Читать книгу Modelando el emprendimiento social en México - Группа авторов - Страница 9
ОглавлениеIntroducción
En medio del rápido crecimiento del emprendimiento social (ES) en las últimas décadas, las estructuras legales han surgido como una dimensión de estudio compleja y dinámica. Debido a las implicaciones a corto y largo plazo para el emprendedor social y para los stakeholders de la organización, la identidad legal es cada vez más relevante al determinar el impacto social de una organización. La elección de una figura legal adopta un carácter estratégico, influido por las características de contenido local del entorno.
Conway Dato-on (2013: 201) define las capacidades institucionales como el proceso mediante el cual una organización mejora sus habilidades y recursos de tal manera que conduce al fortalecimiento de una institución para cumplir sus metas y satisfacer las expectativas de sus stakeholders. En este sentido, el contexto institucional en el que opera una organización —y las leyes implícitas en este contexto— puede mejorar o limitar su capacidad de generar impacto. Kerlin (2010) argumenta que el contexto ha configurado el tipo de necesidad, propósito, forma de organización de la actividad, estructura legal y proceso involucrado en la creación y realización de la actividad de ES.
Investigaciones previas (Haigh, et al., 2015) muestran que no es raro encontrar empresas sociales no lucrativas, lucrativas o híbridas que transiten de una estructura legal a otra, tratando de identificar aquella que se adapte mejor a su misión, su capacidad de recaudar capital, su estructura y los ideales de los fundadores. En otras palabras, la estructura legal que pone orden en una empresa social se convierte en un componente central de su proceso de desarrollo de capacidad, ya que puede mejorar o prevenir la habilidad y organización para cumplir su misión social.
Es importante advertir al lector que el propósito de este capítulo no es proporcionar una explicación detallada de los aspectos técnicos y de las especificaciones referentes a los marcos legales del ES en México. Al contrario, lo que se pretende es brindar un panorama general de las tendencias y desafíos que este enfrenta en términos de los marcos contextuales legales en el país.
El presente capítulo busca explorar cómo el panorama legal[1] mexicano puede convertirse en un instrumento organizacional que aporte al proceso de desarrollo de capacidades institucionales de los emprendedores sociales y, por ende, al impacto de sus empresas sociales al discutir las siguientes preguntas: ¿Cuál es el panorama legal actual para el ES en México? ¿Cuáles son las configuraciones legales más comunes utilizadas por los emprendedores sociales con y sin fines de lucro? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué incentivos existen? ¿Qué desafíos plantean?
El capítulo comienza analizando los marcos legales desde una perspectiva de capacidades institucionales para comprender lo que buscan los emprendedores sociales al seleccionar sus estructuras legales. Luego se describe el panorama legal mexicano, observando las estructuras legales del ES sin fines de lucro y aquellas en el sector con fines de lucro. El objetivo de esta descripción es proporcionar una visión general de las ventajas y desafíos que plantean las estructuras legales del ES. También se incluyen referencias a organizaciones y emprendedores sociales que ejemplifican tales ventajas y desafíos.
¿Para qué sirve la estructura legal?
Los recursos institucionales definidos por Dacin, et al. (2012: 50) hacen referencia a la infraestructura política, legal e institucional en la que los individuos pueden apoyarse. Si entendemos el ES como un proceso mediante el cual se cumplen misiones sociales, como iniciativas cuyo propósito es beneficiar a los “otros”, que no son dueños de la organización o de su producción (Prabhu, 1999), (véase también el capítulo 1), tiene sentido comprender las reglas formales e informales que sirven como plataforma para estos diversos procesos e iniciativas. En este sentido, los marcos legales del ES pueden comprenderse como pautas regulatorias formales que forman parte de los recursos institucionales disponibles para los emprendedores sociales que tienen un impacto directo en la formación, desarrollo y resultados del ES, en un contexto particular.
Discutir sobre las estructuras legales desde una perspectiva de capacidad institucional significa que estas pautas vigentes deben convertirse en una mejora o en un aumento de las habilidades y recursos disponibles para cumplir la misión social de una organización. Investigaciones previas han demostrado que los marcos legales tienen un papel crucial en el desarrollo del ES (Haigh, et al., 2015; Townsend y Hart, 2018; Lasprogata y Cotten, 2002; Berger, et al., 2004). Por ejemplo, Townsend y Hart (2008: 686) argumentan que un “acoplamiento estrecho entre organizaciones y entornos institucionales” (incluyendo marcos legales) en realidad puede mejorar las perspectivas de sobrevivencia organizacional. Un enfoque interesante es el de Dacin, et al. (2010), quienes argumentan que en el contexto del ES tal vez resulte más crucial reconocer que la falta de instituciones puede facilitar el desarrollo de emprendimientos sociales. Su argumento consiste en que es más probable que el ES ocurra cuando hay problemas socioeconómicos, culturales y ambientales significativos. Por ende, planteamos la pregunta: ¿Esto es válido para los huecos en la infraestructura legal?
Las estructuras legales tienen un papel significativo en el proceso de desarrollo de capacidades del ES que va más allá de la fase inicial de selección de estructura. El panorama legal tiene un papel importante no solo en determinar qué plataforma organizacional elije inicialmente el emprendedor social, sino también en cómo facilita acceso a varios tipos de recursos, cómo comunica y fortalece la misión social de la organización, cómo ofrece una infraestructura fiscal congruente con los objetivos del ecosistema de ES y cómo promueve eficiencia al empezar (y terminar) empresas sociales. Por lo tanto, a pesar de que al comienzo de un proyecto se presta mucha atención a la selección de la estructura legal, es importante considerar que, para lograr comprender estas estructuras desde una perspectiva de capacidades institucionales, debe usarse un enfoque más integral, que tome en cuenta todo el ciclo de vida de una organización.
Entonces, una pregunta inicial que podemos formular es, ¿cómo pueden los marcos legales contribuir al ES? Desde la perspectiva de los emprendedores sociales, ¿qué se necesita para que las opciones legales disponibles en un entorno particular se conviertan en potenciadoras de capacidades?
Las fuerzas propulsoras en la selección de la estructura legal
De acuerdo con Haigh, et al. (2015), lo que impulsa a los emprendedores sociales a elegir la estructura legal de su organización puede categorizarse en dos ámbitos: la estrategia organizacional y los factores personales que rodean al fundador. Los autores sostienen que, al discutir el panorama legal del ES, es común suponer que los emprendedores sociales eligen estratégicamente sus estructuras legales teniendo en mente preservar beneficios fiscales (para organizaciones no lucrativas) o impacto social, o para lograr tener acceso al capital y otros recursos. Sin embargo, una mirada más profunda a lo que impulsa el proceso de toma de decisiones de los emprendedores sociales con respecto a la estructura legal revela que no es tan simple. Haigh, et al. (2015) identifican que los cinco factores clave que determinan la elección de la estructura inicial (con fines de lucro, sin fines de lucro o híbridas) incluyen: deseo de facilitar la misión, necesidad de incrementar el capital (acceso a subvenciones, donaciones o capital de riesgo, financiamiento de deudas), adecuación con los valores/identidad del fundador, conveniencia percibida (por ejemplo, evitar la burocracia que se percibe al estar asociada con modelos no lucrativos) y experiencia previa del fundador. La tabla 3.1 muestra una descripción de los trece factores clave identificados por los autores, desde los más hasta los menos relevantes (los factores clave no son mutuamente excluyentes). Congruentes con estos hallazgos, Townsend y Hart (2008: 686) sostienen que la “ambigüedad institucional percibida con respecto a la adquisición de recursos, la alineación de los stakeholders y la legitimidad durante la creación de emprendimientos afecta la elección de la forma organizacional” de los emprendedores sociales. De acuerdo con los autores, hay una “falta de acuerdo normativo sobre la idoneidad de tratar de crear valor social y económico al mismo tiempo” (Townsend y Hart, 2008: 687), lo que explica una porción importante de la variedad en la elección de la forma organizacional de las empresas de ES.
Tabla 3.1. Factores clave en la elección de la estructura legal inicial
| Factor | Definición | ¿Estratégico o personal? | |
| 1 | Deseo de facilitar la misión | La estructura legal apoyaría de la mejor manera la misión de la organización. | Estratégico |
| 2 | Necesidad de incrementar el capital | La estructura legal permitiría incrementar el capital inicial de la manera más eficaz. | Estratégico |
| 3 | Adecuación con los valores/identidad del fundador | Los emprendedores sociales tenían una preferencia específica que se alinea con sus valores y/o identidad. | Personal |
| 4 | Conveniencia percibida | Los emprendedores sociales creían que la estructura legal era menos complicada que otras. | Estratégico/personal |
| 5 | Experiencia previa del fundador | Los emprendedores sociales basaron su elección en su experiencia profesional previa. | Personal |
| 6 | Demostrar el valor económico de la intervención | Los emprendedores sociales querían demostrar que era posible dirigir su misión y ganar dinero. | Personal |
| 7 | Adecuación con el producto | La estructura legal se percibió como una buena combinación para el bien/servicio ofrecido. | Estratégico |
| 8 | Nunca consideraron una alternativa | Los emprendedores sociales nunca consideraron otras opciones de registro legal. | Personal |
| 9 | Necesidad de ser comprendido | La estructura legal ayudaría a posicionar a la organización de una manera que los stakeholders consideren legítima. | Estratégico |
| 10 | Consejos de otros | Los emprendedores sociales siguieron consejos ofrecidos por personas cercanas a ellos. | Personal |
| 11 | Generar ingresos | La estructura legal permitió la generación efectiva de ingresos. | Estratégico |
| 12 | Necesidad de flexibilidad | Los emprendedores sociales seleccionaron la estructura legal que les pareció que ofrecía mayor flexibilidad. | Estratégico/personal |
| 13 | Consideraciones fiscales | La estructura legal ofreció ventajas fiscales específicas. | Estratégico |
Fuente: Haigh, N., Dowin, E. y Walker, J., 2015.
Al analizar por qué los emprendedores sociales cambian sus estructuras legales, la tabla 3.2 muestra que las razones principales identificadas por Haigh, et al. (2015) incluyen: el deseo de facilitar la misión y atender las siguientes necesidades: incrementar el capital, ser comprendido o legitimar el trabajo, diversificar los ingresos y conveniencia. Los hallazgos relevantes de este estudio, que sirve como insumo para el análisis del escenario mexicano, incluyen que cuando se trata de marcos legales, los emprendedores sociales tienen la necesidad de permanecer flexibles para poder seguir con su misión sin dejar de ser económicamente viables (flexibilidad para controlar mejor sus esfuerzos filantrópicos e incrementar opciones para obtener capital). Curiosamente, los resultados de la investigación indican que las empresas cuyas estructuras legales fueron seleccionadas principalmente para facilitar la obtención de capital fueron también algunas de las que más probablemente cambiaron de estructura legal. La estructura legal puede convertirse en el vehículo a través del cual los emprendedores sociales equilibran los objetivos económicos y sociales (lo que significa que las híbridas pueden volverse más estratégicas con el tiempo).
Tabla 3.2. Factores clave que determinan cambios en la estructura legal
| Factor | Definición | ¿Estratégico o personal? | |
| 1 | Deseo de facilitar la misión | Un cambio en la estructura legal apoyaría mejor la misión de la organización. | Estratégico |
| 2 | Necesidad de reunir capital | Un cambio en la estructura legal permitiría recaudar capital adicional de manera más eficaz. | Estratégico |
| 3 | Necesidad de ser comprendido | Un cambio en la estructura legal posicionaría más claramente a la organización de tal manera que los stakeholders la consideren legítima. | Estratégico |
| 4 | Necesidad de diversificar ingresos | Un cambio en la estructura legal permitiría generar ingresos adicionales. | Estratégico |
| 5 | Necesidad de conveniencia | Un cambio en la estructura legal permitiría a la organización operar de manera más conveniente. | Estratégico |
| 6 | Demostrar el valor económico de la intervención | Un cambio en la estructura legal permitiría a los emprendedores sociales demostrar que era posible abordar su misión y ganar dinero. | Personal |
| 7 | Experiencia previa del fundador | Los emprendedores sociales cambiaron su estructura legal para que coincidiera con su experiencia profesional previa. | Personal |
| 8 | Adecuación a los valores o identidad del fundador | Los emprendedores sociales cambiaron su estructura legal para alinearse más con sus valores y/o identidad. | Personal |
| 9 | Necesidad de flexibilidad | Los emprendedores sociales seleccionaron una estructura legal que les ofrecía mayor flexibilidad. | Estratégico/ Personal |
| 10 | Necesidad de control | Los emprendedores sociales optaron por una estructura legal que les brindaba más control. | Estratégico/ Personal |
| 11 | Reducir los costos de hacer negocios | Un cambio en la estructura legal ofreció la oportunidad de reducir los gastos. | Estratégico |
Fuente: Haigh, N., Dowin, E. y Walker, J., 2015.
El panorama legal mexicano: una visión general
Aunque existe un acuerdo general sobre el crecimiento exponencial del ES en México en los últimos cinco años, también hay un claro consenso que describe los marcos legales como una de las dimensiones más desafiantes del ecosistema del ES en el país (Butcher, 2014; Green Street y EY, 2014; Huberts, 2015; Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Ecología y Desarrollo, 2016). En términos generales, un emprendedor social tiene tres opciones amplias al momento de seleccionar la estructura legal de una organización: una estructura lucrativa que conlleve una fuerte misión social; una no lucrativa, que genere parte o la totalidad de sus ingresos; y una de “entidad mixta”, que asocie lo lucrativo con lo no lucrativo a través de la propiedad, contratos, donaciones u otros medios (Haigh, et al., 2015).
Para el caso de México, podemos dividir el análisis del panorama legal en dos grandes áreas: las estructuras no lucrativas y las estructuras lucrativas. Las estructuras legales más desarrolladas para los emprendedores sociales pueden encontrarse dentro de los límites de la estructura no lucrativa, aunque recientemente ha habido avances en el área lucrativa. Las entidades mixtas también se encuentran en crecimiento, sin embargo, se definen como áreas “grises” en las que aún se están elaborando directrices específicas. Debido a que las empresas sociales con y sin fines de lucro actualmente se encuentran bajo el dominio de diferentes instituciones públicas, no existen datos que sistematicen el número de organizaciones de ES en cada estructura legal. No obstante, una encuesta elaborada en México por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, UVM (2013), demuestra que 68% de los proyectos de muestra del ES son no lucrativos, 24% son mixtos y 9% son lucrativos.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los emprendedores sociales en México es que no hay una estructura legal que les permita aceptar donaciones deducibles de impuestos y recaudar ingresos de las ventas de productos o servicios de forma simultánea. Como consecuencia, muchos establecen una organización no lucrativa para recibir subvenciones y una organización lucrativa para vender servicios y productos (Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Ecología y Desarrollo, 2016), lo que significa que los emprendedores sociales se ven forzados a realizar “acrobacias legales” (Huberts, 2015).
Las estructuras sin fines de lucro
Para comprender el panorama legal de la empresa social sin fines de lucro en México, es importante considerar su vínculo con los orígenes y el desarrollo del tercer sector en la región. Si bien las organizaciones de la sociedad civil mexicana comenzaron a surgir como stakeholders relevantes en la esfera pública desde la década de 1970 (Butcher, 2014), no fue hasta 2004 que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se aprobó y publicó como la base legal principal para el sector no lucrativo en México. Durante más de una década, las organizaciones exigieron una ley que las reconociera como stakeholders clave en la esfera social. Antes del establecimiento de esta ley, el entorno legal para las organizaciones sin fines de lucro en México “[…] era disperso y discrecional […] ni siquiera proporcionaba un estatus deducible de impuestos para más de la mitad de las organizaciones de la sociedad civil en ese tiempo” (Arango, 2002).
Según el International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), hay dos formas legales organizativas principales para una organización sin fines de lucro en México: Asociaciones Civiles (A.C.) e Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.). De acuerdo con el Código Civil, una A.C. está formada por dos o más personas que se asocian para un propósito común que no es principalmente de carácter económico. Una I.A.P. se crea para realizar servicios de caridad con activos privados de acuerdo con las leyes estatales sobre asistencia privada. Las I.A.P. se registran ante la Junta de Asistencia Privada, que es un organismo social, que las supervisa. En México, las I.A.P. deben pertenecer a la Junta de Asistencia Privada de su región. Es importante destacar que el papel de la Junta de Asistencia Privada es más que simbólico; su tarea es convertirse en un “guardián” de la misión social de las diferentes I.A.P. registradas por región. La Junta es elegida por los miembros del sector y se alternan en periodos de tres años.
Tanto las I.A.P. como las A.C. deben registrar sus estatutos con el Registro Público de la Propiedad y el Registro Federal de Contribuyentes. Para ser candidata a recibir fondos gubernamentales, una organización debe estar listada en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) creado por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil de 2004. La tabla 3.3 resume las características de estas estructuras.
Tabla 3.3. Formas de organización no lucrativas de las empresas sociales en México
| Formas de organización | Asociaciones Civiles (A.C.) | Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.) |
| Órganos de registro | Registro Público de la Propiedad y Registro Federal de Contribuyentes. Para ser candidata a recibir fondos gubernamentales, una organización debe estar registrada en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI). | Junta de Asistencia Privada, Registro Público de la Propiedad y Registro Federal de Contribuyentes. Para ser candidata a recibir fondos gubernamentales, una organización debe encontrarse en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. |
| Número aproximado | 35,762 (Registro Federal de OSC): Activas, 20,587; Inactivas, 14,964 | 3,135 |
| Barreras para entrar | Ninguna | Ninguna |
| Barreras para las actividades | Ninguna | Ninguna |
| Barreras para el discurso y/o apoyo | Ninguna | Ninguna |
| Barreras para el contacto internacional | Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que clasifica las donaciones como una “actividad vulnerable” | Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que clasifica las donaciones como una “actividad vulnerable” |
| Barreras para recursos | Leyes impositivas que inhiben las donaciones, con un tope para las donaciones elegibles (corporaciones e individuos pueden deducir hasta 7% de sus ingresos gravables pagados durante el año fiscal) | Las leyes impositivas limitan la deducibilidad de las donaciones |
| Barreras para asamblea | Restricciones para no ciudadanos y prisioneros; suele requerirse una notificación previa de nivel estatal; prohibición legal en asambleas tres días antes de las elecciones; tendencia de los estados a promulgar leyes que permitan a la policía el uso extremo de la fuerza contra los manifestantes. |
Fuente: International Center for Not-for-Profit Law, ICNL, 2017.
Los siguientes casos intentan describir, desde el punto de vista de los emprendedores sociales mexicanos, la manera en que los marcos legales influyen en el ecosistema del ES para las organizaciones sin fines de lucro.
El caso de Fundación Bringas-Haghenbeck, I.A.P. (Fundación FBH, I.A.P.)
Descripción
La historia de la Fundación Bringas-Haghenbeck I.A.P. comienza en 1935, cuando Luz Bringas y Robles constituyó la Fundación “Luz Bringas” como una plataforma para invertir su patrimonio en favor del desarrollo social de México a través de iniciativas educativas. En 1951, Ma. de los Ángeles Haghenbeck y de la Lama creó otra fundación con su nombre de propósitos similares, pero se enfocó en trabajar con la población de adultos mayores. En 1991, debido a una solicitud de la Junta de Asistencia Privada, ambas fundaciones se fusionaron para crear lo que hoy se conoce como la Fundación Bringas-Haghenbeck, I.A.P., o Fundación FBH. La larga trayectoria de la fundación FBH y sus conocidas credenciales han resultado, como consecuencia, en la adopción de otras dos fundaciones bajo el dominio de Fundación FBH.
Como producto de las varias fundaciones que se han fusionado bajo FBH, hoy la organización trabaja con tres dimensiones diferentes, pero relacionadas, del desarrollo social: apoyo a la población de adultos mayores, educación y desarrollo comunitario.
Percepciones de los marcos legales
El papel de la Junta de Asistencia Privada
1) Protege el espíritu fundacional de la institución: según María del Carmen Gutiérrez Orozco, directora de la Fundación FBH, la principal diferencia entre una I.A.P. y una A.C. es que las I.A.P. están sujetas a regulaciones específicas que protegen la misión social de la organización. Por ejemplo, si la Fundación FBH quiere desaparecer hoy, “no es tan fácil, ya que el patrimonio no es nuestro. Nuestro papel es administrar capital que no es nuestro… si una I.A.P. quiere desaparecer, la Junta debe encontrar otra I.A.P. con “igual estatus” y después la fundación es transferida. De esta manera, el espíritu fundacional de la organización es protegido”. De acuerdo con Gutiérrez Orozco (2017), es más probable que una A.C. se transforme en una I.A.P. que al revés.
2) Plataforma de redes: otro beneficio percibido por Gutiérrez Orozco es que, al ser un órgano local, la Junta puede servir como una plataforma para vincular a la organización con otras instituciones gubernamentales y organizaciones del tercer sector que trabajan en los mismos temas. Dado que la Junta está dividida en comités de las diferentes categorías de áreas de intervención de las organizaciones que operan en la región, esto crea una rica plataforma para compartir conocimientos y experiencia.
3) Profesionalización: la Junta también brinda acceso a recursos, capacitación y conocimiento que profesionalizan a las organizaciones.
4) Regulación interna: en palabras de la directora de FBH, “Todo lo que regula puede ser tedioso, pero es una cuestión de cumplimiento y transparencia. También nos hace sentir tranquilidad, y nos brinda apoyo. Aunque regula, apoya…”. (Gutiérrez, 2017).
5) Capacidad de cabildeo: como miembros de una Junta de Asistencia Privada regional, las I.A.P. tienen más capacidad de negociar y presionar los procesos de toma de decisiones.
Exenciones de impuestos y beneficios
Algunos de los derechos locales a los beneficios fiscales que provienen de ser una I.A.P. incluyen acceso a subsidios en: impuesto predial, 3% de impuesto sobre renta, licencias de construcción, tarifa de registro de propiedad, adquisición de derechos de propiedad, etc. Sin embargo, una clarificación importante que hace Gutiérrez Orozco es que, aunque tienen exenciones, de todas maneras deben operar como un negocio normal, pagar otras formas de impuestos. En palabras de Gutiérrez Orozco (2017), “Mi ingreso debe invertirse en la organización, esa es la única diferencia”.
Incertidumbre
Con los beneficios de recibir ciertas exenciones de impuestos, vienen los riesgos de depender mucho de ellos. Una de las situaciones que enfrentó recientemente la Fundación FBH fue que, sin advertencia, hubo un cambio en las regulaciones, lo cual significó que la exención del 100 % del impuesto a la propiedad fue reducida a 75%. Para una organización como Fundación FBH, que depende de su patrimonio, esto representó una amenaza real (afortunadamente, debido a la capacidad de cabildeo por medio de la Junta, la regulación fue revertida). Sin embargo, siempre existe el temor de que las leyes cambien repentinamente y alteren las operaciones diarias de la organización.
Carga administrativa y regulaciones externas
Ser una I.A.P. en México significa cumplir con códigos financieros que requieren mucho tiempo y recursos. De lo contrario, las I.A.P. y A.C. no tendrían acceso a subsidios, exenciones de impuestos y derechos.
Desconocimiento cultural de cómo funciona el sector social
En general, no sólo en las I.A.P., sino también en el sector no lucrativo en general, hay una falta de conocimiento y cultura sobre cómo funciona el sector. Según Gutiérrez Orozco (2017), “La credibilidad del sector es muy baja, nadie quiere donar. Esta es la razón por la cual ser capaces de dar recibos deducibles de impuestos no es tan importante para nosotros”.
El caso de IRMA, A.C.
Descripción
El Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia A.C. se estableció legalmente como una organización de la sociedad civil en el año 2000. María del Carmen Alba López, fundadora y presidenta de IRMA, A.C., tuvo experiencias personales con mujeres y hombres que enfrentaron procesos complejos de pérdida de embarazo inducidos o involuntarios. Esto la inspiró a constituir legalmente IRMA A.C. como la primera institución en México en abordar este problema de manera no lucrativa. El objetivo de IRMA A.C. es proveer asistencia psicológica a mujeres y hombres que han experimentado una o más pérdidas de embarazo involuntarias o inducidas.
Percepciones de los marcos legales
Beneficios de ingresos
Durante más de quince años, IRMA A.C. ha estado constituida como una asociación civil A.C. Esto se ha traducido en beneficios que incluyen acceso a fondos públicos que requieren que las organizaciones estén listadas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI). De otra manera, estos fondos serían inaccesibles para las organizaciones. Adicionalmente, la posibilidad de recibir donaciones exentas de impuestos se otorga una vez que las organizaciones han sido aprobadas por el Registro Federal de Contribuyentes.
Acceso a intermediarios
Según Alba López, otro beneficio de estar registrado como A.C. es que las organizaciones pasan a formar parte de un “sector” con acceso a intermediarios cuyo papel es crucial en lo concerniente a los procesos de desarrollo de capacidades (acceso a capacitaciones, expertos y contactos con ideas relevantes). Por ejemplo, uno de los intermediarios mencionados por Alba López es Promotora Social (ver el capítulo 6), que ha desempeñado un rol interesante al proporcionar información sobre nuevos esquemas estructurales que podrían favorecer la misión social de IRMA.
Regulaciones
De manera similar a lo observado con el caso de I.A.P., la directora de IRMA, María del Carmen Alba (2017), confirma que “Las regulaciones pueden ser útiles para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y los resultados”, sin embargo, “a veces la vigilancia excesiva de las instituciones sin fines de lucro en México se traduce a desconfianza en el sector”. Esta desconfianza puede promover una “sobrerregulación” que no contribuye a los procesos de desarrollo de capacidades sino, por el contrario, cumplir con la multitud de regulaciones puede absorber grandes cantidades de recursos, que son escasos. En este sentido, otro desafío interesante planteado por las regulaciones son las restricciones para recibir fondos para gastos administrativos.
A.C. versus I.A.P.
En comparación con una I.A.P., Alba López argumenta que hay menos acompañamiento, menos acceso a capacitaciones y a otros recursos que solo son accesibles para las I.A.P. Las I.A.P ofrecen “vigilancia”, que garantiza que la misión de la organización sea respetada.
¿Es hora de una nueva figura?
En medio de un ecosistema en evolución del ES en México, Alba López actualmente está revisando si es momento de reconsiderar un nuevo arreglo institucional para su organización. “Lo que es interesante en el caso de México es que muchas organizaciones pueden heredar estructuras legales que han estado allí por años, sin cuestionar si la estructura actual es la que se adapta mejor a su misión. Muchas organizaciones sin fines de lucro no quieren seguir dependiendo en donaciones y fondos externos”. Las opciones que IRMA está considerando incluyen la creación de una nueva institución (otra A.C.) que pueda posicionar a IRMA como un centro de investigación. La adopción de una nueva figura, como una “franquicia social”, permitirá a la organización tener más flexibilidad financiera y posiblemente sostenibilidad. Desde el punto de vista de Alba López (2017), “Crear diferentes figuras legales para diferentes propósitos es cada vez más común en México”.
El caso de SOSAC (Sociedad Sostenible, A.C.)
Descripción
A diferencia de los casos de la Fundación FBH, I.A.P e IRMA, A.C., la Sociedad Sostenible A.C. o SOSAC se constituyó como una asociación de la sociedad civil en 2015. Situada en Monterrey, Nuevo León, SOSAC trabaja para promover la actitud y los hábitos que mejoren la relación de los ciudadanos con el entorno. SOSAC es una de las pocas organizaciones no lucrativas en México que asume la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como su principio básico, capacitando a los diferentes miembros y sectores de la sociedad para implementar exitosamente acciones en favor de su apropiación. Por ejemplo, “Tierra Urbana” es uno de sus programas clave y se enfoca en capacitaciones y actividades para crear huertos comunitarios y familiares. Aparte de adquirir y desarrollar habilidades técnicas para cultivar plantas y vegetales, las comunidades se juntan por medio de redes sólidas para satisfacer necesidades alimenticias, tener un estilo de vida más saludable y aprender prácticas sostenibles para cultivar alimentos.
Percepciones de los marcos legales
Legitimidad
Un contraste interesante al investigar los casos de organizaciones jóvenes en México, como SOSAC, es el hecho de que se percatan de que el rol de las estructuras legales es fundamental para tener legitimidad a largo plazo en el sector; así que, para ellos, tener un CLUNI y un registro para dar recibos deducibles de impuestos se convierte en una cuestión de posicionamiento a corto plazo en el sector, más que en un tema de desarrollo de capacidades. De acuerdo con un miembro de la organización “debe haber más congruencia entre los resultados de las organizaciones y el nivel de requisitos administrativos exigidos” (Martínez, 2017).
Para una organización de tan reciente creación, tener credenciales es importante; “aunque hemos tenido autorización para dar recibos deducibles de impuestos desde el 16 de mayo de 2017, esto no aparecerá en el Diario Oficial de la Federación hasta dentro de seis meses” (Martínez, 2017).
Según miembros del SOSAC, esto cerró la puerta a dos grandes procesos de subvenciones que estaban sobre la mesa.
Procedimientos ineficaces
Para una organización que apenas esté empezando, la relación costo-beneficio de un proceso regulatorio es compleja. Según un miembro de SOSAC, “los controles legales y la burocracia son muy costosos en lo que respecta al dinero, a las oportunidades, las capacidades y la continuidad a largo plazo para una A.C. cuando la comparas con los beneficios recibidos por la organización” (Martínez, 2017).
Aunque haya beneficios que vayan de la mano de la regulación (como suministrar información, estructura, metas), se percibe que las agencias gubernamentales no se comunican entre sí en forma eficaz, o entre los tres niveles del gobierno. “Los formatos, las lógicas y expectativas son diferentes cuando buscas financiación de diferentes fondos públicos, lo cual supone invertir más tiempo para entender cómo funciona cada subvención pública, sabiendo que los resultados son los mismos” (Martínez, 2017).
Estructuras con fines de lucro
A diferencia de otros países (por ejemplo, el Reino Unido o Estados Unidos), en los que hay estructuras que reconocen legalmente el propósito social de una empresa, actualmente en México no hay figura legal o nombre corporativo que diferencie empresas sociales lucrativas de empresas tradicionales con orientación comercial o de instituciones no lucrativas (Cerro, 2016; Green Street y EY, 2014; Huberts, 2015; Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Ecología y Desarrollo, 2016; entrevistas con miembros de Empresas B en México y New Ventures, 2017). Las empresas sociales lucrativas mexicanas tienen que constituirse como compañías tradicionales, aunque su propósito sea la satisfacción de necesidades que van más allá de la dimensión comercial. “La creación de un estatus legal para una empresa social es la recomendación más común de los emprendedores sociales” (Huberts, 2015).
De acuerdo con Huberts (2015), el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Fundación Ecología y Desarrollo (2016) la consecuencia es que los emprendedores lucrativos están forzados a crear una constelación de figuras que combina organizaciones lucrativas y no lucrativas, o bien constituirse como un negocio tradicional y sacrificar la deducción de impuestos disponible para las no lucrativas. Los negocios sociales también luchan para evitar ser “doblemente penalizados”: se les exige mantener los estándares éticos del sector social, mientras pagan impuestos y compiten contra negocios que están acostumbrados a torcer las reglas. La alternativa es constituir una compañía tradicional lucrativa, pero significaría perder 16 % en deducciones de impuestos disponibles para las no lucrativas (Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Ecología y Desarrollo, 2016). En otras palabras, las figuras legales actuales son un obstáculo que impiden el crecimiento de las empresas sociales lucrativas; las políticas y estructuras fiscales son complejas (Green Street y EY, 2014).
Una figura recurrente para este tipo de ES es la “S.A.P.I” o “Sociedad Anónima Promotora de Inversión”, que permite la inversión externa donde el inversionista es dueño de un porcentaje de la compañía. La tabla 3.4 resume las figuras legales más comunes, adoptadas en el ecosistema de ES por emprendedores sociales con fines de lucro en México.
Tabla 3.4. Figuras legales con fines de lucro más comunes para el ES en México
| Nombre | Descripción |
| Sociedad Anónima Promotora de Innovación (S.A.P.I.) | Formato legal comúnmente usado por emprendedores sociales. Es una nueva estructura que puede distribuir capital y recibir inversión. |
| Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) | Es la más común para empresas tradicionales. Se reformó para poder recibir inversión de capital, esta modificación hace que se asemeje a la S.A.P.I., por lo que los emprendedores sociales hacen más uso de ella. |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.R.L. de C.V.) | Similar a la S.A. de C.V., pero la responsabilidad del socio se limita a su porcentaje de acciones de la compañía y los directores son completamente responsables de la administración leal y diligente de la compañía. |
| Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.) | Nueva estructura creada en el 2015 que permite a los emprendedores registrar una compañía en 24 horas, en línea y gratis. Aunque hay algunas limitaciones, es un buen paso antes de crear una S.A.P.I. |
Fuente: Adaptada del Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Ecología y Desarrollo, 2016, y de la Secretaría de Economía, 2017.
Empresas B (B Corporations)
Dado el panorama de los emprendedores sociales con fines de lucro en México, en 2015, las Empresas B empezaron sus operaciones en México con el propósito de establecer una figura legal que validara con todos los stakeholders (incluyendo los accionistas) los objetivos sociales y ambientales de las empresas sociales. Flynn (2016: 240) define a las Empresas B como “modelos empresariales basados en valor”.
Según Zaraí Salvador y Ramsés Gómez, de “Empresas B México” (2017), lo que ofrece la Empresa B es una alternativa a la empresa privada con fines de lucro al hacer legal que estas tomen en cuenta los intereses de la comunidad, del empleado y del medio ambiente al momento de tomar decisiones. Redefine el éxito más allá de maximizar ganancias trimestrales para el accionista. En otras palabras, las Empresas B ofrecen una nueva forma de gobernanza que proporciona protección legal a la administración que quiere, tanto maximizar la ganancia del accionista, como ir en busca de una agenda social o medioambiental (André, 2012: 132). Junto con otros objetivos, el diseño de las Empresas B busca proteger a la administración de demandas legales al legitimar diferentes objetivos medioambientales y sociales (André, 2012: 133).
Además de proporcionar protección y espacio legal para las empresas sociales, una ventaja de una figura como una Empresa B es que ayuda a crear un estándar en torno a la medición del impacto social, ya que las normas en México difieren ampliamente entre las entidades lucrativas y no lucrativas (Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Ecología y Desarrollo, 2016: 10). Para que las Empresas B sean reconocidas, debe haber un tercero que las evalúe y reconozca que la empresa social cumpla con tres requisitos básicos:
Propósito: misión social y/o medioambiental explícita.
Responsabilidades: tener una responsabilidad fiduciaria para considerar los intereses de los trabajadores, la comunidad y el medioambiente.
Transparencia: publicar anualmente la información del rendimiento general, social y medioambiental, frente a un tercero fiable e independiente.
Tabla 3.5. Empresas B en México en la actualidad
| Empresa B | Cielo HamacasEosisCirkloGlatt StoveGrupo SADKayaEst. RL 2012IlumexicoMIASistema Bio BolsaSVX.MXFinaeDonadoraSomeone SomewhereUnbox |
Fuente: Sistema B (sitio de internet).
Desde que se estableció en 2016, el equipo de Empresa B México se dio cuenta de las dificultades que persisten para que una figura como esta se acepte y expanda en México. Para aumentar el impacto del nuevo movimiento de las empresas sociales con fines de lucro, la realidad es que debe llevarse a cabo una campaña de promoción más amplia, que entienda que las reformas integrales han de efectuarse para que el entorno del ES con fines de lucro pueda crecer.
El caso de una Empresa B mexicana: Cirklo
Descripción
Cirklo fue fundada en 2012 por tres jóvenes emprendedores sociales con un objetivo común: crear innovaciones significativas que tuvieran impacto social y económico, y que contribuyeran al desarrollo de un sistema económico más consciente y regenerador.
Con un enfoque intersectorial, hoy Cirklo opera como una empresa de consultoría que trabaja con los sectores con y sin fines de lucro, esforzándose para aumentar la capacidad de las instituciones para crear y reforzar modelos económicos y sociales sustentables. Sus iniciativas sociales incluyen metodologías innovadoras, emprendedoras y abiertas para ayudar a que las organizaciones no lucrativas y los gobiernos operen con modelos económicos y operativos más sustentables que impulsen su propuesta de valor al siguiente nivel. Su área comercial trabaja con empresas para mejorar su capacidad de resolver problemas complejos mediante el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la cultura para apoyar la innovación y estrategias de innovación abierta (Cirklo. Consultoría en innovación de impacto, s/f).
Percepciones de los marcos legales
El entorno que enfrentan los emprendedores sociales con fines de lucro en México
En 2011, cuando el sueño inicial de Cirklo empezó a tener forma, los tres fundadores se enfrentaron a la misma pregunta que todos los emprendedores sociales tienen que formularse en algún momento: ¿Cuál es la estructura que se ajusta mejor a los objetivos y misiones de nuestra consultora? Manuel Meneses (2017), uno de los fundadores de Cirklo y actualmente director de desarrollo institucional de la compañía, describe que desde el principio del proceso se dieron cuenta de que:
Es un entorno complejo. No es fácil detectar cuál estructura te sirve. No hay una institución de la cual los emprendedores puedan depender para resolver sus preguntas respecto a los sistemas legales. Básicamente tienes que preguntar por ahí. Algunas personas te dan algunos consejos, otras personas te dan otros consejos.
Según Meneses, si no eres lo suficientemente afortunado de tener los contactos y referencias adecuados, el proceso puede ser muy confuso y el acceso a la información, escaso. Para los fundadores de Cirklo la situación no fue distinta. En palabras de Manuel: “Empezamos a discutir la idea de Cirklo en 2011, se constituyó en 2012. Éramos tres emprendedores, no abogados”. Según Manuel, el desafío al solicitar orientación era explicar el componente social de la ecuación; “no era parte del lenguaje común de los abogados”.
La ayuda que los abogados pudieron darles en ese entonces era más en términos de una estructura que pudiera apoyar con los elementos de carácter de “consultores” de la entidad, más que con su misión social. Finalmente, como una consultoría, los fundadores decidieron convertirse en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L) pero, explica Manuel, “estaba más ligado a las implicaciones técnicas que el ‘apellido’ social de lo que queríamos crear”.
Acceso a fondos y exenciones fiscales
Aunque su estructura actual funciona para los fines comerciales de la consultora, la estructura de S. de R.L los ha limitado en algunas ocasiones. Manuel (2018) explica:
Cirklo está dividida; tiene una dimensión comercial (con un carácter social, por supuesto) por la cual funciona la S. de R.L., pero para los otros proyectos, que son 100 % sociales, si queremos tener acceso a fondos de otras fundaciones u organizaciones internacionales nos encontramos con muchos obstáculos porque solo las organizaciones no lucrativas pueden acceder a esos fondos.
Gabriela Reygadas, líder de innovación social de Cirklo, también identifica una falta de congruencia en términos de la exención fiscal disponible para las empresas sociales con fines de lucro, “siempre hay un intercambio, tienes que escoger lo que vas a ceder, si queremos desarrollar un proyecto social con nuestra estructura actual sabemos que no tenemos acceso a los mismos beneficios a los que sí tiene la estructura no lucrativa”.
Plazos complejos
De acuerdo con Meneses y Reygadas, otro desafío importante en términos de regulaciones (tanto para las empresas sociales lucrativas como para las no lucrativas) son los incongruentes plazos de los socios del gobierno y del sector privado. Así lo expresa Manuel,
En general, yo diría que una de las dificultades más grandes que enfrentan los emprendedores en México es que los proyectos gubernamentales tardan tanto en procesar pagos que se hace muy complicado trabajar con ellos. Una vez nos tomó ocho meses tramitar un pago para un proyecto. Este tipo de regulaciones necesitan un cambio (Meneses, 2017).
Ser una Empresa B: apalancamiento basado en el sector
En términos del ecosistema del ES en México, ser una Empresa B significa formar parte de una comunidad. El objetivo final para Cirklo es que, a partir de este apalancamiento en el sector, el movimiento de la Empresa B puede ayudar a institucionalizar una estructura legal específica para las empresas sociales. Una estructura que permita el acceso a incentivos fiscales y que reconozca todas las dimensiones del trabajo de las empresas sociales.
Otro posible beneficio externo de ser una Empresa B es si las grandes empresas eventualmente se certifican también como Empresas B. Reygadas y Meneses explican:
De esta manera podríamos igualar las condiciones entre compañías grandes y chicas. Por ejemplo, algo tan simple como establecer plazos para el pago a los proveedores. Si estamos todos dentro del mismo marco de las Empresas B, este puede ser reducido. Cuando las compañías nos preguntan qué es una Empresa B y les explicamos lo que significa, les hace sentido ajustar sus políticas de pago dadas estas pautas y marcos (Reygadas, 2017).
Ser una Empresa B le ha dado a Cirklo una validación adicional para ser transparente y comunicar sus lineamientos específicos a sus socios.
El movimiento de las Empresas B ha ayudado a crear cierta conciencia en el entorno del ES. Uno de los verdaderos valores viene de la masa crítica de organizaciones reunidas a través de Empresa B en México. Tienen un lenguaje similar, objetivos parecidos y entienden el componente social. Al tener una agenda en común pueden aprovechar diferentes fuerzas del entorno, no como organizaciones individuales, sino como sector.
A modo de reflexión
El objetivo de esta discusión no ha sido asignar o atribuir un valor categórico a los distintos formatos de criterios jurídicos de la empresa social en México. La intención ha sido proveer un panorama general de las opciones legales existentes y emergentes actuales.
Una observación inicial que puede hacerse es el hecho de que sigue siendo un reto poder consolidar una plataforma legal que mejore el desarrollo de capacidades para el ES en México. El ritmo al que se ha desarrollado el ES en el país en las últimas décadas ha sido más rápido y más dinámico que el ritmo al que han evolucionado las políticas públicas y los marcos legales. En resumen, la juventud del entorno del ES se hace evidente en la falta de un marco integral orientado a la capacidad en México (véase la discusión de FODA sobre el entorno en el capítulo 6). Sin embargo, en este espectro multidimensional del ES, la yuxtaposición de este con otras maneras de agregar valor a la sociedad (gobierno, fundaciones, empresas comerciales, activismo social, véase capítulo 1) cobra mucha importancia para la comprensión del papel del marco legal en la formación del desarrollo de la estructura del ES en México.
Las estructuras legales actuales dificultan que las empresas sociales tengan instrumentos y aumenten su capacidad. Sin embargo, con parámetros institucionales desafiantes, los emprendedores sociales pueden valerse de la legitimidad social de sus misiones sociales para tener acceso a otros recursos, incluyendo la promoción de cambios de la estructura legal. Una de las recomendaciones de varios actores clave del entorno del ES es presionar para crear un estatus formal de la empresa social, que no solo beneficie a los emprendedores sociales, sino que también disminuya las desigualdades entre organizaciones con y sin fines de lucro en México y fomente más inversiones privadas, acompañadas de incentivos fiscales.
Se aspira a tener historias de éxito que transformen una característica contextual pasiva del entorno del ES en una dimensión activa, que promueva y que facilite generar impacto. Para el sector sin fines de lucro, algunas de las áreas relevantes que deben recibir atención para fomentar el desarrollo de capacidades en el ES incluyen: la falta de recursos disponibles, marcos legales y fiscales deficientes, sistemas de contabilidad débiles, ausencia de una cultura de inversión social (Butcher, 2014).
Para las empresas sociales lucrativas, lo ideal es promover la constitución legal de una organización híbrida, que no necesite enfrentarse a una disyuntiva entre misión y ganancias. Esto puede terminar con la dificultad de encontrar un lugar adecuado entre los sectores con fines y sin fines de lucro, en especial con su búsqueda de reconocimiento y acceso a capital, mercados y trabajo (Battilana, et al., 2012: 52).
Es frecuente que en México las organizaciones motivadas por fines comerciales y sociales tengan que explotar la ventaja de ambas figuras. Sin embargo, en términos del ecosistema de ES, esto puede causar un daño interno y externo importante. El daño interno resulta de la doble carga administrativa para organizaciones que raramente tienen suficientes recursos para crear distintas estructuras administrativas para cada figura. En lo externo, se crea una doble responsabilidad para la misma organización y una falta de congruencia para alcanzar la transparencia legal del sector.
El caso de México es todavía un panorama complejo en ciernes. Para el futuro, también es importante buscar otras herramientas y actores de la economía cívica, como bonos de impacto, cooperativas y fideicomisos que tengan una relación cercana con las bases legales del sector. La tabla 3.6 ofrece algunos recursos para los emprendedores sociales cuando se aventuran en el viaje estratégico de seleccionar formatos legales para su organización.
Tabla 3.6. Herramientas. Recursos para los emprendedores sociales
| Recurso | Link | Uso |
| Empresas B México | Sistema Bsistemab.org/mexico/ | Entender cómo involucrarse en el movimiento de las Empresas B en México. |
| Promotora social | Promotora social Méxicowww.psm.org.mx | Estrategias que promueven el fortalecimiento del entorno del ES a través de networking, financiamiento, inversiones y desarrollo de capacidades. |
| Guías para estructurar una organización de sociedad civil | Instituto Mexicano de la Juventud y Centro Mexicano para la Filantropía:www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Guia_para_planificar_crear_y_fortalecer_una_organizacion_de_la_sociedad_civil-Imjuve.pdfAlternativas y capacidades:www.alternativasycapacidades.org | Guías paso a paso que ayudan a que los emprendedores sociales entiendan cómo montar y planear el modelo de negocios para una organización sin fines de lucro. |
| Centro internacional legal para organismos sin fines de lucro | International Center for Not-for-profit Law www.icnl.org/research/monitor/mexico.html#reports | Enlista todos los marcos regulatorios en México que tienen un impacto directo en el ES sin fines de lucro |
Fuente: Elaboración propia.
[1]. Para el propósito de este capítulo, los marcos legales incluyen cualquier ley o regulación vigente que tenga una injerencia directa o indirecta, positiva o negativa, en el establecimiento y fortalecimiento de las empresas sociales.
