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CONTEXTO Y CONDICIONES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA

La gestión ambiental en Colombia ha presentado un avance gradual en los últimos tiempos. En cuanto a los adelantos significativos, entre 1952 y 1974 se crearon las corporaciones autónomas regionales (CAR), cuya finalidad era fomentar el desarrollo económico regional, mediante la gestión e inversión en infraestructura de recursos hídricos, energéticos, viales y en agricultura. Posteriormente, entre 1975 y 1993, a las CAR se les asignaron funciones de regulación ambiental y, finalmente, en 1988 el Congreso estableció dieciocho CAR en el territorio nacional.

A su vez, es importante resaltar el trabajo desarrollado por el antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena) y las CAR en el manejo de cuencas fluviales, conservación de cuerpos de agua, reforestación y conservación de la biodiversidad. Aspectos que se fortalecieron a partir de 1991, periodo en el cual entra en vigencia la nueva Constitución política de Colombia, que dio lugar a la Ley 99 de 1993, la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la ampliación de las CAR a 33 centros en todo el país y la conformación del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Entre 1994 y 2005, las entidades del SINA centraron esfuerzos en la implementación de proyectos para el manejo de cuencas, reforestación e inicio de una gran tarea pendiente: la gestión de plantas de tratamiento de aguas residuales. A partir del 2002, con la fusión del MMA y el Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), se buscó abrir espacios para la incorporación del tema ambiental en las políticas sectoriales del país (Sánchez Triana, Ahmed y Yewande, 2007, pp. 26-43).

Esta evolución y estructuración normativa e institucional se ha venido desarrollando en consonancia con la Constitución política colombiana (1991) con el fin de resolver los problemas en materia de protección ambiental a través de iniciativas de política y de una gestión ambiental coordinada, descentralizada y eficaz en los sectores públicos y privados del territorio colombiano (Corte Constitucional de la República de Colombia, 1991).

Estos hechos marcaron el enfoque que desde los principios constitucionales de 1991 se derivan en preocupaciones esenciales de la Política Ambiental Colombiana (Ley 99 de 1993) en cuanto a los derechos a disfrutar de un medio ambiente sano y saludable, proteger los recursos naturales y el entorno ambiental. Así mismo, la Constitución política de 1991 provee mecanismos de participación política y ciudadana en el cuidado de los recursos naturales, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el derecho de petición, el cabildo abierto y la tutela, entre otros, para proteger los derechos fundamentales de la población. Por consiguiente, se implementaron avances en materia constitucional y normativa para la participación ciudadana en la gestión ambiental en el país.

Sin embargo, y en las últimas décadas, la política ambiental en Colombia ha estado enfocada en dos grandes temas: el primero, relacionado con la evolución de las preocupaciones e iniciativas internacionales sobre medio ambiente y gestión ambiental; el segundo, sobre los retos de la gestión ambiental asociados a la situación interna del país en materia de gobernabilidad y orden público.

En este sentido, la consideración de bienes y servicios ecosistémicos como bienes públicos también se ha degradado y el país ha seguido las tendencias de orden mundial en materia de gestión ambiental, orientada a la transferencia de responsabilidades sobre el cuidado del ambiente al sector privado (responsabilidad social empresarial, mecanismos como certificaciones de calidad, etc.). Situación que, por un lado, ha venido debilitando el papel del Estado y, por el otro, ha encaminado la gestión ambiental hacia el campo económico y la expansión de nuevas áreas de influencia del mercado (productividad y utilitarismo) (Guhl y Leyva, 2015).

Así mismo, el modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales es insostenible e inequitativo debido al poco control público de los procesos extractivos, las responsabilidades, el comando y el control, y el seguimiento de licencias y planes de manejo, así como la severidad de los impactos negativos que estas actividades extractivas generan sobre el medio ambiente.

También, es importante no olvidar que el crecimiento económico que ha logrado el país en los últimos años ha sido a costa de la extracción de su capital natural y del medio ambiente, y cuyos recursos (regalías) en gran parte se han perdido por cuenta de la corrupción rampante.

En este orden de ideas, se procura ajustar de forma consecuente los propósitos estratégicos de la gestión ambiental en Colombia; lo que implica revisar de qué manera, a lo largo del tiempo, se han dado los distintos procesos de configuración territorial en la escala local y, en este caso, municipal. El fin último del ejercicio es describir las formas como las trayectorias territoriales revelan ambigüedades, disparidades y desequilibrios económicos, políticos y conflictos respecto al uso, acceso y control de los recursos naturales. Asuntos que encaran sus pobladores como consecuencia de los cambios estructurales en el acceso a la tierra, los cambios y los diferentes sistemas productivos adaptados, así como el nivel de acceso y uso de recursos, en el marco de la acción colectiva y participación de las organizaciones sociales en los procesos de resolución de conflictos regionales y locales. Asunto que sin duda devela las limitaciones y desafíos de la gestión ambiental en el marco del SINA.

Desde esta perspectiva, emergen en la discusión cuatro conceptos claves para enmarcar el análisis: territorio, conflicto, sostenibilidad y participación. A partir de ellos, se estructura un procedimiento metodológico cualitativo y participativo que busca explorar las trayectorias de las problemáticas y conflictos presentes en la zona y presentar las iniciativas y visiones de los actores que configuran el territorio.

La investigación permite descubrir problemáticas sociales, económicas, institucionales y ambientales no resueltas, así como sus complejas interrelaciones, la priorización y localización de estas, y los esfuerzos de gestión por parte de las organizaciones y las propuestas que a esta escala pueden estimarse como campos de acción para la gestión municipal.