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CAPÍTULO II

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, UNA HISTORIA DE 500 + 20 AÑOS

En 2019 se cumplían 520 años desde que los jurats de Valencia redactaron las constituciones para el nuevo Estudi General, agrupando los estudios superiores existentes en la ciudad desde el siglo XIII. Estas Constitucions, firmadas el 30 de abril de 1499, preveían obtener la aprobación pontificia con el fin de poder expedir grados académicos para el ámbito de la cristiandad europea, y así fue. Con la bula del papa valenciano Alejandro VI Borja del 23 de enero de 1501 –que reconocía la nueva institución educativa– y el privilegio real de Fernando el Católico del 16 de febrero de 1502 –que confirmaba la fundación–, se acababa de configurar una universidad que, frente a las de tipo claustral, colegial o conventual, adoptaba el modelo municipal arraigado en la Corona de Aragón.

Es decir, la Universitat de València nació como una universidad estrictamente municipal, fundada a iniciativa del Ayuntamiento y apoyada por la pujante burguesía valenciana medieval, «que veía en su creación una sólida e imprescindible inversión para asegurar la prosperidad de la ciudad y dotarla de una imagen prestigiosa» (Benito, 2008c: 10). Más concretamente, el Consell General de València, en el que estaban representados los gremios y las parroquias, decidió reunir en un Estudi General los «Estudios» particulares dispersos por la ciudad desde tiempos de Jaume I –que ya tuvo intención de erigir el primer Estudio de la Corona aragonesa–, dotándolos de un espacio físico unitario y de un reglamento. Para ello encargó a los jurats que redactasen las citadas constituciones y solicitasen la aprobación pontificia y regia, de manera que el Ayuntamiento se erigió en responsable del patronato y de la financiación, si bien es cierto que la bula papal y el privilegio real dan cuenta de la incuestionable tutela ejercida por «el altar y el trono» (Peset, Albiñana y Mancebo, 1994: 7).

Situada desde el comienzo en un solar de la calle de la Nau, la Universitat de València ha vivido durante sus más de cinco siglos de existencia etapas muy distintas, fruto del contexto histórico-social y de los formidables cambios experimentados también en los ámbitos académico y científico. Este no es lugar para realizar un recorrido exhaustivo por dichas etapas, pero siguiendo a Josep Guia i Marín (2001b), la historia del Estudi General puede dividirse, de manera muy esquemática, en cuatro fases: Un primer periodo (siglos XVI y XVII) en el que el sello del Gobierno local es tan claro como la presión eclesiástica, con notables enfrentamientos jurisdiccionales entre el clero y el patronato municipal. En segundo término, durante el siglo XVIII la Universitat padece el creciente intervencionismo del Estado borbónico, entre el despotismo y la ilustración, que aniquila el poder municipal. En tercer lugar, el siglo XIX y parte del XX se caracterizan por el desarrollo y mantenimiento de una universidad napoleónica, débilmente laica y fuertemente centralizada en la capital del Estado. Y, finalmente, se produce desde entonces una «lenta i zigzaguejant conquesta de l’autonomia universitària», así como del enraizamiento de la Universitat en el País Valencià (ibíd.: 14).

En otro orden de cosas, conviene recordar en este punto que, ya desde sus inicios, la institución tuvo entre sus prioridades contar con los mejores profesores, y de igual modo, estudiaron en ella personalidades tan ilustres como el filósofo y humanista Joan Lluís Vives (1492/3-1540), que pasó por sus aulas antes de huir a París y cuya estatua forjada en bronce (obra del escultor José Aixa) preside desde 1880 el claustro mayor del edificio histórico. Entre la nómina de célebres personajes que enseñaron o aprendieron en el Estudi General figuran, además de Vives, el médico Lluís Alcanyís (1440?-1506), el humanista Pere Joan Nunyes (1522/29-1602), el médico y botánico Joan Plaça (1525-1603), el geómetra y matemático Tomás Vicente Tosca (1651-1723), el científico Juan Bautista Corachán (1661-1741), los eruditos Gregori Maians (1699-1781) y Francisco Pérez Bayer (1711-1794), el naturalista Antonio José de Cavanilles (1745-1804), el botánico Rojas Clemente (1777-1827) o el investigador y Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), entre otros muchos.

Respecto al espacio físico que ha ocupado la Universitat durante sus 520 años, cabe subrayar que la decisión de crear un Estudi General vino acompañada de la determinación de configurar un entorno cómodo donde impartir una enseñanza de calidad. Para ello, el Consell Municipal de la ciudad, en lugar de construir un edificio de nueva planta, optó por reformar una serie de viviendas particulares y huertos, de buen tamaño y disposición, que había adquirido unos años antes de la redacción de las constituciones. Con el fin de adaptar y ennoblecer estas construcciones siguiendo los principios del pragmatismo y la funcionalidad, se contrató al reputado arquitecto Pere Compte y al «mestre de la ciutat» Pere Bernia. En el mes de mayo de 1499 «el arzobispo bendice e inaugura la sede del Estudi General y en los años siguientes, mientras las obras prosiguen, los jurados compran nuevas casas para ampliar el solar» (Benito, 1999a: s. p.).

Como acaba de apuntarse, desde el punto de vista constructivo, este primer periodo se caracteriza por la búsqueda de funcionalidad y comodidad, frente a épocas posteriores, especialmente la del contexto del Barroco, cuando el Claustro de profesores decide magnificar el edificio para prestigiar la institución académica y favorecer también su propia reputación. Más adelante, distintos y reconocidos arquitectos (como Sebastián Monleón, Antonio Martorell o Javier Goerlich) irán dando forma a la sede de la Universitat basándose en las líneas maestras trazadas por Timoteo Calvo Ibarra (1799-1879) en el proyecto general que el Claustro universitario le encarga en 1839. Pero hasta el siglo XX el Estudi General no ocupará toda la manzana sobre la que se asienta a día de hoy, y solo tras el restablecimiento de la autonomía universitaria con la aprobación de los nuevos Estatuts de 1985, se iniciará un proceso de recuperación del edificio histórico, «concebido ahora como un monumento neoclásico y valioso testimonio de la arquitectura valenciana de los últimos siglos» (Benito, 2008c: 53). Ya en 1999, después de la rehabilitación integral llevada a cabo con motivo de la celebración de sus cinco siglos, dirigida por los arquitectos Antonio Escario y Luis Carratalá,¹ el edificio histórico de la Universitat de València tomará su forma actual.

En consecuencia, puede afirmarse que más que un edificio, el Estudi General fue durante cientos de años «una heterogénea agrupación de construcciones diversas» que, a lo largo de un desarrollo constructivo dilatado, «reflexivo y de incuestionable valor histórico» (ibíd.: 13), desemboca en el siglo XXI en lo que hoy conocemos como el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. En este lento y complejo proceso, además, no pueden obviarse los efectos negativos de las épocas de sobreutilización, de falta de mantenimiento o incluso de maltrato de las infraestructuras universitarias, por no hablar de las consecuencias devastadoras de algunos avatares históricos, como el bombardeo de la ciudad por parte de las tropas napoleónicas en 1812 –que destruyó por completo la recién creada (y muy valiosa) Biblioteca, además de las aulas y los despachos (aunque se salvaron el Teatre Acadèmic y la Capella de la Sapiència)– o el violento incendio que sufrió en 1932 el Museo de Historia Natural, y que acabó también con los laboratorios de análisis químico y de química general, los observatorios meteorológico y astronómico y el aulario de ciencias.

Llegados a este punto resulta casi una obviedad afirmar que para que la sede histórica de la Universitat haya podido sostener desde su fundación en 1499 sus funciones y actividad lectiva,² investigadora, administrativa y de gobierno,³ han sido necesarias numerosas intervenciones, reconstrucciones y reformas. Estas, de distinta índole e intensidad, han respondido a los contextos político-sociales, económicos y académicos específicos de cada época, y han convivido con periodos de abandono y de ausencia de actuaciones por falta de recursos para mantener el Estudi General en unas condiciones dignas. Y es que, como ha quedado patente, la Universitat de València no nace en un edificio homogéneo y unitario que funciona inmediatamente como centro universitario, sino que surge de elementos dispersos que se van levantando, modificando y regularizando con el tiempo hasta adoptar su forma actual. Incluso a día de hoy puede decirse sin miedo a errar que La Nau sigue inmersa en un proceso evolutivo continuo y constante, que la lleva a adaptarse a las necesidades de la institución, erigiéndose en testimonio vivo no solo de su origen y de su historia, sino también del momento presente en tanto que principal referente cultural de la Universitat.

Como se ha apuntado previamente, existe un antes y un después del restablecimiento de la autonomía universitaria en lo que respecta a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural perteneciente a la Universitat (incluyendo, por supuesto, su sede histórica). Será a partir de entonces, con Ramon Lapiedra como primer rector de una Universitat que vuelve a caminar por la senda democrática –gracias al largo y arduo esfuerzo de muchas y muchos de sus miembros, y que se materializa en los Estatuts elaborados tras la aprobación de la LRU de 1983–, cuando se inicie la paulatina recuperación del antiguo Estudi General⁴ (declarado Bien de Interés Cultural en 1981 en la categoría de Monumento), y más allá, cuando se pongan en marcha diversas vías de acción cultural, en cumplimiento de una de las tres «líneas de fuerza» que definen a la Universidad surgida de la LRU: la extensión de la cultura.⁵

Progresivamente, este activismo cultural encomendado a la Universidad y que, en el caso valenciano, recogen los Estatuts de 1985 ya en su Preámbulo –pero especialmente en el artículo 3.º del Título Preliminar, como se apuntó con anterioridad– irá materializándose en programas cada vez más amplios, diversos y complejos, que pasarán de la irregularidad (y a veces casi de la improvisación) a institucionalizarse a través de servicios concretos con personal estable y responsables directos. Desde el inicio de la recuperación de la democracia y la autonomía universitarias en la década de los ochenta, el Vicerectorat d’Extensió Universitària primero y el de Cultura después, han sido los principales encargados de concebir y desarrollar la política cultural de la Universitat. En la actualidad, la Carta de Serveis de la Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura i Esport recoge tres funciones primordiales de la institución en esta materia, basándose en la edición más reciente de los Estatuts: «1) Participació de la comunitat universitària en la cultura; 2) Extensió i difusió de la cultura en la societat, y 3) Conservació i difusió del seu patrimoni».

En la introducción se ha reflexionado sobre la función social que la Universidad como servicio público tiene en todo Estado democrático, así como sobre su constitutiva misión cultural. No obstante, antes de iniciar el recorrido por los estamentos y programas específicos en los que se concreta dicha misión en el caso de la Universitat de València, se estima conveniente realizar una breve incursión en el camino que llevó a esta a recuperar la autonomía que la Constitución de 1978 reconocía como derecho fundamental de todas las universidades españolas. Este derecho, que modificaba el régimen centralista e intervencionista que había regido el ámbito académico durante tantas décadas, no se materializará, sin embargo, hasta la aprobación de los estatutos posteriores a la entrada en vigor de la LRU. En el caso valenciano, como se ha visto, esto ocurrirá en 1985, concretamente el 16 de diciembre (fecha de su publicación oficial), tras un duro y complejo proceso –no exento de polémica y desencuentros con la Generalitat Valenciana–, pero a la vez ilusionante y muy participativo, que fue reflejo de la profunda democratización y renovación que se estaba produciendo en el seno de la institución.

1. EL CAMINO HACIA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA⁶

Mucho antes de la promulgación de la LRU en 1983, en el paso del siglo XIX al XX, «la autonomía, como cauce para mejorar, se halla presente en los ambientes universitarios» (Peset, 2002: 14). De hecho, en Valencia, la celebración del cuarto centenario del Estudi General en 1902 se corresponde con «un momento inicial de la reivindicación autonómica universitaria» (ibíd.: 15).⁷ Previamente existieron fenómenos tan destacables como la Institución Libre de Enseñanza, que funcionó al margen del Estado durante el último cuarto del siglo XIX y hasta la Guerra Civil española, y supuso un movimiento de renovación de la educación, la ciencia y la propia organización de la Universidad sin precedentes. Inspirados en el pensamiento de Karl Christian Friedrich Krause, sus estatutos declaraban sin ambages la total independencia de cualquier interés religioso, ideológico o de partido político, además de proclamar la libertad de cátedra, la inviolabilidad de la ciencia y el respeto a la conciencia individual.

Inspirado en este movimiento, como ya se señaló en la introducción, el nacimiento oficial de la extensión universitaria en España se produce en 1898 en la Universidad de Oviedo y por iniciativa de Rafael Altamira. El programa iniciado entonces y que se extendería posteriormente a otras universidades –a la de Valencia llegará en 1902, como acaba de apuntarse–, se fundamentaba en dos pilares básicos: la promoción de la democratización del conocimiento y la defensa de una concepción integral del saber. A lo largo del primer tercio del siglo XX hubo dos proyectos concretos de autonomía universitaria lanzados desde el Gobierno, aunque fracasaron: el de Antonio García Alix de 1901 al frente del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que no logró pasar la tramitación parlamentaria, y el Decreto de 1919 de concesión de autonomía a las universidades, con César Silió como ministro en el Gobierno conservador de Antonio Maura. Dicho decreto, que sí llegó a entrar en vigor, quedó suspendido en julio de 1922, cuando apenas había pasado un año desde el visto bueno del Gobierno a los estatutos de la universidad valenciana promulgados sobre la base de este.

Poco después, la deriva autoritaria tras el triunfo del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923 trajo consigo el aumento del intervencionismo gubernamental en el ámbito académico, y aunque a principios de la nueva década la proclamación de la Segunda República prometía cambios muy significativos (la Universitat de València tuvo un gobierno paritario de profesores y estudiantes), la renovación universitaria no llegaría a formalizarse. Así, el Estudi General continuó rigiéndose por las normas estatales y no hubo elecciones libres internas ni capacidad de autogobierno. En resumen, «les convulsions socials del moment i la manca de personalitat col·lectiva i de consciència universitària valenciana impossibilitaren la renovació, modernització i autonomia de la nostra Universitat» (Guia, 2001b: 19).

A nivel del Estado, aunque en 1933 el ministro de Educación, Fernando de los Ríos, había presentado una Ley de Reforma Universitaria que recogía en su Exposición de Motivos las tres funciones de la Universidad según el planteamiento de Ortega y Gasset, el golpe de Estado y el triunfo fascista en la Guerra Civil inició un periodo de control absoluto de la institución universitaria por parte del Gobierno y la religión católica, con las consiguientes depuraciones, además de la ejecución de profesores (paradigmático en el caso valenciano resulta el fusilamiento del rector Juan Peset Aleixandre en 1941, pero que se sepa, al menos otros ocho catedráticos fueron ejecutados por el Régimen en la Universidad española) y del exilio forzoso de muchos de ellos.⁸ Cabe subrayar a este respecto que las depuraciones fueron consideradas prioritarias en el ámbito educativo como parte de una estrategia general de persecución del enemigo, ya que, además de castigar, pretendían extirpar del sistema las ideologías divergentes.

Por otro lado, en 1943 se aprueba la Ley de Ordenación Universitaria, que anulaba las reformas republicanas, volviendo a la estructura de funcionamiento del siglo XIX, con un gobierno universitario en manos del Estado y unos supuestos doctrinales basados en el nacionalcatolicismo. Así, la Universidad tenía el cometido de formar a profesionales, pero más allá debía inculcar las esencias nacionalcatólicas, ser imperial, autárquica y «forjar un nuevo hombre con sentido del honor, heroísmo, voluntad de servicio y disciplina» (Baldó, 1999a: 706). En el propio Preámbulo de la ley se hablaba de la Universidad como «tesoro del patrimonio histórico de la Hispanidad» y se distinguía al rector como «Jefe de la Universidad» –un rector nombrado por el Ministerio entre los catedráticos numerarios y que había de ser obligatoriamente militante de Falange Española–, quedando todos los demás «bajo su jerarquía» (Sanz y Martí, 2013: 6).

En este ambiente inquisitorial y represivo, la lucha universitaria contra el franquismo no cesó y, aunque fuertemente castigada, también consiguió a la larga provocar la dimisión de ministros y una cierta liberalización de la enseñanza superior con la aprobación de la Ley General de Educación de 1970. Esta supuso un paso adelante en la modernización de las universidades, al permitirles la elaboración de un «Estatuto singular». Ahora bien, los dos órganos que intervenían en dicha elaboración, la Junta de Gobierno y el Patronato, estaban constituidos por miembros designados a dedo. En el caso valenciano, el decano de la Facultad de Derecho, el Dr. Broseta, fue el encargado de redactar el anteproyecto, que desembocaría (después de los trámites permitentes y de la imposición de varias modificaciones) en la publicación en el BOE de los Estatutos provisionales de la Universidad de Valencia en junio de 1971. Estos daban cuenta del momento de cambio profundo que vivía la Universitat y, aunque con limitaciones evidentes, se trató de un texto bastante avanzado que llegaba a hablar de «fomentar la cultura valenciana» y atender a las «aspiraciones y necesidades de la región» (Guia, 2001b: 20).

Por su parte, los estudiantes, que habían monopolizado las inquietudes culturales y sociales durante el primer tercio del siglo XX (Garcelán, 2020), dieron muestras de resistencia incluso durante «los años bárbaros», totalmente dominados por el sindicato franquista SEU (Sindicato Español Universitario): reconstruyen la FUE, lanzan octavillas, escriben poemas, hacen pintadas en los muros del edificio de la calle de la Nau… A partir de la década de los cincuenta, en un contexto de cierto aperturismo, con Ruiz Giménez al frente del Ministerio de Educación,⁹ y sobre todo gracias a la llegada a las aulas de una nueva generación, los estudiantes «con inquietudes» empiezan a organizar actividades culturales alternativas a las «beaterías oficiales» y a las «rutas imperiales». Entre ellas había tertulias, cinefórums, teatro universitario, clubs de lectura, conferencias, certámenes literarios, revistas de facultad, etc., e incluso contaron con el apoyo de ciertos profesores y «de algún audaz director de colegio mayor» (Baldó, 1999b: 706). Así, de las actividades culturales se fue pasando progresivamente a la politización directa y consolidándose un estilo de oposición basado en «asambleas, solidaridades, protestas callejeras, manifestaciones relámpago, pintadas, interrupciones de tráfico…» (Baldó, 1999c: 708). En definitiva, los estudiantes lograron «convertir la universidad en un espacio de resistencia a la dictadura y conquista de la libertad» (ibíd.: 709).

De vuelta a los Estatutos provisionales de 1971, pese a los avances que suponen respecto a la autonomía universitaria, Josep Guia i Marín (2001b: 20-22) recuerda que los recortes y limitaciones de la legislación vigente en ese momento todavía eran muy significativos. Uno de los sectores más afectados negativamente será el creciente colectivo de profesores no numerarios –los famosos PNN–. Estos, que se habían incorporado a la Universidad por la necesidad docente que impuso la masificación desde finales de los sesenta, tenían contratos precarios, sin prestación social ni sanitaria y con salarios bajos, pese a llevar el grueso de la docencia y de la poca investigación que se hacía. Muchos de ellos, además, poseían una formación ideológica, cultural y política desarrollada en la oposición antifranquista y, con la llegada de la Transición, dirigirán «gran part de les seues inquietuds a la institució a què pertanyen: la Universitat» (Martínez, 2001: 36), una institución que les dejaba fuera de la toma de decisiones a todos los niveles. De esta forma surge un «moviment de renovació molt majoritari […], de caire progressista en totes les universitats de l’estat espanyol i que, en la nostra […], incorpora un fort vessant nacionalista, assembleari, estructurat en un òrgan anomenat Assemblea de PNN» (ibíd.: 36-37). Y pese a que a partir de mediados de los setenta comienzan a acceder a plazas estables, este colectivo sigue creciendo debido a que las necesidades docentes aumentan más rápidamente que su ritmo de conversión en funcionarios. Por ello, el periodo constituyente abierto con la LRU y la autonomía que esta daba a las universidades será una gran oportunidad para que los PNN plasmen todo aquello por lo que habían estado luchando durante los años precedentes.

En cualquier caso, en la primera mitad de los setenta se siguen dando pasos relevantes hacia la transformación de la Universidad, como la publicación de un decreto en 1972 que abría la posibilidad de procesos electorales universitarios más democráticos, y la postura adoptada por profesores y catedráticos que protestaron y se significaron en numerosas ocasiones contra decisiones autoritarias impuestas desde el Gobierno. Como consecuencia de unas reivindicaciones de autonomía y democratización cada vez más importantes, las tensiones se agudizaron en esos años finales de la dictadura, y aunque la autonomía universitaria no se formalizaría hasta diez años después de la muerte de Franco, el camino iniciado resultaba ya imparable.¹⁰

En 1976, siguiendo los Estatutos provisionales, se elige al Dr. Cobo del Rosal como rector de la Universitat de València, que al marcharse a Madrid en 1977 es sustituido por el Dr. Gandía –uno de sus vicerrectores– en calidad de rector en funciones. Ese mismo año, la Junta de Gobierno acuerda iniciar el proceso para elaborar unos estatutos que sean definitivos y se pone en marcha una Comisión o Coordinadora General de Estatutos para redactar un borrador de estos. Dado que el periodo en funciones se estaba alargando demasiado, la Junta de Gobierno acuerda en 1979, a propuesta del propio rector, solicitar al Ministerio autorización para iniciar el proceso de elección a rector. De estos comicios saldrá elegido en el mes de junio el Dr. Colomer, poniéndose en marcha posteriormente una nueva Comisión de Estatutos. Tras tres años de intensa actividad, esta finalizará en 1983 un anteproyecto de estatutos que servirá de base para los trabajos estatutarios oficialmente constituyentes posteriores a la LRU, pero, además, la Comisión fue también la encargada de elaborar la propuesta de composición del Claustro Constituyente y las normas electorales para elegir a sus miembros de acuerdo con la nueva ley universitaria de 1983.

El Claustro Constituyente tuvo dos funciones principales: 1) la elección del rector y 2) la elaboración y aprobación de los Estatuts. En su primera sesión ya se puso de manifiesto que, en la correlación de fuerzas, el sector formado por el Bloc per una Universitat Progressista, Moderna i Valenciana,¹¹ el colectivo de PNN y el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA)¹² era claramente mayoritario. Poco después, los doctores Vicent Cuñat y Josep Guia fueron elegidos presidente y secretario respectivamente de la Comisión de Estatutos, y se aprobó la propuesta del Bloc para la configuración de la Ponencia que tenía que redactar el Avantprojecte d’estatuts.¹³ En mayo de 1984 y en dos sesiones consecutivas del Claustro, se celebraron elecciones a rector y ganó Ramon Lapiedra. Con él, en palabras del que será su sucesor en 1994, Pedro Ruiz Torres, ganaron también «las ideas sobre la reforma universitaria de una amplia mayoría de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios de nuestra universidad, que pudieron concretarse en el anteproyecto de Estatuts presentado a finales de noviembre de 1984» (Ruiz Torres, 1999a: 711).

Se inicia entonces el proceso de redacción de los Estatuts definitivos, que será muy participativo y no menos complejo. De entrada, se topa con dos dificultades importantes: los plazos ajustados y la lengua de trabajo. Con más de un mes de retraso según lo que disponía la LRU, la aprobación de los Estatuts por el Claustro llega el 10 de mayo de 1985. Respecto a la lengua, tanto los textos estatutarios como las actas de la Comisión se editaron en castellano y en catalán, aunque esta última será la utilizada normalmente en los trabajos de la Ponencia. Por otro lado, para elaborar los Estatuts se tomó como base el Anteproyecto redactado por la anterior Comisión de Estatutos (teniendo en cuenta lo que marcaba la LRU) y las líneas programáticas del Bloc. De nuevo en palabras de Pedro Ruiz, esto se traducía en una política universitaria concebida «de un modo abierto a la participación» y en una normativa que ponía

… un gran énfasis en la independencia de la institución de cualquier tipo de poder social, económico, político o religioso. Propugnaban una universidad al servicio del desarrollo cultural de los distintos pueblos, vinculada a la realidad histórica, social y económica valenciana y comprometida con la recuperación de su lengua propia (Ruiz Torres, 1999a: 711).

En coherencia con este planteamiento, pese a las limitaciones de la ley, se pretendió en todo momento llegar al máximo posible «d’autonomia, de democratització, d’arrelament al país, de llibertat docent i investigadora, d’estabilitat del professorat, de drets dels estudiants [i] de promoció del personal d’administració i serveis» (Guia, 2001b: 28). Después vendría el plazo para las enmiendas: se invitó a participar a toda la comunidad universitaria y finalmente se presentaron 1.160, que fueron ampliamente debatidas en un trabajo conjunto de la Ponencia y la Comisión, de manera que el Proyecto resultante mejoraba considerablemente el Anteproyecto. Este fue aprobado el 30 de marzo de 1985 e inmediatamente se convocó al Claustro para tramitar el Projecte d’Estatuts, que, tras otras 214 enmiendas presentadas por los claustrales, fue tomando forma definitiva hasta ser aprobado en su versión completa y por amplia mayoría, como se ha adelantado, el 10 de mayo de 1985.

Sin embargo, aún quedaba el trámite de control por parte del Consell d’Estat y de la Generalitat Valenciana, que el 22 de julio decidió no aprobar los Estatuts propuestos por la Universitat de València, con lo que se inició un proceso negociador entre esta y la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència con el fin de llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que había que introducir en los artículos objetados por los poderes públicos. Tras unos meses de intensas reuniones y discusión de los cambios que se debían implementar, tanto en el seno de la Comisión de Estatutos como del Claustro, se aprueban más de cincuenta modificaciones (previamente acordadas con la Conselleria), aunque la Universitat no está dispuesta a alterar los artículos primero y sexto en lo relativo al nombre de la institución («Universitat de València») y a la mención del «País Valencià». Pese a todo, el Consell de la Generalitat aprobará el 28 de octubre unos Estatuts donde, además de cambiar los dos artículos aludidos, modificaba muchos otros que no habían suscitado ningún cuestionamiento ni habían sido objeto de negociación.

Como respuesta, la comunidad universitaria se manifiesta masivamente el 7 de noviembre de 1985 por lo que considera una clara vulneración de su autonomía. Se inician entonces nuevas (y discretas) negociaciones para «suavizar» el texto y acercarlo más a la postura defendida por la Universitat, de manera que, por ejemplo, la referencia a la «llengua catalana» como denominación académica del «valencià» –que había sido eliminada del artículo sexto– se incluye en el artículo séptimo (Guia, 2001b: 33). Finalmente, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica los Estatuts el 16 de diciembre, pero el proceso judicial que se abre entonces no terminará hasta nueve años después.

Hay que tener en cuenta, además, que todo este recorrido tuvo lugar en un contexto de fuerte crispación y violencia social –iniciado con la Transición política en 1975– a nivel del Estado, y que en Valencia coincidió con la disputa por el control del autogobierno, por la cuestión de la lengua y, en general, en torno a los símbolos identitarios. Los retos que se planteaban no eran pocos ni sencillos en un ambiente en el que «las reticencias, cuando no la abierta hostilidad, con que la universidad era vista en ciertos sectores de la sociedad valenciana» eran más que patentes y respondían a «décadas de animadversión por motivos políticos» (Ruiz Torres, 1999a: 709). En este sentido, como recuerda el escritor y periodista Alfons Cervera, «en aquella època la Universitat es converteix en el punt de mira de tota la violència de l’extrema dreta: no podem oblidar que fins i tot un treballador va perdre un peu a causa d’un paquet bomba al mateix edifici de La Nau»¹⁴ (A. Cervera, comunicación personal, 2019, 13 de mayo). Por lo demás, la falta de recursos económicos y de profesorado (la mayor parte del cual estaba en una situación de absoluta precariedad, como se ha visto) complicaba aún más el panorama.

A ello habrá que añadir también la virulenta campaña mediática que, especialmente desde las páginas del diario Las Provincias –con M.ª Consuelo Reyna a la cabeza–, se dirigió contra la Universitat, acusándola de estar «en manos de una peligrosa coalición de izquierdas y catalanistas radicales» (Ruiz Torres, 1999a: 711). Los ataques se centraron especialmente en los temas conflictivos a los que ya se ha hecho referencia con anterioridad: la lengua y la utilización en los Estatuts de términos como «País València» o «àrea lingüística catalana». Pero, además, Las Provincias, su clientela y los sectores más católicos y conservadores de la Universitat –en esta cuestión no entró el Consell de la Generalitat– se opusieron también a la decisión de la Comisión y del Claustro de eliminar del emblema de la institución –apelando al carácter laico de esta–, la imagen de la Virgen. Una imagen que, por el contrario, se mantuvo por razones históricas y de tradición en la creación estatutaria de la medalla de la Universitat. En torno a esta polémica se abrió otra batalla judicial, esta vez iniciada por el periódico de M.ª Consuelo Reyna contra el Claustre de la Universitat y el Consell de la Generalitat, que ganó Las Provincias tanto en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana como en el Tribunal Supremo. No obstante, finalmente el Tribunal Constitucional reconocería el derecho del Claustro Constituyente a decidir su propia simbología (Martínez, 1999: 44).¹⁵

A pesar de todo, en el balance de aquel proceso, lo que más destacan quienes lo vivieron de primera mano es la ilusión democrática, la libertad, la creatividad, la voluntad seria de cambiar la vida de la Universitat y la sensación de que «els nostres eren els més progressistes, assemblearis, menys unipersonals i més col·lectius» (Josep Martínez Bisbal, en Bayarri, 2001: 93) de todos los estatutos universitarios que se aprobaron después de la entrada en vigor de la LRU. En palabras del rector Lapiedra, en la Universitat de esos años hubo entusiasmo, generosidad y participación, y tras décadas de extrema jerarquización y gestión opaca, que acababan de empezar a romperse en toda la Universidad española, «més l’herència d’una politització compromesa en la lluita contra la Dictadura, [s’havia] conformat un clima universitari irrepetible que, amb les seues ombres i clarors, fou, en definitiva, positiu per a la modernització de la nostra institució» (Lapiedra, 2000: 213). Y en el centro de ese cambio radical se encontraban –hay que subrayarlo– los estudiantes, que, junto al Bloc Progressista y los PNN, a través del BEA fueron una pieza clave en el impulso que hizo posible la democratización de la institución.

Como recuerda Jordi Peris Orero (2013), «calia canviar la Universitat des de la democràcia, la modernitat i el progrés, en favor dels drets dels estudiants i de la construcció del País» (ibíd.: 297). Con ese objetivo nació el BEA –con precedentes como el SDEPV (Sindicato Democrático de Estudiantes del País Valenciano), la FUE, etc.– justo antes de la constitución del Claustro. Movidos por el entusiasmo y por la convicción de que la transformación de la Universitat solo podía materializarse con su presencia y participación institucionales, consiguieron ya durante el periodo constituyente crear provisionalmente la Comissió Gestora d’Estudiants (CGE) e introducir en el equipo rectoral a un estudiante como representante de su colectivo (Vicent Martínez), convirtiéndose así la Universitat de València en un referente estatal en términos de participación estudiantil (R. Company, comunicación personal, 2019, 13 de marzo).¹⁶ Más adelante, con la aprobación de los Estatuts, esta figura se transformará en la de «vicerector d’Estudiants», siendo nuestra Universitat, junto a la Autònoma de Barcelona, la única con un estudiante que ocupaba un vicerrectorado propiamente dicho en el equipo de gobierno. «El BEA es convertirà en una fàbrica de propostes […] No hi havia infraestructura però sí molta assemblea i reunions» (Àngel Juan, en Ramírez y Solbes, 2013: 284). Su implicación desde el principio en tareas de gobierno y su voluntad de «construir societat, de canalitzar els anhels de participació i de canvi dels joves universitaris» (Peris, 2013: 299-300) serán la clave de su éxito.

A partir de 1986, con los Estatuts aprobados, Ramon Lapiedra elegido nuevamente rector y Joan Carles Martí como primer estudiante vicerrector, la CGE –recogida en el artículo 182 de los Estatuts y formada por siete representantes– se encargará de gestionar las áreas concretas de actividad que tienen que ver con los intereses de este colectivo. En un documento publicado por la propia Comissió un año después de su puesta en marcha –con el elocuente título de Del zero a l’infinit–, sus dirigentes declaraban:

En aquell moment hom tenia un grapat de projectes, moltes ganes de treballar i la voluntat política del Rectorat, que havia inclòs aquesta problemàtica en el seu programa electoral. Davant d’això, no hi havia la infraestructura necessària, ni una trajectòria prèvia, ni una excessiva comprensió de l’establishment universitari. Clarament hom podia dir allò de «tot està per fer i tot és possible» (Comissió Gestora d’Estudiants, 1985: s. p.).

A este respecto, es necesario destacar que la CGE trabajó muy a menudo codo con codo con el Vicerectorat d’Extensió Universitària de Isabel Morant, ya que entre las iniciativas tan diversas (asesoría jurídica, deportes, economía, relaciones institucionales, publicaciones, etc.) del colectivo estudiantil que este órgano era responsable de proteger, las de índole cultural tuvieron un peso muy destacado. De esta manera, desde el inicio de la Universitat democrática –y aun antes, como se ha visto–, los estudiantes realizaron una importante contribución al cumplimiento del artículo 3.º de los Estatuts, que definía –y sigue haciéndolo en su versión más reciente de 2013– la Universitat de València como «una institució difusora de cultura al si de la societat» que tiene el deber de facilitar, estimular y acoger «les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement» (Decret 172/1985, Títol Preliminar, Article 3r).

* Los datos históricos se han extraído de: Ramírez, 2013; Benito, 2008c; Piqueras, 2003a; Quixal y Ramírez, 2002; Comas, 2002; Guia, 2001a; Rosselló i Verger, 2001; Albiñana, 2000a; Peset, 1999-2000; Furió et al., 1999; Benito y Piqueras, 1999; Benito, 1999a; Peset, Albiñana y Mancebo, 1994, y Baldó, 1986.

1. A esta rehabilitación completa hay que sumar otra reforma menor que se llevó a cabo en 2012.

2. La Facultad de Ciencias Económicas fue el último centro docente en abandonar la sede histórica, trasladándose en 1974 al Campus de Blasco Ibáñez, al que ya habían ido a parar en 1968 las facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Mucho antes, todavía en el siglo XIX, las enseñanzas de Medicina habían sido albergadas en un edificio propio junto al Hospital General (que será derribado en 1964) y posteriormente pasarán al actual Campus de Blasco Ibáñez (entonces paseo de Valencia al Mar), donde también se traslada la Facultad de Ciencias en 1940 (en lo que hoy es la sede del Rectorat).

3. El Rectorat estuvo ubicado en el edificio de la calle de la Nau hasta mediados de los noventa, para trasladarse poco tiempo antes de la reforma integral iniciada en 1997 a unas oficinas de la calle Antiga Senda de Senent. Posteriormente, tras finalizar la celebración de Cinc Segles, el nuevo Rectorat abrirá sus puertas en febrero de 2002 en la antigua Facultad de Ciencias.

4. En este sentido cabe destacar la restauración del Teatre Acadèmic o Paranimf –incluyendo las obras de arte que alberga en su interior–, finalizada en 1987, y de la Capella de la Sapiència, cuyas obras comienzan precisamente en 1987 y que será inaugurada en febrero de 1990. Más adelante, de cara a la celebración de sus cinco siglos, la Universitat de València pondrá en marcha un ambicioso proyecto de catalogación, estudio y difusión de su patrimonio cultural: el proyecto Thesaurus.

5. Las otras dos son el desarrollo científico y la formación profesional (Moliner, 2001: 53), como se ha señalado en la introducción.

6. Para una información más detallada sobre la etapa anterior al periodo constituyente iniciado en 1984, se puede consultar el primer volumen sobre la historia cultural de la Universitat, preparado con motivo de la conmemoración de los 20 años del Centre Cultural La Nau y los 520 años de la Universitat de València: Garcelán (2020).

7. Los fastos en torno al cuarto centenario de la Universitat de València tenían un doble objetivo: 1) mostrar al pueblo la importancia del evento y el relieve de la Universitat, y 2) plantear la situación de las universidades y de sus profesores. El acto central de la celebración fue la asamblea universitaria de profesores, que pretendía dar voz a sus posiciones y orientar las reformas inminentes. Entre sus avanzadas conclusiones pedían «autonomía científica y económica, la personalidad jurídica de las universidades, y que su gobierno pasase a asambleas de profesores, doctores y aun escolares, con elección de sus autoridades». Además, entre otras cuestiones también se habló de libertad de cátedra, de la falta de medios, de la necesidad de crear nuevas categorías de profesores o de limitar el número de alumnos por clase (Peset, 2002: 16-17).

8. Sobre la Universitat de València bajo la dictadura franquista, véanse Sanz y Martí (2013) y Sanz y Rodríguez (1999).

9. Aunque con Ruiz Giménez como ministro de Educación desde 1951, el SEU y la Falange pierden poder político en la Universidad, «l’estructura jeràrquica, la línia de comandament antidemocràtica i fortament autoritària roman vigent fins a l’aprovació de la Llei general d’educació de Villar Palasí el 4 d’agost de 1970» (Sanz y Martí, 2013: 6).

10. Para una mayor profundización en el proceso constituyente que desembocará en la aprobación de los Estatuts de 1985, véanse especialmente Guia (2001b: 24-34), Martínez (2001: 35-42) y Bayarri (2001). Desde la perspectiva de los estudiantes que tomaron parte y, más específicamente, del BEA, véanse Ramírez (2013: 104-138) y algunas de las entrevistas y testimonios incluidos en las pp. 275-292 y 293-411.

11. En la autoconvocatoria para «formar un Bloc per una Universitat progressista, moderna i valenciana al si del Claustre», que fue firmada por 26 miembros de este y se dirigía a todos los claustrales interesados en la propuesta, se resumen así los principios generales del Bloc: «1) Democratització de la Universitat. 2) Àmplia transparència de la gestió universitària, tant acadèmica com econòmica. 3) Major eficàcia i control de la docència i la investigació. 4) Una Universitat compromesa amb el País Valencià, la seua llengua, la seua cultura i la seua problemàtica social i econòmica» (Guia, 2001b: 40).

12. El Bloc d’Estudiants Agermanats «dio sus primeros pasos en consonancia con el Bloc Progressista per una Universitat Moderna, Democràtica i Valenciana, que aglutinaba a toda la izquierda y el nacionalismo más allá de las tesis del PSOE. El colectivo de estudiantes trabajó para que Ramón Lapiedra fuera elegido rector» (Pitarch, 2013, 29 de octubre). Más concretamente, en marzo de 1984, en la víspera de la constitución del Claustro, se formó el BEA «per a defensar des d’una postura clarament progressista i d’esquerres les reivindicacions mínimes de l’estudiant. Aquest Bloc integra els alumnes de Magisteri, Geografia i Història, Filologia, Econòmiques, Físiques i Químiques, si bé s’espera comptar amb la participació d’altres facultats» (Martínez, 2001: 40). En cuanto al nombre, Rafael Company, uno de sus fundadores, da la siguiente explicación: «el dia que sorgí el nom els que estaven reunits a l’habitació n’érem tretze, i algú digué: “Com els dotze apòstols i Crist”, i algú altre digué: “Sí, però també tretze com els agermanats, que copiaren l’organització dels apòstols”. I d’ací uns digueren: Bloc, perquè els majors es diuen Bloc, Estudiants per la nostra condició i Agermanats perquè n’érem tretze» (Rafael Company, en Quixal y Ramírez, 2002: 39).

13. Esta está compuesta por 15 miembros: 3 doctores numerarios, 3 doctores no numerarios, 2 profesores no doctores, 4 estudiantes, 2 miembros del PAS y 1 del personal laboral del Hospital Clínic. Los nombres concretos pueden consultarse en Guia (2001b: 26).

14. Se refiere Cervera a la explosión de un artefacto el 15 de octubre de 1981 que afectó a tres trabajadores de la Universitat: Luis Tolosa, carpintero en el edificio histórico, perdió un pie mientras intentaba sacar el paquete; el conserje José Medel sufrió heridas de metralla en ambas piernas, mientras que otro trabajador, Julián Tello, pudo ser dado de alta la misma noche del atentado (Millás, 1981, 16 de octubre).

15. A este respecto, el rector Lapiedra (2000) subraya el hecho de que la presión mediática de aquellos primeros años no cesó a corto plazo y hace balance al respecto cuando, quince años después, se festejaban los cinco siglos de la Universitat: «Durant anys, la Universitat de València mateixa i el seu govern van ser objecte d’una fogosa campanya mediàtica que, a hores d’ara (juliol de 1999), encara no ha acabat, feta de silencis ominosos, de manipulació informativa i de desqualificació sistemàtica. La campanya era tan barroera que, de portes endins de la universitat, si va tenir algun efecte fou justament el contrari del buscat, atès que, en particular, els tres equips rectorals que el claustre va triar successivament els anys 1984, 1986 i finalment 1990, on jo figurava com a rector, ho foren per majories progressivament més grans: no podia ser altrament perquè la Universitat de València no és un món tan immens perquè els seus membres no puguen tindre un coneixement directe del que hi passa i distingir així entre la crítica, d’una banda, i la pura calúmnia i tergiversació, de l’altra. Això valia fa deu anys i ha valgut després també, quan la universitat i el seu govern continuen procedint sense deixar-se pressionar per una vella i prolongada campanya que encara perdura» (ibíd.: 209).

16. Basándonos en el sistema de citación APA (American Psychological Association), «comunicación personal» es la fórmula que se utiliza para hacer referencia a las entrevistas realizadas personalmente por la autora en el marco de la investigación. Con el fin de evitar la interrupción continua de la lectura con este tipo de acotaciones entre paréntesis, se ha optado por incluirlas la primera vez que se cita el testimonio de la persona entrevistada o cuando no hacerlo pueda inducir a error sobre la fuente. Generalmente, a partir de la primera referencia, cada vez que aparecen citadas las declaraciones del entrevistado o entrevistada, se entiende que han sido extraídas de la misma entrevista. Por otro lado, en el anexo 2 está disponible el listado completo de las entrevistas realizadas.