Читать книгу Patrimonios, espacios y territorios - Natalie Rodríguez Echeverry - Страница 12

El comienzo del siglo XX representa para Colombia un momento de cambio, sustentado en una forma de gobierno bajo las directrices del progreso y la modernización. El mandato del general Rafael Reyes (periodo comprendido entre los años 1904 y 1909), según lo explica Carlos Niño (1991), se emprende “bajo los espectros de la separación de Panamá y el recuerdo dantesco de la guerra de los Mil Días”, hechos desde los cuales se acrecienta “el deseo de unión e integración del país, como única manera de evitar nuevas desmembraciones”, así como la toma de acciones ante “la ruina económica y la devastación de la guerra” (37). Siguiendo a Niño (1991), “finalmente se daba el consenso en los sectores dominantes respecto a la unificación estatal y al desarrollo capitalista y se hacía posible concretar la ficción unificadora de la Regeneración” (37), proyecto desde el cual se persigue la “reestructuración del estado y de su economía” (37), y el cual fue encarnado por el Gobierno de Reyes. Según lo explican Castro-Gómez y Restrepo (2008):

En Colombia, el periodo comprendido desde la pérdida de Panamá hasta el inicio de la República liberal significó el ingreso del país en la fase industrial del sistema mundo moderno/colonial. Durante la segunda mitad del siglo XIX Colombia no había logrado insertarse en la dinámica del capitalismo industrial debido, sobre todo, a que las relaciones sociales de producción (económica y de subjetividades) heredadas de la colonia continuaban siendo hegemónicas. Queremos decir con esto que hasta la primera década del siglo XX, la vinculación de Colombia en la modernidad había sido estrictamente “colonial”, limitándose a servir como despensa para la industrialización de los países centrales, pero sin que la “lógica cultural” del capitalismo industrial (con sus tecnologías corpo-políticas, bio-políticas y noo-políticas de poder) hubiese tenido incidencia en un cambio apreciable de las relaciones sociales en el país. (16)

De esta manera, se resignifica el comienzo de un siglo en términos de progreso tras la búsqueda de la renovación de la nación, esto es, la promesa deseable que encarna la modernidad; según lo explica Niño (1991), se perseguía una modernización entendida como

integración a la racionalidad capitalista y a los valores burgueses: el espíritu de empresa, el ahorro, el individualismo, el arribismo, la exaltación al trabajo y en general los valores propios de la “moral capitalista”, en oposición al pensamiento pastoril de la Colombia señorial. (37)

Un comienzo de siglo que, según Castro-Gómez (2009), representa la “construcción de un Estado moderno”, llamado a “gestionar los axiomas del capitalismo y a promover el movimiento de las poblaciones” (20).

Ante el panorama expuesto, desde el Gobierno nacional se evidenció que se requería para el territorio de la “integración regional”, una apuesta que perseguía principalmente el fomento de la industria a través de los mercados. Así es como, bajo esta perspectiva, la “reorganización administrativa” del país se constituye en un paso estratégico, en el cual la proyección de departamentos, intendencias y territorios misionales5 se establece como una maniobra que, más allá de una clasificación y catalogación, apoya y conduce a la tecnificación de los territorios.6 En efecto, toda una serie de acciones estratégicas se planearon, las cuales se extendieron de lo nacional a lo regional, proyectándose así, primordialmente, una infraestructura física que responda y posibilite dicha integración y conexión, así como “un mayor desarrollo económico, una estructura jurídica y administrativa integral, inversión extranjera y sobre todo paz” (Niño 1991, 37), entre otras prácticas para obtener el progreso.

En este orden de ideas, y en directa correspondencia con el próposito de trabajar por la “regeneración nacional”, en el Chocó se emprendió lo que podría denominarse proyecto progresista para la región. La estrategia de organizar el territorio nacional derivó en la denominación para el territorio chocoano como intendencia nacional, formación que, según lo explica González Escobar (2003), tiene como antecedentes que

desde 1886 hasta 1907, las provincias del San Juan y del Atrato habían estado sometidas a la égida de Popayán, pero el Gobierno de Rafael Reyes, mediante el Decreto 1347 del 5 de noviembre de 1906, determinó unir estas dos provincias, disgregadas del Estado del Cauca. (132)

De esta manera, se erigió la Intendencia Nacional del Chocó,7 una designación tras la cual se pretendía alcanzar tanto la integración regional, así como lograr la tecnificación del terriorio por medio de la materialización de proyectos, con miras al desarrollo e impulso de la infraestructura y el fomento industrial, principalmente.

Así, se pusieron en marcha una serie de estrategias que, con el propósito de conformar territorio, actuaron sobre este interviniéndolo físicamente, las cuales corresponden a formas de implementación de técnicas de intervención y ordenación, que en el Chocó se representan a través de proyectos como el de organización y conexión de la región con otras zonas del país. En este sentido, se dispone entonces tejer una red de infraestructura por medio del trazado de vías, como carreteras y líneas férreas, acompañados de caminos terrestres y navegables que se conforman en relación con un proyecto general de nación, acorde con los requerimientos de representar el progreso. Para Castro-Gómez (2005), “la acumulación de poder, riqueza y capital dependía en parte del conocimiento exacto que un Estado tuviera sobre las ciudades, selvas, montañas, ríos, flora, fauna y, por encima de todo, sobre la fuerza de trabajo disponible en territorios bajo su control” (239-40); un conocimiento desde lo externo que, en el caso del área chocoana, se traduce en términos de poseer la accesibilidad, con miras a posibilitar la reorganización, ordenación e intervención física del espacio para erigir territorio.

Para el año 1914, en el periódico ABC se consignó que “el Chocó llamado a reemplazar al departamento rebelde puede y debe ligarse al interior por líneas férreas que pongan la corriente mundial del pacífico en contacto inmediato con nuestros grandes centros industriales” (González Escobar 2003, 140); cuatro años más tarde, el llamado se hizo a proyectarse la construcción de vías de comunicación consideradas como “la base primordial del adelanto de esta tierra” (ABC 1918 n.° 418, 1), entre las cuales se destacan los ferrocarriles del Pacífico, Bahía Solano y Urabá y la carretera del Pacífico, junto con la red de caminos de la región. Dichas solicitudes se hallan en concordancia con lo enunciado en la nota de Ecos del Chocó anteriormente citada, que hace referencia al Gobierno del progresista General Reyes y su compromiso con su población y la región para

ayudarlos prácticamente para que renazca á nueva vida [por lo cual] emprenderá ó fomentará la apertura de las vías de comunicación que necesitan para su redención y estimulará de manera formal y positiva las industrias aurífera y agrícola, que son los principales elementos de vida con que cuenta esta nueva entidad. (1907 n.° 1, 3. Las cursivas no pertenecen al original)

Obras físicas como señales y materialización del progreso —en este caso específico, de urbanismo regional—, las cuales, como explica Castro-Gómez (2009), se constituyen en contribuciones urbanas cuya meta rebasa “construir ‘cosas’ en un medio ambiente ya preestablecido”, sino que pretende “construir ese medio ambiente” (16); intervenciones físicas que, como parte del proyecto progresista en el Chocó, persiguen testimoniar su adelanto, así como interpelar a los grupos humanos haciéndoles sentir8 en camino y como parte de este.

En correspondencia con lo expuesto, y en lo que atañe para entonces a la actividad económica en la región, esta se enmarca principalmente en la producción agrícola y minera. Una agricultura que destaca productos como la tagua, el caucho, la ipecacuana, entre otros, y una extracción minera9 concentrada principalmente en el platino y el oro, en la época codiciados minerales de extracción tanto en minas como en ríos; en consecuencia, para obtener estos últimos es necesario irrumpir en el espacio físico, por medio de dragas y vapores, exprimiéndolo y desgarrándolo. Para 1907, en el periódico Ecos del Chocó se afirma que “Ha faltado la iniciativa particular y los gobiernos jamás se han preocupado de las exploraciones, ni del fomento de empresas que cimentarían por si solas la prosperidad nacional” (1907 n.° 4, 3) y que regiones como el “Chocó y barbacoas que son las principales platiníferas de Colombia permanecen casi tan incognitas como en los tiempos coloniales” (4). Estas afirmaciones encuentran eco en enunciados desde los cuales se manifiesta la necesidad de inyectar a esta empresa extractiva “un impulso poderoso” (Ecos del Choco 1907 n.° 5, 17), así como una mayor intervención del Gobierno para el estudio y la detección de yacimientos, con el fin de organizar su explotación sistemática, es decir, “tanto para el descubrimiento de las vetas como para la explotación de los aluviones platiníferos” (3-4), principalmente.

Además, se registran aproximaciones que relacionan esta actividad con el beneficio económico para el Chocó, enunciados que aseguran que “el desarrollo de la minería trae consigo el ensanche de la agricultura y el comercio, y crea un bienestar general, pues el dinero que gastan las compañías mineras anualmente en su industria se queda distribuido en las regiones donde establecen los trabajos” (ABC 1924 n.° 884, 2). Discursos bajo los cuales se legitiman las prácticas y actividades de exploración y explotación de los territorios, las cuales, a su vez, se asumen como mecanismos por medio de los que se prospera y se representa a la población como si formara parte del proyecto progresista; acciones de explotación mediante la validación de prácticas económicas, en directa correlación con la legitimación del discurso de lo moderno.

Contrarias a estas posiciones, se plantearon protestas que evidencian desacuerdos y, por tanto, tensiones frente a lo que se organiza y distribuye, y desde las cuales se afirma que esta actividad no representa un adelanto con miras al progreso; por el contrario, la califican como “un desastre nacional irremediable”. Algunos de estos reparos, como el expresado desde el periódico Napipi —en 1911—, desde el cual se manifiesta que la “negociación de las ricas minas de Condoto, es más bien un desastre nacional irremediable”, al argumentar que la “venta es provechosa para unos afortunados, que han visto realizadas sus modestas aspiraciones”, y no tanto para otros habitantes. Estas son manifestaciones de resistencia ante las nuevas relaciones de fuerza que se imponen, conformado el territorio bajo la óptica de la experticia; imposiciones que emergen bajo el dominio de las empresas extranjeras, como la Anglo-Colombia Development, la Compañía Minera Chocó Pacífico, la British Platinum Gold Corporation, y la Neguá Company. Este emporio económico desplaza, reduce e invalida la producción local, la cual debe eliminarse o anularse si se quiere formar parte del progreso, convirtiéndola para algunos sectores en una actividad “artesanal”, descalificada y tildada como rudimentaria; por lo tanto, prácticas y saberes locales tachados de inferiores. Retomando lo expuesto desde el Napipi,

Colombia, la infortunada Colombia, pierde por un plato de lentejas, o por un puñado de oro, su más rica presea. La provincia más rica y floreciente del Chocó, verá, dentro de poco, extinguido su comercio, pues la venta de terrenos platiníferos a una compañía extranjera, suprime de hecho la extracción y venta del metal blanco; y suprimida la fuente de vida de un extenso territorio, ¿qué les queda a sus moradores? (González Escobar 2003, 139)

Sectores locales que se resisten a la intervención extractiva así como a la irrupción extranjera sobre los territorios chocoanos, un proyecto con miras al fomento económico que, además de repercutir en lo físico y comercial, impacta también en otros ámbitos como lo físico-natural, lo social y lo cultural. Técnicas de intervención en el sentido de explotación, es decir, interrupción en el territorio en tanto acciones con miras al sometimiento del entorno natural y al control económico de la región so pretexto de y como parte del discurso y del proyecto externo que evoca el progreso. Estas legitimaciones de las relaciones de fuerza por parte del Estado se evidencian en otras formas de organización espacial, así como en las afectaciones de las territorialidades locales, a través de la transferencia y el dominio de la tierra a manos de particulares. Instituciones representadas en la figura de la empresa extranjera que, de acuerdo con Puerta y Dover (2008):

En su capacidad de dominación de la naturaleza lo puede todo, pero siempre y cuando el Estado la legitime imponiendo una figura jurídica a sus actividades, impugnando así los reclamos de otros actores, cuyos paradigmas territoriales son distintos y sin fundamento legal más allá de “usos y costumbres”. (43)

Un progreso a través del cual se incentivan acciones sobre el espacio físico y que tiene efectos de invisibilización, así como de negación de lo local, es decir, de las dinámicas, prácticas y saberes de sus pobladores.

Frente a lo expuesto, se reflexiona que las relaciones de poder practicadas por el Estado por medio de la implementación del proyecto progresista para la región chocoana se ejercen mediante formas de control que se evidencian en las estrategias de toma del territorio. Procesos de apoderamiento y dominio a partir de su inspección, conocimiento e intervención. En este sentido, para que Quibdó pudiera hacerse partícipe del proyecto nacional moderno requería del cambio, es decir, dejar atrás cualquier rastro de atraso que lo contrapusiera al progreso: era necesario superar el atraso material, moral e intelectual, el cual se construye y establece desde las ópticas externas y expertas, referente tanto a sus pobladores como a sus poblaciones, para lo cual se requiere de grupos “aptos” e “idóneos”, capaces de llevar acabo dicha empresa.