Читать книгу Fronteras del desarrollo - Héctor Hugo Trinchero - Страница 12

Hemos mencionado que uno de los proyectos de regularización territorial para pueblos originarios de la Argentina es el referido al denominado “lote fiscal 55” de la provincia de Salta. Desde 1987, año de promulgación de una ley de “regularización” sobre dichas tierras hasta la actualidad se produjeron distintas situaciones de conflicto que aún están vigentes.[11] Al calor del conflicto por la tierra se formó en 1992 la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, en el Municipio de Santa Victoria Este con representación de los pueblos wichís, chorotes, nivaklés, tobas y tapietes, y el objetivo de obtener el título de propiedad de la tierra para las comunidades (Trinchero, 1989; De la Cruz, 1989; Carrasco y Briones, 1996).

En 1993, por decreto, el gobierno provincial crea la Comisión Asesora Honoraria para la Regularización Jurídica de los Asentamientos Poblacionales en el Lote Fiscal 55, para definir la modalidad de entrega de tierras.

Durante más de dos años con la comisión integrada por representantes del gobierno provincial, de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), varios asesores técnicos, delegados del Lhaka Honhat, representantes criollos, se desarrolló una propuesta consensuada para la distribución de las tierras y cuyo trámite demoró varios años.

Luego de que asumiera el nuevo gobernador justicialista en los primeros meses de 1996, se intentaron todo tipo de gestiones a través de representantes de las comunidades, tendientes a poner en marcha el proyecto de entrega de tierras que se había elaborado en el marco de la comisión. Pero todos los intentos fracasaron sistemáticamente e incluso el gobierno decidió que había que hacer nuevos estudios y que la propuesta de la comisión le parecía inviable.

Esta actitud de gobierno, junto a las obras del Puente produjo gran malestar en las comunidades y definió la urgente necesidad de un plan de lucha. Desde la organización de los pueblos originarios se decidió como primera medida la toma pacífica del puente internacional Misión la Paz-Pozo Hondo con la presencia y el apoyo de todas las comunidades de los lotes fiscales 55 y 14 como también de representantes aborígenes de Formosa, Chaco, Santa Fe y grupos del Chaco Paraguayo y Chaco Boliviano, además con la solidaridad de numerosas organizaciones nacionales e internacionales.

En la mañana del 25 de agosto más de mil personas tomaron el puente internacional y con ello iniciaron la protesta más importante que jamás hayan manifestado las comunidades del área. También aquella mañana se ponían en marcha lo que luego serían veintitrés días de intensa presión, de permanente negociación, y de una costosa resistencia, dadas la gran concentración indígena, las dificultades para conseguir alimentos, la falta de atención médica,[12] que minaban la resistencia de ancianos, hombres, mujeres y niños, dejando el terrible saldo de cuatro menores muertos.

Lo que las comunidades exigían es que el gobierno cumpla con lo establecido en la Constitución Nacional cuando reconoce los derechos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan (artículo 75, inciso 17) y con la ley de 1987 Nº 6469 de “regularización dominial” y los sucesivos decretos de reglamentación. Que cumpla con esta normativa respetando los acuerdos alcanzados a partir de la comisión que creara el decreto provincial Nº18/93.

Pedían en el lugar la presencia del gobernador y la firma de un decreto que pueda garantizar la entrega de tierras de acuerdo a ocho principios que se aprobaron en las asambleas realizadas en esos días en Misión la Paz con una masiva participación.[13]

Con el correr de los días crecía la certeza de que el gobierno buscaría todas las formas de debilitar el acto de protesta para tener una posición más ventajosa a la hora de negociar. La gendarmería presionaba permanentemente y amenazaba con conseguir una orden judicial para desalojar el puente. La gendarmería paraguaya al tercer día de ocupación efectúo más de cien disparos con armas de fuego en clara actitud intimidatorio. La empresa constructora presionaba y pedía que intervenga alguna autoridad que les garanticen poder seguir trabajando. Desde medios de prensa escritos y radiofónicos regionales y provinciales se presionaba para la desmovilización de los aborígenes.

Funcionarios como el presidente del concejo deliberante de Tartagal exponían teorías conspirativas que pretendían involucrar intereses europeos para dificultar la integración regional y el Mercosur. Planteaban intentos separatistas tendientes a crear una nación indígena en el área involucrando a territorios en Bolivia y Paraguay.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia se pedía que los aborígenes se organicen en “consejos comunitarios” para poder fijar criterios de negociación con el gobierno desconociendo de este modo la existencia de aquellas formas organizativas que las propias comunidades se estaban dando.

Sin embargo, el objetivo era claro y la determinación de los aborígenes muy firme. Sumado a la solidaridad de numerosas organizaciones hizo posible para las comunidades mantener la protesta, a pesar de tantos inconvenientes, durante más de tres semanas.

A los veintitrés días de toma se presenta el ministro de gobierno (acompañado por un comandante, el secretario de seguridad) y se realiza una asamblea en donde se discutieron los distintos puntos de vista, habla el ministro y varios de los caciques más representativos. Pese a las reticencias del representante de gobierno y a propuesta de la asociación se firma un acta de compromiso en donde se reconoce a la Asociación de comunidades, el gobierno se compromete a promulgar un decreto en un lapso no mayor de treinta días en el que se establezcan etapas y plazos para resolver la tenencia y distribución de tierras de los lotes fiscales 55 y 14, y se consulte a las comunidades afectadas antes de realizar los proyectos de cabecera y acceso al puente internacional.

Los treinta días pasaron sin que el gobierno provincial cumpliese con el compromiso firmado ante las más de mil personas que ocupaban el puente, y en los muchos encuentros posteriores no se llegó a un acuerdo para la confección del decreto. En las comunidades cundía el desasosiego al sentirse nuevamente víctimas de dilaciones y negativas de gobierno.

Mientras tanto el gobierno pone en juego la posibilidad de un proyecto a su juicio más viable que consiste en entregar la tierra parcelada por comunidades, lo que en los hechos por lo menos significa desconocer el arduo trabajo anterior y empezar todo de nuevo con una propuesta a la que se niegan las comunidades.

Las treinta y cinco comunidades en un comienzo mantuvieron su postura planteando la entrega con un titulo único en defensa de su organización y de un mejor aprovechamiento de los recursos que ofrecen el monte y el río.

Este largo proceso de desgaste de las organizaciones indígenas fue acompañado por medidas de gobierno que apuntaron a la división de la organización de las comunidades. Para ello se inició un proceso restringido de entrega de fracciones de la tierra reclamada con título único a familias criollas y a comunidades que aceptarían un título individual por comunidad.

Ello dio lugar a dos posturas al interior de la Asociación: comunidades que continuaban sin aceptar esta política del gobierno y otras que decidieron negociar por comunidad. La decisión de la Asociación fue no aceptar ninguna entrega de tierras fuera del acuerdo logrado de unificación territorial fue acompañada al mismo tiempo por la postura de no permitir ningún tipo de proyecto de intervención para las comunidades si antes no se aceptaba la entrega en aquellos términos. Esta postura significó para el gobierno una herramienta de fuerte impacto dadas las condiciones de precariedad en todos los órdenes (salud, educación, vivienda, trabajo, etc.) de las comunidades ya que le permitiría a las autoridades gubernamentales generar diferencias al interior de la asociación por la vía de acuerdos específicos más allá del reclamo territorial.

Luego de la toma del puente y ante el incumplimiento de lo firmado por el gobierno en el acta que permitió el levantamiento de la toma, la Asociación Lhaka Honhat decidió hacer una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de frenar la construcción de las obras del puente y las complementarias exigiendo la regularización territorial previa. Sin embargo, más allá de estas denuncias, la comunidad de Misión La Paz decide acordar directamente con las autoridades la continuidad de la construcción del puente internacional y el puesto fronterizo a cambio de la obtención de viviendas y en otras comunidades por la entrega parcial de tierras.

Dividida la resistencia indígena, el proyecto del puesto fronterizo adquiere un nuevo dinamismo y los imaginarios sobre el desarrollo de la región vuelven a los titulares de los medios de comunicación regionales.

Del lado paraguayo, la localidad de Pozo Hondo fue planificada como una futura ciudad comercial. En una infografía plano publicada por el periódico ABC Color, se define para la urbanización un centro comercial, un centro administrativo, una zona industrial, zona habitacional, y accesos para tránsito pesado y tránsito liviano. El 25 de julio de 1999 el mismo diario titulaba “Pozo Hondo se convertirá en la ciudad más comercial del país”.

En una entrevista que realizamos en 1995 a un funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ente a cargo del control fronterizo en Pozo Hondo) nos decía:

Tengo mucha experiencia en esto, yo estuve en Ciudad del Este cuando era casi un descampado y mire lo que es hoy. Pozo Hondo será tanto o más que Ciudad del Este, en pocos años sé vera el crecimiento. Esto es el centro del corredor bioceánico que unirá el Mercosur.

Es que terminado de construir el puente y con el inicio de las obras del puesto de control fronterizo en Misión La Paz (Argentina), se buscó darle impulso a la urbanización de Pozo Hondo. Se abrieron las picadas, futuras calles en damero, se instaló una delegación municipal, registro civil, una comisaría, un expendio de combustible, un “mercado” para puesteros y se comenzó el loteo de la localidad.

A partir de la crisis de 2001 en Argentina este proyecto perdió dinamismo, nada nuevo se construye, los comerciantes en su mayoría se fueron, no hay interesados en los lotes, no circula el servicio de transporte a Asunción que había iniciado su recorrido en 1999, y tomó fuerza la alternativa del corredor a Chile por Bolivia por lo cual los camiones pasan de largo a varios kilómetros de Pozo Hondo. Esta declinación del proyecto se inicia sobretodo después de la crisis argentina de diciembre de 2001, y la devaluación del peso argentino estableció una relación desfavorable para la venta de productos paraguayos, lo que frenó toda actividad comercial.

En tanto en la cabecera del lado argentino y a partir del proceso mencionado anteriormente, lo concreto ha sido el desarrollo del puesto fronterizo de significativa magnitud en el marco de un desgaste de la organización de los pueblos originarios de la región. Efectivamente, después de diez años el puente internacional sigue siendo un puente sin rutas, las mejoras en infraestructura, al menos para la población local, no llegaron, los desarrollos urbanísticos de un lado y el otro de la frontera quedaron truncos, la regulación dominial no se hizo efectiva y el área en términos generales presenta las mismas carencias que en los años de construcción del puente.