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INTRODUCCIÓN

Los cambios de los sistemas sociales se han producido como resultado de la acción de las personas que descubrieron que la única manera de resguardar la libertad individual —y lograr el bienestar, el progreso y la justicia— es propugnando cambios en las instituciones que conforman el Estado, de manera que estén al servicio de todos por igual y permitan que todos participen en la toma de decisiones. Asegurándose de esta manera que la clase gobernante no sea la única beneficiaria y que excluya a los demás. En la mayoría de las veces, este cambio se ha dado como consecuencia de coyunturas críticas que han impulsado el accionar de las personas. Como ejemplo mencionaremos los siguientes dos casos.

En 1348 la peste negra se extendía por toda Europa y arrasaba, aproximadamente, con la mitad de la población de las zonas afectadas, ocasionando una inmensa escasez de mano de obra, lo cual afectaba el orden feudal. Este sistema estaba basado en la propiedad de la tierra, que era de la corona y era otorgada a los señores feudales a cambio de su apoyo político y militar. Los señores feudales, a su vez, la entregaba en servidumbre (de donde viene la palabra siervo) a los campesinos, quienes tenían que trabajarla sin recibir remuneración. Estos siervos estaban sujetos a una gran cantidad de cargas y no podían abandonar la tierra sin el permiso de su señor. En Inglaterra y Europa Occidental, la escasez de mano de obra dio como resultado que los siervos reclamaran y obtengan más derechos liberándose de una gran cantidad de cargas.

En 1688 una disputa monárquica, con un trasfondo religioso, entre Jacobo II Estuardo y su yerno Guillermo Enrique de Orange, terminó con el derrocamiento de Jacobo II y la designación de Guillermo de Orange como Guillermo III de Inglaterra, Escocia e Irlanda. La denominada Revolución Gloriosa no hubiera pasado de ser nada más que un cambio de manos del poder si no hubiera resultado en la consolidación del poder político del parlamento, limitando el poder del rey y el ejecutivo, y en que se dispusieran normas que crearon un ambiente propicio para el desarrollo económico, protegiéndose firmemente el derecho de propiedad, incluyendo el de las ideas mediante patentes, prohibiéndose los monopolios concedidos por el Estado y, lo más importante, instaurándose un Estado de Derecho sin precedentes, bajo el principio que todos son iguales ante la ley. No es de extrañar que, en este ambiente propicio, varias décadas después, se iniciara en Inglaterra la Revolución Industrial.

El hecho de que exista un evento detonante no garantiza que el resultado sea la creación de instituciones inclusivas que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas. El resultado dependerá de otros factores, especialmente de la voluntad de enfrentar sin temor la destrucción de lo establecido que siempre causa el cambio. En el caso de la pérdida de mano de obra como resultado de la peste bubónica, mientras en Inglaterra y Europa Occidental los trabajadores conseguían más derechos, en Europa Oriental, en vez de resultar en mayores libertades para los siervos, estos terminaron siendo más oprimidos. Es así como, 150 años después de la peste, llegó a existir una gran brecha de desarrollo a favor de los países de Europa Occidental, donde se habían abrazado instituciones inclusivas que ayudaron el desarrollo económico creativo, frente a los países de Europa Oriental que continuaban siendo economías agrarias basadas en la servidumbre, y donde los gobiernos controlistas se habían opuesto tenazmente al cambio y al progreso.

Hoy, el Perú se enfrenta a una situación similar a la que en 1348 causara la peste negra. Aunque su efecto en la pérdida de vidas no sea igual, el efecto de la pandemia llamada COVID-19 en la economía y la libertad de las personas puede ser de igual magnitud. Lo que resulte de esta coyuntura dependerá en como los peruanos entiendan su libertad personal y quieran labrar su futuro, tanto como país y personas.

La herencia cultural de prácticas y sistemas ancestrales de explotación, reestructuradas en la colonia, ha servido para que en el Perú se consoliden instituciones opresivas, con el fin de permitir que la elite gobernante disfrute del poder y de privilegios autoasignados, que los pone por encima de los demás frente a ley. Situación que defienden mediante el uso de otras instituciones como el clientelismo, la dádiva, el soborno y de la justicia; esta última usada como un arma política. No es cambiando a las personas (gobierno) como esto se va a corregir, lo que se necesita es cambiar las instituciones por otras que respeten el Estado de Derecho y que estén al servicio de todos y no del gobierno de turno o de quienes se benefician de él.

Vale la pena detenerse aquí para reflexionar sobre la diferencia entre Estado y gobierno.

El Estado es el conjunto de instituciones —a) funcionales como el parlamento, el ejecutivo, las cortes de justicia, las regiones, las municipalidades, y b) normativas como la constitución, las leyes y los reglamentos— que la Nación (todos los peruanos) hemos creado con la finalidad de administrar los servicios públicos, cuidar la soberanía, instaurar un Estado de Derecho y gestionar las finanzas públicas, con el único fin de que todos los peruanos puedan lograr en libertad sus objetivos de bienestar, progreso y justicia.

El gobierno, por otro lado, está constituido por las personas elegidas por la Nación por un período determinado para ejercer el mandato de administrar las instituciones del Estado. Los miembros del gobierno no tienen, por consiguiente, la calidad de jefes de la Nación, son sus mandatarios y como tales responsables ante sus mandantes (todos los peruanos) del buen o mal resultado que tengan sus prácticas gerenciales y del buen o mal uso que den a los privilegios que se le ha otorgado.

Es importante entender claramente lo anterior, ya que todo sistema opresivo, como el que existe en el Perú, dedica un gran esfuerzo en inculcar la deificación del gobierno. Presentándolo como una entidad que está por encima del bien, del mal y de la ley. Un ente inaccesible, intocable, como un padre al que hay que obedecer ciegamente, que está dotado de infalibilidad y que por lo tanto no puede equivocarse.

No hay nada más lejano de la realidad. El gobierno está formado por seres humanos y por lo tanto falibles, que pueden corromperse por las tentaciones que se les ofrece en la forma de prebendas, beneficios, zalamerías; que como cualquier otra persona cultiva sus propios intereses e ideologías que pueden no estar en consonancia con los intereses de la Nación. Por lo que, más que nadie, deben estar sujetos al constante escrutinio de la Nación que los ha elegido.

La coyuntura causada por la pandemia, que ha afectado a gran parte de la economía, nos brinda la oportunidad de cambiar las instituciones que tanto daño han causado al Perú, al someter la libertad de las personas a la tiranía de los gobiernos de turno.

Cuando las instituciones creadas por una Nación son opresivas, poniendo trabas al accionar de las personas, solo aquellos enquistados en el sistema por clientelismo o corrupción se benefician. No es por eso extraño que, en el Perú, donde todos y para todo deben pedir permiso al Estado, la corrupción haya adquirido niveles tales que actualmente haya cinco gobiernos investigados por ese motivo. Esto no significa que antes no haya habido otros gobiernos corruptos, sino que siempre se ha encubierto la corrupción, porque en ella estaban involucrados no solo los gobiernos, sino muchos de los agentes económicos que se benefician del sistema. Lo que ha sucedido esta vez, no es que el Estado se haya vuelto moralista de la noche a la mañana, sino que como el escándalo Odebrech se destapó en otro país, el Estado se vio forzado a actuar, pero la acción de sus instituciones ha sido lenta, sesgada políticamente, inoportuna e ineficaz para cuidar los intereses nacionales. Para darse cuenta de esto, basta con reflexionar que la corrupción es un contrato entre dos: el «corruptor» y el «corrupto». El primero es siempre el que más se beneficia. ¿Qué sentido tendría para un corruptor pagar una coima al corrupto si no obtiene un beneficio mayor? Perseguir a los corruptos está bien, porque son funcionarios públicos que deberían haber cuidado el interés de todos y deben ser castigados. Pero el mayor perjuicio para el país lo constituye el sobrecosto que el corrupto permitió en beneficio del corruptor y, lamentablemente, la acción en este sentido, como siempre, hasta ahora ha sido nula, ¿Cuántos corruptores están en la cárcel?, ¿Cuánto se ha recuperado de lo que han robado?

En este libro tratamos de la libertad y del porqué es —juntamente con nuestra existencia— el bien más preciado que tenemos. Es nuestra responsabilidad como seres humanos defenderla y para ello debemos crear instituciones que tengan como principio rector la defensa de la libertad. Debemos oponernos con firmeza a todo acto usurpador que pretenda tratarnos como seres irresponsables que necesitan del tutelaje del Estado con la excusa de librarnos de la carga de la incertidumbre, o de protegernos de peligros que los demagogos se encargan de crear y propalar.

El himno del Perú comienza con la exclamación «¡Somos libres! ¡seámoslo siempre!» pero que solo se ha entendido como la celebración de la libertad del país a la sujeción a otra potencia. Nunca el peruano ha sido realmente libre, ya que las instituciones del Estado no han estado a su servicio, sino que han sido creadas con el fin de controlarlo, creando trabas para el quehacer individual que solo quienes tienen «conexiones» pueden sortear. Tampoco se ha instaurado un «Estado de Derecho» en el que la ley sea igual para todos, ya que esta no se ha aplicado ciegamente cuando se refiere a quienes detentan el poder. Si de verdad los peruanos queremos algún día ser libres, debemos comenzar con reconstruir las instituciones del Estado para que estén al servicio de todos y hoy tenemos la oportunidad de enfrentar esta tarea como parte de la reconstrucción que tenemos por delante.

Reflexiones de una persona libre para una sociedad libre

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