Читать книгу La inserción de América Latina en la economía globalizada - Esteban Pérez Caldentey, Sandra Serrano, Agostina Costantino - Страница 10

A pesar de que en ambos países ya existían inversiones extranjeras en tierras desde antes, en la primera década del siglo xxi este proceso se dispara generando múltiples conflictos y preocupaciones, aunque con temporalidades distintas. En el caso particular de Argentina, el boom comienza desde la devaluación del año 2002. Si bien el precio de las materias primas venía en aumento desde unos años antes, la compra de tierras se dispara recién después de la devaluación. Es decir, el aumento de la rentabilidad en pesos de las exportaciones agrícolas derivada de la devaluación (una de las características de la nueva fase del modo de desarrollo iniciada en 2002) y el abaratamiento relativo de los activos en dólares (el año de la devaluación) pareciera haber alentado el aumento de las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en el país. Por otro lado, en el caso colombiano, el fuerte proceso de extranjerización comienza apenas en 2008, coincidiendo con la crisis mundial y con la búsqueda de los capitales trasnacionales de nuevos espacios de valorización.

En el cuadro 1 se muestran las hectáreas adquiridas por extranjeros en ambos países, el número de transacciones y el tamaño medio de las transacciones entre 2000 y 2013. Si bien el proceso es mucho más pronunciado en Argentina, en ambos casos se trata de un fenómeno que se dispara respecto a años previos. Es decir, si tenemos en cuenta que la superficie agrícola total de Argentina es de 141 millones de hectáreas y la de Colombia de 43.8 millones de hectáreas, vemos que la participación de estas inversiones sobre las superficies agrícolas totales de ambos países no es muy importante. Sin embargo, la relevancia de las inversiones extranjeras en tierras no radica aún en su magnitud sino en su novedad: despegaron fuertemente de un momento al otro en la primera década de este siglo.

Respecto a los países inversores, los casos de Argentina y Colombia presentan características diferenciadas. En ambos países, el principal inversor en la década en estudio es Estados Unidos (representando alrededor de 47% del total de tierras adquiridas por extranjeros en los dos países), sin embargo, las diferencias se dan en el resto de los países (véase cuadro 2). Mientras en el caso del país del Cono Sur parece haber más protagonismo de los nuevos países en ascenso en el orden mundial (entre China, India, Malasia y Arabia Saudita explican 24.2% de las tierras extranjerizadas), en el caso del país andino parece haber un patrón de países inversores más latinoamericano (entre Chile y Brasil explican 22.9% de las inversiones) y de países asociados a una tradición de inversores en el sector forestal y papelero (como Irlanda, España y el mismo Chile).

Este patrón de países inversores en el sector forestal, en el caso de Colombia, explica que 33.4% del total de tierras acaparadas por extranjeros en este país tengan como principal objetivo la actividad forestal (cuadro 3). El resto de las tierras se destinan exclusivamente a producir bienes agropecuarios para el mercado, y tienen una fuerte participación las plantaciones de palma para la producción de biodiesel (como es el caso de las inversiones de Cargill, Agropecuaria Aliar y Poligrow). El caso de las empresas forestales en Colombia ha resultado muy problemático, pues en muchos casos se trata de empresas fachada creadas de manera irregular (como en el caso de las diez empresas creadas por Wood Holding Limited) para sortear las limitaciones legales de no adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar. En la mayoría de los casos fueron adquiridas de manos de campesinos a quienes se les habían entregado tierras “baldías” años antes. En estos casos, hay documentados múltiples conflictos en torno a engaños y estafas en la adquisición.

En el caso de Argentina, se presenta un panorama un poco más diversificado en términos de los objetivos, sobre todo por la vinculación que este país ha comenzado a tener con China durante la primera década del siglo xxi. Luego de la devaluación del 2002 en el país y a partir del ascenso que comienzan a tener desde los noventa algunos países en el escenario del capitalismo mundial (como China o India), el panorama de la adquisición de tierras cambia en términos de los objetivos: se duplican las tierras para producción agropecuaria, ganan importancia las adquisiciones para explotaciones mineras y surge un nuevo objetivo antes inexistente: el control de tierras para garantizar el suministro de materias primas y alimentos de los países inversores.

El proceso de urbanización e industrialización en China aumentó las necesidades de materias primas y alimentos, tanto por el crecimiento de la demanda para abastecer los procesos industriales, como también por el aumento en el consumo derivado de mejores niveles de ingresos de una parte de la población, y por la mayor presión sobre la tierra cultivable que se ha dado hacia el interior del país. Al mismo tiempo, resulta cada vez más necesario para aquella economía encontrar nuevas oportunidades de inversión para colocar el capital acumulado a partir del proceso de reformas estructurales de mercado y de superexplotación del trabajo que allí se da (pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo y alta intensidad laboral).^[8] En este sentido, las inversiones externas en adquisición de tierras para la producción de materias primas atiende a estas dos necesidades: asegura el abastecimiento de las materias primas necesarias y ofrece una oportunidad rentable de inversión para expandir el capital chino.

Colombia también se ha convertido en un destino al cual China está apuntando, solo que aún no se ha concretado la transacción. Se trata de una petición realizada por el embajador chino en este país para adquirir 400 000 hectáreas de tierras en la zona de la Orinoquía, en la Altillanura colombiana para producir cereales y exportarlos a China. El gobierno nacional, en distintas administraciones, promocionó esta región como la última gran frontera agrícola del país con alrededor de siete millones de hectáreas (Salinas, 2012).^[9] Los anuncios sobre la reconquista de la Orinoquía desde la administración de Uribe propiciaron que entre 2005 y 2010, según Corpororinoquía (autoridad ambiental de la región), por los menos 250 000 hectáreas de tierra han cambiado de manos, solo en Vichada se han vendido 2953 predios. De igual forma, en la región se han incrementado las titulaciones de baldíos, por ejemplo de 2009 a la fecha se han tramitado 3500 solicitudes de adjudicación en Vichada. El incremento de inversionistas nacionales y extranjeros se relaciona con la meta compartida de las administraciones de Uribe y Santos de implantar el modelo de desarrollo agropecuario el Cerrado, del estado de Mato Grosso, Brasil, así como por las expectativas petroleras. En esta línea, el gobierno ha anunciado apoyos para aumentar la superficie cosechada de 52 500 hectáreas a diciembre de 2010 a 135 000 en 2014 (Salinas, 2012).

Para favorecer este tipo de inversiones, además del plan de desarrollo mencionado en el apartado anterior, el gobierno colombiano ha firmado múltiples acuerdos bilaterales por medio de los cuales ambas partes se comprometen a estimular, promover y proteger las inversiones de cada uno en el país del otro, incluyendo particularmente dentro de este tipo de inversiones las “concesiones para explorar, cultivar, explotar y extraer recursos naturales” (Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014: 2).

Es importante, por último, enfatizar el papel de los Estados en estos procesos de adquisición de tierras por parte de extranjeros. Hay dos consideraciones al respecto que es necesario tener en cuenta. En primer lugar, esta problemática no se trata de una “cuenta pendiente” de los gobiernos o de algún resquicio de “dependencia” que aún falta eliminar para que los países alcancen su autonomía, sino que son características intrínsecas de los modos de desarrollo que los países están profundizando a través de sus políticas. Con gran ímpetu en el debate público, muchos gobiernos de la región se proponen como garantes de un modelo de desarrollo claramente distinguible de las etapas previas de los países latinoamericanos. Las ideas de posneoliberalismo, neodesarrollismo o desarrollo con inclusión —aunque diversas entre sí— se orientan en este sentido. En esta línea de interpretación, en el nuevo rumbo de independencia económica habría aún escollos por superar, resabios de etapas anteriores. La visión aquí defendida se opone a esta visión del proceso de desarrollo, que repite esquemas lineales: el cuerpo de políticas públicas aplicadas resultan en un patrón de reproducción del capital que se orienta en el sentido de sostener la dependencia estructural de Argentina y Colombia. Ambas variantes de modos de desarrollo suponen la ratificación del sesgo primarizante, basado en la explotación de ventajas comparativas estáticas, lo cual está reñido frontalmente con la superación de la dependencia. Por esto decimos que no son tareas irresueltas en un nuevo rumbo de desarrollo, sino el viejo rumbo dependiente con algunos (mejores o peores) remiendos.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, si bien es cierta la función que estas adquisiciones de tierra juegan a nivel internacional, y en el caso particular de China en el abastecimiento de alimentos para sostener su propio proceso de acumulación de capital, no pretendemos en esta investigación presentar al acaparamiento de tierras como una mera imposición externa (solo una función en el esquema centro-periferia), sino como parte integral de los modos de desarrollo instaurados tanto en Argentina como en Colombia desde fines de los años setenta.