Читать книгу Educación a distancia - Silvia Coicaud - Страница 11

La evaluación de programas y proyectos de educación a distancia de carácter interinstitucional implica la asunción de tareas complejas en la que interjuegan diferentes criterios, a través de la intervención de distintos actores en un entramado de múltiples miradas y posturas valorativas. En los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas, la evaluación adquiere significados diversos. Por un lado, forma parte de las prescripciones educativas que regulan el currículum escolar, instaurando mecanismos para el control y la sujeción a las normas establecidas. El sistema acreditativo que se utiliza en nuestras escuelas basado en calificaciones, por ejemplo, se relaciona con políticas sociales más amplias en las que se valora y legitima al conocimiento como capital cultural insustituible para el desarrollo de la sociedad. De este modo, la evaluación educativa siempre es política, dado que funciona como una entidad certificadora de adquisiciones cognitivas cuyos resultados trasuntan en el contexto social en el que viven los sujetos que se educan. Por otro lado, desde una dimensión didáctica, la evaluación es inherente a los procesos educativos que tienen lugar en las instituciones educativas; forma parte de las interacciones que se establecen entre alumnos y docentes; permite orientar los aprendizajes y reflexionar acerca de las tareas de enseñanza. En los proyectos colaborativos de educación a distancia, la evaluación tiene como finalidad el mejoramiento de los mismos durante su desarrollo. Para ello, resulta necesario generar espacios propicios que posibiliten interpretar la lógica de las actividades y establecer niveles críticos de análisis para encontrar soluciones alternativas a las dificultades encontradas. Esto significa que la evaluación no puede remitirse a elaborar un informe final al término del proyecto, ni tampoco puede constituir una tarea permanente y solapada a los procesos de estudio a distancia, sino que constituye una estrategia de trabajo que posibilita recuperar información válida en diferentes momentos para coadyuvar a la implementación de las propuestas. Además, en los proyectos a distancia de colaboración institucional, caracterizados por su compleja inserción en el medio mediatizada por múltiples recursos, la evaluación sólo adquiere sentido para los actores involucrados en la medida en que posibilita focalizar problemáticas, sin interferir irruptivamente en los procesos de formación.

Cuando realizamos evaluaciones educativas, además de cuestionarnos con respecto a los propósitos de las mismas, reflexionamos también acerca de los sujetos implicados en ellas. MacDonald y Walker (1977, citados por McCormick y James, 1996) formulan preguntas relevantes relacionadas con la investigación basada en el estudio de casos, que también pueden aplicarse a la evaluación educativa:

¿A quiénes corresponden las necesidades e intereses a los que responde la investigación?,¿ Quién es el propietario de los datos (el investigador, el sujeto, el patrocinador)?, ¿Quién tiene acceso a los datos (a quién se excluye o se le impide)?, ¿Qué categoría tiene la interpretación de los hechos que haga el investigador frente a las interpretaciones de otros (quién decide quién dice la verdad)?, ¿Qué obligaciones tiene el investigador ante sus sujetos, sus patrocinadores, sus compañeros de profesión y otros?, ¿Para quién se hace la investigación?

Esto implica que en todos los procesos de evaluación, es preciso identificar con claridad tanto a los responsables de las decisiones educativas como a los usuarios de las informaciones que se obtengan, y establecer las responsabilidades y funciones que les competen a los evaluadores. En las propuestas colaborativas de educación a distancia resulta imprescindible acordar entre las instituciones intervinientes estos aspectos que resultan constitutivos de los proyectos que se implementan. Otro cuestionamiento fundamental que hay que resolver entre las organizaciones responsables, es la determinación de los tópicos que se van a evaluar. La multidimensionalidad de variables que interjuegan en estos proyectos educativos no convencionales, torna prácticamente inviable una evaluación global de los mismos que pretenda abordar todos y cada uno de los factores inherentes a la puesta en marcha de las propuestas. Esto exigiría, además, contar con una gran disponibilidad de tiempo y de recursos. Consideramos entonces, que resulta más factible negociar entre las instituciones los aspectos prioritarios que se quieren esclarecer mediante la evaluación, los cuales seguramente constituirán los núcleos problemáticos centrales del proyecto cuya dilucidación posibilitará mejorar el desarrollo del mismo. Con respecto a las preguntas de MacDonald y Walker acerca de quién tiene acceso a los datos, qué obligaciones tiene el investigador –o evaluador–, y para quién se hace la investigación, entendemos que las respuestas a las mismas se relacionan intrínsecamente con la concepción de evaluación en la cual se inscribe el proyecto. E. House (1994) define a la evaluación como una actividad política por excelencia, íntimamente vinculada con la distribución de los bienes básicos en la sociedad. Por ello, no sólo debe ser veraz, sino también justa. Quienes participan en la elaboración de los procedimientos de la evaluación, deben acordar la aceptabilidad moral de los mismos. En la medida en que se amplían públicamente las opciones y los ámbitos de recolección de datos, incluyendo a los diferentes grupos implicados en las propuestas y garantizando la representatividad de sus intereses, la evaluación se constituye en un proceso democrático que opera desde la transparencia y la equidad.

En los trabajos colaborativos de educación a distancia, esta elección valorativa implica el diseño de evaluaciones altamente participativas, en las cuales tanto las instituciones gestoras como también las personas destinatarias de los proyectos, encuentran espacios significativos para manifestar sus opiniones y expresar sus ideas en torno al mejoramiento de la propuesta. La implementación de estrategias planificadas por un equipo de expertos en la modalidad que no incluya a miembros de las otras organizaciones intervinientes, conlleva al desarrollo de una tarea sesgada y tecnocrática. Cuando además de esto los expertos dirigen su trabajo sólo a aquéllos que son responsables de tomar decisiones, soslayando o desconociendo el aporte de otros actores que sostienen el proyecto de educación a distancia a partir de distintos roles, la evaluación se convierte en un instrumento útil para los funcionarios y administrativos decisores de los programas, pero funciona también como una instancia legitimadora de intereses acotados. Entendemos que la evaluación de proyectos colaborativos de la modalidad requiere de un modelo participativo y democrático que construya una trama de voces a partir de la diversidad de los grupos de destinatarios y responsables. De este modo, la evaluación será un acto de persuasión (House, 1994) acerca del valor del proyecto, que apelará a la razón y a la comprensión de un público personalizado.