Читать книгу Discurso de odio y creencias - Francisca Pérez-Madrid - Страница 7

1. En enero de 2019, un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford inició una campaña de recogida de firmas en Change.org solicitando la destitución del eminente catedrático emérito, John M. Finnis. Imputaban a los escritos de Finnis –uno de los filósofos del Derecho más reconocidos del mundo, destacado discípulo de Herbert L. A. Hart y máximo exponente anglosajón del iusnaturalismo clásico– «homofobia» y «transfobia». En apoyo de sus acusaciones, remitían a una serie de textos en los que Finnis defendía la concepción conyugal clásica y reputaba como contraria al bien básico del matrimonio toda forma de actividad sexual fuera de tal institución5.

La solicitud de los estudiantes suscitó un enorme revuelo y fue secundada en poco tiempo por más de trescientas personas. El catedrático emérito, por su parte, respondió manteniendo con firmeza todo lo escrito. «La petición –declaró a The Oxford Student– parodia mi posición, así como mi testimonio en la litigación constitucional americana. Cualquiera que consulte el website de la Facultad de Derecho y siga los enlaces en la petición puede comprobar sus múltiples errores. Mantengo lo dicho en todos estos escritos. No hay una sola frase “fóbica” en ellos. El ensayo de 1994 promueve una crítica moral clásica, y estrictamente filosófica, de todo acto sexual no-marital, y ha sido publicada de nuevo en numerosas ocasiones, la más reciente por Oxford University Press en el tercer volumen de mis Collected Essays»6. A los pocos días, abundó en su postura denunciando en The Guardian que sus críticos «tomaban los argumentos contrarios a sus posiciones y elecciones como ofensivos contra sus personas», un problema que resultaba agravado por las «paráfrasis y citas mutiladas». Se reafirmó en sus opiniones, además, declarando que «me resulta más claro que nunca que las posiciones que he criticado son dañinas para los niños y otras personas vulnerables, y para la sostenibilidad de sociedades». Señaló que «estudiantes avanzados de teoría política y jurídica dan por supuesto que hay un valor educativo en enfrentarse crítica y cuidadosamente, y con argumentos, con teorías como la mía. Por eso sigo siendo invitado a impartir seminarios casi una década después de mi jubilación de Oxford». En fin, concluía Finnis que la libertad de expresión «está amenazada por nociones recientes de “hate speech”, “fobia”, y demás»7.

Finalmente, la Universidad de Oxford zanjó la disputa apoyando la libertad científica de Finnis, y reiterando su compromiso con el respeto y el debate académico serio en una declaración: «La Universidad de Oxford y la Facultad de Derecho promueven una cultura inclusiva que respeta los derechos y la dignidad de todo el personal y los estudiantes. Somos claros en no tolerar ninguna forma de acoso a los individuos bajo ningún concepto, incluida la orientación sexual. Igualmente, la política de acoso de la universidad protege también la libertad académica de expresión y es clara en que el debate académico vigoroso no es equiparable al acoso, siempre que se lleve a cabo respetuosamente y sin violar la dignidad de los demás. Toda la actividad de la Universidad de Oxford, incluida la que se realiza en la Facultad de Derecho, se desarrolla conforme a estos principios»8.

Prácticamente un año y medio después, en una entrevista sobre el incidente, el profesor Finnis alertó de la creación de «crímenes de pensamiento»; y de que, en consonancia con los cánones que pretendían imponer quienes le atacaron, «cualquier católico serio debería ser expulsado de la vida pública». Igualmente, reconoció que, en su posición, era «muy difícil perjudicarle», pero «los académicos jóvenes habrían captado el mensaje» intimidatorio. «El modo en que la gente obtiene los nombramientos, becas, está tan burocratizado (…) que tienes que hacer varias afirmaciones sobre tu virtud en cualquier punto que se pregunte para demostrar que estás libre de estos malos pensamientos. Habrá modos de crear la apariencia de que puedes mantener estos puntos de vista y, por consiguiente, no eres apto»9.

2. El caso de John Finnis en la Universidad de Oxford tiene algo de simbólico para nuestro tiempo por varias razones, entre ellas el prestigio mismo del académico involucrado. Con todo, se enmarca en un contexto mucho más amplio de controversias en las que la libertad académica se ha visto amenazada, particularmente –aunque no sólo– en el mundo anglosajón. Pese a que no estamos ante un fenómeno nuevo, lo cierto es que, en la última década, han proliferado extraordinariamente los casos de intimidación a conferenciantes que disienten10. Piénsese, sin ir más lejos, en los boicots de Charles Murray en Middlebury College11; de Xavier Becerra e Ian Calderón, en Whittier College12; o de Heather MacDonald en Claremont McKenna College13; por poner ejemplos relativamente recientes, todos ellos de 2017; o, algo más atrás en el tiempo, en el incidente que se produjo en Oxford en 2014, cuando el grupo Oxford Students for Life vio boicoteado un debate sobre el aborto14. En el apartado de intentos de apartar a profesores de la docencia han resonado con fuerza –además del ataque a John Finnis en Oxford– casos como el del eminente epidemiólogo Nicholas Christakis, de la Universidad de Yale, en 201615; o el de John McAdams en la Universidad Marquette de Milwaukee, en 2014, que culminó con una Sentencia del Tribunal Supremo de Wisconsin ordenando la readmisión del profesor –expulsado de la Universidad en 2014 por un comentario crítico de la ortodoxia dominante en su blog personal16.

3. Justamente en 2014, «a la luz de eventos recientes en toda la nación que han puesto a prueba el compromiso institucional con un discurso libre y abierto», la Universidad de Chicago creó un Comité con el encargo de elaborar una declaración «que articule el compromiso global de la Universidad con un debate y deliberación libre, robusto y no cohibido entre todos los miembros de la comunidad universitaria»17.

La Comisión creada por la Universidad de Chicago redactó un informe –el Report of the Committee on Freedom of Expression– que ha venido a popularizarse en el ámbito universitario como los Chicago Principles, y que ha sido adoptado posteriormente por varias universidades –incluidas algunas de las más relevantes de los Estados Unidos, como Princeton o Columbia. En el documento, explícitamente se declara que «la Universidad está comprometida con la investigación libre y abierta en todas las materias, garantiza a todos los miembros de la comunidad universitaria el espacio más amplio para hablar, escribir, escuchar, desafiar, y aprender». Ciertamente, «las ideas de los diferentes miembros de la comunidad universitaria entrarán a menudo en conflicto. Pero no es el rol propio de la Universidad procurar servir de escudo a los individuos frente a ideas y opiniones que no reciban bien o encuentren desagradables». Al contrario, «la preocupación por el civismo y el respeto mutuo no pueden emplearse como justificación para cercenar la discusión de ideas».

Sin perjuicio del amplio compromiso del informe con la libertad de expresión en el ámbito académico, tampoco caía –pienso que afortunadamente– en un absolutismo de la libertad de expresión que admitiese el insulto en sentido propio. «La libertad de debatir y discutir el mérito de ideas en competencia, por supuesto, no significa que los individuos puedan decir lo que deseen y donde lo deseen. La Universidad puede restringir la libertad de expresión que vulnera el Derecho, que difama falsamente a individuos concretos, que constituye una amenaza o acoso genuino, que invade injustificadamente intereses substanciales de privacidad o confidencialidad o que, de cualquier otra forma, resulta directamente incompatible con el funcionamiento de la Universidad. No obstante, éstas son excepciones restringidas del principio general de libertad de expresión, y es de vital importancia que tales excepciones no sean nunca utilizadas de una manera incongruente con el compromiso de la Universidad con una discusión de ideas completamente libre y abierta»18.

En los últimos años, la literatura sobre la libertad académica se ha multiplicado19, y han surgido nuevas iniciativas en defensa de la libertad académica, entre las que quisiera destacar dos, por su contenido y por su resonancia. En primer lugar, he de referirme a la Declaración, de 14 de mayo de 2017, promovida por el catedrático conservador Robert P. George, McCormick professor de jurisprudencia de la Universidad de Princeton; y el catedrático liberal Cornel West, de la Universidad de Harvard: Truth Seeking, Democracy, and Freedom of Thought and Expression. La importancia de esta Declaración –que permanece abierta a la firma20– reside no sólo en su contenido, sino también en el hecho de haber sido suscrita por miles de profesores de todo el mundo y de todo género de opiniones políticas, muchos de ellos de enorme prestigio en sus campos científicos. En la Declaración se incide en la importancia de cultivar las virtudes intelectuales de la «humildad, apertura de mente y, sobre todo, el amor a la verdad», y se hace un llamamiento a la discusión y el diálogo honesto «con personas que desafían nuestros puntos de vista». Al mismo tiempo, se planta oposición a «los esfuerzos por silenciar a aquellos con quienes uno está en desacuerdo –especialmente en los colleges y los campus». Citando a John Stuart Mill, la Declaración sostiene que el «reconocimiento de la posibilidad de que uno esté en el error es una razón para escuchar y considerar honestamente –y no meramente tolerar a regañadientes– puntos de vista que uno no comparte, e incluso perspectivas que encontramos chocantes o escandalosas». Ello no supone –insiste la Declaración– negar que exista la verdad ni afirmar que «todas las opiniones sean iguales». Más sencillamente, se trata de no amedrentar a quienes mantienen puntos de vista con los que uno no está de acuerdo mediante descalificaciones o tergiversaciones. «Es muy común en estos días que la gente intente inmunizar frente a la crítica opiniones que parecen ser dominantes en sus comunidades particulares. A veces, esto sea hace cuestionando los motivos y estigmatizando a quienes disienten de las opiniones prevalentes; interrumpiendo sus presentaciones; exigiendo que sean excluidos del campus; o, toda vez que han sido invitados, “desinvitándolos”. Ciertamente, el derecho a protestar pacíficamente, también en los campus, es sagrado. Pero antes de ejercer tal derecho, cada cual debería preguntarse: ¿no sería mejor escuchar respetuosamente y tratar de aprender del orador con quien disiento? ¿No serviría mejor a la causa de la búsqueda de la verdad tratar de entrar en una discusión civil franca con el orador?»21

Por último, un amplio grupo de profesores de perfiles ideológicos de toda clase ha creado recientemente la Academic Freedom Alliance (AFA). Compuesta por un enorme número de académicos y abogados, la asociación tiene como misión «defender la libertad de pensamiento y expresión de los profesores en su trabajo como investigadores y escritores, así como su vida de ciudadanos; su libertad para diseñar cursos y desarrollar clases siguiendo un juicio pedagógico razonable; y su derecho a ser liberados de tests, afirmaciones y promesas ideológicas»22. Para llevar a cabo su cometido, la asociación incluye la previsión de asesoramiento jurídico a sus miembros cuyas libertades académicas se vean vulneradas.

4. Aunque la amenaza a que se ve sometida la libertad académica no ha sido objeto en nuestro país de tanta atención como la que ha recibido en los Estados Unidos, no puede decirse que sea aquí inexistente. Sirvan de ejemplo al respecto las referencias a algunos ataques violentos a actos universitarios: a una charla sobre el marco jurídico de la prostitución en la Universidad Carlos III de Madrid23; a un homenaje a Cervantes en la Universidad de Barcelona24; a un debate sobre la ideología de género en la Universidad de Sevilla25; o a una conferencia en el seno del Congreso Internacional de Bioderecho, Administración y Dignidad Humana, también en la Universidad de Sevilla26.

Un comentario específico –también por lo que tiene de simbólico a causa de la reacción que suscitó– merece la interrupción violenta y el boicot de una ponencia sobre transexualidad impartida por el profesor de Filosofía del Derecho Pablo de Lora, el 18 de diciembre de 2019, en la Universidad Pompeu Fabra27. A raíz de este episodio, más de doscientos profesores de Filosofía del Derecho firmaron una Declaración «en apoyo de Pablo de Lora y en defensa de la libertad de expresión y académica». En el manifiesto, recordaban que «la vulneración del derecho a la libertad de expresión es particularmente grave» en el contexto académico, «porque no solo afecta a quien se ve materialmente impedido a expresarse, sino también a quienes desean escucharle y, particularmente, a quienes consideran erróneos los argumentos de quien desea expresarse, pues sin escucharlos no es posible demostrar su error». Asimismo, hacían un llamamiento a las autoridades académicas a reforzar «su compromiso con la libertad ideológica, con la libertad de expresión y con ideales como el pluralismo ideológico, el respeto y la tolerancia y la discusión racional», y a no «mostrarse tibios o comprensivos con acciones como la padecida por el profesor Pablo de Lora, ni mucho menos justificarlas o promoverlas»28.