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CONCLUSIONES

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Las constituciones expedidas en contextos transicionales o postransicionales juegan un importante rol en el mantenimiento de la paz y la estabilización política hacia futuro, a través de la inclusión política y la reconstrucción de las instituciones del “nuevo” Estado. En ese sentido, la adopción de nuevas constituciones en sociedades que intentan o han logrado transitar de un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos (conflictos armados o dictaduras) a uno de paz, puede ayudar a superar el pasado, cimentar las bases para construir el futuro y construir una cultura de paz y respeto por los derechos humanos, donde dependerá de cada caso particular la adopción de disposiciones especiales para reforzar las garantías de no repetición de las violaciones.

A través del análisis de la experiencia comparada, es claro que cada sociedad tiene sus propias necesidades y demandas cuando se trata de enfrentar un pasado de abusos a gran escala y evitar que este vuelva a ocurrir, para lo cual es fundamental precisar el contexto y el tipo de transición. Así, en el caso alemán, la experiencia del nacionalsocialismo y las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial jugaron un papel determinante en la redacción de la Ley Fundamental de 1949, a través del reforzamiento del Estado de derecho, lo que se plasmó especialmente en disposiciones tales como el respeto absoluto a la dignidad humana (artículo 1), la garantía del Estado social de derecho (artículo 20), la prohibición de partidos políticos contrarios a la República y el Estado de derecho (artículo 21.2) y la garantía de eternidad (artículo 79.3), evitando jurídicamente la regresión a la dictadura y la guerra.

Ahora bien, en el caso colombiano, con la expedición de la Constitución de 1991 se trató de dar solución a las causas, políticas y sociales (como la pobreza y la desigualdad social), que dieron lugar al estallido del conflicto, a través la consagración de un amplio catálogo de derechos humanos y acciones judiciales para su materialización. Asimismo, la Constitución de 1991 fue un espacio de apertura democrática que propició el desarme de varios grupos armados. Aunque no logró desmovilizar a todos los actores armados, la Constitución de 1991 sentó las bases para una democracia participativa y pluralista y un orden social justo y en paz, con plena garantía de los derechos humanos, centrándose especialmente en los derechos sociales como garantías de no repetición.

Así pues, tras una situación de conflicto armado, resulta claro que las constituciones son instrumentos adecuados, sólidos y perdurables para garantizar la paz y que, a partir de las experiencias del pasado, conectan el presente con el futuro, con la clara finalidad de desterrar para siempre la guerra y consolidar la paz, convirtiéndose así en auténticos tratados de paz.

Las constituciones también vendrían a ser espacios idóneos para atacar las causas del conflicto, por ejemplo, a través de la prohibición de modificar la cláusula del Estado social y democrático de derecho y la prohibición de partidos políticos que tiendan a desvirtuar las libertades y el régimen democrático (como en el caso alemán), la expedición de cartas de derechos —con especial énfasis en los derechos sociales—, acciones eficaces para la protección de todos los derechos humanos y una nueva institucionalidad para la salvaguarda de los derechos fundamentales (como en el caso colombiano).

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