Читать книгу Narrativas de la historia en el audiovisual colombiano - Isabel Restrepo - Страница 11

Historiadores panameños han denominado “leyenda blanca” a las interpretaciones que, como la de Federico Boyd, hicieron énfasis en que “la independencia la llevaron a cabo los panameños únicamente con sus propios recursos, con sus propios elementos, sin ayuda material de extraños, ya fuese pecuniaria o de otra clase, ideada y preparada exclusivamente por sus hijos”.9 Esta versión, que apuntaba a construir una nueva identidad nacional para la nueva República, buscaba los antecedentes de la separación en los movimientos de 1830 y 1840, apelando con ello a un descontento histórico de los panameños con el Estado colombiano, que se había exacerbado tras la negativa del Congreso a aprobar el Tratado Herrán-Hay para la construcción del canal interoceánico. De acuerdo con la “leyenda blanca”, Colombia era el principal responsable de la secesión, pues, en lugar de atender “las legítimas aspiraciones que humilde y constantemente manifestaban los panameños, los trataba como a miserables colonos del siglo XVIII”.10 Esta postura, esgrimida por los próceres panameños y que hacía énfasis en su protagonismo, se oponía a otras versiones que, desde perspectivas disímiles, hacían más o menos énfasis en la intervención de Estados Unidos en la separación de Panamá. Mientras que la “versión ecléctica” del nacionalismo panameño explicaba la separación como “una conjunción casual de intereses entre panameños y norteamericanos”, aceptando que hubo apoyo norteamericano para la secesión, pero insistiendo en que fueron los panameños quienes tomaron la iniciativa independentista. El mismo Theodore Roosevelt aceptó públicamente que tomó Panamá (“I Took the Isthmus”), y lo justificó argumentando que Colombia era un Estado anárquico, gobernado por políticos bandidos que impedían trabajar por el mundo civilizado.11 Las declaraciones de Roosevelt alimentaron las críticas adversas a la separación de Panamá y a la política imperialista del presidente norteamericano, tanto en Estados Unidos como en Colombia, configurando lo que se conoce como “leyenda negra”, corriente que sostiene que el movimiento separatista panameño y el surgimiento de la nueva República se debieron primordialmente a la intervención directa de Estados Unidos.12

La prensa norteamericana de oposición a Roosevelt, durante la campaña presidencial de 1908, difundió la versión de un complot financiero que denunciaba la participación de Theodore Roosevelt en el movimiento separatista, en contubernio con un grupo de financistas de Nueva York, quienes habrían especulado con la compra de las acciones de la Nueva Compañía del Canal francés. De acuerdo con esta versión, popularizada tras la demanda por difamación que Roosevelt puso en 1908 contra Joseph Pulitzer, director del periódico The New York World, el presidente de los Estados Unidos no solo habría intervenido en la separación de Panamá para conseguir un tratado favorable a la construcción norteamericana del canal, sino también para favorecer intereses económicos de un círculo cercano a él y a su exministro de guerra William Taft, por entonces candidato a la presidencia como sucesor de Roosevelt por el Partido Republicano. Una versión del caso Pulitzer, que fue bastante conocida en Colombia, aparece en el libro Historias de Panamá, publicado por el hijo del expresidente Lorenzo Marroquín, en el que cuenta:

En diciembre de 1908 el presidente Roosevelt, en un mensaje al Congreso, hizo cargos de insulto, difamación y calumnia al periódico americano The World, por afirmaciones hechas en artículos referentes a la compra de la zona del canal de Panamá. Acusado luego por calumnia, judicialmente, al director del mencionado diario, el cual, para defenderse […] envió al territorio colombiano y a Bogotá agentes suyos, a fin de que hicieran investigación y recogieran toda clase de testimonios, indicios y documentos. […] descubrieron documentos interesantes, tales como las claves secretas de la Legación americana en Bogotá, y de los revolucionarios separatistas, así como parte de su correspondencia.13

El juicio por difamación del que resultó absuelto Pulitzer, tras una exitosa campaña a favor de la libertad de expresión secundada por otros diarios norteamericanos, no produjo ninguna condena contra el presidente norteamericano, pero redundó en la investigación que el representante Henry Rainey promovió contra él en el Congreso de Estados Unidos por la violación del Tratado de 1846. Ambos casos aparecen relacionados en una noticia en la que el periódico El Tiempo informaba que “un telegrama de nuestro corresponsal en Washington, comunica que varios diputados demócratas aseguran que el representante por Illinois, sr Henry Rainey, va a tratar, secundado por el New York World, de ir a fondo en el asunto de la toma de Panamá, por el gobierno de Roosevelt”.14 Según la transcripción de El Tiempo, “Rainey dijo que The World le había generosamente ofrecido poner a su disposición los comprobantes y documentos recogidos por él, en que consta que Roosevelt fomentó la revolución de Panamá, con el propósito de apoderarse del istmo”.15 La redacción de El Tiempo afirmaba que Rainey había dicho que probaría que “el gobierno (norteamericano) deliberadamente violó el Tratado de 1846 con la República de Colombia, y que de la revolución de 1902 resultó la independencia de Panamá, preparada por los Estados Unidos y los empleados del gobierno”.16

Efectivamente, luego de que Roosevelt reconociera en público que había tomado Panamá sin el consentimiento del Congreso norteamericano, Rainey consiguió abrir un debate en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para estudiar si el presidente había violado las leyes de ese país y el Tratado de 1846. El Gobierno colombiano había protestado por la violación del Tratado Mallarino-Bidlack a través del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Carlos Rico, una vez se conoció la ratificación de la República de Panamá por parte de Estados Unidos.17 Así mismo, luego de que Roosevelt anunciara que no permitiría ninguna intervención militar de Colombia en Panamá, Rafael Reyes envió al Secretario de Estado norteamericano un “Memorial de Agravios”, que hacía énfasis en la violación del Tratado de 1846 y proponía dirimir el asunto en el Tribunal de Arbitramiento de La Haya.18

Las protestas de Colombia cuestionaban la intervención norteamericana, resaltando el hecho de que la marina de Estados Unidos no permitió que las tropas colombianas hicieran frente a la revuelta y que el presidente Roosevelt ratificó la República de Panamá apenas tres días después de haber sido proclamada, violando con esto el artículo 35 del Tratado de 1846, por medio del cual se había comprometido a defender los derechos de soberanía y propiedad de la Nueva Granada sobre el istmo de Panamá.19 Lejos de aceptar que la intervención de Estados Unidos en Panamá era violatoria del Tratado de 1846, Roosevelt apelaba a este mismo para justificar su actuación, aduciendo que con ella garantizaba el libre tránsito entre los dos mares, además de argumentar que la presencia de naves norteamericanas en Colón, que impidieron la reacción de Colombia ante la revuelta panameña, daba estricto cumplimiento al tratado celebrado en 1846, en tanto impedía que se efectuaran combates en los puertos y la vía interoceánica que paralizaran el tránsito por el istmo.20

Ocho años después del “Memorial de Agravios” colombiano, el Congreso norteamericano debatía el asunto de la violación del tratado, en un contexto en el que, además de entorpecer una nueva elección de Roosevelt a la presidencia, se buscaba reestablecer las relaciones de amistad con Colombia, pues no parecía conveniente tener como enemigo al vecino más cercano del canal. Aunque el Congreso norteamericano llamó a un receso y la proposición Rainey no volvió a tratarse, por lo cual la investigación nunca concluyó, el informe presentado por este, en el que se incluyeron las declaraciones de Henry Hall y los documentos recopilados por él para la defensa de The New York World en el caso por difamación, fue publicado en Colombia en 1912, bajo el título “Historias de Panamá”, produciendo grandes controversias, toda vez que la investigación salpicaba a altos funcionarios gubernamentales que habrían recibido sobornos por parte de agentes norteamericanos.21

Se publicaron entonces libros como Historias de Panamá, que aplaudía las investigaciones de The World que demostraban la injerencia norteamericana en la revuelta, pero tachaba de apasionadas aquellas en las que se insinuaba alguna responsabilidad del Estado colombiano.22 En esa versión de Lorenzo Marroquín sobre la separación de Panamá, insistía en la responsabilidad de los Estados Unidos, consideraba a los líderes panameños unos traidores y victimizaba a Colombia, eximiendo a sus gobernantes de cualquier responsabilidad en el descontento y la rebelión panameñas, achacando toda responsabilidad a la política imperialista de Roosevelt. Según Marroquín, “el soborno, la iniquidad y la traición están en Washington y sólo en Washington”,23 y, en ese sentido, protestaba porque “si Roosevelt ha formulado el hecho brutalmente, si ha confesado el robo, para vanagloriarse de él ante sus compatriotas, ¿por qué razón los colombianos, los despojados, los robados, estamos todavía buscando el delincuente entre nosotros, es decir, poniendo en duda la confesión del culpable?”.24 Con esto último, Marroquín hacía referencia a la Comisión Investigadora de los Asuntos de Panamá que llevaba el caso en Colombia y a otras publicaciones colombianas que acogían las tesis de Rainey relativas a los sobornos.25 En respuesta al libro de Marroquín y haciendo eco del libro de Rainey, el general Jorge Martínez Landínez publicó una versión en español del libro La feria del crimen. El mayor “chantage” de todos los siglos, ampliada y comentada por él mismo, en cuya presentación afirmaba:

Se dice que “es antipatriótico pretender buscar traidores y cómplices de la pérdida de aquel Estado y de los expoliadores extranjeros en Colombia, cuando Mr. Roosevelt ha declarado que él tomó a Panamá”; sin negar que este Presidente americano fue quien consumó el despojo, es igualmente incontrovertible: 1.° Que sin la prórroga de 190 los estafadores franceses no hubieran sido escuchados en Washington ni en Pequín; y 2.° Que el 3 de Noviembre de 1903 sobraron en Panamá generales, soldados, fusiles, buques de guerra y municiones para hacer efectiva la soberanía de Colombia en el Istmo, pero que faltaron colombianos dignos. Esto, por supuesto, fuera de los vendidos como Judas. Mr. Bacon da nombres, aporta pruebas y enumera las cantidades con las cuales se pagaron los punibles actos.26 (Las cursivas son originales del texto)

Este tipo de declaraciones resultaban antipatrióticas para algunos colombianos que, como Marroquín, consideraban que “la demostración de soborno, cohecho en el Gobierno Nacional, además de la mancha que echará sobre el país, sería un tropiezo para el defensor de nuestros derechos”.27 En 1912, lo que estaba en juego eran las reivindicaciones de Colombia ante el Congreso de Estados Unidos, que buscaban una indemnización moral y pecuniaria que permitieran restablecer las relaciones entre los dos países. Esas reivindicaciones quedarían consignadas en el Tratado Urrutia-Thomson que el Senado colombiano firmó en 1914, en cuyo primer artículo quedaba señalado que el gobierno norteamericano declaraba su sincero arrepentimiento (sincere regret) por los acontecimientos políticos cumplidos en Panamá, en el mes de noviembre de 1903, que tan graves daños de toda clase causaron al Gobierno y al pueblo de Colombia; y en el artículo 3, con el cual Estados Unidos se comprometía a pagar veinticinco millones de dólares como indemnización.28 Con el Tratado Urrutia-Thomson Estados Unidos buscaba legitimar definitivamente el canal que se inauguraba ese mismo año, asegurando que Colombia reconociera a la República de Panamá y la delimitación de fronteras entre los dos países. No obstante, el tratado firmado por Colombia en 1914 no fue ratificado por Estados Unidos sino hasta 1922, después de que se suprimiera precisamente el artículo primero, que contenía la indemnización moral, enmienda que obedeció principalmente a “cuestiones de política interior de aquel país y, en general, porque allí se estima que implica una humillación para el pueblo americano”.29 Tras la firma del tratado, Estados Unidos pagó veinticinco millones de dólares a Colombia por los perjuicios causados en el negocio de la venta del canal francés; mientras que Colombia reconoció a la República de Panamá y aceptó la negativa del gobierno de Estados Unidos a reconocer la violación del Tratado de 1846, resolviendo de ese modo la controversia a favor de la “leyenda blanca”.30

La ratificación del Tratado Urrutia-Thomson, que restableció las relaciones de amistad entre Colombia y Estados Unidos, implicó entonces una especie de perdón y olvido sobre los hechos cumplidos, que pretendía poner fin a la controversia sobre el pasado y hacer énfasis en el futuro, tal como lo planteaba Luis Otero en su libro Panamá, al considerar que

Es necesario que, haciéndonos dignos de los Padres de la Patria, depongamos ya nuestro resentimiento por la ofensa recibida y olvidemos, con nobleza que iguale a nuestro honor, tan solemnemente comprometido, el doloroso martirio y las afrentas consumadas desde el 3 de noviembre de 1903. Si Colombia debe reclamar con profunda satisfacción la intensidad de su resentimiento para con la gran Nación americana, también debe tener hoy el valor de despojarse de ese rencor, injustificable desde el momento en que la República ha quedado ligada por el vínculo de una sincera y leal amistad con la potencia del Norte. Colombia está obligada a humillar sus resentimientos para no pensar ya más en lo enorme del agravio ni en la deficiencia de la reparación y dedicarse en esta nueva etapa de la vida nacional e internacional a llenar el objetivo de los altos destinos que le desafía el porvenir.31