Читать книгу Democracia y desplazamiento durante la guerra civil colombiana - Abbey Steele - Страница 31

Galula afirmó que, “en resumen, el gran problema era cómo calcular las lealtades de [los pobladores locales]” (Galula 1963, 97). Los grupos armados, por lo tanto, se enfrentan con dos problemas: (1) hacerse con el control de un territorio cuando la conversión de civiles es en extremo difícil y (2) la identificación de las lealtades que profesan los civiles. Sostengo que la solución del primer problema depende de la solución del segundo: los grupos armados pueden intentar desplazar a los civiles en momentos y lugares en los que aquellos infieren relaciones de lealtad con un adversario.

En algunas guerras, los indicios sobre pertenencia a colectividades son empleados para deducir lealtades, tanto por grupos armados como por civiles.⁴⁰ En ausencia de esos indicios, la identificación de aliados y adversarios potenciales es un desafío importante. Trinquier, el teórico de la contrainsurgencia francés, escribe que “en la guerra moderna, el enemigo es … difícil de identificar … Es un límite inmaterial, a menudo ideológico, que sin embargo debe ser delineado de manera explícita si se quiere llegar al adversario y derrotarlo”. (Trinquier 1964, 26). Incluso cuando se tiene relativa certeza de que un rival actúa en un lugar determinado, es difícil para un grupo armado externo diferenciar entre los posibles aliados y los adversarios potenciales. Para que el desplazamiento rinda frutos, esa información es crucial. De lo contrario, el grupo armado que viene de afuera tendrá que recurrir a señalar objetivos militares de forma indiscriminada, lo cual constituye una herramienta demasiado drástica que no resultaría adecuada para promover cambios que permitan incorporar a la comunidad bajo su control. En lugar de expulsar a una parte de la población sospechosa de apoyar al adversario, apuntar de forma indiscriminada puede ocasionar que muchos civiles se marchen, lo cual limitará la habilidad del grupo armado para tomar el control y reducirá los beneficios que ese control acarrearía. Un ejemplo procede de Misuri durante la Guerra Civil estadounidense. Fellman (1989, 95-96) escribe que la Orden General No. 11 puso a los habitantes de varios condados en el punto de mira del desplazamiento, pero las autoridades “no diferenciaron entre leales y desleales. Todos se convirtieron en refugiados de guerra”. Después de la expulsión, “quienes podían conseguir certificados de lealtad fueron autorizados para regresar a casa”, pero la mayoría no pudo hacerlo hasta que la guerra terminó. Como resultado, la Unión logró controlar aquellos condados. En el siglo XX, el éxito de esos programas de reasentamiento fue variable, dependiendo de qué tanto marcaban diferencias entre leales y desleales (así como de la cantidad de recursos empleados) (Sepp 1992). El Programa de Aldeas Estratégicas en Vietnam (Strategic Hamlet Program), que condujo a reasentar a cientos de campesinos, fue considerado un fracaso, a pesar de los cuantiosos recursos que implicó, debido a que no estableció diferencias entre civiles leales y desleales. En consecuencia, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Viet Cong) pudo continuar su actividad en los nuevos asentamientos (Stubbs 2004).

Incluso en guerras que no están basadas en una disputa étnica puede aparecer información acerca de vínculos entre civiles y grupos armados, en especial en el ámbito local. Las disputas locales tienden a condicionar las alianzas de los civiles con grupos armados, pero en gran medida pasan desapercibidas para los observadores externos.⁴¹ Cuando los grupos armados consiguen información sobre colectividades locales y se forman ideas con respecto a la probabilidad de que los individuos estén profesando lealtad hacia las mismas, la identificación de objetivos militares colectivos puede constituir una estrategia efectiva para competir con los grupos armados rivales.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– (United Nations High Commission for Refugees –UNHCR–) informó que en Sri Lanka otro tipo de proceso puso en evidencia las lealtades de los civiles:

Los Tigres de Liberación del Eelam Tamil –TLET– también tienen una práctica obligatoria de entrenamiento en defensa civil, incluso en zonas controladas por el gobierno. Esto incluye la expedición de una tarjeta de entrenamiento como prueba de la colaboración. No estar en posesión de la tarjeta de entrenamiento en zonas controladas por los TLET puede conducir, entre otras cosas, a restricciones sobre la libertad de movimiento. Lo anterior puede afectar la capacidad de las personas para asegurar su subsistencia. En las zonas controladas por el gobierno, las personas sospechosas de haber participado en el entrenamiento de los TLET pueden ser percibidas como simpatizantes de ese grupo, a pesar de que su participación pudo haber sido forzada (UNHCR 2006, 4).

En algunos casos, la acción de irse o la de quedarse sirve como señal para alertar a los grupos armados. En Guatemala, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– (United Nations High Commission for Refugees –UNHCR–) reporta que

La percepción de los paramilitares y, en virtud de la actividad proselitista que ejercen, de gran parte de la población bajo su control era que quienes habían huido eran seguidores de los rebeldes. Como resultado, cualquier movimiento en falso efectuado por aquellos que retornaban, como faltar al deber de participar en la vigilancia civil o, incluso, una disputa por tierra con un vecino, podía dar lugar a que las personas fueran rotuladas como simpatizantes de la guerrilla. Las consecuencias fueron graves e iban desde pobladores reinsertados que eran seleccionados para ser intimidados o acosados hasta ataques físicos o, incluso, asesinatos.

Carlos Castaño, un líder paramilitar colombiano, coincidía con esa perspectiva al afirmar que un beneficio adicional de las masacres es que separan a los leales de los desleales. Castaño le explicó a Alejandro Reyes en una entrevista en 1991 que, si la gente se va, confirma las sospechas.⁴²

Sin importar su origen, cuando una disputa de orden local se manifiesta, la información aparece en tres campos. Primero, los objetivos militares potenciales y los aliados virtuales resultan evidentes para los forasteros. Segundo, la disputa también proporciona información sobre la fortaleza relativa de un adversario en una comunidad o en un barrio determinados. Por último, la exposición de una disputa al público también proporciona información a los civiles que viven en una comunidad, lo cual les permite hacer un balance de la distribución relativa de la población, formarse ideas sobre su seguridad futura y, de forma potencial, buscar aliados por fuera de la comunidad. Es decir, cuando un rasgo de carácter grupal conecta a ciertos civiles con un grupo armado, ese atributo puede inducir a los contrincantes externos a atacar a los pobladores locales o a que estos últimos establezcan alianzas con personas que están por fuera de la comunidad.

Las particularidades locales de las disputas sugieren que cada poblado es diferente en términos de la probabilidad y del alcance de una limpieza política. En cierto sentido, esto es cierto. Sin embargo, la idea de que los grupos armados pueden actuar en una región o un país a causa de disputas de carácter local que son difíciles de percibir proyecta una imagen poco realista de sus habilidades y recursos. En la siguiente sección, explicaré la forma en la que los procesos electorales facilitan la identificación de lealtades y objetivos militares.

Reformas democráticas e información Mientras que, con frecuencia, la interacción entre disputas de escala local y la macro disputa de la guerra –lo que Kalyvas (2003, 2006) denomina alianza– es crucial para las dinámicas comunitarias en tiempos de guerra, las organizaciones y las redes supralocales también pueden constituir importantes puntos de interacción con la macro disputa. Las organizaciones formales son fundamentales para promover y moldear identidades colectivas más allá de la circunscripción local (Gould 1995, 15). Gould (22) escribe que las organizaciones formales llevan a “la creación de vínculos sociales que fomentan el reconocimiento de afinidades en una escala considerablemente mayor de lo que se esperaría de los entramados sociales informales por separado”.⁴³ Desde luego, el éxito de la rebelión puede depender de conectar el nivel local con algo mayor: “las organizaciones de campesinos disidentes que articulan los asuntos de orden local con los nacionales tendrán más éxito que las organizaciones que descansan solamente en cuestiones nacionales” (Lichbach 1994, 407).

Una de esas organizaciones formales es el partido político. Cuando un partido político está alineado con una parte del conflicto armado, la “disputa mayor” puede trasladarse al ámbito local. En otras palabras, proporciona un vínculo “de nivel intermedio” entre el “micro” y el “macro”.⁴⁴ Trinquier (1964, 27) sugiere que los partidos políticos son refugios clave en los que “nuestros adversarios pueden, por lo tanto, meterse dentro de nuestras fronteras y bajo la protección de nuestras leyes”.

Además de crear una plataforma de identidad que conecta un lugar con otro, los partidos políticos también se involucran con el conflicto. Lipset y Rokkan (1967) sostienen que los partidos políticos tienen dos funciones sociológicas: una es expresiva, porque trasforman los conflictos en acción, y otra es instrumental o representativa, porque los bandos contrarios deben ponerse de acuerdo y suscribir convenios, así como establecer jerarquías entre estos. Una de las razones por las cuales los partidos políticos pueden ser particularmente efectivos es porque generan sentido de pertenencia. La identidad partidista (o lealtad) puede derivarse de disputas previas o de la votación y de la movilización política misma (Lupu y Stokes 2010). Sin importar el origen de la lealtad de un seguidor particular o adepto, los partidos representan posturas políticas e ideologías que pueden traslaparse con aquellas de los bandos que están en guerra. Las elecciones disputadas por “partidos enemigos”, para usar una expresión de Trinquier (1964, 27), facilitan a los contrainsurgentes la identificación de objetivos militares colectivos, debido a dos razones: proporcionan información acerca de las lealtades de los civiles y abren oportunidades para nuevas alianzas con los pobladores locales.

En el ámbito local, las elecciones en las que se decide la representación regional resultan especialmente útiles para inferir lealtades, porque además de que permiten a los grupos armados formarse ideas sobre las lealtades de los civiles, esos procesos conectan las lealtades con ubicaciones particulares dentro de una comunidad.⁴⁵ Para que el desplazamiento sea efectivo, un grupo armado debe estar en capacidad de dirigir agresiones violentas sostenidas contra un grupo de civiles específico dentro de una región o una ciudad.⁴⁶ En comunidades que carecen de disputas de grupo, la contrainsurgencia que pretenda desplazar a un sector de la población que haya sido convertido en objetivo militar necesita enfilar las acciones violentas hacia sitios específicos. En ese contexto, debido a que los candidatos representan barrios y comunidades particulares, los resultados electorales del ámbito local constituyen un reflejo de los lugares en que los partidos cuentan con una base territorial.⁴⁷ Es importante anotar que, para lograr sus propósitos, los grupos armados no necesitan identificar votantes específicos. Poner en el punto de mira los lugares donde los votantes han dejado en evidencia que una parte de ellos, y no personas específicas, es adepta a un grupo armado rival representa una ganancia para el grupo armado, debido a que puede alterar el equilibrio de poderes en la comunidad, así como los cálculos de los civiles que deciden quedarse.

Si las elecciones son reveladoras con respecto a las lealtades de grupo y ponen en peligro a los civiles, cabe preguntarse por qué, no obstante, los electores participan en comicios y votan por un partido político afín a la insurgencia. Para que los electores voten por ese partido, el riesgo de violencia debe ser percibido como una situación remota. La formación de opiniones sobre la posibilidad de padecer el impacto de la violencia, a su vez, depende de episodios violentos anteriores. En Colombia, cuando la UP estaba recién creada, los votantes no previeron el contragolpe violento, porque no existían casos de limpieza política en el país. La excepción estaba en los enclaves próximos al río Magdalena, en donde surgieron los primeros ejércitos de autodefensa. Por el contrario, existía la esperanza de que el apoyo popular a la UP conduciría a terminar la guerra, bajo el supuesto de que ampliaba la participación política y de que las FARC se animarían a ejercer su influencia a través de políticas no violentas. Como describiré en el capítulo 4, a pesar de que los líderes de la UP recibían amenazas violentas y comenzaron a ser asesinados desde una fase muy temprana, los simpatizantes de base no previeron los ataques violentos que fueron lanzados en su contra. La violencia tuvo carácter regional en un comienzo, debido a que la contrainsurgencia no había comenzado a actuar en todo el país. Aunque los seguidores de la UP que vivían en el norte del país estaban recibiendo amenazas y padeciendo desplazamientos y asesinatos, los votantes que vivían en el sur no se sentían amenazados. Tan pronto como los paramilitares del norte unieron fuerzas con los políticos locales del sur y se asentaron y expandieron allí, los seguidores de la UP también cayeron en el punto de mira. En esta etapa, la expansión nacional de los paramilitares se hizo evidente. Como cabe suponer sobre los votantes sensatos, una vez la violencia comenzaba a afectar una región particular, el apoyo a la UP cayó de manera sustancial. En definitiva, las FARC prohibieron la participación electoral a comienzos de 1997, en regiones en las que seguía teniendo influencia (FARC-EP 1997, n9). No todos los procesos electorales revelaban información o evidencia detallada necesaria para la identificación de objetivos militares colectivos. En algunos casos, el volumen de datos es elevado, como ocurre en las circunscripciones regionales en las que se eligen las corporaciones legislativas nacionales. Incluso, así se conozcan los resultados electorales en esos casos, los grupos armados no pueden diferenciar bloques de seguidores de los partidos políticos. En otras situaciones, los partidos políticos no están vinculados con grupos armados o los votantes no responden a su influencia. Lomo y Hovil (2004, 16-22) describen un episodio similar en Uganda: en 1996, el Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s Resistance Army –LRA–) intentó movilizar civiles para que votaran por la oposición, pero no logró recabar apoyo político. En ocasiones, la pertenencia a los partidos políticos no es voluntaria, como fue informado al Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno –CMDI– (Internal Displacement Monitoring Centre –IDMC–) acerca de algunas regiones en Nepal: “la misión fue informada de que, por lo general, los aldeanos que fueron obligados a seguir los programas políticos del Partido Comunista de Nepal/ Maoísta –PCN/M– descubrieron que estaban inscritos en ese partido y que, en ocasiones, habían sido nombrados en importantes cargos locales de la organización, a menudo, sin saberlo” (IDMC 2006). Si los contrainsurgentes hubieran estado al tanto de que la pertenencia al partido era involuntaria, tal vinculación no habría sido empleada como argumento para poner a las personas en el punto de mira. Sin embargo, el mismo informe del CMDI pudo establecer que muchos aldeanos que estaban inscritos en las listas del PCN/M huyeron de las patrullas militares, con el fin de evitar su furia.

Alianzas Las elecciones no solamente proporcionan información a los grupos armados. También, revelan información y distribuyen el poder político entre los pobladores. Como resultado, el segundo proceso clave desencadenado por las elecciones entra en acción: la creación de nuevas alianzas. En particular, quienes están en el bando derrotado en las elecciones pueden actuar como “malos perdedores” (Przeworski 1991) que buscan anular el resultado de los comicios o asegurarse de que el resultado no les vuelva a ser desfavorable. En particular, esta posibilidad es bastante factible cuando un partido político apoyado por la insurgencia ha resultado victorioso. Al escribir sobre Francis Deng, relator especial para el desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas, Korn (2001, 9) expresa que “Deng ha señalado que ‘las diferencias de identidad basadas en criterios étnicos nunca son las que por sí mismas generan conflicto, sino las consecuencias que esas diferencias tienen en el reparto del poder y en la distribución de recursos y oportunidades asociada’” son las que generan problemas. Si bien esa afirmación se refiere a diferencias étnicas, los adversarios políticos también tienden a poner en el punto de mira al oponente. Cuando las élites locales tienen a su alcance la acción armada, es probable que recurran a ella (Romero 2003; Robinson 2013; Balcells 2017; Collier 2009; Snyder 2000). En una guerra en curso, las élites políticas locales pueden invitar grupos armados para que incursionen en sus comunidades, con el fin de reconfigurar el electorado y aumentar sus posibilidades de ganar elecciones futuras.⁴⁸