Читать книгу Derechos del pasajero en el transporte aéreo de personas y su equipaje - Montserrat Morera Ransanz - Страница 8

Capítulo II

Cuestiones procesales

1. Competencia objetiva

En función del medio empleado, el transporte puede ser terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario o aéreo. En esta obra nos referiremos al transporte aéreo. A su vez, por el objeto transportado, el transporte puede ser de mercancías, de personas y de equipaje. Aquí nos referiremos al de personas y equipaje.

Pues bien, dentro del ámbito de la jurisdicción civil, la competencia objetiva para conocer de las demandas que se interpongan en esta materia corresponde a los Juzgados de lo Mercantil, y no a los Juzgados de Primera Instancia, en virtud del art. 86.ter.2.b) LOPJ, que atribuye a los Juzgados de lo Mercantil la competencia para conocer de las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

2. Competencia territorial

Por razón de la cuantía, estos procedimientos de dirimirán normalmente por los cauces del juicio verbal (cuantía inferior a 6.000 euros; art. 250 LEC), en que no cabe la sumisión tácita ni expresa (art. 54 LEC). Por lo tanto, cualquiera que sea la pretensión ejercitada, la competencia territorial se determinará siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del art. 52 LEC y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado (art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad).

Al respecto, el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha asentado el criterio (entre otros, en los Autos de 22-octubre-2019, 5 –febrero-2019 y 30-mayo-2018) de que en las acciones individuales ejercitadas por un consumidor para reclamar contra una compañía aérea los daños y perjuicios ocasionados por la cancelación de un vuelo, retraso o pérdida de equipaje es aplicable el art. 52.2 LEC según el cual “en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, conforme a las normas de los artículos 50 y 51, a elección del demandante”. Es una norma especial de protección de los consumidores, que desplaza el fuero general del domicilio del demandado.

Por lo tanto, dicho fuero sólo se aplicará cuando el actor sea un pasajero consumidor, no cuando sea la sociedad cesionaria del crédito derivado de la compensación a que tiene derecho el pasajero-cedente. Así por ejemplo, las plataformas Wings To Claim o el Reclamador o Flightrigts, al ser compañías mercantiles con ánimo de lucro, carecen de la cualidad legal de consumidor (conforme al art. 3 LGCU), sin que la condición de consumidor sea transmisible, como si fuera un anejo del derecho de crédito cedido, de modo que cuando la acción se ejercite por dichas sociedades cesionarias se aplicará el fuero general de las personas jurídicas del art. 51 LEC, en lugar del art. 52.2 LEC.

Al respecto, debe citarse el Acuerdo del Tribunal Mercantil de Barcelona de 26-octubre-2018 según el cual la cesión del crédito efectuada por el pasajero en favor de una determinada sociedad para que presente la reclamación, ha de admitirse siempre que se determine mínimamente el cedente, el cesionario y el objeto de la cesión.

La cesión no requiere ninguna formalidad especial, ni documento fehaciente, pues los arts. 1.526 y ss CC al regular la cesión de crédito, sólo exigen que el crédito que se cede conste debidamente identificado. Esto es, rige el principio de libertad de forma, salvo en caso de donación de crédito (art. 632 CC). Y en cuanto a si es necesario o no que la demandada haya sido notificada del cambio de la titularidad del crédito, es cierto que la cesión sólo es eficaz frente al deudor cuando la conoce, pero ello no requiere ninguna formalidad especial (no requiere una notificación en forma), sino que es válida cualquier comunicación o puesta en conocimiento del deudor, incluida la verbal. Lo importante no es, pues, la notificación, sino el conocimiento efectivo de la cesión, y la carga de acreditarlo recae en el acreedor cesionario. Al respecto, es importante destacar que cuando el deudor es demandado por el acreedor cesionario, la notificación al deudor se reputa hecha con el emplazamiento judicial al deudor (STS 23-junio-1983 y SAP Madrid de 20-octubre-2015).

Dejando a un lado la cesión del crédito y volviendo al supuesto más común en que el actor es el pasajero (consumidor), hemos visto que se trata de un foro electivo, que le permite interponer la demanda ante los Juzgados de su domicilio o ante los del domicilio del demandado (y según si es persona física o jurídica, se aplicará el art. 50 LEC o el 51 LEC). Como en el transporte aéreo el demandado será normalmente una persona jurídica (una compañía aérea), debe aplicarse el art. 51, que establece como fuero general de las personas jurídicas el de su domicilio o también el del lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tenga la persona jurídica un establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.

Pues bien, tal como señaló nuestro TS en su reciente Auto de 18-febrero-2020, tanto el lugar de salida como el de llegada del avión deben ser considerados lugares de prestación principal de los servicios que son objeto de un contrato de transporte aéreo. Además, la jurisprudencia comunitaria, contenida en la STJUE de 9-julio-2009, reconoce al pasajero aéreo la posibilidad de elegir la presentación de la demanda de compensación basada en el contrato de transporte y en el Reglamento comunitario 261/2004 (al que nos referiremos a lo largo de esta obra) ante el tribunal en cuya demarcación se hallara el lugar de salida o ante el tribunal en cuya demarcación se hallara el lugar de llegada del avión, tal y como dichos lugares estuvieran previstos en el contrato.

Así por ejemplo, serán competentes los Juzgados Mercantiles de Barcelona, a elección del actor:

– cuando el pasajero tenga su domicilio en la provincia de Barcelona. A tal efecto, el Acuerdo TM Bcn de 26-octubre-2018 señaló que el domicilio del actor no es ni el domicilio a efectos de notificaciones ni el domicilio del despacho de abogado, sino el domicilio del propio actor; o

– cuando la compañía aérea tenga su domicilio en la provincia de Barcelona; o

– cuando la relación jurídica (el contrato de transporte aéreo) haya nacido (esto es, se haya contratado en Barcelona) o deba surtir efectos en la provincia de Barcelona (esto es, que el despegue en las condiciones contratadas o la llegada a destino en las condiciones contratadas se produzca en el aeropuerto de El Prat-Barcelona), siempre que en la provincia de Barcelona la compañía aérea tenga un establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la compañía aérea. Se trata de una doble conexión, pues se exige que:

• el vuelo se haya contratado en Barcelona (ya sea porque se ha comprado el billete en un establecimiento sito en Barcelona o porque se ha comprado por vía telemática en el domicilio del pasajero ubicado en Barcelona) o que el vuelo haya despegado o aterrizado en Barcelona, teniéndose en cuenta que si Barcelona es una simple escala, ello no determinará la competencia de Barcelona, y

• la compañía tenga en Barcelona un establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en su nombre. Si lo único que tiene la compañía aérea es una mera sucursal en el aeropuerto de El Prat-Barcelona, sin ninguna vinculación con la relación jurídica, ello no determinará la competencia de Barcelona. Al respecto, el Auto del Pleno TS de 30-mayo-2018 señaló que aunque la LEC no define “establecimiento abierto al público”, debe considerarse como tal el lugar donde se manifiesta externamente el ejercicio de una empresa o actividad mercantil, de conformidad con los arts. 3 y 85 CCom, de modo que una oficina o dependencia estable y accesible a los clientes, donde se puedan desenvolver las relaciones básicas del contrato de transporte aéreo (compraventa de pasajes, anulación o cambio de los mismos, formulación de reclamaciones,…) constituye establecimiento abierto al público a los efectos del art. 51.1 LEC.

El reciente Auto de nuestro TS de 18-febrero-2020 resolvió un conflicto negativo de competencia territorial planteado entre un Juzgado de Madrid y un Juzgado de Alicante, en relación con el retraso sufrido en un vuelo entre Londres y Reus, en que el actor tenía su domicilio en Alicante (según su DNI) y la demandada tenia domicilio fuera de España, pero tenía representación legal en Madrid. Aplicando el fuero imperativo del art. 52.2 LEC, la demanda se interpuso en Madrid, pero el TS resolvió que la competencia correspondía a Alicante, al no constar que en Madrid haya nacido la relación jurídica o que en ella deba surtir sus efectos.

Recordemos que se trata de un fuero electivo, de modo que aunque el vuelo despegue o aterrice en Barcelona, y aquí tenga su domicilio la compañía aérea, si el actor escoge el Tribunal de su domicilio, será éste el competente. Así lo estableció el TS en Auto de 27-septiembre-2019 en el conflicto negativo de competencia territorial que se planteó entre los Juzgados Mercantiles de Madrid y Barcelona, en un supuesto en que el vuelo salía de Barcelona, teniendo la compañía aérea su domicilio en Madrid y el actor había optado por el fuero del domicilio de la compañía aérea. Resolvió el Alto Tribunal que los juzgados territorialmente competentes eran los de Madrid. En el mismo sentido resolvió el conflicto negativo de competencia planteado también entre Madrid y Barcelona, en un supuesto en que el vuelo aterrizaba en Barcelona, declarando también competente el Juzgado de Madrid por ser el fuero del domicilio del demandado el que había elegido el actor (ATS de 19-marzo-2019). En idéntico sentido se había pronunciado en Autos de 8-noviembre-2017 y de 11-diciembre-2018.

En relación con los vuelos con escalas, aunque los distintos vuelos que integran el itinerario hayan sido operados por compañías distintas, no se consideraran vuelos distintos e independientes, sino un solo viaje (un solo vuelo), integrado por distintos trayectos, si entre ellos hubo conexión directa, lo cual sucederá cuando la escala intermedia es un simple enlace entre dos vuelos, formando parte todo de un único contrato. No así, por ejemplo, cuando los vuelos se han contratado de modo independiente, formando parte de reservas distintas, con la finalidad de visitar y/o pernoctar en la ciudad de enlace. Pues bien, en tales casos de vuelos con escalas, y siguiendo con el escenario que planteamos como ejemplo, los Juzgados de Barcelona serán competentes si el primer vuelo sale de Barcelona o si el último vuelo llega a Barcelona, con independencia de las escalas intermedias.

Es más, los Juzgados de Barcelona serían igualmente competentes aunque el hecho motivador de la reclamación no haya sucedido en el trayecto que afecta a Barcelona, sino en otro de los trayectos que componen el viaje. En tales términos se ha pronunciado recientemente el TJUE, en Auto de 13-febrero-2020, que señaló que la acción de indemnización de un vuelo con una única reserva, dividido en varios trayectos y operados por distintos transportistas aéreos, en un supuesto en que se canceló el último trayecto, puede ejercitarse ante los Tribunales del lugar de salida del primer trayecto, aunque vaya dirigida contra el transportista aéreo encargado de operar el último trayecto. El caso era el siguiente: se trataba de un vuelo que tenía tres trayectos: uno de Hamburgo-Londres, operado por British Airways, y los otros dos (Londres-Madrid y Madrid-San Sebastián) operados por Iberia. Se canceló el tercer trayecto sin informar a los pasajeros en tiempo oportuno. Como los pasajeros habían cedido sus posibles derechos a compensación a Flightright (empresa con domicilio social en Alemania), la demanda contra Iberia se presentó en Alemania. El Tribunal alemán preguntó al TJUE si es el competente, pues el vuelo cancelado fue de Madrid a San Sebastián. El TJUE le respondió que sí lo era, por ser el Tribunal del lugar de salida del primero de los trayectos que componían el viaje.

3. Protocolo de actuación de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en materia de transporte aéreo.

Por Acuerdo de la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona de 26-septiembre-2018 (aprobada por la Sala de Gobierno TSJ Catalunya de 6-noviembre-2018) se acordó que, ante el elevado número de demandas de juicio verbal en materia de transporte aéreo interpuestas contra los mismos demandados, y el breve lapso de tiempo que a menudo media entre la incidencia aérea y la fecha de la demanda, y dado que gran parte de los procedimientos finalizan con acuerdo, desistimiento o allanamiento, se acordó que con carácter previo a la admisión a trámite de la demanda, se requiriese a la demandada para que en 5 días recogiera una copia de la demanda en la oficina judicial para que en los siguientes 15 días pudiese presentar un acuerdo alcanzado con la actora, o el desistimiento de la actora o un escrito indicando que se opone a la demanda.

En ejecución de dicho acuerdo, los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados Mercantiles de Barcelona elaboraron el Protocolo de actuación a seguir en la tramitación de las demandas de transporte aéreo respecto de las compañías aéreas demandadas que se adhieran al mismo.

Así, en la Diligencia de incoación y registro de la demanda de juicio verbal, se concede a la demandada (de las que se hayan adherido al Protocolo) esos 5 días para recoger la copia de la demanda y se le comunica que dispone de 15 días para presentar un acuerdo o el desistimiento de la actora o un escrito indicando que se opone a la demanda. En dicha DO se informa a las partes de que el pago por desistimiento o satisfacción extraprocesal debe hacerse directamente entre las partes, antes de presentar el escrito de desistimiento o satisfacción, motivo por el cual es conveniente que en el escrito de demanda la actora facilite un número de cuenta para que, en su caso, se le haga la transferencia. Entonces:

• Si la actora presenta escrito de desistimiento manifestando que la demandada le ha pagado, se dicta un mismo Decreto de admisión y archivo por desistimiento, sin costas.

• Si alguna de las partes o ambas presentan escrito solicitando el archivo por satisfacción extraprocesal, se dicta Decreto de admisión y archivo por satisfacción extraprocesal.

• Si alguna de las partes presenta escrito manifestando que no se ha alcanzado ningún acuerdo, o si pasan los 15 días sin que se presente ningún escrito, se dicta Decreto de admisión y se cita al demandado (sin traslado de copias porque ya las tiene), siguiendo el procedimiento su curso normal.

Tras la implantación de dicho Protocolo, se observó que algunas de las compañías aéreas demandadas, tras recoger en la oficina judicial las copias de las demandas, a menudo consignaban judicialmente la cantidad reclamada, dentro de aquel plazo de 15 días, afirmando la existencia de allanamiento o de satisfacción extrajudicial, pero sin haber hecho el pago extrajudicialmente. Por ello, mediante acuerdo de 15 de noviembre de 2019 se modificó el Protocolo añadiendo que cuando la compañía aérea consignase la cantidad reclamada en concepto de principal, dentro de esos 15 días, también se dictaría Decreto de admisión y archivo por satisfacción extraprocesal, sin costas, haciendo pago al actor de la cantidad consignada. Se recomendó que en las demandas se incluya el número de cuenta del pasajero afectado con el fin de que las compañías aéreas puedan hacer el pago directo, incluso antes del Decreto de admisión, sin necesidad de consignación judicial, estableciendo que ello podrá ser considerado como requisito subsanable de la demanda.

Pese a que muchos procedimientos finalizan mediante Decreto por acuerdo o por satisfacción extraprocesal, la problemática deriva del cada vez mayor número de demandas que ingresan en materia de transporte aéreo, problemática que sufren todos los Juzgados Mercantiles de España, ya de por sí colapsados. Las cifras ilustran bien este panorama. Así, el número anual de demandas que se registraron en Barcelona, a repartir entre los 11 Juzgados Mercantiles fueron:

• en 2017 se registraron 3.146 demandas

• en 2018, fueron 15.093 demandas

• en 2019 fueron 24.755 demandas

En cuanto a las costas procesales, por Acuerdo del Tribunal Mercantil Bcn de 26-octubre-2018 se acordó que, dado que la cuantía de estos procedimientos determina, en la mayoría de los casos, la falta de obligación de comparecer con Abogado y Procurador (art. 23 LEC), sólo se apreciará temeridad cuando concurran circunstancias extraordinarias que la justifiquen (como sería el caso de que la compañía hubiera sido condenada previamente en relación al mismo vuelo). En caso de allanamiento, si se acredita la existencia de un requerimiento previo, se considera que ello sería suficiente para la imposición de las costas.