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Prólogo

Marisa Gallego

Este libro inédito de Liborio Justo propone una apasionante lectura de la historia de Chile y de sus luchas sociales hasta la década del 70.

Si bien son conocidos los sucesos del 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, Liborio presenta un análisis pormenorizado de la trama política que lo antecedió, el contexto regional hostil para un presidente socialista (con dictaduras en Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia), y el fuerte intervencionismo del gobierno de Richard Nixon, con el lobby de las empresas norteamericanas radicadas en Chile en la gran minería del cobre y la telefonía (ITT). Estas, junto a la embajada y la CIA, habían intentado frustrar la llegada de Allende a la presidencia, y luego promovieron el caos económico y el bloqueo financiero.

Escrito a la luz de los trágicos acontecimientos, este ágil y ameno relato1 ofrece una periodización del proceso político chileno hasta la caída de Allende. Su enfoque marxista y sus claves interpretativas recuerdan otro texto fundamental y polémico de Liborio Justo: Bolivia, la revolución derrotada,2 sobre la revolución boliviana de 1952, escrito una década antes de los acontecimientos de Chile. Ambas obras representan una valiosa contribución a la historia revolucionaria de América Latina.

Como demuestra el autor, la historia económica de Chile desde el siglo XIX es la historia del latifundio, de las salitreras y del cobre, que propició la subordinación de la economía a Gran Bretaña. Este sometimiento se agudizó a partir de la Guerra del Pacífico (1879), momento en el que las inversiones del imperialismo inglés cambiaron la rentabilidad relativa de cada región, y valorizaron la explotación del guano y del salitre en el desierto de Atacama. El autor enfatiza las radicaciones extranjeras y su imposición de una “factoría” británica en la región de los yacimientos salitreros, con el control de puertos y del ferrocarril (fue el primero de Sudamérica) que se prolonga hasta la Primera Guerra, y que tiene su correlato político en la llamada República oligárquica y conservadora.

La década del 20 acentúa la penetración de los capitales estadounidenses mediante amplias concesiones en la minería del cobre, su principal industria extractiva, además de su presencia en empresas eléctricas, compañía de teléfonos (ITT) y una posición estratégica en la manufactura chilena. De este modo, Chile pasa a tener, después de Cuba, las mayores inversiones norteamericanas del continente, convirtiéndose en “factoría” de Estados Unidos.

Como la explotación del estaño en Bolivia, la historia del cobre es la de las poderosas empresas mineras, verdaderos feudos que funcionan con sus propias leyes, con restricciones a la sindicalización, control del precio y prohibición de exportaciones a los mercados socialistas. Desde 1908, Estados Unidos explota el cobre chileno de “El Teniente”, bajo control de la Braden Copper Co., y también la Andes Copper Mining (en Antofagasta), luego concentrados en Kenecott Copper Corporation y Anaconda Company, que serán nacionalizadas en el gobierno de Salvador Allende.

Así, la plena incorporación de Chile y de toda América Latina al sistema capitalista mundial tiene lugar en el siglo XIX cuando este alcanza su estadio imperialista.

Para la economía chilena, significó la mayor concentración obrera en la región del Norte Grande, con un proletariado minero que organiza sindicatos y propicia las primeras huelgas en el puerto de Iquique. También, derivan en la constitución de los partidos obreros, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y en la formación de las primeras coaliciones electorales de estas fuerzas con los partidos burgueses: el Frente Popular. Salvador Allende fue su ministro de salud en 1938, candidato a la presidencia por el Frente del Pueblo en 1958 (Allende perdió por 30.000 votos), y nuevamente candidato a la presidencia por el FRAP en 1964.

El gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973) fue presentado como “modelo de transición al socialismo” (la “vía chilena”), ya que se emprendía por medios legales, por la vía parlamentaria y pacífica.

Liborio Justo propone una posición crítica muy bien documentada para analizar las debilidades y limitaciones del gobierno de Salvador Allende, de carácter reformista al pretender avanzar manteniendo la legalidad y la Constitución vigente.

El autor presenta un fructífero análisis de los lineamientos de clase y de las relaciones de fuerzas políticas que se enfrentan, incluye las divergencias dentro de la propia izquierda (sectores del Partido Socialista contra el Partido Comunista) y con la nueva izquierda chilena, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Así, el Partido Comunista chileno (el tercer PC en importancia en el mundo después de los PC francés e italiano) fue la columna vertebral de la Unidad Popular, aunque Allende pertenecía al Partido Socialista y no representaba al ala izquierdista de su propio partido. Más bien, en el contexto ideológico de los 70, se lo vinculaba a los “vicios del parlamentarismo” y la socialdemocracia (Allende había sido diputado y senador). Liborio Justo destaca la polémica y el contrapunto de posiciones que enfrentaron al PC y al MIR, liderado por Miguel Enríquez, egresado de la Escuela de Medicina en la Universidad de Concepción.

El MIR, fuerza de origen estudiantil y de posiciones guevaristas, apelaba a la movilización de las masas, propiciaba la ocupación de tierras en el sur mapuche y de terrenos para las poblaciones de los suburbios de Santiago. El MIR, que no integró la coalición oficial allendista, alentó la ocupación de fábricas y la formación de los Cordones Industriales, y propició que los estudiantes miristas vivieran en poblados y con los mapuches. Los miristas salieron de la cárcel y de la clandestinidad gracias a la amnistía a los presos políticos concedida por Salvador Allende y brindaron su apoyo crítico al presidente, incluso integrando el GAP (Grupo de Apoyo Personal) y su custodia. Uno de los miembros del MIR, Andrés Allende, era el sobrino del presidente y fue candidato a rector de la Universidad.

Allende –como manifestó durante su gobierno– estaba comprometido en mantener el pluralismo político, ya que su fuerza reposaba en la legalidad constitucional y en conciliar con la oposición, fundamentalmente con la Democracia Cristiana, liderada en el Congreso por el senador y ex presidente Eduardo Frei. También, buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas, confiando en su lealtad y en su posición “constitucionalista”, a la que respondía el general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército: “Las Fuerzas Armadas de Chile son el pueblo con uniforme”.

Así, el presidente socialista procuró mantener un delicado equilibrio de fuerzas desde el inicio de su mandato. La Unidad Popular solo controlaba el Poder Ejecutivo y tuvo que enfrentar una mayoría opositora en el Parlamento; también el Poder Judicial y la Suprema Corte le eran adversos, con dictámenes hostiles que bloquearon proyectos y restringieron la gestión de Allende.

Liborio Justo relata cómo se fueron desarrollando las luchas políticas y sociales al borde de la “guerra civil” que el presidente Allende pretendió evitar, pero que comenzó solapadamente y se fue intensificando. Los intentos de invertir esta relación de fuerzas, ya bastante precaria, comenzaron antes de su asunción, cuando los Estados Unidos propiciaron un gobierno de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de sus corporaciones radicadas en Chile y El Mercurio, vocero de la alta burguesía chilena. Así, las actividades y atentados de grupos derechistas fueron alentados por el Partido Nacional y la organización Patria y Libertad (financiada por la CIA); el despliegue de la violencia y el sabotaje a la economía se fue intensificando por la acción de estos sectores golpistas.

Liborio Justo denomina este proceso como “golpe gradual”: constituye la última etapa del gobierno de la Unidad Popular, en la que se suceden la escalada y la ofensiva opositora para provocar la intervención inminente de las Fuerzas Armadas chilenas.

En esta periodización política, Liborio destaca “la batalla de octubre de 1972”, que comienza con un prolongado paro de transportistas; los propietarios de flotas de camiones paralizan la economía provocando el desabastecimiento de combustible y alimentos en las ciudades. El conflicto (lockout patronal/empresarial) se extiende por 27 días, al que se suman comerciantes minoristas y profesionales.

A esta situación se suma la campaña de embargos de la minera Kennecott en Europa, que consiguió embargar el envío de cobre chileno a Francia.

En esta ocasión, la intervención activa de los obreros junto con la movilización más grande de las fuerzas populares de todo el proceso de la Unidad Popular, impulsaron la formación de los Comandos Comunales y de los Cordones Industriales, organizaciones zonales que coordinaron la resistencia obrera.3 Los obreros ocuparon las fábricas, mientras que los estudiantes y otros jóvenes condujeron la flota de camiones del Estado, y permitieron quebrar el boicot del sector patronal.

Esta constituyó la “verdadera revolución chilena”, afirma el autor. El Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) exigió la ruptura de relaciones con Estados Unidos, y el MIR reclamó la expropiación sin indemnización de las empresas norteamericanas. Estas estaban en conflicto con la denominada “Doctrina Allende”, que proponía deducir del monto de las indemnizaciones que se debía pagar a las propietarias mineras nacionalizadas (Kenecott Copper y Anaconda Company), las ganancias excesivas superiores al 12 por ciento anual (la alta rentabilidad de las mismas alcanzaba el 21%).

Como señala el autor, la agudización de la lucha de clases concluyó en la determinación del presidente Allende de dar concesiones, y negociar con los sectores que exigían una rectificación de su Programa. Así, optó por conciliar con la oposición y por incorporar las Fuerzas Armadas al gobierno. Todas las fuerzas políticas de la Unidad Popular rodearon al presidente y justificaron la formación de un gabinete cívico-militar para solucionar el paro de camioneros de octubre de 1972, aunque esta solución se presentaba como transitoria hasta las elecciones parlamentarias que debían realizarse en marzo de 1973.

De este modo, sostiene el autor, el combate político pasaba del “terreno insurreccional” a librarse en el terreno institucional y electoral. Así, el general Carlos Prats se incorpora como Ministro del Interior, el contralmirante Ismael Huerta como Ministro de Obras Públicas y Transportes, y el general de Brigada Claudio Sepúlveda (Aviación) como Ministro de Minería.

Por otro lado, el gabinete con militares despertó críticas fundadas de diversos sectores como por ejemplo del MIR. Los militares actuaban como garantía para las patronales de las industrias ocupadas durante el lockout, intervenidas por el Estado para exigir su devolución.

En consecuencia, como demuestra Liborio Justo, el poder obrero entra en conflicto abierto con el gabinete cívico-militar del presidente Allende, ya que los obreros solicitaban la incorporación de las empresas ocupadas en todos los Cordones Industriales, al Área Social de la economía.4

En las elecciones de marzo de 1973, donde se renovaba la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, la oposición contaba con “derrotar” a Allende y no “derrocarlo”. Pero el resultado fue relativamente favorable a la coalición oficial de la UP que sorprendió obteniendo el 43,9%, un porcentaje superior al de 1970. Sin embargo, la Democracia Cristiana con un 29% de los votos se convirtió en el partido opositor más importante en el Parlamento y se negó sistemáticamente a integrar el gabinete de Allende.

Los militares dejaron sus cargos ministeriales y se elevó la lucha ideológica, el nuevo Parlamento aprobó la Ley de Control de Armas (proyecto de la Democracia Cristiana) dirigida a desarmar a grupos civiles pero que apuntó fundamentalmente a debilitar y disminuir el Área de Propiedad Social de la economía. Así, la Ley instrumentó requisas violentas en los Cordones Industriales, poblados y locales de izquierda. El control de armas habilitó los allanamientos de fábricas y la represión a los que realizaran tomas, también de locales, calles o tierras.

El 29 de junio de 1973 las Fuerzas Armadas, dispuestas a derrocar al “gobierno marxista de Chile”, desencadenaron el Tancazo, un intento fallido de golpe militar: movilizaron los tanques del Regimiento blindado Nº 2 y avanzaron por las calles de Santiago hacia el Palacio de la Moneda. Sin embargo, la respuesta popular fue contundente: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llama a ocupar todos los lugares de trabajo, más de 500 fábricas. El general Prats dirigió la represión al Tancazo, logró desarmar a los sediciosos y detuvo al jefe del levantamiento.

Pero los acontecimientos de junio, sostiene el autor, desencadenaron “la guerra civil” abierta, el enfrentamiento y lucha armada de una clase contra otra. Los Cordones Industriales organizaron brigadas, prepararon explosivos, hubo grandes movilizaciones populares, se confiscaron radios y otros medios. El movimiento estudiantil organizado en escuadras, decidió abandonar las facultades y colegios situados en la ciudad y dirigirse todos juntos (secundarios, universitarios y profesores) hacia los Cordones Industriales y poblaciones populares de los cerros.

Liborio Justo documenta extraordinariamente los últimos meses de Allende hasta el golpe militar de septiembre de 1973 y postula la hipótesis de la “guerra civil” que cierra el libro. En este período, los propietarios de camiones volvieron a declarar la huelga general. Las Fuerzas Armadas, en abierta beligerancia, realizaron la requisa de armas y brutales allanamientos, como el de carabineros en la TV de la Universidad de Chile, en el local de la CUT, fábricas estatizadas, operaciones contra los Cordones Industriales, todos operativos castrenses que se realizaban bajo la aparente legalidad de la Ley de Control de Armas. Eduardo Frei denunció en el Senado que los Cordones “se estaban armando” y el diario El Mercurio afirmó: “cuentan con arsenales”. Mientras el presidente Allende se pronunciaba contra “la guerra civil” y volvía a incorporar militares a su gabinete.

En su crónica de los hechos, Liborio Justo fue incorporando distintas voces, declaraciones de las fuerzas políticas y partidarias, publicaciones de izquierda,5 los testimonios de obreros partícipes de los Cordones Industriales,6 periódicos y corresponsales extranjeros para dar cuenta de la agonía de “la vía socialista” y del gobierno popular de Salvador Allende.

Es importante destacar que en el momento de esta interpretación de los acontecimientos (redactados en 1975) aún no se conocían el Plan Cóndor, ni la metodología represiva que fue antesala de las dictaduras del cono sur, con sus técnicas de la “guerra sucia”, el papel de la CIA y de la DINA, los métodos de la lucha antisubversiva y de “acción psicológica”7 contra una población desarmada, que por lo tanto no podía asumir el nivel de enfrentamiento que el autor postula como “guerra civil”.

Como intento de explicación y, tal vez subestimando la relación de fuerzas, Liborio Justo postula a los Cordones Industriales como verdaderos órganos de “poder obrero”, de ahí sus conclusiones para entender la tragedia chilena. El gobierno de la Unidad Popular desarmó a los Cordones y propició la devolución de las industrias ocupadas durante el “Tancazo”.8 Así su lectura crítica es coherente: apunta a las propias contradicciones de la coalición oficial que en su póstumo intento de construir “poder popular” ya había socavado la única posibilidad de sostener al gobierno de Salvador Allende, que “pagaría con su vida la lealtad del pueblo”.9

1 Escrito en 1975 a raíz de una carta que recibió de un profesor de la Universidad de Chile pocos días después del golpe militar.

2 Justo, L. Bolivia, la revolución derrotada, Buenos Aires: Razón y Revolución, 2007. (La primera edición es de 1967).

3 Liborio Justo analiza estos Cordones Industriales en el capítulo 5, como órganos nuevos de poder obrero, resultado de la ocupación de fábricas. Reunían representantes gremiales de un mismo sector geográfico y funcionaron al margen de la organización sindical, aunque ésta aspiraba a convertirlos en organismos de base de la CUT, para la defensa colectiva de empresas y de sus territorios. El primer Cordón fue el de Cerrillos, que coordinaba las luchas de todas las fábricas incautadas o intervenidas por el Gobierno.

4 El programa de la UP anunciaba que 245 era el número de empresas que debían expropiarse para constituir el área social, que ahora sería reducida a 49. Esto representaba una concesión a la gran burguesía industrial chilena.

5 Por ejemplo, citas de reportajes y notas de “Chile hoy”, cuyo Comité editor integraban Marta Harnecker, junto a Theotonio dos Santos, Pío García, Ruy Mauro Marini, y del periódico Marcha de Montevideo.

6 Liborio Justo destaca el papel que hubieran podido jugar los Cordones Industriales al final, en el capítulo 7, en la antesala del golpe, sino hubieran sido subordinados a la política allendista de devolución de fábricas.

7 Es decir, la llamada “Doctrina francesa” y la doctrina de Seguridad Nacional, los archivos hallados en 1992 Paraguay de la Operación Cóndor. Ver: Robin, M. Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, Buenos Aires: Sudamericana, 2005.

8 En el capítulo 7, narra la caída de Allende y el autor reproduce el relato vivido desde una fábrica ocupada (Sumar Nylon) e intervenida, como se vivió el 11 de septiembre de 1973.

9 Palabras del presidente Allende en su última alocución por radio el 11 de septiembre de 1973.