Читать книгу La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana - Giacomo Finzi - Страница 16

El momento constituyente representó la culminación del proceso que aquí se ha definido como institucionalización de los movimientos sociales, que al mismo tiempo ha promovido la inserción de algunas de las principales demandas de los movimientos sociales e indígenas frente al ciclo de luchas sociales del Ecuador desde la década de los 90 en adelante. Paralelamente, la Asamblea Constituyente abrió un ciclo de convergencia y de discusión democrática; un espacio de apertura a los sectores sociales jamás registrado en la historia política reciente del Ecuador. Sin embargo, como se verá en el presente apartado, su resultado fue también el producto de la correlación de fuerzas presente entre sus integrantes y el reflejo de la presión gubernamental (específicamente en la persona del presidente Rafael Correa) para adelantar el cierre de sus trabajos.

Aquí se realizará un breve análisis sobre el proceso constituyente y se tratará de construir un balance sobre el proyecto final del texto constitucional, para identificar en ello los gérmenes de una futura división, un punto de quiebre y de ruptura con algunos de los sujetos políticos y sociales, así como el origen de algunos conflictos políticos, económicos, territoriales y culturales.

Las elecciones de octubre de 2006 vieron el triunfo de Alianza PAIS y de su candidato presidencial, Rafael Correa. Una vez instalado el gobierno de la Revolución Ciudadana, se profundizó el sentimiento antipartidista encarnado por Alianza PAIS, lo cual provocó el vaciamiento de las instituciones parlamentarias, ya fuertemente desprestigiadas. Como demostración de eso, cabe señalar que Alianza PAIS, en pleno rechazo de la vieja partidocracia, no había presentado candidatos para el poder legislativo y, por eso, el Congreso fue dominado –en su mayoría– por fuerzas de oposición al nuevo poder ejecutivo. Se trataba también de una estrategia política con la intención de legitimar el consiguiente imaginario constituyente y, a la vez, otorgarle un significado de abierta ruptura con el anterior orden constituido.

A pocos meses del triunfo electoral de Rafael Correa, en abril de 2007, la población fue llamada nuevamente a las urnas y aprobó la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente con el 81,72 % de votaciones. Es significativo el consenso que se registró frente al llamado constituyente, que le otorgaba un alto índice de legitimidad política. En septiembre del mismo año se registró la elección de los constituyentes, lo que consagró el liderazgo de Alianza PAIS –que obtuvo 80 curules de los 130 en disputa– y de las izquierdas –Pachakutik, MPD e Izquierda Democrática, que obtuvieron un 10 %– (Ramírez Gallegos, 2010, p. 92). Cabe señalar que, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y por efecto de la Ley de Cuotas, por primera vez, las mujeres de distintas tendencias políticas alcanzaron en conjunto 45 escaños, equivalentes al 34,61 % de los curules totales; un récord absoluto en la historia política reciente del Ecuador.

El lugar definido por Rafael Correa para hospedar el proceso constituyente fue Montecristi. Esta es una pequeña ciudad en el litoral, en el cantón de Manabí; no es muy distante de la disputada base militar estadounidense de Manta y es la ciudad natal de Eloy Alfaro, uno de los líderes de la Revolución Liberal de comienzos de siglo XX. La decisión de realizar el proceso constituyente en un lugar tan aislado y de difícil acceso fue cuestionada por los movimientos sociales y por los críticos, que veían en ello la voluntad gubernamental de encerrar los espacios decisionales y de no promover un debate realmente abierto hacia la totalidad de la ciudadanía, como también dificultar una presencia masiva de los movimientos sociales.

Sin embargo y a pesar de eso, los meses en que estuvo trabajando la Asamblea Constituyente, dividida en las diferentes comisiones y en las nueve mesas constitucionales –presidida por el economista y ecologista Alberto Acosta, quien había sido uno de los fundadores de la plataforma de Alianza PAIS–, el Ecuador vivió un periodo de floridos debates políticos, que parecían abrir un camino a la transformación social, más allá de la refundación del Estado y la resurrección de la institucionalidad, después de más de una década de vaciamiento institucional y político. El objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente trascendía la sola refuncionalización de las instituciones y se planteaba llevar a cabo una transformación más profunda, que se podría asociar a los planteamientos de las epistemologías del Sur (descritos en el párrafo anterior), es decir, la elaboración de una carta constitucional que pudiera institucionalizar los cambios en materia política, económica, social, cultural e inclusive epistemológica, que requería el Ecuador para su refundación.

Parece significativo traer a colación varios de los puntos críticos de la discusión dentro de la Asamblea Constituyente y observar algunos importantes logros y límites de su producto final, junto con la evaluación y las críticas que han surgido desde su aprobación mediante referendo. En efecto, aquí se sostiene que el momento de la Asamblea Constituyente marcó un punto de inflexión dentro de Alianza PAIS y, particularmente, su relación con los movimientos sociales que habían respaldado su instalación.

Entre los principales logros del proceso constituyente ecuatoriano se pueden mencionar la construcción del Estado plurinacional (en la próxima sección le dedicaremos un mayor análisis), el Buen Vivir (Constitución Política de la República del Ecuador, título VII) y el sumak kawsay, el régimen económico (título VI), los derechos de las Comunidades, de los Pueblos y Nacionalidades (título II, capítulo IV), la inclusión de los Derechos Colectivos y de la Naturaleza –como hemos afirmado en la sección anterior sobre epistemologías del Sur, se trata de una innovación muy relevante, inclusive con elementos reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos34–, la recuperación de la soberanía nacional –con el retiro de las bases militares extranjeras y la prohibición de nuevas instalaciones militares en su territorio35–, mecanismos para promover y fortalecer la participación ciudadana (título II, capítulo V [Derechos de participación]; título IV [Participación y organización del poder]) y la interculturalidad. Estos serían los principales elementos de fractura y de insurgencia conceptual/epistémica (Walsh, 2015, p. 6) que se podrían identificar como producto de las discusiones y debates de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el proceso constituyente no estuvo exento de momentos de tensión, tanto en la discusión sobre el mérito de algunos puntos de particular relevancia y polarización, como en aspectos procedimentales y de agenda que pudieron determinar y condicionar el resultado de la Asamblea Constituyente.

Las principales tensiones se dieron entre la figura del presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y el presidente de la república, Rafael Correa, sobre el mérito de las cuestiones ecológicas y la gestión de los conflictos socio-ambientales, particularmente en relación con el Mandato Minero (el Mandato Constituyente 6), que tenía que representar la voz de las reivindicaciones de los movimientos sociales e indígenas en la trayectoria de luchas territoriales definidas a partir de la década de los 90, pero también del movimiento ecologista antiminero, destinado a ocupar un protagonismo durante los años de gobierno de Alianza PAIS.

Es aquí importante destacar que, en medio de las discusiones dentro de la Asamblea Constituyente, el propio presidente Rafael Correa dio un viraje y cambió radicalmente su posición frente a la política minera, sobre todo respecto de la industria minera en gran escala –como ejercicio comparativo, se puede observar el programa electoral de Alianza PAIS de 2006 y la campaña electoral del mismo año, con las posiciones asumidas por el mismo presidente en la discusión de la constituyente–. El mismo día de la instalación de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el presidente de la república pronunció un discurso en contra del izquierdismo y ecologismo infantil que, en buena medida, confirmaba las preocupaciones de los movimientos ecologistas e indígenas frente a la política minero-energética que habría inaugurado el gobierno de Alianza PAIS.

Después de esa primera señal, se manifestaron cada vez más abiertamente las grietas entre el poder ejecutivo y algunos representantes del proceso constituyente: mientras se realizaban las discusiones sobre el Mandato Minero, el gobierno facilitó una legislación (Decreto Ejecutivo 1040 de 2008) que favorecía la inversión pública y privada en el sector minero, en que el Estado mantenía un papel activo de promoción y, al mismo tiempo, permitía la realización y la explotación de los proyectos mineros, de manera que volvían a entrar al Ecuador grandes empresas transnacionales, particularmente de capital chino36. Al mismo tiempo, en los debates de la Asamblea Constituyente se reproducían las evidentes tensiones políticas entre, de una parte, Alianza PAIS y los asambleístas de Pachakutik y, de otra, los últimos que respaldaban la posición de Alberto Acosta frente al Mandato Minero.

El resultado de la pugna fue el progresivo vaciamiento del Mandato Minero (ya cuestionado por el mismo poder ejecutivo) de la Asamblea Constituyente y, como consecuencia, la posición del gobierno de Rafael Correa se vio reflejada abiertamente en la Ley de Minería (Gobierno del Ecuador, 29 de enero de 2009).

Otro importante punto de fricción fue la discusión sobre la laicidad del Estado, la inclusión de la religión (católica in primis) dentro del texto constitucional mediante la referencia a Dios en el preámbulo constitucional, la reafirmación de los derechos y las garantías para las mujeres, el reconocimiento de los matrimonios homosexuales y, finalmente, la despenalización del aborto. Si bien el nuevo texto hubiera querido expresar y reafirmar la laicidad del Estado, la separación entre la Iglesia y el Estado, en el debate de la Asamblea Constituyente se registró un proceso de injerencia tanto por sectores del poder ejecutivo como de sectores conservadores –instituciones religiosas, principalmente de la Iglesia católica y de las comunidades evangélicas–. También desempeñaron un papel decisivo los medios de comunicación que, a través de una manipulación sensacionalista37 de los términos de la discusión, terminaron por afectar temas de importancia crucial, sobre todo en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres ecuatorianas y de las parejas homosexuales.

A las mujeres les dejó clarísimo que no se podía avanzar en nada. Pero yo concluyo que a mí no me preocupa si le quitan a Dios de la Constitución, [porque] yo no había venido como cura a defender a Dios en la Constitución; a mí lo que me preocupa es que Dios esté en Carondelet (el palacio presidencial). (Fernando Vega, entrevista con el autor, 21 de julio de 2017)

La referencia a Dios en el preámbulo de la Constitución minaba la declaración de laicidad del Estado. Los derechos de las parejas homosexuales y el matrimonio igualitario quedaron afuera del texto constitucional. Además, en la sección de derechos fundamentales, en el artículo 68, se excluyó categóricamente la posibilidad de adopción para parejas homosexuales.

Artículo 68. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. (Constitución Política de la República del Ecuador)

La discusión fue exacerbada por una pugna ideológica conducida por los sectores más conservadores de la sociedad, ampliada por el respaldo mediático, que dio lugar a un importante retroceso en términos de laicidad del Estado y de derechos de las mujeres. Por ejemplo, se reconoció el derecho a la vida desde la concepción38 que, como efecto, negaba y excluía cualquier tipo de solución de carácter progresista en esta discusión y, de alguna manera, daba a entender la aceptación por parte del gobierno de Rafael Correa de la cruzada en contra del aborto y el aparato dedicado a su criminalización. En la sección sobre el sistema de salud pública de los gobiernos de la Revolución Ciudadana, en el capítulo 2 de este trabajo, y en la sección sobre el feminismo decolonial del capítulo 3, se analizará con mayores detalles el conservadurismo de Alianza PAIS, particularmente encarnada en la figura del presidente Rafael Correa.

En síntesis, se podría afirmar que la timidez expresada por la bancada de Alianza PAIS en los temas éticos, en la ampliación de los derechos de las mujeres, en la definición de la relación Estado-Iglesia(s) y en el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales, estaba también condicionada por el imperativo de no encontrar la abierta oposición de las iglesias en el referendo aprobatorio de la nueva Constitución. Una campaña activa de las iglesias habría perjudicado el resultado de la consulta y, con ello, pudo deslegitimar el proceso de la Revolución Ciudadana antes de que este se pudiera consolidar políticamente. Por otro lado, es importante recordar aquí, en los términos gramscianos planteados y analizados anteriormente, el concepto de revolución pasiva, en particular, para articular la conexión revolución-restauración-conservación –presente en la Revolución Ciudadana– en la esfera de los derechos de las mujeres, de la despenalización del aborto y los demás puntos aquí analizados. Alianza PAIS promovió una restauración conservadora; en algunos términos, más que un progresismo, encarnó un retroceso social.

Un último punto es la disputa que se dio entre el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y el presidente de la república, Rafael Correa, en relación con el plazo para la culminación del proceso constituyente. Frente a la exigencia de Rafael Correa de concluir el proceso dentro de los ocho meses previstos por el estatuto de la Asamblea Constituyente, es decir, en julio de 2008, Alberto Acosta parecía no estar de acuerdo, para no sacrificar el mérito de los debates constituyentes por cuestiones de calendario. Acosta veía, sobre todo, la necesidad de llevar a cabo la discusión de algunos nudos cruciales que, en buena medida, habrían caracterizado la nueva conflictividad bajo los gobiernos de la Revolución Ciudadana –que será analizada el capítulo 2 y el capítulo 3 del presente trabajo–, surgida a partir de las contradicciones de la Revolución Ciudadana. Sobre esta posición de Rafael Correa pesaban algunas señales de agotamiento del proceso constituyente y algunas encuestas que imponían acelerar su terminación.

La cuestión del plazo para la terminación del proceso constituyente, que podría parecer una cuestión formal y de simple calendario, asumió una importancia trascendental porque fue el detonante, entre otras cosas, de la renuncia del presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, remplazado por Fernando Cordero el día 23 de junio de 2008. La principal diferencia, ha tenido que ver con el Mandato Minero y la cuestión ecológica, pero también con el consentimiento previo de las comunidades para la explotación petrolera y la amnistía para el expresidente de la república Gustavo Noboa.

Según David Cordero,

[Él] quería incluir otras temáticas, pero no es que por eso se podría decir que fuera más radical. Se fue porque quería incluir a otras temáticas, no la de género. Porque la de género ya había sido, básicamente, derrotada. Pero creo que en los temas agrarios e indígenas sí. El tema de lo Plurinacional, las formas de participación étnica, bueno, ahí sí, él tenía unas ideas más experimentales. Y ya ahí, cuando vio que su agenda no prevalecía, se retiró de la Asamblea y se hizo opositor, totalmente. (David Cordero, entrevista con el autor, 25 de julio de 2017)

Alberto Acosta se despidió de su cargo con un ataque frontal a la posición del presidente Rafael Correa:

Esta disposición y posición personal de no sacrificar el debate por la premura del plazo, no es compartida en sus alcances y con lo que ello significa en tiempos, por la mayoría de la cúpula de Acuerdo País […]. Siento que el ejercicio de la autoridad, responsable con quienes le designan, respetuosa del mandato encomendado, ennoblece. Lo contrario, el ejercicio del poder por el poder, embrutece. Ese riesgo no me lo correré […] Quienes construyen la historia son los pueblos y no los individuos de forma aislada. (Acosta, 2008)

Vale la pena señalar la dura reacción de Rafael Correa frente a la renuncia de Alberto Acosta (a pesar de que no se mencione su nombre directamente):

nadie es imprescindible en este proceso. […] La Constitución se tiene que hacer a tiempo, como ordenó el pueblo ecuatoriano. […] No hay antagonismo en trabajar excelentemente bien y extraordinariamente rápido para cumplir con el mandato ineludible del pueblo ecuatoriano. […] El primer paso para lograr el cambio es dejar a un lado las falsas democracias; nos quieren hacer creer que todo el mundo puede debatir interminablemente. […] Democracia no es que en los debates participen todos los sectores, sino básicamente es cumplir con el mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 15 de abril, que nos dio el deber de hacer una Constitución en ocho meses y extraordinariamente bien.39

La renuncia de Acosta, además de implicar un retroceso en relación con los debates sobre temas cruciales como derechos laborales, temas indígenas, sobre la autodeterminación en los territorios y la minería –señal adicional de que se consumaba la ruptura40–, dio paso a la aceleración de la terminación del proceso constituyente dentro del plazo establecido: el 24 de julio de 2008. Ese día la Asamblea Constituyente aprobó, con 94 votos de los 130 asambleístas, el nuevo texto constitucional, preparando el terreno para el referéndum constitucional para su aprobación definitiva. El respaldo popular al proceso constituyente y a la nueva carta constitucional del Ecuador consagró al gobierno de Rafael Correa, con una aprobación del 63,93 %, el día 28 de septiembre de 2008. Es significativo aquí remarcar la caída del consenso frente a los resultados y al proceso constituyente en su conjunto, pues el mandato constituyente (elecciones de la Asamblea Constituyente) había tenido el 81,72 % de aprobación.

Como se ha afirmado antes, el proceso constituyente representó un momento crucial para el Ecuador, promoviendo la refundación del Estado y de sus funciones políticas, económicas, sociales y culturales. Un balance contradictorio podría ser la expresión más apropiada para definir el proceso y su producto final (la nueva carta constitucional) en su conjunto. En efecto, a pesar de ser “uno de los procesos más participativos y democráticos de la historia política del Ecuador” (Valeria Coronel, entrevista con el autor, 22 de junio de 2017), al mismo tiempo se podría sostener que fue un proceso dirigido –en el que las decisiones cruciales no eran el fruto de la discusión entre los asambleístas, con autonomía, sino de las directivas de los bloques de los partidos políticos y, específicamente en el caso de Alianza PAIS, de la misma injerencia del presidente Rafael Correa; además, los intelectuales orgánicos de Alianza PAIS dirigían el proceso– y apresurado (Fernando Vega, entrevista con el autor, 21 de julio de 2017) por el plazo que el propio Rafael Correa estaba dispuesto aceptar para su culminación.

En la práctica, la Constituyente, ya desde el comienzo, era poco democrática. Se criticaba la aplanadora de las mayorías de los partidos. Pero una nueva aplanadora, dirigida por un solo hombre o por un círculo muy pequeño, y, aunque tuvieran razón, era bien aplanadora. A la oposición no le das el chance, ni siquiera cuando tienes razón, de tener razón. Verdad, era un avasallamiento total, se avasallaban los intereses de los indígenas, de las mujeres, de las minorías, de los que aspiraban a una reforma que fuera más radical. Entonces, yo ya voté en contra de artículos que no fueran lo suficiente dignos, por ejemplos la famosa consulta previa sobre el tema de los recursos naturales, recursos estratégicos. (Fernando Vega, entrevista con el autor, 21 de julio de 2017)

Al mismo tiempo, se revelaba cada vez más contradictorio el contenido de la nueva carta constitucional frente al programa de gobierno de Alianza PAIS, lo cual no podía sino producir conflictos dentro de la coalición gubernamental, como dar espacio a nuevas formas de conflictividad entre los movimientos sociales y suscitar nuevas expresiones de oposición. Inclusive los avances en términos de derechos incluidos en la nueva Constitución y las conquistas sociales, consideradas como las herencias y los productos de las luchas sociales del periodo 1990-2007, se quedaron solamente en el papel:

Las conquistas sociales solamente están escritas en el texto constitucional pero no se cumplen. Porque si hablamos de sindicalismo, se dio un proceso de tercerización. Se rompió el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y se creó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En el movimiento indígena intentaron fracturar la organización, para intentar meterse en el extractivismo con fuerza. Y ante la resistencia, han criminalizado la protesta. Los médicos, arrinconados, los abogados, de la misma manera. Los periodistas, los indígenas, perseguidos y encarcelados. Esto es el saldo de la década ganada. (Carlos Pérez, entrevista con el autor, 21 de julio de 2017)

Si por un lado se quería dar fin a la larga noche neoliberal, por otro, a través de los mandatos constituyentes, se profundizaron las condiciones estructurales de recomposición del neoliberalismo por otros medios. Es significativo, por ejemplo, traer a colación el caso de la legislación laboral:

Con el sector obrero, el Gobierno institucionaliza los mandatos constituyentes, 2, 4 y 8. Estos mandatos constituyentes plantean que son “a favor de los trabajadores y que aquí se quiere acabar con la larga noche neoliberal”, que significa la precarización, la tercerización, la intermediación. Sin embargo, lo que se hace es limitar la posibilidad de negociación colectiva, sobre todo en el sector público. En el mandato 2 se ponen techos, se ponen límites a, en este caso, las jubilaciones. En el mandato 4 se ponen límites a las indemnizaciones por despido intempestivo. Una vez que se pone este límite por indemnizaciones por despido intempestivo, en 60 000 USD, el Gobierno aprovecha para despedir a una buena cantidad de trabajadores petroleros, sobre todo a los más organizados. Porque ellos venían denunciando toda esta serie de contratos que venía firmando el Gobierno con supuestamente alianzas estratégicas, con empresas nacionales principalmente de Venezuela y Brasil, PDVSA y Petrobras, y generando lo que después será la empresa Rionapo.

Entonces, en el sector obrero petrolero hubo una fuerte resistencia y denuncia, porque incluso quien entraba a negociar estos contratos petroleros era el hermano del presidente Correa y ellos tenían toda la documentación. Comienzan a denunciar el mandato 4 y el Gobierno descabeza y despide a todo el sector petrolero. Y eso sobre todo con una pugna. Y con eso viene el mandato constituyente 8, que también se refiere a la parte laboral, en donde se plantea limitar todo el tema de la negociación colectiva en el Ecuador, sobre todo en el sector público. Con este mandato limitan la contratación colectiva a unos cuatro derechos y el resto se elimina y se prohíbe. Y con este mandato, supuestamente, se acaba con los servicios complementarios, los servicios de intermediación laboral y el contrato por hora, en los artículos 2, 3 y 4. Pero los artículos 5, 6 y 7 crean otras formas de lo mismo. El artículo 5 genera servicios complementarios, que remplaza los contratos de servicios de tercerización. Y en el otro, generan contratos de servicios especializados, que remplazan, en cambio, al tema de intermediación. El artículo 7 viene a remplazar el contrato por horas. Y el artículo 8, inaugurado el primero de mayo de 2008, supuestamente en honor a los trabajadores, para borrar la tercerización; pero por otros medios se mantienen las mismas instituciones. Entonces, esto provocó que el Gobierno rompiera con diferentes sectores laborales. (Franklin Sarmiento, entrevista con el autor, 22 de julio de 2017)

Se considera aquí, por lo tanto, la aprobación de la nueva Constitución Política del Ecuador de 2008 como un punto de inflexión en el interior del proyecto de la Revolución Ciudadana y, particularmente, en la definición de una ruptura con los sujetos políticos y sociales que habían venido acompañando el proceso.

Si por un lado se puede analizar el contenido formal de la Constitución Política del Ecuador como progresista y con algunos importantes elementos decoloniales, es importante también considerar su significado más intrínseco, es decir, su intención de conformar un nuevo modelo de dominación. En efecto,

lo decolonial, por supuesto, no es una nueva condición a ser interpretada, implementada o lograda por el gobierno, ni tampoco podría ser jamás un proyecto de estructuras e instituciones que mantengan el molde del gobierno sobre la autoridad, el control y el poder vertical. Pensar entonces que los gobiernos pueden lograr o siquiera provocar la decolonización, sin transformar radicalmente las propias nociones de autoridad y poder, es una falacia que incluso Evo Morales nos hace notar claramente. Lo decolonial no viene desde arriba, sino desde abajo; desde los márgenes y de los bordes; de la gente, las comunidades, movimientos, colectivos que retan, interrumpen y transgreden las matrices del poder colonial en sus prácticas de ser, su actuación, existencia, creación y pensamiento. (Walsh, 2015, p. 8)