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CAPÍTULO 3

Gradualismo vs. shock

La discusión sobre el camino económico a seguir por la flamante gestión de Macri en diciembre de 2015 se planteó en torno a una decisión de orden político que debía tomar el Gobierno. Existía un consenso en toda la dirigencia de Cambiemos –compartido en ese entonces también por varios candidatos que enfrentaron a Macri en las urnas– de que la Argentina debía corregir su crónico déficit fiscal, su recurrente déficit externo, eliminar una serie de regulaciones y bajar su carga impositiva, sobre todo para el capital, como condición a cualquier estrategia de crecimiento duradero. La discusión no se planteó entonces en torno a los objetivos sino a la velocidad, los modos y las secuencias de los pasos a dar. Eso se graficó en términos de antinomia: gradualismo versus shock. El término shock no es nuevo ni es de manufactura local, viene siendo acuñado de la mano de los programas de ajuste impulsados por el FMI desde los años ochenta. Esos programas plantean que la solución a los problemas estructurales de las economías subdesarrolladas solo se pueden abordar con una serie de medidas que deben aplicarse en forma drástica para ser efectivas y que tienen como objetivos mínimos eliminar los déficit fiscales, los déficit en la cuenta capital –en el caso de Argentina especialmente debido a los problemas estructurales de restricción externa–, liberalización en materia financiera, supresión de todo tipo de controles del Estado al movimiento de capitales y a la formación de precios. Estos paquetes, convertidos en un modelo, el FMI los propone o impone a cambio de financiamiento.6 Con más o menos dureza, se aplicaron de forma casi calcada en países tan distintos como Argentina o Uganda y fueron fuertemente criticados hacia fines de los noventa en vista de los desastres en materia política, social y económica que produjeron. Todo esto implicó un retroceso del peso mundial del FMI como voz autorizada para ser bombero de crisis. El Premio Nobel de Economía en 2001 y ex directivo del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, mentor del actual ministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán, fue uno de los más importantes detractores de las recetas impulsadas por el organismo internacional en esos años. La explosión de la Argentina en diciembre de 2001 guardó relación con el FMI, que siguió impulsando y financiando la convertibilidad y el ajuste cuando este ya era inviable desde hacía tiempo, tanto por las condiciones políticas y sociales internas como las externas del país. La Argentina sostenía la convertibilidad desde 1994/5, solo gracias al flujo de endeudamiento externo. Sobre la crítica al FMI y sus recetas ortodoxas de shock, el kirchnerismo construyó la idea de la corresponsabilidad del endeudamiento para que el FMI asumiera su parte en la responsabilidad del quiebre de Argentina en el marco de la negociación exitosa por la reestructuración de la deuda durante 2005 y 2010.

En nuestro país, los antecedentes de la aplicación de políticas de shock son anteriores a la popularización de los paquetes estandarizados del FMI y son, sobre todo, de autoría local.

Rodrigo y Martínez de Hoz

El primer antecedente de un shock económico aplicado en nuestro país data de la primera mitad de la década de los setenta y se produjo en el tercer gobierno peronista, un año antes del golpe de Estado de 1976.

En el marco del Pacto Social y la política de control de precios y salarios establecidos por los gobiernos de Héctor Cámpora (1973) y Juan Domingo Perón (1974), reapareció la restricción externa y la escasez de divisas fundamentalmente por dos razones:

1 - El incremento de los precios internacionales del petróleo dictaminado en octubre de 1973 por decisión unilateral de la OPEP (en parte como medida de repudio al apoyo de Estados Unidos y Estados europeos a Israel en la guerra de octubre de 1973 llamada la “Guerra de Yom Kipur”). Esto encareció no solo las importaciones energéticas sino todos los productos e insumos importados vinculados al desarrollo industrial, lo que complicó el sostenimiento de los acuerdos de precios logrados vía Pacto Social.

2 - La prohibición de importación de carnes argentinas impuesta por el mercado común europeo, con la excusa de un brote de fiebre aftosa (reduciendo así el volumen de divisas que ingresaban por la exportación de productos cárnicos).

Guido Di Tella, en un ya clásico texto de la década de los ochenta, en el que analiza el periodo comprendido entre mayo de 1973 y marzo de 1976, introduce la dicotomía gradualismo vs. shock como las alternativas que barajaba el Gobierno para sortear o resolver los problemas que enfrentaba un erosionado Pacto Social.7

Los ministros que sucedieron al empresario más cercano a Juan Perón, José Ber Gelbard, plantearon distintas estrategias para hacer frente a la restricción externa, la crisis energética y el creciente déficit fiscal. Tras un breve interregno en el cual Alfredo Gómez Morales liberó algunos precios (congelados durante la vigencia del Pacto Social), al tiempo que redujo el gasto público (sobre todo en personal del Estado), tocó el turno de Celestino Rodrigo quien era secundado por Ricardo Zinn, el verdadero autor intelectual de lo que se bautizará como “el Rodrigazo”.8 El Rodrigazo fue el primer antecedente de una política de shock en nuestro país: megadevaluación del 100%, incremento tarifario generalizado del 100%, triplicación del precio de los combustibles y un aumento salarial de compromiso del 40%. La consecuencia sobre el salario real fue inmediata: la estadística oficial registra que 1974 fue el periodo en el cual el salario real alcanzó su pico histórico, en un contexto de alta demanda de mano de obra y bajo desempleo, con una inflación del 74% anual hasta mayo de 1975. Doce meses después, la variación de los precios había alcanzado niveles récord (954%) afectando sensiblemente el costo de vida.9

Si bien el shock remite sustancialmente a la reducción estructural del déficit fiscal y medidas drásticas para solucionar la restricción externa sin controles de cambios (que recién el staff del FMI empezó a revisar estos años), el equipo económico del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que asumió en marzo de 1976, produjo otro shock que atendió intereses propios de la elite empresaria local.

Entre marzo y junio de 1976, en el marco de medidas que fueron anunciadas el 2 de abril con el objetivo de liberalizar controles, sincerar y modernizar la economía y atraer inversiones, se eliminaron todos los controles de precios y, al mismo tiempo, por tres meses se impidió todo aumento salarial.10