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ОглавлениеCapítulo 3
Noche de brujas a solas con los fondos buitre y Griesa
“Ministro, estamos solos en esto. Me parece que tenemos que hacer un llamado a un apoyo local de la oferta.” El subsecretario de Finanzas, Leonardo Madcur, había vuelto de un viaje para negociar con acreedores y bancos en Japón como última escala y, tras haber estado sondeando la oferta de Dubai, regresó a la Argentina con un sabor amargo.
La misma mañana del vuelo de regreso a Ezeiza en octubre de 2003, el funcionario optó por ir directamente a su oficina y se dirigió al despacho del ministro Roberto Lavagna para plantearle la situación.
“Necesitamos que los argentinos apoyen la propuesta. Parece que nosotros hacemos la oferta y el resto mira a ver cómo nos va. En definitiva, si nos sale bien nos beneficiamos todos”, le dijo al ministro, palabras más palabras menos.
Las palabras de Madcur englobaban el contexto de soledad en el que se manejaba el equipo económico para avanzar con la propuesta de deuda, si bien reconocían que tenían el apoyo total del presidente Kirchner, que se cargó al hombro la disputa con el establishment financiero local e internacional y los alentaba a continuar con los esfuerzos y no aflojar con la oferta.
Desde la presentación de la oferta en Dubai el mercado había enviado señales de rechazo con la cotización de los bonos y, desde el empresariado, si bien inicialmente habían manifestado su apoyo, luego se mostraron distantes y estaban a la expectativa de cómo le iba al gobierno.
También miraban de reojo la posibilidad de concretar el acuerdo alcanzado con el FMI, a través del cual se había establecido una meta de superávit primario de 3% al período siguiente de la peor depresión que pudo conocer la Argentina con caída de meses consecutivos en el PBI. Pese a ese dato no menor, los bancos de inversión y los acreedores presionaban, sin mayor sustento técnico, al organismo multilateral para que fuese un número más grande.[28]
Madcur creía que, en consecuencia, había que concientizar al empresariado del esfuerzo que estaba haciendo el gobierno en beneficio el país y venía madurando la idea en cada presentación que hacía el equipo económico tanto fuera como dentro del país.
Lavagna, que advertía el mismo problema, no dudó en poner manos a la obra. El ministro buscaba además recrear un ambiente de confianza, estableciendo una serie de metas secuenciales que pudieran ser cumplidas, para luego pasar al siguiente desafío. El acuerdo con el FMI había sido el primer paso en ese sentido. De esta forma, se generó una especie de cronograma para la realización del canje de deuda, que atravesó numerosas dificultades y fue muchas veces pospuesto. Pero, a la larga, los actores sociales percibirían que se avanzaba en la medida en que se concretaban los pasos establecidos.
El contexto se condimentaba con que faltaban tres días para la realización una audiencia legal clave en Nueva York por la deuda en default –que marcaría la tónica de las que siguieron–, cuyo desenlace era una incógnita: se ignoraba si desencadenaría o no en una traba para la presentación de la oferta final del canje.
A la vez, el ministro padecía una fuerte presión de los bancos de inversión para disminuir la quita a los acreedores. De hecho, el equipo económico acabada de conocer que cinco de los primeros bancos de inversión del mundo habían decidido darle la espalda al gobierno y quedar fuera del llamado oficial para la conformación de los bancos colocadores del canje.
Los grandes estadounidenses, JP Morgan y Citi, los europeos Deutsche Bank y BNP Paribas, y el japonés Nomura buscaron, en un primer intento de muchos otros, presionar por una mejora en la oferta y optaron por quedar fuera.
Tras la charla con Madcur, Lavagna llamó a su vocero Armando Torres y coordinó una convocatoria al empresariado nacional, de la que tuvo una participación activa el ex secretario de pymes Federico Poli y el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, para reclutar a los asistentes.
La convocatoria relámpago, realizada en el ex salón Padilla del Ministerio, dio los frutos esperados. Concurrieron los titulares de las tres entidades bancarias, Mario Vicens (ABA), Carlos Heller (ABAPPRA) y Mario Brito (ADEBA), y miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), como Alfredo Coto, Jaime Campos, José María Ranero Díaz, Enrique Pescarmona y Eduardo Elstain, y el titular de Fiat, Cristiano Ratazzi, entre muchos otros.
La reunión fue larga y franca, y encontró a Lavagna y a Nielsen explicando paso por paso el estado de situación y el porqué del accionar del gobierno. Al comprender finalmente la estrategia oficial, los empresarios acordaron emitir un comunicado conjunto, que redactaron ellos mismos con Cornide, el titular de la Cámara de Comercio, al frente, Carlos de la Vega, y el entonces titular de la UIA, Alberto Álvarez Gaiani.
En el comunicado consignaron que renovaban “el apoyo oportunamente expresado a la negociación del gobierno nacional para la reestructuración de la deuda pública externa”. Además, sostuvieron que el superávit del 3% es “un esfuerzo de suma magnitud para la sociedad en su conjunto”.
Para culminar, lograron imponer el concepto de sustentabilidad, cuando sostuvieron que “es fundamental que los recursos que la Argentina asignará a servir los intereses de su deuda sean compatibles con el crecimiento económico y la atención de la deuda social”.
En paralelo, y tras el éxito de la convocatoria a los empresarios, se fue consolidando un grupo de consulta de economistas afines al pensamiento del gobierno nacional, que acudían periódicamente al Ministerio de Economía para ser informados de las novedades que se sucedían con el canje.
Allí eran recibidos en los salones del quinto piso por el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson, y en ciertas ocasiones participaban Guillermo Nielsen y hasta el propio Lavagna. Este grupo resultó de ayuda para difundir ante los medios de comunicación el pensamiento del equipo económico y la lógica del gobierno en el proceso de la operación, y frenar el impacto de ciertos intereses como los del mercado, que impregnaban diariamente los medios con especulaciones tremendistas sobre la marcha del canje.
La casi totalidad de quienes participaron de esa charlas periódicas, cada dos o tres meses, según el momento, luego ocuparían cargos clave del Ejecutivo y otros puestos del Estado durante las presidencias de Néstor y Cristina. Se encontraban Roberto Feletti (primero como titular del Banco Ciudad y luego como ministro de Obras Públicas de la ciudad bajo la gestión de Aníbal Ibarra, fue nombrado luego secretario de Política Económica y viceministro de Economía de la Nación, y ahora es diputado nacional por el Frente para la Victoria), Héctor Valle (economista heterodoxo del centro de investigación FIDE, donde trabajó junto a la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y ahora es director de YPF), Débora Giorgi (que participaba como economista jefa de la UIA y luego fue ministra de Industria), Miguel Bein (consultor de los primeros economistas y ex funcionarios de la Alianza que se acercaron al gobierno de Néstor Kirchner, si bien ahora cultiva bajo perfil y no detenta cargos públicos), Héctor Hecker (devino titular de la Comisión Nacional de Valores, CNV), Felisa Miceli (por entonces titular del Banco Nación y luego ministra de Economía) y Miguel Peirano (también ex economista jefe de la UIA, nombrado primero secretario de Industria y luego ministro de Economía), entre otros.
Buitres en Halloween
El día del apoyo del empresariado a la reestructuración de deuda resultó ser el viernes 31 de octubre de 2003, una fecha que antes pasaba inadvertida por los argentinos pero últimamente fue incorporando las tradiciones anglosajonas del festejo de la noche de brujas.
En Buenos Aires, Néstor Kirchner daba ese día un discurso encendido en contra de los acreedores y bancos que pedían una quita menor. El presidente ratificaba con vehemencia los lineamientos de la oferta argentina presentada en Dubai y especialmente tenía en la mira a los fondos especulativos, cuya existencia surgió de mano de la globalización financiera internacional, que ya habían comenzado a asomar las narices presionando con sentencias desfavorables al país incluso antes de la asunción de Kirchner al poder.
Éstos fueron bautizados mundialmente como “fondos buitre”, ya que su existencia se sostiene gracias a la desgracia ajena: validados por la figura legal del bonista, un tenedor de títulos anónimo que compra y vende deuda legítimamente en el mercado primario o secundario, los buitres aparecen en escena a la caza de gangas sobre el final de la agonía o después de la quiebra de un país deudor.
Aprovechando la desesperación del resto de los acreedores que buscan cobrarse al menos algo vendiendo sus tenencias, los buitres las compran a precios de remate en el mercado secundario y luego litigan en las cortes internacionales para exigir el 100% del valor nominal de la deuda, con la intención de obtener grandes ganancias.
“Los que dicen que la Argentina tiene que pagar más deuda están diciendo que debe haber más ajuste sobre las espaldas de los argentinos”, así defendía el presidente su postura, incomprendida por buena parte del establishment internacional y local.
Hoy, diez años después, esa presión es padecida por los principales líderes europeos, que ven ahorcadas sus economías y enfrentan severos planes de ajuste para reencauzar sus cuentas y pagar sus deudas, y deben someterse a reestructuraciones con quitas iguales o mayores a las que nunca les aceptaron a la Argentina. Esos mismos buitres a los que les apuntó Kirchner, otrora ignorados por el Primer Mundo pero muy activos en los países en desarrollo, comenzaron a asomar como los enemigos de los países europeos que enfrentan escenarios de drásticas quitas para poder sobrevivir (ver capítulo 15).
Volviendo a aquella fecha y lejos de Buenos Aires, Nueva York se adornaba de vidrieras naranjas, con adultos y niños disfrazados paseando por las calles que, desde temprano, se disponían a celebrar la tradicional fiesta pagana de Halloween.
Por las calles de la Gran Manzana podían verse los disfraces de moda, encabezados por personajes de la película Piratas del Caribe, y las máscaras de George W. Bush y Saddam Hussein, tras la guerra del Golfo. Pero en el edificio público de la Corte del Distrito Sur, situada en la calle Pearl, a apenas unos metros del imponente puente de Brooklyn, un hombre que también vestía disfraz con una toga y un sombrero se disponía a mediar esa misma tarde entre la Argentina y los acreedores para encontrar una solución al default.
Como en las películas, el por entonces desconocido juez, de avanzada edad, Thomas Poole Griesa, ese 31 de octubre entró en escena durante una audiencia convocada para esa tarde. Desde un enorme estrado de madera oscura golpeó con el martillo pasadas las 16 hora local para dar comienzo a la sesión en la que estuvieron convocados los representantes legales de la partes.
Quién es el juez Griesa
Calificado como un joven brillante, nacido en Kansas durante la gran depresión en 1930, con estudios en las universidades de Harvard y Stanford, Thomas Griesa fue nombrado juez de la Corte del distrito de Manhattan en Nueva York por el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, en 1972, en medio del caso Watergate, que tiempo después obligó a Nixon a renunciar antes del fin de su mandato.
Este abogado amante de la música clásica, cuyo padre fue banquero, es calificado como un funcionario incorruptible. Entre algunos de los casos que llevó adelante, sobresalió el freno a un proyecto del gobierno americano encabezado por el presidente Ronald Reagan por unos 2.000 millones de dólares para hacer una gran autopista sobre el río Hudson. Griesa aceptó la presentación de un grupo de ecologistas en contra del proyecto, y el estado y las autoridades de Nueva York debieron abandonar ese emprendimiento millonario. También fue uno de los jueces que logró encarcelar a gran parte de los integrantes de la mafia italiana.
Otro de los casos polémicos que manejó fue cuando obligó al FBI y al Estado norteamericano a indemnizar a un grupo de integrantes del Socialist Workers Party por investigar sus actividades.
Litigantes y demandados
En esta historia de buitres y piratas que litigan contra la Argentina, Griesa es el árbitro de una lucha feroz. En tanto, por la Argentina se presentaron ante el juez los socios del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, una firma especializada en defaults soberanos que había tenido activa participación en otros casos de la región. Fue el estudio que acompañó a la Argentina durante todo el proceso de reestructuración, tanto del canje 2005 como 2010, y continúa defendiendo al país aún hoy.
Por parte de los acreedores, comenzaron a emerger numerosos estudios legales de mediana e importante talla para representar a pequeños y grandes acreedores. En especial los últimos comenzaban a dar muestras de su poder en las cortes internacionales.
Esa tarde de Halloween Néstor cargó en contra de dos buitres en particular. Ambos fondos pasarían a liderar una lucha sin cuartel contra la Argentina en las cortes internacionales. El primero, el fondo de las islas Caimán EM, tras el que se escudaba un enigmático y excéntrico multimillonario estadounidense que se cambió de ciudadanía para eludir el pago de impuestos en su país.
El dueño del fondos de la islas Caimán es Kenneth Dart, quien en los 90 cobró notoriedad en el mundo financiero al ganar un juicio de deuda contra Brasil y que es también reconocido por ser el CEO de Dart Container, una empresa estadounidense de herencia familiar, creadora del invento patentado mundialmente de los vasos y envases térmicos para el café fabricados con poliestireno expandido, con numerosas fábricas en Estados Unidos y en el mundo, y que en la Argentina cuenta con una planta en el parque industrial de la localidad bonaerense de Pilar, donde produce productos para el país y exporta a través de Dart Sudamericana.
En el expediente de la Corte de Nueva York figura claramente que Dart compró la deuda en el mercado secundario tras el default que representaba la mayoría –el 60%– de una emisión de Globales 2008 en pesos, unos 500 millones de pesos que, para tentar a los inversores, tenían la opción de pago del cupón en dólares. Se trata de bonos que se originaron en el megacanje que Domingo Cavallo realizó en junio de 2001, una serie que fuera especialmente diseñada para adherir a fondos con inversiones en pesos.
Pese a haber sido nominados en pesos, la semana anterior de la presentación de la oferta en Dubai Griesa concedió la “opción” a Dart de pasar el monto a dólares y dictó sentencia a favor de buitre por cerca de 700 millones de dólares.
El segundo en la lista de los buitres de Kirchner era NML, que se reveló carroñero hasta en el nombre. Al principio, no se sabía quién o quiénes conformaban el fondo. La Argentina logró una orden del juez Griesa para desenmascararlo, pues ni siquiera se conocía el significado de su sigla, dato sobre el que hasta el día de hoy existen sólo conjeturas. Los abogados de NML –inicialmente un joven neoyorquino, Kevin Reed– se negaban a revelar la identidad de sus clientes y, aun así, el fondo había logrado congelar activos argentinos, si bien temporariamente, incluso sin haber obtenido sentencia favorable.
Entonces se supo que NML tenía detrás como dueño al fondo Elliott, que litigó con éxito contra Perú y cuya cabeza visible era un reconocido administrador de activos en Manhattan especializado en hacerse de ganancias a través de litigios por defaults, Jay Newman. NML comenzó litigando por unos cientos de millones, si bien luego fue adquiriendo más bonos en default, ya que a la fecha acumula sentencias de más 2.300 millones de dólares reclamados a la Argentina.
En Halloween, los verdaderos piratas del Caribe no estaban afuera enmascarados en las calles de Nueva York sino adentro de la Corte, ante Griesa.
Tras el default, el fondo NML salió a la caza de activos argentinos pero no eligió cualquier bono. Entre ellos, adquirió la mayoría de la serie emitida de los denominados Floating Rate Accrual Notes (FRAN), que fueron emitidos en 1998 con vencimiento en 2005, en la última etapa de Menem, cuando Roque Fernández era ministro de Economía.
Los bonos FRAN tuvieron un curioso diseño, producto del estigma de la era menemista del festival de bonos. Para captar la atención de los inversores internacionales, fueron instrumentos emitidos por el país a una tasa variable, calculada sobre la base del mecanismo de atar la misma al rendimiento que el mercado le asignaba a otros títulos de la Argentina. Este mecanismo les aseguró a los acreedores cobrar tasas exorbitantes, en momentos en que el país se encontraba en peor situación económica.
La deuda emitida total en default no representa más de 289 millones de dólares, el valor nominal de la deuda emitida. Pero, a causa de este esquema de rendimiento diseñado en los 90, los juicios por esta deuda –entre capital e intereses acumulados impagos– totalizan la friolera de 2.800 millones de dólares, casi diez veces más que la deuda nominal total.
Esto le permitiría a NML y otros tenedores de esta deuda ganar cerca de 1.000% de la inversión nominal, si llegaran a cobrar algún día el total sus reclamos. Sin embargo, al presumir que adquirieron los bonos a valor de 25 centavos por dólar, el rendimiento asciende al 4.000%.
Esta tasa que era del 9,158% anual en el momento de la emisión de los FRAN, llegó a valores cercanos al 100% en los picos de crecimiento del riesgo país argentino, que se alcanzó a mediados de 2002 en pleno default.[29]
La sentencia
Estos dos fondos buitre buscaron los mejores abogados de Manhattan. En los meses previos a la audiencia habían obtenido –o estaban en proceso de obtener– sentencias a favor por los compromisos impagos de la Argentina, según la legislación neoyorquina de las emisiones de deuda de países. Buscaban avanzar un paso más en el cobro de sus acreencias, por lo que comenzaron con la búsqueda de activos para embargar, aun antes de que se conociera la oferta definitiva del futuro canje de deuda.
Durante la sesión, hubo un fuerte intercambio de declaraciones por cerca de dos horas y Griesa marcó el comienzo de lo que fue su estilo en la mediación entre las partes: dictaminó una solución salomónica, que esa vez en particular frenó la posibilidad de que los acreedores tuvieran la vía libre para interceptar activos susceptibles de embargo, pero a la vez demoró esa posibilidad sólo por noventa días, a partir de los cuales los acreedores comenzarían con la caza de activos.
Griesa argumentó que no quería entorpecer el proceso de negociación con los acreedores que la Argentina había iniciado. A la vez, se había molestado con los buitres porque denotaban ansiedad por salir a la pesca de activos, sin conocer aún los detalles de la oferta final, que llevaría meses en conocerse.
El juez no dio lugar a especulaciones sobre las posibilidades de una “mala oferta” que denunciaban los acreedores y, al no declarar los litigantes ningún activo detectado, consideró que tampoco había apuro por un eventual cobro. Y agregó que, finalmente, “la oferta puede resultar mejor de lo que ustedes pueden obtener” con el rastreo de bienes argentinos diseminados por el mundo, razonó el juez.
En este razonamiento, primó el darle una oportunidad a los miles de acreedores que decidieron no litigar de antemano, y que luego optaron por ingresar a la operación.
Pese a que la Argentina enfrentó después cantidad de audiencias internacionales por el default declarado en 2001, que representaron verdaderos dolores de cabeza para el país con amenazas de embargos de los más diversos, la de la noche de brujas resultó clave: fue larga, hasta dramática por momentos, pero muy elocuente en varios aspectos, y marcó el suceso de los acontecimientos que vendrían después.
En primer lugar, la Argentina defendía por primera vez ante las cortes internacionales y con rigor técnico el esquema propuesto para la reestructuración de deuda en default más grande conocida hasta el momento, sobre la base de un pilar fundamental de la sustentabilidad de la deuda. Es decir, la Argentina buscaba demostrar allí su “buena fe” para resolver el default, pero a través de un esquema novedoso en materia de reestructuración de deuda para los países, que era acorde a su capacidad de pago, indiscutiblemente ligado al crecimiento futuro del país.
Un esquema contrario y “más amigable al mercado” ya había sido aplicado durante el megacanje de deuda de mediados de 2001 que realizó Cavallo, cuando el ministro de Economía padecía ya la asfixia en las cuentas públicas: propuso un canje sin quita, con el solo beneficio para el país de estirar el pago de los vencimientos, ofreciendo garantías complejas y elevando los intereses a pagar a niveles peligrosos, lo que a la postre se tradujo en un boomerang. Con el dato no menor de que hubo abultadas comisiones, del orden de 160 millones de dólares –según los registros periodísticos–, pues se privilegió discrecionalmente a bancos de inversión “amigos”. Al punto que se consideró que el megacanje violó la Ley de Administración Financiera, ya que no mejoró al menos dos de tres condiciones que exige la ley: disminución de monto de deuda, baja de intereses o extensión de plazos.[30]
El resultado de aquel megacanje para patear vencimientos de deuda, que se realizó tan sólo tres meses después de haberse negociado un paquete de ayuda denominado “blindaje” con el FMI y otros países por casi 40.000 millones de dólares, fue una crisis mayor de deuda que luego se tornó insostenible, luego se tradujo en crisis de confianza, y terminó con el “corralito” y la salida de la convertibilidad. El pulso por ese entonces lo marcaba día a día el indicador de riesgo país del JP Morgan (el EMbi Plus, un diferencial riesgo de un bono local respecto de otro considerado seguro, como un bono del Tesoro de Estados Unidos), que se popularizó entre los argentinos y podía escucharse hasta en la radio Rock & Pop.
En segundo lugar, esa audiencia de Griesa puso de relieve, una vez más, la existencia de un vacío legal para la resolución de conflictos de quiebras de países soberanos con sus acreedores –que continúa aún hoy–, a diferencia de las quiebras en empresas privadas, que tienen un proceso legal establecido.
Los países son soberanos en sus decisiones, pero al emitir deuda en el exterior se someten a la diversa legislación internacional y gozan de cierta inmunidad soberana en activos como embajadas y reservas internacionales, que no podrían ser embargados en caso de algún incumplimiento. Pero, en la práctica, no pueden disolverse como una empresa en quiebra, puesto que permanecen. Kirchner exponía el problema claramente esa tarde desde Buenos Aires: “Cuando una empresa quiebra en Estados Unidos paga 14 centavos por dólar, y nosotros pagamos lo que podemos”, sostuvo, en alusión al emblemático caso de quiebra de la energética Enron.
En tercer lugar, se comenzaba a advertir el verdadero peso de los fondos buitre, que tienen un tremendo poder de lobby internacional, pueden poner en jaque a los países y ser pacientes por años, esperando agazapados ad eternum para actuar y poder cobrar, aprovechando este vacío legal internacional. En esa circunstancia, Kirchner ya alertaba esa misma tarde a los argentinos de lo arriesgado y del terreno desconocido por el que se transitaría –y se transita aún– en la estrategia legal argentina a nivel internacional, y que era “factible” que “nos fallaran en contra” en la Corte de Nueva York.
Otra curiosidad es que a partir de esa audiencia los buitres comenzaron a funcionar en tándem y a realizar acciones coordinadas en las estrategias legales, lo que obligó a dejar un poco de lado el ego característico de estos personajes sobre quién de ellos prevalecería en la disputa por la deuda en default. Llegaron al punto de contratar al mismo abogado: el joven americano Dennis Hranitzky, quien por su trabajo visitó varias veces la Argentina, país que cada vez le agradaba más –hasta se compró un departamento en Recoleta–. En los inicios de la causa había trabajado para Dart en el estudio Dechert. Su participación en la audiencia representando al magnate de los vasos plásticos, a quien jura que nunca pudo conocer personalmente, cautivó a Newman, quien luego lo contrató para representar a Elliott y lo mudó a uno de los edificios más emblemático de la Gran Manzana, el Met Life, donde funcionan las oficinas de Elliott justo frente al Bryant Park, donde todos los años se levantaba, en septiembre, la carpa blanca del Fashion Week, que desde 2010 se mudó al Lincoln Center. Ahora, Hranitzky representa a los dos mayores acreedores en default de la Argentina, en juicios combinados.
Un aspecto destacado es el cambio de actitud de Griesa desde el inicio formal del caso judicial contra el país por el default, que fue inaugurado a mediados de 2002 con una demanda judicial de los fondos Old Castle y Lightwater, los primeros en obtener sentencia contra el país en abril de 2003. En una primera etapa, Griesa mantuvo el estilo coherente que había caracterizado sus sentencias, pero esto duró hasta entrada la crisis financiera internacional que explotó en 2008.
La lógica de Griesa fue la de crear un contexto donde las partes puedan sentarse a negociar entre ellas, intentando darle espacio al soberano para que tenga la oportunidad legítima de presentar su propuesta de reestructuración de la deuda, más que decidirse por uno u otro bando. Siempre trató de reconocer parte de los argumentos de cada uno en sus sentencias. “En los primeros tiempos de la renegociación de la deuda, era muy típico que Griesa te diera victorias amargas o derrotas dulces”, opinó un funcionario familiarizado con el juez desde el principio.
Otro colaborador del gobierno considera que Griesa “es un juez de equidad y eso no es un concepto que tenga que ver con las finanzas en sí. Actuaba por sentido común y trataba de generar un contexto para que arregláramos entre nosotros, si bien con el tiempo se puso más duro”, quizá debido a los años que lleva la resolución del tema.
Tiempo después, el juez denotaría cansancio y tendría una actitud con el país que por momentos resultaría hostil, y hasta contradictoria, ante la imposibilidad de cerrar el caso con la Argentina. Muy probablemente se jubile antes de ver el final del conflicto judicial. Esa impotencia de Griesa fue reflejada en los sucesivos fallos, a causa del mencionado vacío legal internacional sobre los defaults soberanos, y, aunada a la actitud de rapiña de los buitres, llevó al gobierno argentino a encarar una estrategia defensiva caso por caso.
Así, para el país, los fondos buitre nacieron tras la crisis y el default de 2001. Comenzaron a posicionarse rápidamente en bonos ya a fines de 2001, pero hicieron el grueso de sus compras luego de declararse el default, cuando lo papeles no pasaban los 25 centavos de dólar.
Desde entonces, vienen ensayando incansablemente desde hace diez años distintas hojas de ruta para presionar al país a pagarle el 100% de sus tenencias por la vía de litigio, y tocando puertas en los poderes ejecutivos y legislativos de Estados Unidos y países europeos. A Elliott y Dart se sumaron otros fondos buitre menos conocidos, como Aurelius, Blue Angel y Capital Venture Investments (CVI), que salieron en los últimos años a la caza de distintos activos argentinos desperdigados por el mundo, susceptibles de ser incautados.
Ambos buitres encabezaron la mayoría de las demandas y lograron títulos rimbombantes en los diarios locales y del exterior. Desde satélites y dependencias públicas, activos de Aerolíneas y hasta el Tango 01, fondos de las ex AFJP, una cantidad importante y variedad de bienes estuvieron embargados o se vieron tocados por el desarrollo de los juicios en estos diez años –que no se desarrollaban sólo en Nueva York sino también en Europa, entre otros lugares–, a raíz de los fondos buitre, si bien en la casi totalidad la Argentina pudo demostrar soberanía y por lo tanto sortear la incautación definitiva.
Uno de los casos más emblemáticos tuvo como protagonista a las reservas internacionales de la Argentina, y más específicamente la validez legal de su utilización para pagar deuda pública, sin que pudiese ser interceptada por los buitres. Fue, como se verá más adelante, una batalla campal que se libró en el verano de 2010, cuando se puso a prueba el modelo económico encarado por la Argentina desde 2003, que priorizó el crecimiento y la acumulación de reservas internacionales, junto a la estrategia de desendeudamiento que los funcionarios protagonistas de este libro transitaron con demasiado vértigo.
Otro de los casos, más reciente, involucró a la nave insignia, la fragata Libertad, demorada en octubre de 2012 (y por dos meses) en el puerto por la justicia de Ghana, y la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que le dio la venia a los buitres sobre la definición de pari passu, esto es, “tratamiento igualitario” que merecen los acreedores (ver capítulo 16).
El estilo buitre
Los fondos buitre no tienen ningún prurito en arrinconar países pobres o en problemas, y buscan por todos los medios presionar a gobiernos y funcionarios.
Una reciente investigación del Banco Mundial sostuvo que más de un tercio de los países que califican en el programa mundial de condonación de deuda, debido al hambre y la pobreza que padecen, estuvieron jaqueados por juicios de al menos veintiséis fondos buitre, que recibieron en total 1.000 millones de dólares.
La era de los buitres comenzó a cobrar notoriedad entre los países emergentes casi de la mano de la crisis de deuda surgida luego de la crisis del petróleo de los 70 y el posterior advenimiento de los planes Brady que adscribieron los países de América Latina, planteados inicialmente como una solución al problema de la deuda que llegó casi al culminar la década de los 80.
Estos fondos, que rechazan de plano ser tildados como buitre argumentando conductas legales –cuando no morales–, comenzaron a entrar en acción en las cortes internacionales en casos de default soberanos de países emergentes en los 80 y los 90, como los de Brasil, Ecuador y Perú.
No es casual que hayan aparecido hace treinta años entre los países latinoamericanos: fue el momento cuando los bancos, que habían sido los acreedores de los países soberanos bajo la tutela de las instituciones multilaterales nacidas de la posguerra en Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial, enfrentaban la crisis de deuda de países emergentes –la denominada “década perdida” de los 80 como consecuencia de la crisis del petróleo de la década anterior– y decidieron virar su negocio.
Ayudados indirectamente por los paquetes de rescate que el Fondo les ofrecía a los países para salir de la crisis de su deuda bajo la condiciones económicas de ajuste englobadas en lo que se denominó Consenso de Washington, los bancos buscaron reducir su exposición con la deuda soberana y la recolocaron a acreedores privados anónimos, que pasaron a denominarse “bonistas”, los nuevos tenedores de un título de de deuda.
Se libró así una especie de ensayo donde primero comenzaron a colocarse los bonos entre grandes inversores que crecían de la mano de la globalización financiera, pero las pruebas luego se extendieron a ahorristas pequeños.[31]
Así, los bancos ganaron por todos lados: veían reducir su exposición directa, ya que no es lo mismo un préstamo que tener un bono que puede ser vendido en el mercado secundario en cualquier momento, y al mismo tiempo pasaron a esponsorear y a lucrar con el asesoramiento de esas operaciones, y con las comisiones de las colocaciones de esa deuda.
Este esquema se plasmó claramente en el Plan Brady para el canje de deuda aplicado en la región, que la Argentina realizó en 1992 y que tuvo como protagonistas el sindicato de bancos que lideraba el Citibank, a través de su exponente máximo de entonces para América Latina, William Rhodes.[32]
Estos planes de reestructuración de deuda que se implementaron en catorce países –entre ellos Brasil, México, Ecuador y Perú, además de la Argentina–, se denominaron Brady en alusión a Nicholas Brady, secretario del Tesoro de Estados Unidos en las épocas de Ronald Reagan y George Bush padre, que en 1989 ideó un esquema para renegociar la deuda comercial de los bancos y con la intención de darle aire a los países en problemas, que además suscribieron sendos paquetes de ajuste con el FMI.
Pero la deuda comercial con los bancos no desapareció: por el contrario, se convirtió en otro tipo de deuda, que podía ser negociada en el mercado secundario de bonos.
De esta forma, todo tipo de inversores, incluidos los buitres, comenzaban a entrar en acción comprando esos papeles que idearon los bancos a su medida. Estos últimos, expertos en aprovechar los vacíos legales que dejaba la nueva estructura de deuda en bonos, eran conscientes de que un país no podía declararse en bancarrota, a diferencia de las empresas. Por ello, comenzaron a posicionarse en estos bonos y a apostar a que tarde o temprano ganarían eventuales litigios en los cortes. Otros, que tenían deuda previa a los Brady, decidieron quedar fuera del plan y ser holdouts para litigar y cobrar en los tribunales.
El primero en salir a la luz, no en la Argentina sino en Brasil, fue el multimillonario Kenneth Dart, considerado el padre del “capitalismo buitre”. Como mencionamos, Dart también fue el primer buitre en presionar a la Argentina ante la Corte de Nueva York. Se trata de un oscuro personaje que pasó a la fama del mundo financiero cuando en 1992 compró bonos basura (o sea, con elevado riesgo de incumplimiento) de Brasil, durante la reestructuración de deuda de los bonos Brady. El magnate discutió a la misma altura que los grandes bancos de inversión, ya que se había convertido en el cuarto mayor acreedor del principal socio comercial brasileño. Pero, a diferencia de las entidades financieras, Dart amenazó al gobierno brasileño y no aceptó la reestructuración.
La estrategia de holdout –esto es, mantenerse fuera de la reestructuración y luego pedir el 100% en la corte– tuvo sus frutos: compró deuda por un valor de entre 25 y 40 centavos por dólar, con 375 millones de dólares, y cobró luego la suma de 605 millones de dólares, obteniendo una ganancia de 61% sobre el total invertido, según la prensa brasileña.
Ese hecho lo catapultó al trono de ser el primer buitre surgido desde la era de emisión masiva de bonos soberanos, en los 90. Agreguemos que no se le conoce ninguna foto pública.
Dart continuó con la casa de activos ganga: compró bonos de Ecuador al 25% del valor nominal, justo antes del inicio de la reestructuración. También bonos basura de distintas empresas, y probó suerte en la compra y venta de papeles relacionados con hipotecas en Estados Unidos, con lo que se dice obtuvo ganancias de más de 300%.
En Rusia, Dart jugó un rol protagónico en las privatizaciones que tuvieron lugar a principios de los 90. Curiosamente, allí no le fue relativamente bien en los negocios, pero ganó “prestigio” como defensor de la política del FMI y la defensa de inversores minoritarios, y como promotor de la transparencia y liberalización de los mercados.
Antes de la crisis rusa de 1998 compró acciones de la segunda petrolera más grande de ese país, Yukos. Allí se encontró con otro de su porte, el multimillonario Mijaíl Khodorkovsky, a cargo de la firma, que tiempo después terminó tras las rejas acusado de fraude y evasión. Entre ambos se libró una dura batalla judicial, que terminó en un acuerdo secreto, por el que el fondo Dart Management quedó fuera del negocio. Dart, de todos modos, continuó con el ojo en Rusia y hoy tiene inversiones en el rubro de gas, entre otras.
La vida de Dart fuera de los papeles de la deuda no es menos controvertida. En Estados Unidos es reconocido también por las peleas familiares y por su vocación de eludir los impuestos, tal como consignó The Wall Street Journal en un artículo publicado en 1994.
Dart proviene de una familia poderosa de Estados Unidos, oriunda de Michigan. Su padre, William Dart, se hizo millonario gracias a que consiguió el perfeccionamiento de un invento que permitía mantener el calor en la comida, a través de la introducción del poliestireno en distintos envases. Así comenzó la historia de la firma Dart Container, que devino la mayor fábrica del mundo de vasos de café descartables y envases de plástico espumado. Como dijimos, hoy no hay taza de café fabricada con este material, recipiente para llevar comida caliente o tapita plástica que no tenga el logo Dart. En la Argentina, se pueden encontrar prácticamente en cualquier lugar: basta con caminar muy cerca de la Casa Rosada para ver los negocios que exhiben las cajas de los vasos plásticos de repuesto para vender el café, quizá sin saber que detrás de esa marca se encuentra involucrado el mayor litigante contra el país por títulos en default.
Exiliado desde 1993, Kenneth es el CEO y presidente de la firma, que la revista Forbes ubica en el ranking de las quinientas empresas privadas de Estados Unidos más poderosas. Dart Container tiene plantas en diecisiete países, entre otros México, Canadá, Australia y la Argentina, y maneja cerca de cinco mil empleados.
Tiempo atrás, Kenneth Dart tuvo una pelea judicial multimillonaria con su hermano Tom, en la cual se disputaron la herencia de unos fondos de su padre, que luego de varios tironeos terminó en un acuerdo extrajudicial, ya que los hermanos privilegiaron la preservación de los números de la fortuna de la familia.
En muchos aspectos Dart hace recordar al fallecido empresario argentino Alfredo Yabrán. Es un hombre “casi invisible”, sostienen los pocos que lo conocen. De hecho, querelló a un diario de Detroit por haber publicado la casi única imagen que se le conoce, que fuera entregada por su hermano, cuando la disputa entre ellos estaba en plena ebullición.
Hace ya veinte años Kenneth Dart tomó la decisión de expatriarse de Estados Unidos, por lo que solicitó las ciudadanías de Irlanda y Belice con el objetivo de no pagar impuestos en su país natal. Esta maniobra pudo comprobarse tiempo más tarde, cuando el gobierno de Belice solicitó infructuosamente a Estados Unidos el permiso para instalar un consulado en Sarasota, Florida –donde reside parte de la familia Dart y se ubica una planta–, y ubicar al magnate expatriado allí como miembro del cuerpo diplomático del país sudamericano.
Tras el frustrado intento de vivir como extranjero en su propio país, Dart siguió refugiado en las islas Caimán.
Sin embargo, la mujer de Kenneth Dart sigue con domicilio en Florida y pretende tener fuertes lazos con los demócratas. La prueba de ello es una anécdota que contó el propio ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en su blog, y que recientemente rescató el ex embajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello, quien encarnó la defensa de la posición argentina contra los fondos buitre en el exterior.[33]
Clinton comentó en su blog que en febrero de 2005 fue invitado por el candidato demócrata Howard Dean a un evento para recolectar fondos para la campaña del partido, donde la anfitriona era la esposa de Dart. Clinton no aceptó la invitación e hizo público su rechazo:
La señora Dart es una gran donante demócrata, pero no puedo ni acercarme a su esposo, Kenneth Dart… Obviamente, dije que no. Es uno de los hombres de negocios más odiados en Sudamérica […] Su última apuesta es forzar al gobierno de la Argentina a pagar la deuda en default. Otra vez, pagó centavos de dólar por la deuda y pretende que los argentinos le paguen el valor nominal de los títulos en su poder. La Argentina sigue por ahora en bancarrota. La mitad de su población vive por debajo de la línea de pobreza.
Pero, en las islas Caimán, Dart vive a sus anchas y es un miembro distinguido de la comunidad. A través del holding Dart Management, cuyas oficinas están a apenas un par de cuadras de la residencia del gobernador, tiene participación en las cámaras empresarias, y es dueño de Camana Bay –o, como le dicen allí algunos, Dartville–, un enorme proyecto inmobiliario estilo Nordelta que mezcla unidades residenciales con oficinas de negocios, restaurantes, cine y comercios.
Si bien vive exiliado en las playas de estas islas, se mueve constantemente por seguridad. “Todo el mundo sabe que está allí pero no se dejar ver fácilmente”, relató oportunamente a esta autora José Passos, un reconocido periodista brasileño –fallecido en 2011 a los sesenta y dos años–, que trabajaba para O Globo cuando se desató el escándalo de Dart en Brasil y que viajó a las islas Caimán para entrevistar al magnate, sin éxito. Pese a ello, Passos pudo dar cuenta de la inmensa fortuna de Dart, quien llegó a tener un yate a prueba de torpedos, “que le había comprado al rey Hussein de Jordania” por un monto de 7 millones de dólares, según publicó la prensa en su momento.
El segundo nombre en la lista de los buitres de la Argentina es el fondo NML Capital, basado también en las islas Caimán. NML es subsidiario del fondo neoyorquino Elliott, administrado por el legendario administrador de fondos de riesgo Jay Newman, un hombre “cautivante, inteligente y culto”, según definieron los funcionarios argentinos que tuvieron oportunidad de conocerlo.
La historia de Newman se remonta también a la génesis de los planes Brady. A diferencia de Dart, Newman no tiene mucho problema en revelar su identidad. Se caracteriza por su creatividad a la hora de interpretar los contratos internacionales de deuda de países y cuenta con una importante espalda financiera.
Newman fue hasta hace muy poco la cara visible de Elliott, uno de los fondos buitre más antiguos de Nueva York, creado junto a su socio multimillonario Paul Singer, quien se encuentra en la lista de los top ten que aportan a las campañas republicanas.
Singer fue reconocido por ser un importante donante para la campaña legislativa 2010 y, recientemente, se convirtió en el mayor aportante de Wall Street para la campaña republicana, con 2,3 millones de dólares en la temporada de elecciones 2012.[34] Además, es el presidente del Manhattan Institute, un think tank conservador, y un fuerte financista del Club del Crecimiento, reconocido grupo dedicado al libre mercado. Pese a ser un republicano conservador, partido reticente a aceptar a la comunidad gay, una experiencia familiar lo instó a cambiar de opinión, y hoy es un activo aportante y defensor de los derechos de esa comunidad.[35]
Inicialmente, Singer tomó un perfil bajo con la Argentina y delejó en Newman la estrategia. Pero tras la crisis internacional iniciada en 2008, que puso en el ojo de la tormenta a los fondos de riesgo, su fuerte apuesta al candidato republicano perdedor Mitt Romney en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2012, y algunos logros recientes obtenidos en las cortes de Nueva York contra el país, decidió exponer públicamente su figura para levantar su imagen personal y del fondo, en Estados Unidos y en el mundo (ver capítulo 16).
De esta forma, Elliott nació con el propósito de convertirse en buitre: se creó en 1977 para comprar bonos de deuda empresas y de países con potenciales problemas (en la jerga, distressed debt), con un monto inicial de apenas 1,3 millones de dólares, que Singer recaudó entre familiares y amigos, cifra que con los años acumuló importantes rendimientos al invertir en activos de riesgo.
Este fondo se jacta de haber obtenido, desde su creación a fines de 2011, un rendimiento total de 14%, y de que no hubo año que no le haya ganado a uno de los índices de referencia de las quinientas empresas de Estados Unidos más importantes, el S&P 500, que en el mismo período ganó 10,8%
De hecho, la leyenda cuenta que Newman en sus comienzos regenteaba otro fondo, llamado Water Street Bank, con el que inició acciones judiciales por bonos de deuda de Panamá, pero tuvo complicaciones debido a que los aportantes el fondo no querían salir con sus nombres detrás de ese tipo de iniciativas. En cambio, su socio, Singer, no tuvo ningún empacho en embarcarse con él en la compra de bonos distressed y en los posteriores litigios en contra de países del Tercer Mundo, y así nació Elliott Management, firma dedicada a fondos de riesgo que administra unos 20.000 millones de dólares, que hoy tiene más de 170 empleados y cuenta con oficinas en Nueva York, Londres, Tokio y Hong Kong.
Elliott es recordado en el ambiente por haber puesto contra las cuerdas a Perú en los 90 y haber participado en las reestructuraciones de deuda en los casos de grandes firmas estadounidenses como las recordadas MCI WorldCom y Enron, y, fuera de ese país, en Telecom de Italia.
En 1995 el fondo compró deuda peruana por 20 millones de dólares a 55% de su valor. Es decir, pagó 55 centavos por dólar de deuda comprado, y reclamó por el 100% de la deuda en las cortes de Nueva York. Gracias al litigio, terminó embolsando unos 58 millones de dólares, luego de una dura compulsa en los tribunales de la Gran Manzana, en la que buscó incluso cambiar la ley del distrito.
Fujimori y Elliott
La resolución del caso peruano es atrapante y conlleva la sospecha de un arreglo del gobierno peruano a medida de los fondos buitre. Fue la administración saliente del ex presidente Alberto Fujimori la que decidió arreglar con ellos, aun en contra de la opinión de los abogados defensores del país, que consideraron que se podía levantar un embargo que pesaba sobre Perú en las cortes de Estados Unidos.
Tiempo antes, a principios de 1996, cuando el gobierno se aprestaba a preparar el terreno para la negociación de su deuda que terminaría en el Plan Brady (1997), Elliott había comprado deuda en default de Perú, que casualmente no fue registrada por el gobierno en tiempos normales. Luego, una comisión investigadora del Congreso peruano dio cuenta de que hubo “información privilegiada” para el fondo buitre que realizaba esa compra y de que funcionarios del país habían trabajado para él.
Elliott decidió no ingresar al Plan Brady y quedar como holdout, y en el medio del proceso de canje de deuda demandó al país ante la Corte de Estados Unidos, hecho que interfirió con el cierre de la operación.
Perú ganó en primera instancia, pero Elliott apeló y ganó en la segunda instancia, en 1999, tras lo cual comenzó a correr el embargo preventivo de cuentas peruanas en Nueva York, que se fue extendiendo a otros países. Luego, Fujimori decidió pagarle a Elliott en octubre de 2000, un mes después de conocerse el escándalo de corrupción que involucró a su mano derecha en el servicio de inteligencia de su gobierno, Vladimiro Montesinos, que lo había obligado a convocar a nuevas elecciones anticipadas. Todo ocurrió apenas unas semanas antes de salir del país en gira presidencial y abandonar su cargo, en Tokio, desde donde presentó su renuncia formal.
Así dice el texto del Congreso de Perú:
Un fondo buitre de Nueva York invirtió 11 millones de dólares en pagarés de deuda peruanos comprados a SBC entre enero y marzo de 1996. SBC había tenido la titularidad de estos pagarés desde octubre de 1994. Una vez comprada la deuda le abrió un juicio a Perú por un cobro incluyendo moras, multa que sumó 66 millones de dólares. Perú ganó en primera instancia y Elliot [sic] en segunda instancia. Elliot embargó las cuentas peruanas para forzar los pagos y Boloña contra la opinión de los abogados del Perú pagó 58 millones de dólares en octubre de 2000, dos semanas después de que Fujimori anunciara su renuncia. Un abogado de Elliot Associates fue el ex asesor del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] Jaime Pinto Tabini, luego en abril de 2001 nombrado representante del Perú ante el BID.
Sus tentáculos llegaron también a África. En el Congo, utilizó otros artilugios más sofisticados, que incluyeron hasta espionaje a la familia presidencial. Compró algún préstamo impago, emitido en 1987, y otros bonos, por los que pagó no más de 20 millones de dólares, si bien reclamó unos 100 millones (el valor nominal de la deuda) a principios de 2002, que equivalían a alrededor del 10% del total del presupuesto de ese país.[36]
Elliott desplegó su accionar en distintas cortes europeas, tratando de congelar cualquier activo del país africano, y hasta puso en peligro el programa del Banco Mundial para aliviar deuda de las naciones más pobres, denunciando maniobras de corrupción de parte del presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso. Al finalizar la contienda, el fondo reconoció haber ganado unos 90 millones de dólares mediante un acuerdo que resultó mucho más favorable que el obtenido por el resto de los acreedores, y se jactó de haber contribuido a sacar a relucir la corrupción de dicho país.
En diciembre de 2010, en pleno revuelo por la crisis de deuda europea, la revista Playboy desnudó ante el mundo desarrollado –en particular el europeo, que era ajeno a estos personajes– lo que padecemos los argentinos desde hace diez años: la historia de Elliott y de Paul Singer y su socio Jay Newman, su verdadero estratega del fondo y de las acciones legales.
La pluma del ganador del Pulitzer Aran Roston, autor de la nota de Playboy, comparó a Singer y Newman con los espías de la película Casablanca, ganadora del Oscar de 1943, en la que exiliados ricos del nazismo llegaban a un país africano y luego quedaban atrapados por una red de inteligencia de la Gestapo.
Roston reveló que consultó a fuentes que afirmaron que Singer tenía lazos con ex agentes de la CIA, que –vía Londres– consiguieron información sobre corrupción para arrinconar a los gobernantes del Congo.[37]
