Читать книгу Construcción de paz, reflexiones y compromisos después del acuerdo - María Alejandra Gómez Vélez - Страница 14

Se puede pensar en la construcción de paz para superar el conflicto armado, no solo desde la firma de los acuerdos con los grupos al margen de la ley, esta construcción es una tarea diaria, que involucra a dichos actores, al Estado y a los ciudadanos. Desde estos últimos, las soluciones para construir paz devienen de procesos de concienciación de la realidad histórica del país, en el reconocimiento de la memoria del conflicto, así como en las herramientas que se tienen a la mano, como son las formas de vinculación social a partir de las organizaciones.

Es así como las organizaciones de víctimas del conflicto armado, en tanto fortaleza ciudadana, transforman las realidades de los sujetos sociales que de ellas participan, potenciando el tejido social, desde la cooperación, la solidaridad, el empoderamiento y la conciencia de sus problemáticas, el tratamiento del pasado, la construcción de la memoria, resignificándola.

Los cientistas sociales, encargados de acompañar los procesos de intervención social, a partir de disciplinas aplicadas como el trabajo social, la psicología, la pedagogía, el derecho, entre otras, integran elementos fundamentales para el tratamiento de procesos de intervención que faciliten la concienciación de la propia realidad y situaciones problemáticas, potencien las habilidades de las personas, orienten sus capacidades para la solución de problemas y fomenten liderazgos capaces de replicar, en sus grupos y comunidades, experiencias exitosas.

Es por ello que la intervención social incluye la investigación diagnóstica, los procesos socioeducativos que promueven potencialidades y capacidades desde los conocimientos tradicionales- populares con los saberes de la ciencia. Así mismo, facilita y orienta la planeación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades, que las organizaciones sociales pueden llevar a cabo para conducir la acción a resultados que transformen los problemas en posibilidades y conlleven al mejoramiento de condiciones de vida. Y por supuesto, replicar los aprendizajes adquiridos a partir de la experiencia conduce a que más personas se unan en procesos de red que fortalezcan a toda una comunidad.

La intervención es eminentemente política, en tanto es acción. Si se entiende la política como aquella actividad y el ejercicio del poder en cualquier relación social humana, en la que se articulan formas de interacción e incluso de ordenamiento, de acuerdo con condiciones históricas, ideológicas y culturales para su establecimiento en una sociedad. La intervención es poder y, por tanto, hay un ejercicio político y también ético. En el que aparece la idea del consenso, enfrentando las fuerzas contrarias a partir del diálogo o la concertación para llegar a un fin que logre estar en beneficio de una sociedad, llegar a decisiones del bien común o de la esfera pública.

Luego, la intervención sociopolítica tiene una incidencia en la medida en que involucre no solo los ámbitos políticos, sino que logre implementar estrategias socioeducativas que impacten lo público, a los ciudadanos. La política es acción, por lo que se le asocia a la esfera pública, que es el escenario de la democracia, del bien común, de la deliberación colectiva.

Es en lo público donde el ejercicio del poder lo llevan a cabo los ciudadanos de manera directa o indirecta. Para el ejercicio de la política en Estados democráticos es una necesidad y un deber la educación en valores ciudadanos, que permita que los ciudadanos mismos como sujetos políticos esenciales, tengan elementos suficientes para la deliberación sobre el bien común y así la elección y legitimación a sus gobernantes o representantes en escenarios de poder político.

Para las ciencias sociales, es fundamental la formación y el conocimiento de la política, dado que la intervención es acción, por tanto, hay un ejercicio político en ello, en la medida en que el profesional se constituye en un agente que facilita, dinamiza o moviliza procesos de cambio social y de potenciación de sujetos sociales, mediante acciones orientadas al bien común, al empoderamiento de grupos y comunidades en su propio ejercicio de poder, a la orientación de políticas públicas sociales, a la contribución para la construcción de ciudadanía basada en valores democráticos.

En este orden de ideas, la política, la cultura y la educación están en primer plano en la intervención social, en el contexto actual de transición en el que se encuentra Colombia, anclado en los valores públicos, el ejercicio de la ciudadanía, los derechos humanos y el valor de la democracia. Entre las funciones de los cientistas sociales están las de acompañar, asesorar, orientar, educar, apoyar, investigar, planear, evaluar, etc., en distintos procesos, favoreciendo la potenciación de los sujetos sociales (individuales y colectivos), para cambiar sus realidades, mejorarlas, buscando la calidad de vida, el bienestar y desarrollo social.

Por tanto, en el contexto del conflicto y del posacuerdo se propone que la intervención social se dirija a actuar en cinco dimensiones. La primera, en la investigación social, para entender las dinámicas del conflicto, reconocer a sus actores y escenarios; de esta manera hacer seguimiento al posacuerdo y seguir indagando sobre sus consecuencias. La segunda, en el fortalecimiento de la ciudadanía, que consiste en creer en la fuerza ciudadana y que, a partir de la participación, la organización y la movilización, es posible el fortalecimiento de la ciudadanía y la reivindicación de los derechos.

La tercera, en el acompañamiento psicosocial que se facilita mediante la intervención interdisciplinaria y multisectorial con individuos, grupos, familias y comunidades que se hayan visto afectadas por el conflicto, para permitir la elaboración de duelos, el restablecimiento de sus derechos y la reivindicación de las comunidades con miras a su desarrollo sociocultural. La cuarta, en el aporte a los procesos socioeducativos, para un cambio de conciencia sobre las prácticas de resolución negociada de conflictos, ayudando a crear una cultura política basada en el consenso más que en las soluciones de hecho.

La quinta, en construir procesos de memoria histórica, que permitan hacer duelos sociales, recordar para no repetir y subsanar las heridas de la guerra mediante actos fácticos y simbólicos, que además sirvan como formas de reparación; entendiendo en este contexto, por memoria histórica “todas las medidas tendientes a evitar que las violaciones de Derechos Humanos, las víctimas de estas violaciones y las condiciones en las que se presentaron esas violaciones, caigan en el olvido” (Orozco Abad, 2005). En este sentido, citando a Martín-Barbero, Elsa Blair en el texto Memoria y narrativa. La puesta del dolor en la escena pública reconoce que hay dos formas de abordar la memoria,

(…) la primera es deshacer aquellas cicatrices que cubrieron las heridas sin curarlas, es decir, desmontar la farsa con que se recubrió lo que dolía sin curarse en realidad y, la segunda, es evocar y celebrar la memoria de la que estamos hechos, esa que puede ayudarnos a comprender la densidad simbólica de nuestros olvidos, tanto en lo que ellos contienen de razones de nuestras violencias como de motivos de nuestras esperanzas. (Blair Trujillo, 2002, p. 18)

Estas cinco dimensiones para la intervención son posibles y adquieren sentido sociojurídico desde un enfoque de Derechos Humanos, que dentro del contexto que se ha desarrollado se debe entender desde la reivindicación de estos. En este orden de ideas, la creación y preservación de la memoria histórica es una forma en particular de reparar las violaciones de Derechos Humanos.

Si los simbolismos reparadores buscan i) nombrar y dignificar las víctimas; ii) recordar la verdad y iii) solicitar perdón asumiendo responsabilidad, ¿cómo lograr que esa forma de reparación sea útil y logre cumplir su cometido? ¿Qué tanto se debe olvidar, y qué tanto se debe recordar? Dar respuesta a estos interrogantes desde la perspectiva de una intervención socio-jurídica busca la realización de acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y a difundir la verdad de lo sucedido.

Nombrar y dignificar a las víctimas consiste en reconocerlas públicamente, aceptar su existencia y la razón que las llevó a tener ese carácter. El derecho a la verdad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho colectivo o social a conocer la verdad y como un derecho individual (Nash Rojas C., 2009, p. 91), señalando en casos como Baldeón García Vs. Perú, que, al ser reconocido el derecho a la verdad en cada caso concreto, puede configurarse un medio efectivo de reparación para la víctima, y correlativamente un deber satisfacción por parte del Estado. Facilitando, de igual forma, la no repetición y la prevención de nuevos daños, esfera colectiva del derecho (2006, párr. 196).