU lo pone claramente de manifiesto: en 2003 se produjo un «pico» de más de 15 millones de hipotecas destinadas a refinanciar deudas, frente a poco más de 6 millones cuyo objetivo era la compra de una vivienda⁵⁷. Antes de la crisis, las familias norteamericanas consideraban la vivienda como una especie de stock option, es decir, decidían comprar o no una determinada casa en función de sus perspectivas de revalorización⁵⁸.

Otra forma de financiarizar a las familias ha sido el fomento de la llamada «ciudadanía financiera», una expresión acuñada por los laboristas de Blair en Inglaterra (no se sabe si con un cierto regusto sarcástico)⁵⁹. La ciudadanía financiera significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios bancarios, y empieza por que todas las personas tengan una cuenta corriente o libreta de ahorro. El sobre con el salario semanal o el cheque pasan a la historia. Los recibos de suministros o las cuotas de la hipoteca también se pagan a través del banco. No es necesario ya ir a la oficina de la compañía del agua o la electricidad a abonar los recibos. Las compras se abonan crecientemente mediante tarjetas de débito y especialmente de crédito. Hace una década podía encontrarse en las tiendas un cartel advirtiendo que no admitían tarjetas (especialmente en época de rebajas). Hoy en día es difícil encontrar una tienda de ropa en París donde admitan efectivo. En el mundo de la banca online, de Paypal y Bizum, parece increíble que hace poco más de veinte años muchos británicos no tuvieran una cuenta corriente. Hoy en día quien no usa tarjetas de crédito o no está devolviendo un préstamo al banco es considerado una persona sospechosa.