Читать книгу Claves del Derecho Penal Inglés - Jesús Mora González - Страница 7

Los términos Acts of Parliament o Statute law hacen referencia a toda la legislación que es aprobada por el Parlamento británico, consistente en la House of Commons, la House of Lords y Monarchy. La House of Commons es la Cámara elegida democráticamente cada 5 años en elecciones generales, y en un menor plazo si existen elecciones anticipadas. Actualmente existen 650 MPs (Members of Parliament), cuya labor principal es discutir los temas políticos que afectan al Reino Unido y proponer nueva legislación. La House of Lords, por el contrario, es la denominada Cámara Alta y tiene como finalidad revisar y supervisar la actividad de la House of Commons, no siendo elegidos por los ciudadanos, sino por la Monarquía de acuerdo con las recomendaciones de la “House of Lords Appointments Commission26”. A través del aforismo lex posterior derogat priori, el Statute law manifiesta su máxima jerarquía jurídica con capacidad para abolir cualquier norma legislativa previa, delegated legislation o caso relevante derivado del common law27. Esta soberanía parlamentaria, sin embargo, pone de manifiesto la incapacidad del poder judicial de implementar controles de constitucionalidad de la legislación emanada del parlamento, especialmente la de carácter penal en su afectación a derechos fundamentales, a diferencia del modelo estadounidense, donde el poder judicial está legitimado para realizar controles de constitucionalidad difusos. Debe resaltarse que para que todo Proyecto de Ley (Bill) se convierta en Ley (Act) debe tener el acuerdo de ambas cámaras, lo que significa que la House of Lords tendría capacidad para bloquear la actividad parlamentaria de la House of Commons. Sin embargo, de acuerdo con la Parliament Act 1944 toda propuesta legislativa proveniente de la House of Commons podría obtener la ratificación de la Corona sin la aprobación de la Cámara de los Comunes después de un período de un año sin haber alcanzado un acuerdo entre ambas Cámaras. Aunque este procedimiento es muy poco usual, destacan en el ámbito penal leyes especiales como la War Crimes Act 1991, Sexual Offences (Amendment) Act 2000 y la Hunting Act 2004.En lo referente a la Royal Assent, en la mayoría de los casos existe acuerdo entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, lo que permitiría que la propuesta de Ley pueda presentarse para la ratificación real. Técnicamente el monarca puede rechazar esta ratificación, lo cual impediría que la Bill se convirtiera en “Act”, pero en la práctica el consentimiento del Monarca siempre es concedido con carácter general con efectos “on the day of the royal asent” (siendo la excepción más relevante la aprobación de las Actas de la Unión entre Inglaterra y Escocia y la negativa de la Reina Ana a la disolución del Parlamento Escocés).

Como ejemplo más relevante puede citarse a la Human Rights Act 1998, que vino a transponer al Reino Unido la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. Y aunque dicha Convención fue ratificada por el Reino Unido en 1951, no fue transpuesta a derecho interno hasta 1998. Durante ese período, todo ciudadano que entendía vulnerado uno de los derechos contenidos en la convención, tenía que plantear interponer demanda directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si el Tribunal entendía que se había producido dicha violación y emitía sentencia confirmatoria de esta violación, el Gobierno de Su Majestad debía de comprometerse a reformar la legislación que producía la misma, mecanismo que resultaba ser bastante insatisfactorio por su dificultad y lentitud. Y en este contexto de dificultad, el Gobierno de Su Majestad presenta un proyecto de ley, aprobado por el Parlamento Británico con el nombre de Human Rights Act 1998. Esta Ley tenía como finalidad transponer los derechos humanos contenidos en la Convención, los cuales se aplicarán directamente en las Cortes judiciales del Reino Unido sin necesidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como único remedio para solventar la vulneración de los derechos reconocidos en la Convención. A la vez, la Human Rights Act 1998 exigía a todas las cortes judiciales del Reino Unido interpretar la legislación doméstica conforme a los derechos contenidos en la Convención y seguir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos siempre que ello fuera posible. Y aunque ello representa un avance importante para libertades civiles en el Reino Unido, el principio de soberanía parlamentaria limita de manera importante su alcance jurídico dado que los jueces no están autorizados a realizar controles de constitucionalidad difusos cuando una ley vulnera algún derecho reconocido en la Human Rights Act 1998, limitándose únicamente a emitir una declaración sobre la posible incompatibilidad de una norma con la Human Rights Act 1998 y remitirla al Gobierno de Su Majestad para que eventualmente inicie un procedimiento de reforma legislativo de forma urgente28. No obstante, la Human Rights Act 1998 viene a reconocer una serie de “remedies” sobre vulneraciones gubernamentales de derechos fundamentales a través del habeas corpus (normalmente utilizado por los detenidos en dependencias policiales durante la investigación criminal, los detenidos en un proceso de extradición y los detenidos en hospitales psiquiátricos), la Independent Complaints Comission (IPCC) con la creación de un procedimiento disciplinario para castigar el comportamiento ilegal de la policía (Police Reform Act 2002) y la compensación por daños provocados a víctimas inocentes a través de la denominada Criminal Injuries Compensation Scheme (CISS) concedida por la Criminal Injuries Compensation Authority Ombudsman29.

26. Con anterioridad a la conquista normanda de 1066, los reyes anglosajones gobernaban el reino con la ayuda del Consejo de Ancianos denominado “Witan” o “Witenagemot”. Este Consejo estaba compuesto de nobles y eclesiásticos cuya función era aconsejar al rey, pero sin un poder real de gobierno. Tras la conquista normanda, el rey Guillermo decide mantener dicho Consejo, el cual paulatinamente irá tomando mayor poder político a lo largo del siglo XI y XII. En 1265, Simon de Montfort, barón anglo-normando, fuerza la celebración del primer Parlamento de Inglaterra elegido por lores y barones (sufragio censitario). Dichas elecciones tuvieron lugar en Westminster, siendo los barones y lores elegidos representantes de los condados y ciudades del Reino de Inglaterra. El Parlamento de Inglaterra operó desde entonces como un mecanismo de control del poder del rey, uniéndose una burguesía incipiente que se tradujo en la constitución de dos Cámaras en el siglo XIV: House of Commons y House of Lords. El incremento de poder político por parte del Parlamento, sin embargo, se intentó ser suprimir a mediados del siglo XVI por el Rey Charles I, cuyas aspiraciones absolutistas excluían de forma evidente el poder político del Parlamento consolidado a lo largo de los siglos anteriores. Ello provocó una guerra civil entre los partidarios del rey y los partidarios del Parlamento encabezados por Oliver Cromwell. La guerra civil finaliza con la victoria de los parlamentarios, lo cual permite la consolidación definitiva del Parlamento como poder del Estado. En 1660, el Parlamento declara la restauración de la Monarquía, siendo la Monarquía Parlamentaria el modelo político para Inglaterra. Dicho modelo fue tratado de ser abolido por el Rey James II, lo cual provocó que el Parlamento invitara en 1688 al Príncipe holandés William of Orange a tomar la Corona inglesa, lo que viene denominándose como “Glorious Revolution”. El triunfo de la Revolución Gloriosa confirma definitivamente al Parlamento como poder del Estado y en 1689 se aprueba la English Bill of Rights, estableciéndose formalmente los límites de poder de la Monarquía y las funciones principales del Parlamento con la inclusión de un sistema de partidos políticos. En 1707, y siguiendo las Actas de Unión de Inglaterra y Escocia, el Parlamento de Inglaterra pasa a denominarse Parlamento británico. Durante el siglo XIX, el poder parlamentario se incrementa gradualmente en la Cámara de los Comunes, haciendo obligatorio que el proceda de dicha Cámara. En 1911, el Parlamento formalmente confirma la supremacía de la Cámara de los Comunes, y en 1918 se aprueba la Representation of the People Act, permitiendo que tanto hombres y mujeres mayores de 30 años pudieran votar a condición de probar un mínimo de títulos de propiedad. En 1928, se aprueba la Representation of the People (Equal Franchise) Act, permitiendo que tanto hombres como mujeres mayores de 21 años pudieran votar, y por tanto, instituyendo formalmente el sufragio universal en el Reino Unido. Vid. HARROS, B. & SMITH, D. (2009) “A Short History of Parliament: England, Great Britain, the United Kingdom, Ireland and Scotland” Boydel Press: Woodbridge, p. 16-126.

27. Destacan dentro de la delegated legislation los “Statutory instruments”: elaborados por los departamentos ministeriales del Gobierno, las “Orders in Council” elaborados por el Gobierno en tiempo de emergencia, requiriendo la aprobación por parte del Privy Council y firmados por el Monarca y las “Bye-laws” aprobadas por autoridades locales u organismos públicos.

28. GALLAFENT, K. (2001) “The Horizontal Effect of the Human Rights Act 1998”, 6 Judicial Review p. 29-32. McGOLDRICK (2001) “The United Kingdom’s Human Rights Act 1998 in Theory and Practice” 50 International and Comparative Law Quaterly p. 921-925. YOUNG, A. (2002) “Judicial Sovereignty and the Human Rights Act 1998” 61 Cambridge Law Journal p. 55-65. LESTER, A. (2002) “Parliamentary Scrutiny of Legislation under the Human Rights Act 1998” 33 Victorian University of Wellington Law Review pp. 1-26. WESTON, E. (2015) “The Human Rights Act 1998 and the Effectiveness of Parliamentary Scrutiny” 26 King’s Law Journal p. 270-282.

29. SPENCER, J. (1999) “English Criminal Procedure and the Human Rights Act 1998” 33 Isr. Law Review p. 664-677. LESTER, A. (2002) “The Magnetism of the Human Rights Act 1998” 33 Victoria University Wellington Law Review p. 55-82. BOOTH, C. “The Human Rights Act 1998: Challenges, Balances and Effects” 6 Judicial Review p. 1-9. ASHWORTH, A (2004) “What have human rights done for criminal justice in the UK” 23 University of Tasmania Law Review p. 151-175. VARUHAS, J. (2009) “A Tort-Based Approach to Damages under the Human Rights Act 1998” 72 Modern Law Review p. 750-782. Sobre la creación de “preventative duties” tras la aprobación de la Human Rights Act 1998, vid. LAZARUS, L. (2012) “Positive Obligations and Criminal Justice: Duties to protect or Coerce?” p. 136-155, en ZEDNER, L. & ROBERTS, J., Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth, Oxford Scholarship Online, 2012.