Читать книгу Claves del Derecho Penal Inglés - Jesús Mora González - Страница 5

En el Reino Unido, se citan como fuentes jurídicas el Statute law, Delegated legislation, International Treaties, Case-law (Common-law & Equity) y Custom. De las fuentes citadas, la primera característica que conviene resaltar es la ausencia de una Constitución escrita codificada en un único documento, esto es, la misma debe descubrirse tras la lectura de las leyes constitucionales19. Y de dicha lectura, la doctrina viene a destacar tres principios básicos como son la separación de poderes, la supremacía del Parlamento y el Estado de Derecho.

En lo referente a la separación de poderes, este principio viene a emerger desde el reinado de Eduardo I (1272-1307), aunque sin una declaración formal expresa de dicha separación. La doctrina entiende que aunque no exista tal declaración, ello no significa que sea inexistente, sino que se presume su separación en un sentido débil, es decir, la separación de poderes no implicaría un aislamiento independiente el uno del otro, sino de su superposición entre ellos con la finalidad de cooperación y supervisión conjunta, lo cual tiene un claro ejemplo en la legislación delegada como instrumento de creación de nuevos delitos.

En lo que se refiere a la supremacía del Parlamento británico20, se entiende que toda ley que se haya aprobado por el Parlamento británico de acuerdo con el procedimiento establecido debe ser obedecida y aplicada por los Tribunales sin posibilidad de control de constitucionalidad. Esta aproximación de supremacía absoluta del parlamento es poco habitual en países democráticos, donde la mayoría de ellos viene a recoger en una Constitución una serie de derechos fundamentales que el Parlamento debe respetar al aprobar la legislación. Y aunque el Reino Unido fue signatario originario de la Convención Europea de Derechos Humanos, dicho Convenio no fue incorporado como derecho interno hasta 1998 cuando el Parlamento aprobó la Human Rights Act (entrando en vigor en octubre del 2000), sin que dicha norma tenga superioridad jerárquica sobre la nueva legislación (lex posterior derogat priori). No obstante, la Human Rights Act 1998 obliga a exigir que los nuevos proyectos de ley hagan mención especial a la posibilidad de vulneración de algún derecho fundamental, lo cual haría excesivamente difícil aprobar una ley que lesionara alguno de los derechos reconocidos en la Convención Europea. A la vez, la Human Rights Act 1998 exige que toda legislación ulterior sea interpretada conforme a los principios contenidos en la Convención Europea, aunque sin permitir el desarrollo de controles de constitucionalidad en una ley aprobada por el Parlamento británico.

La supremacía parlamentaria había sido, sin embargo, erosionada por el Derecho comunitario tras la entrada del Reino Unido en la Unión Europea en 1973 (y su posterior referéndum en 1975) dado que el Derecho comunitario mantiene su prevalencia en las áreas de su competencia sobre el derecho interno de los Estados Miembros, y por tanto, el Parlamento británico no sería de facto la fuente suprema del Derecho en Reino Unido. En este sentido, La Section 2(4) de la European Communities Act 1972 establecía que el Derecho del Reino Unido debía ser interpretado conforme al principio de que el Derecho europeo es supremo, y por tanto, prevalente en cualquier conflicto con el derecho interno, erosionando con ello el principio de supremacía del Parlamento británico. Esta previsión fue objeto de continuas disputas políticas, especialmente en el Partido Conservador, haciendo crecer lentamente el euroescepticismo británico. Este euroescepticismo tuvo un fiel reflejo en el crecimiento electoral del partido político UKIP abogando por la salida del Reino Unido, y la respuesta del Partido Conservador en su manifiesto de 2015. El punto de referencia más álgido pudo encontrarse en el referéndum que tuvo lugar el 23 de junio de 2016 sobre la salida o permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, votando el pueblo británico por su salida en un ajustado resultado de 51%- 49% y la posterior invocación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea por parte de la Gobierno de Theresa May. A su vez, la siempre relevante Sentencia de la Corte Suprema R (Miller) v Secretary of State for Existing the European Union (2017) requiriendo mayoría del Parlamento Británico a través de una Ley para la salida de la Unión Europea sin posibilidad que el Parlamento de Irlanda del Norte o Escocia pudieran vetar dicha invocación21.

Y con la idea de devolver la soberanía parlamentaria de una forma ordenada, finalmente se aprueba en noviembre de 2019 el denominado “Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community”, entrando en vigor el 31 de enero de 2020 (en lo que se refiere a la justicia penal, los artículos 62 a 65). Y todo parece indicar que habrá una integración parcial de la normativa europea como normativa doméstica, destacando los siguientes instrumentos como objeto principal de negociación European Arrest Warrant (EAW), Europol Information System (EIS), Eurojust Case Management System (CMS), los denominados Joint Investigation Teams junto con la European Investigation Order (EIO), la Shengen Information System II (SIS II), la European Criminal Records Information System (ECRIS), Prüm Convention, Passenger Name Record (PNR). La doctrina viene a señalar una interesante paradoja en este proceso de desvinculación de la Unión Europea, entre la tensión actual de mantener la soberanía nacional y a la vez buscar la máxima cooperación con la Unión Europea y los Estados Miembros en el ámbito de la seguridad, lo cual puede hacer que el Reino Unido tenga que aceptar más “derecho europeo” para seguir beneficiándose de los beneficios de esta cooperación que en la anterior situación de privilegio “opt out”22.

En lo que se refiere al principio de Estado de Derecho (Rule of Law) el mismo puede formularse en un sentido amplio y estricto. En un sentido amplio, el Estado de Derecho implica que el derecho es supremo y está por encima de cualquier individuo, con independencia de su nivel económico, social o cultural. En un sentido estricto, el Estado de Derecho implica que el Gobierno sólo puede ejercer su autoridad de acuerdo con la Ley escrita aprobada mediante un procedimiento específico. En ambos sentidos, la finalidad del Estado de Derecho es proteger al ciudadano frente a las acciones arbitrarias del Estado. En Reino Unido, su origen se remonta al siglo XIII, cuando el Juez Bracton durante el reinado de Enrique III introdujo el concepto de “Rule of Law” en los siguientes términos “The King himsel fought to be subject to God and the Law, because Law makes him king”. Suele normalmente citarse a Edward Coke como el autor que formaliza el principio de Estado de Derecho derivándolo de la Carta Magna (1215). En su Libro, “The Institute of the Lawes of England” (1628–1644), mantiene que “the king must be under God and Law and thus vindicated the supremacy of Law over the pretensions of the executive”. A la vez, históricamente puede encontrarse un caso de referencia en Entick v Carrington (1765) realzándose la necesidad de que el Gobierno estuviera sometido a la Ley “(…) An individual has the right to prevent access to his land to anybody unless the access is granted by the law. It is only if the law permits an agent of the state to do something on the land of an individual that they will be able to do so. If the law is silent, any entry onto the land is a trespass. The state is therefore subject to the same position on trespass as would be the case for an individual. Any entry onto land without licence of the land owner is forbidden (…)”. No obstante, a quien la doctrina otorga mayor crédito en el desarrollo del Estado de Derecho es a V. Dicey en su “Introduction to the Study of the Law of the Constitution” (1885) exigiendo que los deberes jurídicos y la responsabilidad penal de los ciudadanos quede determinada por una ley general y no por actos administrativos o decretos gubernamentales discrecionales, la disputa entre los ciudadanos y el Gobierno sea decidida por los Jueces ordinarios de acuerdo con la ley, y la vinculación de los derechos fundamentales con el derecho natural independientes de abstracciones de carácter constitucional. Y partiendo de Dicey, la doctrina entiende que los siguientes principios serían de aplicación al Estado de Derecho. En primer lugar, que la Ley debe ser accesible, clara y predecible (legal certainty). En segundo lugar, la Ley debe aplicarse igualmente para todos (equality) y debe de prever una protección adecuada de los derechos fundamentales. En tercer lugar, todo deber jurídico y responsabilidad del ciudadano deberá ser aplicado de acuerdo con la Ley y no derivado de un ejercicio discrecional. En cuarto lugar, el Gobierno debe ejercer el poder de forma apropiada y de acuerdo con lo previsto en la Ley, incluso en el contexto internacional. En quinto lugar, sometimiento de resolución de disputas al juez ordinario jueces ordinarios de acuerdo con el proceso establecido en la Ley23.

19. En el Reino Unido se considera que los principios y normas constitucionales están contenidos en la Carta Magna de 1215 (Magna Carta), la Carta o Declaración de Derechos de 1689 (Bill of Rights), las Leyes Parlamentarias de 1911 y 1949 (Parliamentary Acts 1911, 1949) y la Ley de la Nobleza (Peerage Act) de 1963, y las Leyes Devolutivas de 1998, Scotland Act 1998, Government of Wales Act 1998 y Northern Ireland Act 1998.

20. El concepto de soberanía viene a vincularse con el término “Crown in Parliament” derivado de la Revolución Gloriosa (1688) donde la Monarquía sólo sería reconocida en tanto reconociera al Parlamento británico como parte esencial de la estructura constitucional tal como queda contemplado en la Coronation Oath Act 1688 y trayendo consigo un año más tarde la Bill of Rights 1689 y la Claim of Right Act 1689. En este sentido basta señalar el reconocimiento del parlamento a través de la primera pregunta del juramento formulada por el Arzobispo de Canterbury, “Will You Solemnely Promise and Sweare to Governe the People of this Kingdome of England and the Dominions thereto belonging according to the Statutes in Parlyament Agreed on and the Laws and Customs of the same?”. Vid. Sobre la controversia de este juramento en la figura de Isabel II, WATT, G. (2017) “The Coronation Oath” 19 Ecclesiastical Law Journal p. 325-341.

21. Vid. KEIT E. (2017) “Brexit and Parliamentary Sovereignty” 80 The Modern Law Review 685-745. GRANT, J. (2017) “Prerogative Parliament and Creative Constitutional Adjudication: Reflections on Miller” 28 King’s Law Journal. SIMSON, J, (2017) “Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill”, Briefing Paper, 77932. DAVIES, B. (2015) “Popular participations and legitimacy in Constitutional Change: Finding the Sovereign” 36 Liverpool Law Review 277.

22. Vid. MITSILEGAS V. (2017) “European Criminal Law after Brexit” 28 Criminal Law Forum 219-250. A la vez, puede consultarse todos los avances relativos al Brexit en House of Lords European Union Committe, https://committees.parliament.uk/committee/176/european-union-committee/.

23. Uno de los puntos que merece atención es el relativo al principio de irretroactividad, entendiéndose que el principio de soberanía parlamentaria toma prioridad, destacándose como ejemplo más relevante la Criminal Justice Act 2003 donde la section 78 permitiría reabrir procedimientos penales tras sentencia absolutoria cuando existan indicios de la comisión del delito, destacándose la reapertura del caso Dobson en 2011 a pesar de existencia sentencia absolutoria desde 1996. Vid. ANTHONY, G. (2020) “The Common Law, the Rule of Law and Brexit” 12 Italian J. Pub. Law p. 162-181. YOUNG, A. (2012) The Rule of Law in the United Kingdom: Formal or Substantive, 6 Vienna Journal on International Constitutional Law p. 259-280. CRAIG, P. (1997) “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework” p. 467.