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La dictadura del general Miguel Primo de Rivera no solo fue un paréntesis en la vida constitucional de España, sino que tuvo un papel decisivo en el futuro político de nuestro país pues dejó un legado que repercutió en acontecimientos políticos posteriores, con la caída de la monarquía de Alfonso XIII y la implantación de la Segunda República. Igualmente, causó efecto en el papel político cada vez más relevante del socialismo dentro de la nación.

Las graves dificultades coyunturales por las que atravesaba España en 1923 eran premonitorias del pronunciamiento militar. El caso español no fue una excepción en la Europa de su tiempo, en la que se desarrollaron diversos sistemas dictatoriales —Mussolini en Italia, Gómez da Costa en Portugal, Pilsudski en Polonia, Venizelos en Grecia— considerados como regímenes políticos temporales, excepcionales, que venían a resolver situaciones de crisis agudas. El Dictador era investido de autoridad y facultades extraordinarias de actuación, no existiendo control a las determinaciones que adoptara; la fuerza se imponía a la legalidad en pro de alcanzar los objetivos previstos.

El político catalán Francisco Cambó, analizando los motivos de la aparición de los sistemas dictatoriales en Europa, señaló distintos factores. En su opinión, se habían originado en algunos países fuertes para incrementar su crecimiento y fortaleza; y en otros pueblos con mayores problemáticas y debilidades, como síntoma de su impotencia, para tratar de remediar situaciones complejas. Cambó subrayó la aceptación y simpatía de los europeos hacia este sistema de gobierno. Respecto a España, consideró que el advenimiento de la Dictadura fue principalmente por el mal funcionamiento del sistema parlamentario y la crisis de los distintos gobiernos liberales. Y, sobre todo, porque a la idea de democracia-derecho no la acompañaba la idea de democracia-deber; al igual que el materialismo que llevaba intrínseco la crisis de los valores éticos.1

El régimen de Primo de Rivera se implantó en nuestro país porque no se había realizado una paulatina reforma estructural en las instituciones del Estado, herederas del sistema canovista de finales del siglo XIX. Se continuó con la manipulación en los procesos electorales mediante el caciquismo que permitía asegurar el resultado de las elecciones a propuesta del Ministerio de Gobernación. Este mecanismo ocasionó gran debilidad en el Poder Ejecutivo, que unas veces no supo, y otras no pudo, por el escaso tiempo que la fuerza política permanecía en el gobierno, dar solución a las distintas cuestiones latentes del país. La tradición liberal se estancó, fue incapaz de integrar a nuevas fuerzas políticas emergentes y de realizar reformas sociales y económicas adecuadas. La descomposición interna de los partidos dinásticos fue otro factor de inestabilidad, pues se encontraban divididos en fracciones personalistas enfrentadas entre sí. Asimismo, las nuevas expectativas de las masas campesinas, que se mostraron defraudadas ante la falta de reformas estructurales en el sector agrario, la insuficiente industrialización, los conflictos derivados del nacionalismo, y, sobre todo, el papel tan destacado que había alcanzado el Ejército en la política española al intervenir en asuntos que no pertenecían a su competencia. Todos estos factores fueron decisivos para la implantación del régimen autoritario; así, la inquietante situación por la que atravesaba España se intentó paliar mediante la intervención militar, con el beneplácito del monarca Alfonso XIII.

Causas del pronunciamiento militar

El pronunciamiento militar del 13 de septiembre de 1923 fue recibido por la mayoría de la población española de un modo favorable, pues venía a eliminar la insostenible situación de la vieja política de la Restauración llena de corrupción, caciquismo y otras arbitrariedades que polarizaban el panorama nacional. La crisis del sistema era evidente, la degradación de los partidos políticos se manifestó palpable y el fracaso de los distintos gobiernos fue una realidad. El liberalismo desarrollado hasta el momento había sido más teórico que real, el poder militar tenía cada vez más fuerza en detrimento del poder civil. Esta circunstancia se produjo porque la legitimidad estaba vinculada a la monarquía y no a la soberanía popular, la cual, al no ser sólida, habilitó al Ejército para intervenir bajo el apoyo de la Corona. Políticos de aquella etapa, como Manuel Azaña o el conde de Romanones, manifestaron la gran preponderancia que poseían los militares en la vida política española y la escasa autoridad del poder civil, pues quienes dirigían España eran Alfonso XIII y los militares.

Se puede afirmar que el sistema político estaba colapsado y que la alternativa más inminente fue el establecimiento del régimen autoritario. Aunque algunos historiadores, como el inglés Raymond Carr o el israelí Shlomo Ben Ami, sostienen que el último gobierno liberal, constituido en diciembre de 1922 y liderado por Manuel García Prieto y Santiago Alba, revitalizó la democracia con una coalición de centro-izquierda que pretendió establecer un programa amplio: alcanzar una reforma electoral favorable a la representación proporcional, aprobar normativas que facilitaran la reforma agraria, gravar con impuestos extraordinarios los beneficios de la guerra de Marruecos o juzgar las responsabilidades políticas y militares por el desastre de Annual.2 Sin embargo, la mayor parte de la historiografía —tanto de aquella etapa como posterior— señala que el sistema de la Restauración era inviable. El economista Juan Velarde consideró que los políticos dinásticos en ejercicio sus cargos no habían realizado acciones para solucionar los graves problemas económicos y sociales existentes en España, alegando que cuando la situación llegó a ser insostenible, se pensó entonces en un sistema dictatorial.3 Francisco Cambó estimó que el Dictador había arrebatado los derechos al pueblo español, pero subrayó que el sistema político del «turnismo de poder» se encontraba en grave decadencia: «No ha hecho más que arrancar plantas sin vida, instituciones que solo eran una sombra o un sarcasmo».

Igual opinión tienen los historiadores contemporáneos José Luis Gómez Navarro o María Teresa González. Ambos señalan que no existía entre los partidos políticos de la Restauración una clara intención democratizadora; consideran que las fuerzas que desearon reformar las estructuras del Estado no pudieron actuar debido al sistema caciquil imperante que dificultaba cualquier propósito; la solución dictatorial estaba en el ambiente nacional.4

En definitiva, no hubo un proceso democratizador factible identificado con fuerzas políticas y sociales con voluntad y capacidad para ser llevado a buen término. A los políticos monárquicos les faltó intención, rectitud y espíritu de cooperación, y se hallaron sometidos al variable criterio del monarca. El resto de los partidos, el Republicano y el Socialista, apenas habían intervenido en la política nacional, no poseían suficiente fuerza ni experiencia para renovar y regenerar el sistema parlamentario. La realidad del momento mostró que el pronunciamiento militar no cercenó una democracia porque esta verdaderamente no existía, las elecciones eran del todo irregulares con fraude sistemático del procedimiento electoral, y el devenir de los acontecimientos políticos y sociales así lo constató. La indudable situación del sistema de la Restauración fue descrita en toda su crudeza por el socialista Luis Araquistáin al expresar:

El rey los llamaba y el rey los despedía a capricho, para darles o quitarles el Poder, para darles o quitarles el Parlamento, un Parlamento que se formaba desde el ministerio de la Gobernación. En España, el Poder no ascendía, de abajo arriba, del pueblo al Parlamento, y del Parlamento al Gobierno o al jefe de Estado, como en una genuina democracia. En España, el Poder lo otorgaba el rey a su primer ministro, éste a su ministro de la Gobernación —el gran fabricante electoral— y éste a los caciques locales, encargados de hacer triunfar a los candidatos del Gobierno por todos los medios: por el fraude, por la corrupción, por la violencia si era preciso. España era una autocracia disimulada por la ficción de un régimen constitucional sin realidad alguna.5

Primo de Rivera, en su manifiesto a la nación, declaró que el pronunciamiento militar llegaba para solventar las graves dificultades políticas, sociales, económicas y militares existentes en España. Su gobierno eliminaría el sistema caciquil y establecería el orden público tan deseado por la sociedad española; proponiendo también distintos proyectos y reformas en la administración del Estado. Para la alta burguesía, clases medias y el Ejército, la Dictadura representó el remedio para tratar los problemas que tenía el país.

Sin duda, las causas del pronunciamiento militar fueron complejas y diversas; imperaba una grave crisis política como consecuencia de la escasa capacidad del sistema de la Restauración de realizar una política efectiva. Los sucesivos desgastes de los gobiernos, treinta y dos en los veintitrés primeros años del siglo XX, ponían de manifiesto la ineficacia del Poder Ejecutivo. Los partidos del «turnismo» estaban estancados, existía la división de los conservadores —entre mauristas y datistas— y se daba la ruptura del Partido Liberal entre los seguidores de Romanones y los de García Prieto. Esto ocasionaba que los grupos políticos careciesen de unidad y de fuerza para gobernar, dando lugar a las sucesivas crisis de gabinete, en parte creadas por el Rey, lo que se conocía en la época como borbonear, lo que producía un sentimiento muy negativo y el descontento en los distintos sectores sociales.

Otro agudo problema, la guerra de Marruecos y el tema de las responsabilidades políticas, había enfrentado al poder civil y al poder militar y se convirtió en el mayor conflicto planteado a la monarquía. El Rey fomentó el expansionismo territorial en aquella zona y se emprendió una agresiva política por el control de la misma con escasa planificación, ocasionando un fuerte y sangriento enfrentamiento entre los rifereños y el ejército español, con graves pérdidas de vidas en el desastre Annual, generando gran repulsa social. El expediente Picasso señalaba las personas implicadas; entre ellas se incluía a Alfonso XIII, militares y al Ejecutivo. El gobierno liberal de García Prieto, en la sesión de las Cortes celebrada el 11 de julio de 1923, creó una nueva comisión —la primera la formó el gobierno conservador de Sánchez Guerra— para examinar el informe del general Picasso, que contenía a los implicados del desastre marroquí, para que rindiesen cuentas públicamente. Esto tendría lugar tras el periodo vacacional, pero al producirse el pronunciamiento militar, disolverse el Parlamento y sus comisiones, no se pudo actuar y se dio carpetazo al asunto.

Al grave estancamiento político se le une un gran malestar social, pues existía un angustioso problema de orden público: terrorismo, huelgas, pistolerismo por parte del anarquismo. Para contrarrestarlo, optaron por la misma estrategia los Sindicatos Libres y patronos, junto al Estado. Esta situación ocasionó un profundo desorden que se traducía en importantes pérdidas económicas. Tales eran las circunstancias del momento, que en diversas sesiones del Congreso de los Diputados se trató el tema y se propusieron nuevas sanciones para la tenencia y uso de armas por el grave problema social existente en Barcelona. Por este motivo, sectores de la burguesía catalana solicitaron una política fuerte que acabase con el caos imperante en España.

Como consecuencia del desorden social, se produjo alarma económica agravada por la presión fiscal que ejerció el Estado sobre los contribuyentes por el déficit arrastrado en los presupuestos generales para la financiación de la guerra de Marruecos. Al mismo tiempo, la burguesía catalana solicitaba aranceles proteccionistas para salvaguardar su industria. El auge de los nacionalismos catalán y vasco contribuyó también a la gestación del pronunciamiento militar, porque eran considerados como una amenaza para el sistema.

Todas estas circunstancias, unidas al creciente intervencionismo de los militares en la política nacional, quienes en los momentos de crisis acudían a solucionar las situaciones difíciles, ordenados por el Rey, fortificaron el Ejército, el cual se encontraba en óptima disposición para irrumpir en la gobernación del Estado, controlando el sistema político junto a la Corona.

Legitimación del golpe

El pronunciamiento militar desarrollado por el capitán general de Cataluña Primo de Rivera contó con la comprensión de Alfonso XIII, a quien le correspondió la decisión de legitimar el golpe.6 El Rey pudo reconducir la situación hacia la legalidad constitucional, pero no lo hizo, y optó por sancionar el Directorio Militar nombrando a Primo de Rivera como su presidente. El propio monarca, cuando estaba en el exilio, manifestó a Cortes Cavanillas que la sublevación militar no le extrañó debido a las difíciles circunstancias por las que atravesaba España. La declaración siguiente constata la conformidad del Rey con el cambio de régimen:

Yo acepté la Dictadura Militar porque España y el Ejército la quisieron para acabar con la anarquía, con el desenfreno parlamentario y la debilidad de los hombres políticos. La acepté como Italia tuvo que acogerse al fascismo porque el comunismo era su inmediata amenaza. Y porque había que emplear una terapéutica enérgica sobre los tumores malignos que padecíamos en la Península y en África.7

Políticos de aquella etapa manifestaron su rechazo a la actuación de Alfonso XIII. Por ejemplo, Gabriel y Miguel Maura culparon al Rey del pronunciamiento militar, y en sus Memorias, Niceto Alcalá-Zamora igualmente acusó al monarca de la implantación de la Dictadura pues le manifestó, en los primeros meses de 1923, que los generales Leopoldo Saro y Antonio Dabán, promotores —entre otros— del pronunciamiento militar, no hubieran realizado ningún acto de insumisión sin su consentimiento.8 Manuel Azaña también criticó con dureza la postura del Rey, subrayando que debía haber sido el máximo interesado en proteger las instituciones del Estado, haciéndole responsable del cambio de régimen político.

Asimismo, el Partido Socialista acusó a Alfonso XIII de haber propiciado el establecimiento de la Dictadura para esquivar las consecuencias del expediente Picasso dado que el pronunciamiento militar evitó que se trataran las responsabilidades políticas contraídas por el desastre marroquí. Sería la minoría socialista en el Congreso de los Diputados, en julio de 1923, quienes manifestaron su intención de plantear dicho asunto en el debate parlamentario por la trascendencia política que concedían al mismo. Andrés Saborit, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro e Indalecio Prieto exigieron que se esclarecieran todos los hechos relativos a las responsabilidades.9 Prieto señaló que ya anteriormente se había buscado una salida política de carácter dictatorial para evitar las responsabilidades por el conflicto del Rif. Para ello, se llamó a Antonio Maura para ofrecerle la dictadura civil que rechazó. Al preguntar las razones de tal propuesta, le respondieron que se estaba formando la Comisión de Responsabilidades, que era una bomba de dinamita colocada debajo del trono10. Indalecio Prieto aludió también a un texto publicado en el periódico La Nación, órgano de la Dictadura, el cual recogía que la disolución del último Parlamento evitó la Comisión llamada de «Responsabilidades», que iba a comprometer al mando militar en todos sus escalafones, y al monarca.11

Es evidente la implicación real en los hechos, pues es difícil imaginar que el Ejército realizase una sublevación militar que no hubiera sido aprobada por Alfonso XIII; sobre todo teniendo en cuenta que los conspiradores mantenían buenas relaciones con el Rey. Además, en sus declaraciones públicas, como la realizada en el Círculo de la Amistad de Córdoba, en 1921, ya se mostraba claramente partidario de actuar al margen del sistema parlamentario, durante el tiempo necesario que permitiese dar solución a la compleja situación de España. En consecuencia, Alfonso XIII conocía los preparativos de la sublevación militar, fue responsable de su triunfo y de la naturaleza del régimen autoritario implantado, sancionándolo y rompiendo con la Constitución de 1876.

La estructura dictatorial

La dictadura de Miguel Primo de Rivera transformó la situación de España respecto del régimen de la Restauración. Un real decreto sancionó la nueva legalidad: el 16 de septiembre de 1923, el marqués de Estella juró su cargo ante el Rey como jefe de Gobierno, actuando el conde de López Muñoz —ministro dimitido de Gracia y Justicia— como notario mayor del reino. Se constituyó un Directorio Militar integrado por un general de brigada por cada una de las regiones militares, y un contralmirante de Marina. El Dictador manifestó que sería «un breve paréntesis» en la marcha constitucional, que quería «regenerar España» eliminando la vieja política caciquil. El intervencionismo del Estado se desarrolló en todos los sectores de la sociedad. Primo de Rivera daría las instrucciones oportunas a los jefes de los diferentes ministerios con el propósito de alcanzar una renovación en el sector público.

En los primeros años, se estableció un gobierno de militares presidido por Miguel Primo de Rivera que concentró todos los poderes y fue responsable de la gobernación del país bajo los principios de «autoridad, orden y eficacia», cuyo ideario sería militarista con regeneracionismo costista y maurista, y postulados del catolicismo social. Los militares ocuparon y controlaron los cargos decisivos en todos los niveles de la Administración. Serían los encargados de regenerar la sociedad mediante el dominio de todos los sectores: político, económico, social, de instrucción pública o de la producción. Los ideólogos más destacados del régimen fueron José María Pemán, José Pemartín y Ramiro de Maeztu, quienes a través de sus escritos difundieron los principios fundamentales del conservadurismo español: patria, unidad nacional, monarquía y la religión como valores inalterables. La política iniciada se basó fundamentalmente en un ataque al liberalismo parlamentario, en la defensa de una representación corporativa de la sociedad y en el intento de movilización de la ciudadanía por parte de los dirigentes políticos.

Para garantizar la seguridad, se constituyó el somatén nacional, especie de milicia vecinal que sirvió de ayuda a las fuerzas del orden, actuando de modo paramilitar y dirigidas por el Ejército. Su estructura orgánica se adecuó a las regiones militares. En la jefatura, un general de brigada poseía una marcada tendencia política, siguiendo el ejemplo del somatén existente en Cataluña. El Ejército estuvo al frente del Gobierno y en los cargos decisivos de la Administración local.

Martínez Anido, asesor del Dictador y ministro de Gobernación, con capacidad de decisión autónoma, eliminó el anarquismo y toda fuerza revolucionaria mediante la encarcelación de sus militantes. Dirigió a los gobernadores militares y a los delegados gubernamentales —designados estos últimos entre los oficiales del Ejército, y encargados de inspeccionar las diputaciones y los ayuntamientos— con la misión de entablar una lucha anticaciquil, regenerar la vida pública e impulsar una política renovadora, al igual que atraer nuevos adeptos al Régimen. Otros ministros destacados del Gobierno fueron: Calvo Sotelo y Eduardo Aunós, que, aunque dependieron del Dictador, tuvieron cierta independencia decisoria. En el escalón inferior y nombrados por Primo de Rivera y Martínez Anido, se encontraban los gobernadores civiles que dirigieron y fiscalizaron la política provincial y desempeñando un papel fundamental, pues mediante ellos el Gobierno controló la Administración provincial y local. Ambos eran núcleos decisivos del poder.

Lo más relevante en este periodo fue la solución del orden público y la reforma administrativa con la elaboración del Estatuto Municipal, por parte de Calvo Sotelo, en marzo de 1924. Su función primordial fue reformar la Administración local para regenerar y lograr autonomía municipal, de manera que pudieran llevarse a cabo cuestiones sociales como, por ejemplo, otorgar créditos para servicios públicos. Se proponía una democratización de los ayuntamientos. Igualmente se creó, el 21 de marzo de 1925, el Estatuto Provincial, establecido para pugnar contra los nacionalismos, considerando los municipios como la única división territorial natural. Estos, a su vez, podían agruparse para constituir provincias, y estas, comarcas, hasta llegar a la mancomunidad, la cual no poseería, en ningún caso, entidad autónoma propia. Estos dos estatutos no tuvieron vigencia, ya que Primo de Rivera no se atrevió a convocar elecciones por no disponer de una organización política afín lo suficientemente desarrollada para poder ganarlas. A pesar de los cambios realizados, no se alcanzó una verdadera reforma en la Administración local o provincial por existir actuaciones clientelares. Además, el Poder Judicial no controló los actos ilícitos del Gobierno y quedó sometido a las decisiones de Primo de Rivera. La Junta Inspectora del Personal Judicial tuvo la función de fiscalizar la labor realizada por la Judicatura, pero no fue efectiva, pues siguió existiendo abuso de autoridad. Se sometió el Poder Judicial al Ejecutivo, porque al Gobierno le estaba permitido jurídicamente cualquier propósito.

La victoria militar de Alhucemas y el fin de la guerra de Marruecos otorgó un gran prestigio a Primo de Rivera, ya que el conflicto venía desarrollándose desde principios del siglo XX, con duros enfrentamientos en esa zona ocasionados por el levantamiento de las tribus del Rif contra el protectorado español y el francés. La unión militar de ambos países y su acción conjunta, planificando el desembarco en Alhucemas, acabó con la resistencia de las cabilas; su líder, Abd el-Krim, se sometió al protectorado. Este éxito propició que Primo de Rivera, a partir de diciembre de 1925, sustituyera el Directorio Militar por un gobierno civil.

El Directorio Civil estaba formado principalmente por tecnócratas. Los más destacados: José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, dirigiendo la reforma financiera y la planificación de la economía española; Eduardo Aunós, encargado de la política social; y el conde de Guadalhorce, de obras públicas. El Gobierno trató de establecer una renovación política en relación con sectores económicos y sociales, se produjo un fuerte crecimiento por la actuación intervencionista del Régimen en obras públicas hidráulicas, carreteras, ferrocarriles… Igualmente, se desarrollaron medidas sociales que reglamentaban la vida laboral en beneficio de las clases más desfavorecidas. Asimismo, se dotó de una estructura institucional al Estado, constituyéndose el Partido la Unión Patriótica, la Organización Corporativa del Trabajo, la Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de Constitución.

Para alcanzar los objetivos previstos, era necesaria una organización política estable. Desde el principio de la Dictadura se fue estructurando una fuerza que impulsara el regeneracionismo en los distintos estratos de las instituciones. Fue en abril de 1924 cuando Primo de Rivera comunicó la creación de la Unión Patriótica, ampliándose en años posteriores con campañas dirigidas a la integración de afiliados. La UP se convirtió en el instrumento de propaganda del sistema autoritario. En julio de 1926, se dotó a la Unión Patriótica de una estructura nacional, reafirmando a Primo de Rivera como máximo dirigente. El partido del Régimen, integrado principalmente por la derecha católica, antiguos mauristas y todos aquellos que no habían podido alcanzar hasta entonces el poder, de marcada tendencia españolista y antirrevolucionaria, tuvo como objetivo constituir un gran grupo de derechas que sirviera como instrumento de movilización de las masas y para apoyar al Dictador en unas futuras elecciones. Este partido se extinguió con la caída de la Administración autoritaria.

Otro organismo constituido por Primo de Rivera —ampliamente analizado en los capítulos siguientes— fue la Organización Corporativa del Trabajo, que se creó en noviembre de 1926 para salvaguardar las relaciones laborales entre la clase patronal y la clase obrera. El Estado se convirtió en mediador entre los dos sectores de la producción española y así se garantizaba la paz social tan necesaria para el buen desarrollo económico. En 1927, Primo de Rivera constituyó la Asamblea Nacional Consultiva, cuya función principal fue crear un proyecto de Constitución y asesorar al Gobierno en diferentes asuntos jurídicos, sociales y económicos y, aunque las resoluciones no eran vinculantes, se estableció un Parlamento Corporativo. De igual modo, el Dictador materializó el proyecto de Constitución en 1929, realizado por la Sección Primera de la Asamblea, que impuso la posición del grupo maurista, pero no gustó a ningún sector político, ni a Primo de Rivera, por conceder amplios poderes al Consejo del Reino y, sobre todo, al Rey, en detrimento del Gobierno. También suscitó críticas y rechazo de los conservadores, liberales, socialistas y republicanos, lo que produjo el estancamiento de la institucionalización del Régimen.

En definitiva, el sistema dictatorial se puede calificar de ambivalente. Por un lado, suspendió los partidos políticos —pues Primo de Rivera consideró que debían apartarse del poder hasta que su gobierno regenerase la administración del Estado—, se estableció censura de prensa, se clausuraron el Congreso y el Senado12 disolviendo las comisiones permanentes de las cámaras y cesando las funciones de ambos presidentes, y se suspendieron las libertades públicas y privadas prohibiéndose cualquier tipo manifestación. Estos hechos fueron la cara negativa de la Dictadura. La positiva: el progreso en los distintos sectores de la vida nacional por la reforma de la Administración del Estado, la solución del problema del orden público y del conflicto bélico en Marruecos, y el incentivo del sistema educativo y la cultura. Asimismo, propició un notable crecimiento económico con la diversificación de la industria, impulsando los servicios públicos —agua, electricidad— y modernizando las infraestructuras —carreteras, ferrocarriles, puertos—. En consecuencia, se alcanzó el ascenso social y económico de la población española.

1. Francisco Cambó, Las dictaduras, Madrid Espasa-Calpe, 1929, p. 56-70.

2. Shlomo Ben Ami, La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): Barcelona. Planeta. 1984, p. 25.

3. Juan Velarde Fuertes, Política económica de la Dictadura. Madrid. Guadiana. 1968, p. 16.

4. 4María Teresa González Calbet, La dictadura Miguel Primo de Rivera. El Directorio Militar. Madrid, El Arquero. 1987, p. 275.

5. Luis Araquistaín, El ocaso de un régimen. Madrid. Galo Sáez, 1930, p. 218-219.

6. Al día siguiente del pronunciamiento, 14-9-1923, manifestaba el diario El Sol en su editorial: «El Gobierno de los políticos y el Directorio inspector militar que representa el movimiento iniciado en Barcelona, esperan, constituidos ambos en reunión permanente, la llegada del Monarca, a quien se le ha reservado, con toda galantería, la ardua misión y la seria responsabilidad de decidir. No es difícil adivinar el sentido de la urgente decisión. De un lado está un gobierno que, con sus últimas rectificaciones, ha agotado los restos del largo crédito que el país le concediera (...), de la otra parte, un ejército estrechamente unido, fervientemente monárquico, que dispone de la fuerza y cuenta con un buen caudal, si no de plena adhesión, de simpatía pública. El dado lanzado al aire ya está en el suelo, y no hay más que leer en su cara».

7. Cortes Cavanillas, Confesiones y muerte de Alfonso XIII, Madrid, Colección ABC, p. 69.

8. Niceto Alcalá Zamora, Memorias. Barcelona, Planeta, 1977, p. 95.

9. Diario de Sesiones del Congreso, Legislatura 1923, nº 11, pp. 269 y 366-367; nº 24, pp. 778-804 y nº 37, p. 1328.

10. Este ofrecimiento a Maura de presidir una dictadura civil aparece reflejado en la sesión de la Asamblea Nacional celebrada el 23-11-1927, en la cual el asambleísta y catedrático Pérez Bueno, en su intervención en la cámara, declara: «Se llamó a Antonio Maura a que se lanzase a pedir poderes de excepción y gobernase con una dictadura, y tuve con él entrevistas varias… Y aquel hombre insigne… me dijo que no sería nunca dictador ni quería serlo, porque miraba los problemas del Gobierno bajo el aspecto de la eternidad y, que, reconociendo que la dictadura pudiera ser justa y conveniente en ciertas circunstancias, él no quería asumir nunca en su persona todos los poderes del Estado». Diario de Sesiones, le. 1927-28, nº 3, p. 46.

11. Actas del XII Congreso del Partido Socialista, 1928, p. 133.

12. El Rey firma el decreto de disolución de las Cortes. «A Propuesta del Directorio Militar y de acuerdo con dicho Directorio. Vengo a decretar lo siguiente: Articulo único. Se declara disuelto el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado. Dado en Palacio quince de septiembre de mil novecientos veintitrés. Alfonso El presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera Orbaneja». La Época, 17-9-1923.