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El trato individualizado de los casos

En un proceso judicial existe un factor humano esencial que garantiza tanto el buen desarrollo del proceso como el respeto a las decisiones adoptadas: la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Los seres humanos desconfiamos de aquello que no conocemos o que es ajeno a nuestra especie. En consecuencia, es normal que mostremos reticencia a que un sistema desconocido resuelva asuntos que afectan considerablemente nuestra esfera personal, como un conflicto privado con terceros o la declaración de que hemos cometido un delito con la consecuente pena que pueda tener asociada.

Cuando se trata de asuntos de entidad, confiamos más en aquello cuyo funcionamiento conocemos que en algo desconocido, por mucho que nos aseguren que es altamente fiable. Además, el interés personal subyacente suscita en el ciudadano la necesidad de convencerse de que su caso ha sido tratado con la atención que merece, de forma individualizada y luego de tomar en cuenta todas las variables. El ciudadano confía en que un operador jurídico humano podrá entenderle mejor y atender a las circunstancias particulares de su caso que, en realidad, es lo único que le importa cuando acude a la justicia (Citron, 2007).

No se puede, por tanto, aplicar de forma precipitada sistemas de inteligencia artificial que los ciudadanos no entiendan en un proceso judicial porque se podría menoscabar su confianza en el sistema, que no es un tema menor en una democracia. El modo de reforzar esta confianza es, en primer lugar, demostrar a la ciudadanía, mediante una incorporación progresiva, que en muchos aspectos del proceso e incluso en determinados procesos civiles de poca complejidad, las máquinas presentan un grado de acierto mucho mayor que los seres humanos.

En segundo lugar, es fundamental identificar el elemento humano que realmente debe seguir existiendo en el proceso judicial, no únicamente porque transmite confianza a la ciudadanía, sino porque verdaderamente supone un valor añadido respecto a los sistemas de inteligencia artificial en lo que respecta a la corrección de las decisiones judiciales. Se trata de la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso concreto y delimitar los hechos probados de forma individualizada. Los sistemas de inteligencia artificial tienen un grado de acierto elevado, pero funcionan por mecanismos estadísticos. En el análisis de cualquier situación, detectan los elementos presentes y los ponen en relación con casos anteriores con el fin de arrojar un resultado probable en función de lo que ha sucedido en otras ocasiones (Barfield y Pagallo, 2018).

En el proceso civil, esto podría ser conflictivo, pero en el proceso penal entran en juego, además, derechos fundamentales que son objeto de una elevada protección. Cuando se trata de sugerir una compra de un producto por internet a un cliente determinado, si la herramienta de inteligencia artificial no acierta en un caso concreto no tiene la más mínima importancia. Si se trata de la resolución de un caso penal o de la libertad de una persona, la aplicación de la estadística puede conducir a generalizaciones que vulneren la presunción de inocencia y restrinjan infundadamente derechos fundamentales de los ciudadanos.

Razonamiento abstracto y creatividad

En ocasiones, se ha podido llegar a pensar que en el momento en que las máquinas fueran capaces de procesar datos y extraer conclusiones lógicas y coherentes, podrían contener la inteligencia propia de los humanos y sustituirles en la mayoría de sus funciones. Esta afirmación, sin embargo, está todavía lejos de la realidad. La inteligencia artificial se basa sencillamente en el cruce de información, con sujeción plena a los algoritmos que la configuran y a los patrones estadísticos que es capaz de identificar con la información que tiene a su alcance. Por tanto, todo lo que el sistema pueda decidir, por muy complejo que sea y por muchas variables a las que atienda, jamás podrá ir más allá de las posibilidades para las que está programado, por lo cual actuaría sujeto a una suerte de principio de necesidad, con lo que eliminaría cualquier resquicio de libre albedrío (Bringsjord, Bello y Ferrucci, 2001).

En el proceso judicial existen muchas operaciones que se basan en una cadena de comprobación de hechos que se pueden corroborar fácilmente si se tiene la información adecuada en bases de datos fiables. Sin embargo, la automatización del proceso judicial adquiere mayor complejidad cuando se trata de averiguar y reconstruir un supuesto de hecho incierto. Nos referimos a la actividad que deben realizar los jueces para fijar los hechos verdaderamente acaecidos en un caso concreto mediante la práctica de la prueba y el razonamiento probatorio.

Esta actividad no se puede reducir a meras operaciones de comprobación y asociación guiadas por reglas fijadas anticipadamente, el juez debe esclarecer los hechos mediante los indicios y medios probatorios aportados por las partes que, además, la mayoría de las veces se dirigirán a dar soporte a hipótesis fácticas contradictorias. Como se desarrolla a continuación, para la realización de esta tarea no existen algoritmos genéricos que se puedan programar ex ante, se trata de una tarea con un alto grado de subjetivismo y en la que se requiere creatividad e imaginación, dos facultades que todavía están lejos de ser reproducidas por los mecanismos de inteligencia artificial (Barfield y Pagallo, 2018; Bringsjord et al., 2001; Nieva Fenoll, 2018a; Nissan y Martino, 2004).