Читать книгу Fronteras del desarrollo - Héctor Hugo Trinchero - Страница 10

En Argentina, las políticas de desarrollo y los procesos de expansión de las fronteras agropecuarias, han seguido históricamente un eje vertical cuya orientación dominante configuró la denominada cuenca platina. El puerto de Buenos Aires y los puertos enclavados en el litoral del río Paraná se proyectaron como uno de los principales sistemas articuladores del modelo económico agroexportador complementados con el desarrollo de una poderosa infraestructura vial, ferroviaria, energética y urbana. Como lo expresamos en el proyecto anterior relacionado con el seguimiento del Programa de Acción Estratégico (PEA) en la cuenca del río Bermejo (PICT 6547 1999-2003) tal sistema económico y social ha tendido a invisibilizar e incluso a subsumir otras estructuraciones posibles o probables del espacio. De esta manera la desarticulación del eje oeste-este que implica a sistemas tales como el NOA y el NEA, con subsistemas bióticos, climáticos y estructuraciones económicas, poblacionales y culturales de gran diversidad y heterogeneidad ha sido en parte una consecuencia de tales políticas de desarrollo. En tal sentido, la cuenca del río Pilcomayo (al igual que la del Bermejo), que por sus características configuran ámbitos “naturalmente” articuladores del señalado eje NOA-NEA conectando distintos subsistemas socioculturales y ambientales, es actualmente objeto de un excepcional despliegue de proyectos y programas de desarrollo vehiculizados tanto por iniciativa de los gobiernos nacionales y provinciales y distintas agencias. En su momento, distintos estudios han dado cuenta del proceso de expansión de la frontera agraria en la región, principalmente en el Departamento de San Martín, Salta, dado que aquí es donde dicho proceso alcanzó una intensidad manifiesta desde la década de los años 70 (Morello, 1983; Reboratti, 1989, 1996; Trinchero y Leguizamón, 1995; Trinchero, 1998a.). Sin embargo, el desarrollo capitalista en la región adquiere en la actualidad una complejidad mayor al intervenir no únicamente capitales agrarios sino también y principalmente capitales vinculados a la energía y la explotación minera.

La complejidad social de estos ámbitos y su significación socioeconómica no ha sido suficientemente considerada en los recientes debates nacionales en torno a las políticas agropecuarias a implementar pues se presume como de interés central el desarrollo de la frontera agraria sin profundizar en las complejidades del desarrollo capitalista en regiones que otrora eran consideradas “marginales”.[5]

Independientemente de lo anterior, el auge de inversiones capitalistas en la cuenca del Pilcomayo ha conllevado a la emergencia de políticas públicas tendientes por un lado al desarrollo de una infraestructura vial susceptible de acompañar el mencionado proceso de inversión y por el otro a pretender regular el recurso hídrico que implica dicha cuenca en virtud de sus características particulares (irregularidad de su cauce, en su región baja, arrastre de sedimentos en toda su extensión, etc.).

Por las características específicas de su dinámica ambiental, la cuenca del río Pilcomayo es objeto en la actualidad de una serie de intervenciones por parte de los Estados involucrados (cfr. Plan Maestro) y proyectos de desarrollo tendientes a limitar los “efectos negativos” que sobre el recurso hídrico y la población presentaría dicha dinámica.

Lo expresado anteriormente no implica que el interés por el desarrollo de políticas hacia la cuenca sea un proceso novedoso. Por el contrario, la mayoría de dichas políticas se reconocen en “antiguas” problemáticas de la región. Así, por ejemplo, los planes para canalizar tramos del río se remontan a la década de 1930, cuando se produjeron las tensiones entre Argentina y Paraguay en torno a la problemática sobre cuál de los brazos del estero Patiño era el “verdadero Pilcomayo”. Estos primeros planes respondían a la pretensión de establecer de manera consensuada el cauce que en los hechos operaba como frontera internacional. Sin embargo, en un proceso que gradualmente provocó la desecación del estero Patiño y la formación de nuevos bañados, entre la década de 1940 y mediados de la década de 1970 el río retrocedió unos 170 kilómetros, a un promedio de 5 kilómetros por año, por lo que el fenómeno geográfico dejó de ser un hito claro en la disputa fronteriza generando nuevas situaciones conflictivas.

Por el impacto de las inundaciones producidas, desaparecieron bajo las aguas asentamientos territoriales (comunidades) como Misión El Toba (1975), Misión El Carmen, Puerto Yrigoyen, Misión El Yuto y Misión San Andrés, además de otras comunidades más pequeñas, lo que dio lugar a masivas y permanentes relocalizaciones de la población de la zona, sin que ello fuera resultante de planificación alguna. El primer intento de canalización fue en 1970, aunque fracasó. En 1991 los gobiernos de Argentina, Paraguay y Bolivia aprobaron un proyecto de obras hidráulicas a realizarse a la altura de las localidades de Santa Teresa y María Cristina (Argentina) y estancia La Dorada y Mayor Alberto Gardel (Paraguay), zona hasta donde llegaba el cauce del río. Este proyecto, conocido como “Proyecto Pantalón” (o de “colmatación controlada”) se basaba en la construcción de dos tomas con sus respectivos canales, con el objeto de derivar las aguas “equitativamente” hacia Argentina y Paraguay[6]. Si bien nunca se desarrolló en su totalidad, este proyecto dio lugar a la construcción de los canales derivadores que hoy tiene consecuencias en la zona con relación a la estabilidad de los asentamientos poblacionales, a la disponibilidad de agua y a las políticas de frontera (Gordillo y Leguizamón, 2002).

El carácter precario de las obras por el permanente proceso de sedimentación que también colmata los canales derivadotes, llevó a la comisión técnica argentino-paraguaya a estudiar un nuevo plan de obras (hasta el momento no efectivizado) complementario a los canales y denominado “Proyecto Interceptor” (o “sistema distribuidor”). Éste incluiría la construcción, aguas abajo de los canales, de un complejo sistema de obras hidráulicas entre las que se destaca “un dique interceptor con dos vertederos, uno en cada territorio, que asegurarían una partición igualitaria, equitativa y controlada de los caudales” (Gordillo y Leguizamón, 2002). Cuando se habla de “partición igualitaria, equitativa y controlada” de caudales, se tienen en cuenta principalmente dos cuestiones: la primera es la disputa entre Paraguay y la Argentina por el límite territorial entre ambas naciones y, segundo, el aprovechamiento hídrico para la expansión de la frontera agraria. Sin embargo, el estero Patiño es un ambiente particular que produce una importante “oferta ambiental” para las actividades de recolección, pesca y caza de las poblaciones indígenas de la región. Esta cualidad ambiental desde el punto de vista de las modalidades domésticas de producción y reproducción no es incluida en los análisis de impacto de los proyectos en cuestión.

Por otra parte, el programa Desarrollo Integral del Departamento Ramón Lista (DIRLI) fue llevado a cabo en el mismo ámbito durante 19972002, sin que la “regulación” de la dinámica del río y el bañado, al menos en dicho sector de la cuenca baja, permita realizar previsiones sostenibles respecto a la estabilidad de los asentamientos. Debe tenerse presente que el objetivo principal de dicho programa, ha sido la construcción de quinientas viviendas en distintas comunidades del departamento Ramón Lista, Formosa. Una cifra de importantes dimensiones, al menos para la región (Programa DIRLI, 1998). La construcción de tal cantidad de viviendas, objetivo sólo cumplido a medias, ha sido desde la propia formulación de sus objetivos (en los que se reitera la categoría de desarrollo sostenible) una contradicción. En un contexto caracterizado por la dinámica hídrica mencionada anteriormente, el asentamiento mediante viviendas estables atenta contra la dinámica misma del funcionamiento demográfico y económico de la población. En este caso, la sostenibilidad del proyecto queda reducida a variables “participativas” en el diseño de las viviendas y en la producción de las mismas (aunque un estudio pormenorizado, tampoco daría cuenta del cumplimiento de este postulado). Por otra parte, en lo referente a la formulación del Programa mismo, es decir de sus objetivos, dicha participación ha sido nula.