Читать книгу SGAE: el monopolio en decadencia - David García Aristegui - Страница 20

EL ORIGEN DE UN MODELO ANACRÓNICO E INJUSTO

SGAE fue adquiriendo una fuerza imparable mientras salía victoriosa de numerosos conflictos legales. Demandó a RTVE por atrasos millonarios en pagos de derechos (posteriormente se repetiría el conflicto con las televisiones autonómicas y privadas), a las radios, a las salas de cine por su propia “rueda” –estas revendían una y otra vez una misma entrada para pagar menos derechos de autor²⁸–, al Ministerio de Cultura por el uso de música tanto en el Mundial de fútbol del 82 como en la Expo del 92, e incluso a grupos de teatro aficionados. La entidad llegó a acuerdos o bien ganó en los tribunales prácticamente todos estos pleitos, sin otorgarle demasiada importancia a su mala imagen.

Además, en los ochenta se avalaría tanto en el Congreso como en el Senado su polémica reestructuración de 1978, por lo que la entidad comenzó a operar en muchos aspectos como un Ministerio de Cultura de facto, debido a su elevado presupuesto (la recaudación de SGAE solía ser un tercio de los presupuestos que manejaban los Ministerios de Cultura de la época) y el régimen jurídico privilegiado heredado intacto del franquismo. Hay que resaltar que el reparto del dinero recaudado a las televisiones derivaría en la ruptura de SGAE con la creación de DAMA. Como veremos más adelante, el nacimiento de esta entidad de gestión, que rompió con el monopolio en la gestión colectiva por primera vez, tuvo su origen en el reparto del dinero de las televisiones entre el Colegio de Pequeño Derecho (donde se agrupan los autores musicales), hegemónico en ese momento, y el Colegio de Audiovisuales.

En 1987 se apuntala definitivamente el modelo que llega hasta nuestros días, con una entidad con total autonomía a la hora de marcar unilateralmente sus tarifas, con un estado que ya no participa en los órganos de gobierno y donde no se articula una fiscalización efectiva de su funcionamiento. La Ley de Propiedad Intelectual de 1987 aclaró la naturaleza jurídica de las entidades de gestión: sociedades privadas y sin ánimo de lucro, aunque debido a las atribuciones que les otorga la ley tienen aspectos de un organismo público. Estas atribuciones serían por ejemplo su capacidad para recaudar derechos de autor en radios, televisiones, comercios, etc. o su “legitimación extraordinaria”, término jurídico que se refiere a la capacidad de SGAE para actuar en todo tipo de procedimientos administrativos o judiciales en representación de sus socios.

Conviene recordar que el modelo de propiedad intelectual y derechos de autor que se implantó primero con SGAE y con el resto de entidades que surgieron posteriormente no fue el único que se puso encima de la mesa:

La defensa del escritor, que ocupó a Ángel María de Lera muchos años de su vida, que acaba de extinguirse, tropezó siempre con un obstáculo principal: el escritor mismo y lo que podríamos llamar su naturaleza díscola, insolidaria, individualista. Parte de los estudios y trabajos de Lera sobre este tema (impulsado, sin duda, por sus orígenes de sindicalista junto a la figura excepcional de Ángel Pestaña) van a aparecer recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual [...]. Es de esperar, no obstante, que algunos aspectos de la ley que encarecen la producción de libros clásicos o que rinden excesiva pleitesía al concepto mismo de propiedad intelectual en esta materia desaparezcan durante su tramitación [...]. El trabajo del viejo sindicalista Ángel María de Lera iba menos por la cuestión de derechos de propiedad intelectual que por el [sic] de derechos sociales [...]²⁹.

Este atípico editorial de El País de 1984 alababa la figura Ángel María de Lera, un sindicalista que llegó a estar condenado a muerte y pasó ocho años en cárceles franquistas. Fue uno de los fundadores de la Asociación Colegial de Escritores (ACE), colectivo que siempre mantuvo relaciones conflictivas con SGAE y que, a diferencia de esta, defendió posiciones explícitas de izquierda. De Lera planteó propuestas como la de un dominio público pagante (existente hoy en Argentina, Croacia, Hungría y Uruguay) e impulsó una mutualidad para escritores sin recursos.

Décadas después de la denuncia sobre el funcionamiento de SGAE que realizó Ezequiel Endériz en Guerra de autores, SGAE de los años ochenta volvía a ser igual o más polémica que antes del franquismo. La entidad de gestión, que fue acusada regularmente de clientelismo y de derroche, consiguió, renovando aspectos más o menos laterales de su funcionamiento, convertirse en lobby arrollador a favor de la propiedad intelectual. Nos dan muchas pistas las declaraciones de Teddy Bautista en 1989, en las antípodas de la figura del combativo Ángel María de Lera: “SGAE no es un sindicato, sino una entidad administrativa de representación proporcional en la que los votos son como acciones”³⁰.

La frase es mucho menos gratuita de lo que parece, ya que SGAE, al retroalimentarse dando capacidad decisoria en sus estructuras solo a quien tiene “acciones” (ingresos por derechos de autor), ha ido perpetuando prácticas que la han llevado, en pleno siglo XXI, a un modelo anacrónico e injusto.