Читать книгу 9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos - Sayak Valencia - Страница 23

En los últimos quince años, la expansión de la megaminería metálica en el país ha sido un proceso incontenible. No se trata de un fenómeno aislado, sino que se inserta en un contexto estructural de transformación del capitalismo. El esquema de producción e intercambio capitalista heredado del fordismo, el keynesianismo y de la prevalencia de la acumulación mediante reproducción ampliada más que por acumulación por desposesión¹ terminó a finales de la década de 1970 (Harvey, 2004: 123-124). Dentro de este proceso, a una primera fase conducida por el Consenso de Washington la siguió la que Svampa (2012) denomina “consenso de los commodities”, la cual implicó una vuelta al extractivismo y a la reprimarización de la economía, sostenida por los altos precios internacionales de las materias primas y bienes de consumo (alimentos, metales, hidrocarburos).

México no ha sido ajeno a esta situación. Como consecuencia del consenso de los commodities, a partir de las reformas estructurales de la década de 1980 que cristalizaron a comienzos de la de 1990, ha avanzado un proceso brutal de despojo de recursos y de espacios comunitarios para impulsar grandes proyectos de inversión carreteros, inmobiliarios, de energía eólica, mineros, turísticos y construcción de presas, entre otros. Es precisamente el campo de las industrias extractivas, y específicamente el de la minería, uno de los que más atención merece por su avance vertiginoso. Durante los últimos quince años, la minería en México ha vivido una expansión sin precedentes. Para ilustrar esto basta aportar un dato que no por muy difundido deja de ser escalofriante: entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de oro y la mitad de la plata que se produjo en trescientos años de explotación colonial (“Duplican magnates mineros”: 2011).

Como el territorio es socialmente producido,² esta expansión acelerada de la minería genera cambios de gran envergadura sobre el territorio y sobre los sujetos y pueblos que lo habitan, transformando los medios y las estrategias de vida junto con las relaciones sociales (Bebbington, 2007: 35). Estas transformaciones ocurren tanto si logran establecerse los proyectos como si no. No obstante, como el descontento y la injusticia por sí mismos no producen movilización (Moore, 1996: 59), la llegada de estos grandes proyectos mineros puede provocar la simple aceptación de los mismos por parte de los pueblos y comunidades potencialmente afectados o detonar distintos niveles de movilización social en los territorios destinatarios de la inversión.

La aceptación de los proyectos puede derivarse: a) de la falta de información y/o experiencia acerca del daño que estos ocasionan; b) de la falta de oportunidades percibidas debido a deficiencia en los procesos enmarcadores (McAdam, McCarthy y Zald, 1999); c) de estructuras movilizativas y/o tejido social débiles que dificultan la capacidad para emprender procesos de resistencia social, o d) de la pobreza, falta de oportunidades laborales y/o medios de vida consolidados. A estos cuatro elementos, que pueden presentarse de manera aislada o en sus múltiples combinaciones, tenemos que sumarle las “estrategias de despojo” (discursivas, legales y de mercado), que pueden terminar por “convencer” a una población para que acepte el proyecto minero (Bebbington et al., 2013: 333).

Ahora bien, la llegada de megaproyectos mineros a los territorios puede detonar procesos de movilización social. Para ello resulta fundamental que este hecho pueda ser percibido como agravio, afrenta o injusticia. Como dicen Archila y Pardo (2001: 38), “la gente no lucha sólo porque tiene hambre, sino porque siente que no hay una distribución justa de un bien material, político o simbólico”. Esa sensación se construye colectivamente y se renueva a lo largo de cualquier proceso de acción colectiva. Pero la sola sensación de injustica no produce por sí misma movilización social.

Utilizando un modelo analítico de síntesis que busca ir más allá de las discusiones en torno a la movilización de recursos, la identidad o el proceso político (Della Porta y Diani 1999; Tarrés, 1992; Flórez, 2015), sostenemos que —para el campo de la movilización social contra megaproyectos mineros— la aparición de movimientos sociales estará estrechamente relacionada con: a) las posibilidades y restricciones políticas para la movilización social (Tarrow, 2004; McAdam, 1999); b) las condiciones catalizadoras del ambiente donde se sitúa el proceso de acción colectiva (Melucci, 1991: 358); c) las estructuras organizativas preexistentes que permiten la movilización (McCarthy, 1999); d) la fase en la que se encuentre el proyecto minero: exploración-concesión (1), exploración-EIA (2), explotación (3), ampliación (4), remediación y cierre (5); e) la percepción que del hecho, las oportunidades y las estructuras organizativas construyan los sujetos (McAdam, 1999; Melucci, 1999).

Dependiendo de las múltiples y diversas relaciones entre cada uno de estos elementos detonadores de la acción colectiva —con el actor social en el centro—, se podrán producir movilizaciones sociales de distintos tipos, que para los propósitos del presente trabajo dividimos en tres: aquellas encaminadas a la oposición total al desarrollo de los proyectos en cualquiera de sus fases (Tipo 1); las enfocadas en la negociación de condiciones más favorables para las comunidades como condición para la operación de los proyectos (Tipo 2), y aquellas que se decantan por un activismo decidido para que los proyectos mineros se lleven adelante (contramovilización), actuando entonces contra aquellos actores que se oponen a los mismos (Tipo 3) (Bebbington, 2013; Arellano-Yanguas, 2013).

Las posibilidades de éxito³ una vez que se active el proceso de acción colectiva, dependerá de: a) las estructuras movilizativas y de soporte que se activen; b) los repertorios utilizados; c) la forma en que varíe el ambiente del proceso de acción colectiva y la actualización de las estructuras de oportunidad política (McAdam, 1999, 54, 65); d) los procesos enmarcadores de la acción colectiva que se construyan y la forma en que estos son movilizados (Snow y Benford, 1992; Zald, 1999), y e) la forma en que se construye subjetivamente la acción colectiva, de manera que las estructuras organizativas, los repertorios y los marcos cognitivos puedan ser erigidos y utilizados de la mejor manera (McAdam, 1999; Melucci, 1999).

Si bien los procesos de acción colectiva contra la megaminería pueden analizarse dando cuenta de todos estos elementos a la vez, o de alguno de ellos en específico, como hemos ya explicado, en el presente capítulo hemos optado por exponer cómo las reformas en materia de derechos humanos han ensanchado las oportunidades políticas y permitido la ampliación de los repertorios jurídicos con efectos claros en los resultados de procesos de movilización social (Tipo 1).

En México, los últimos quince años atestiguan la explosión a todo lo largo y ancho del país de conflictos sociales relacionados con la explotación de recursos mineros. Son varios los elementos que se han combinado para que esto sea posible. En primer lugar, es importante mostrar que coincide, en términos de tiempo, con la época en la que se han expandido los proyectos mineros de características tecnológicas distintas de las de la minería tradicional, e incluso en regiones que no se habían dedicado a esta actividad. Todo esto ha prendido las señales de alarma. Por otro lado, ocurre en una etapa en la que las situaciones que los actores sociales pueden experimentar como “agravios” se han ampliado debido a la importancia de los asuntos de identidad para los movimientos sociales (Archila y Pardo, 2001), al incremento de la conciencia ambiental de los sujetos, y en general a la emergencia del “giro ecoterritorial” (Svampa, 2012) como elemento central en muchas de las perspectivas de los movimientos en torno a las posibilidades de acción colectiva. Por último, no podemos dejar de aludir a los cambios político-institucionales aquí mencionados, los cuales generan un ensanchamiento en las estructuras de oportunidad para la acción colectiva.

A partir de los elementos analíticos delineados en el presente apartado, analizaremos el campo concreto de la movilización social contra megaproyectos mineros en México.