Читать книгу El conflicto del agua - José Esteban Castro - Страница 25

Ahora bien, los problemas o agravios por los que la gente se manifiesta tienen varias formas de representarse. Así, si es en la capacidad de conceptualizar los problemas¹⁰ se observa la conciencia de la problemática, entonces se puede decir que hay un gradiente en la capacidad de conceptualización que se constituye de la observación de los problemas sentidos, lo cual se manifiesta en el “decir lo que nos pasa” o en el “expresar el problema”, esto es, la queja y la declaración. En un segundo momento aparece la posibilidad de observar qué origina esos problemas, lo que no siempre se explicita en una declaración, pero que supone una acción de denuncia en donde el individuo no solo expresa lo que le pasa, sino por qué le pasa y quién o qué es el responsable de ello. Finalmente, aparece la opción de hallar una solución o acción acordes a la problemática, esto es, la posibilidad de construir las condiciones para pasar a la acción directa.

Consecuentemente, se puede hablar de diferentes grados en el nivel de la toma de conciencia de los problemas, lo que supone que a mayor capacidad de conceptualización acerca de los motivos que los originan, mejores son las capacidades de construir una alternativa viable para gestionar el recurso y comprender a quién dirigirse ante el agravio percibido.

Si observamos nuestras fuentes, tenemos que los problemas por los que las personas se movilizan buscando una solución, se relacionan principalmente con la falta de agua para consumo humano. Este hecho es un problema causado a su vez por otro que puede ser el corte de suministro por reparaciones de la infraestructura: averías en los pozos, corte de energía eléctrica para el bombeo, mantenimiento de las presas, etc. Si ello no es debidamente manejado por las instancias correspondientes, da lugar a movilizaciones ciudadanas. Una segunda causa de la falta de agua es que no se invierte en infraestructura, que también incluye el abandono o demora de la intervención estatal en ese aspecto, lo que genera descontento porque se relaciona con suspensiones más prolongadas del suministro. Estos dos factores configuran una falta de inversión en infraestructura, agravio por el cual se manifiestan los actores sociales. Esta falta de inversión en infraestructura para el suministro de agua y saneamiento y/o para la reparación y puesta en funcionamiento de la existente expresa la necesidad de construcción y/o reparación para dicho rubro. Este problema se vincula con la ampliación o mantenimiento de la infraestructura que no se realiza y por ello genera inconvenientes ya sea de falta/escasez de agua, o falta de condiciones de salubridad, si se trata de infraestructura para el saneamiento. Por lo general, esta demanda se presenta ante el Estado o el municipio, instancias que, se supone, serían las encargadas de proveer estos servicios.

Eso mismo ocurre con la amenaza de pérdida de disponibilidad del agua, debido a construcciones que la afectan. En este sentido, cuando se decide realizar un tandeo en las colonias, por lo común se procede con base en una decisión que si no es consensuada con los vecinos produce malestar. En esta línea, otro motivo que agravia a la gente es el decidir sobre construcciones, trasvases o quita de agua sin que se haga del conocimiento o consentimiento de la ciudadanía.

Pero cualquiera que sea la “razón” de la falta de agua, la movilización siempre es por “la escasez de agua”, y siendo el recurso y su gestión una empresa concentrada en manos de “expertos”, es difícil para la población conocer las causas de ese agravio. Por eso se confunden constantemente las causas sociales de la falta del agua, con las naturales: no hay agua. Llamamos a estos agravios políticas de distribución y uso del recurso, lo que tiene que ver con el uso político o corrupto del recurso y la politización y mediatización de los problemas del agua para beneficio político o personal.

Por lo tanto, dentro de las políticas de distribución y uso del agua que se suministra están registradas las formas de lucha de quienes piensan que eso es injusto y que es así por la falta de participación en la toma de decisiones. Esta percepción de injusticia se relaciona con el modo en que se decide en los gobiernos de municipios, estados y federación, tanto respecto de las obras de infraestructura urbana (edificaciones que amenazan con la restricción del suministro), como en la gestión para distribuir el agua urbana (tandeos que restringen el suministro de unos para dárselo a otros); o en cómo se realiza el manejo de presas, trasvases de presas para ampliar/dotar de servicios a unos a costa de otros.

Otro problema generador de conflicto remite al cobro o pago del agua, dependiendo si el sujeto es o no un organismo gubernamental. En general, la sociedad civil se queja por el cobro del agua y las autoridades gubernamentales por la falta de pago. Pero este cobro se convierte en agravio frente a una distribución inequitativa o un servicio que no justifica el pago, o ante un uso político o fraudulento del dinero. Es una queja que aparece cuando la construcción ciudadana se da en exclusiva sobre la base de un disciplinamiento vertical, sin haber construido los canales que abran paso a una corresponsabilidad sobre el agua. Como el disciplinamiento y su posterior criminalización son unidireccionales se perciben como injustos y por ello la población se manifiesta en su contra. De esta manera, los conflictos observados en este ámbito aparecen con la intención del cobro del servicio por parte del organismo operador, por un lado, y con la desobediencia ante la sanción por la falta de pago que consiste en el corte/restricción¹¹ del suministro de agua. Esta problemática representa tanto una resistencia de la ciudadanía a convertirse en usuario/receptor de un servicio por el cual debe pagar, como la inercia de viejas prácticas clientelares productoras de conflictos que siguen resolviéndose de igual modo.¹² Problemas que incluyen la administración del servicio, muchas veces fraudulenta o facciosa.

Por último, las inundaciones, sequías y contaminación son problemas que, si bien parecen de origen natural, tienen una profunda causa social y los hemos llamado capacidad de gestión de riesgos, ya que configuran la capacidad política y social de tomar decisiones que construyan una defensa ante los desastres naturales. Esta categoría remite a la incapacidad o falta de voluntad política para tomar las decisiones que defiendan a la ciudadanía de riesgos como inundaciones, sequías y contaminación del agua. Estos problemas se relacionan directamente con la toma de conciencia acerca de que los factores naturales están íntimamente vinculados a las cuestiones sociales. Las inundaciones periódicas en épocas de lluvia, al igual que los trasvases mal realizados o las decisiones que omiten a los actores afectados conducen al ámbito social que posibilita o impide generar las defensas posibles ante los embates de la naturaleza. El riesgo es un factor social que es posible calcular asociado a la carencia de políticas y de voluntad política para revertirlo.

Una vez definida la problemática o agravios por los que se manifiesta la población, veremos cómo se configuran estos a lo largo de los cortes temporales analizados.

Ahora bien, si observamos cómo se han transformado los problemas que conducen a la conflictividad, la variación más notoria se da en lo relativo a la distribución y usos del agua. Pareciera que en los últimos años ha crecido significativamente la proporción de personas que considera injusta la distribución del agua.

Gráfica 2.2.Problemas percibidos como agravios en el tiempo. México: 1990, 2000, 2010

Es también notable el aumento de las luchas en cuanto a la gestión de riesgos, ya que en 2010 se han dado varios casos de inundaciones y malos manejos de las políticas que harían posible evitarlas. De esto son ejemplo las inundaciones por aguas negras debidas a la ruptura del canal de Chalco, la ruptura del río de Los Remedios en la delegación Gustavo A. Madero, las inundaciones en Tabasco, y la falta de mantenimiento preventivo en canales y desfogues de las presas en el norte del país, conflictos que enfrentaron entre sí a distintas dependencias del gobierno.

Este conflicto en la distribución de recursos y gestión de riesgos ha crecido en comparación con otros problemas, como el cobro del servicio o la inversión en infraestructura. Debe añadirse que el problema de gestión de riesgos está relacionado con la falta de voluntad política para resolver los problemas (construir la infraestructura adecuada o sanear la existente), lo que resulta en una incapacidad de la ciudadanía para defenderse ante catástrofes naturales.

Observamos ahora las acciones tomadas en función de los problemas identificados. Por un lado, en primer lugar, en la medida en que asciende la acción directa, disminuye la denuncia. En segundo, el pago del servicio es el que más acciones de lucha directa ha motivado; lo que se da cuando el Estado apela a la sanción para lograr el disciplinamiento y la ciudadanía se niega a obedecer. Y, en tercero, la ciudadanía y los funcionarios del gobierno utilizan la acción directa ante las políticas de distribución y uso del agua, acciones que se hallan en equilibro con las denuncias (43%, aproximadamente, cada una). Finalmente, en la gestión de riesgos e inversión en infraestructura se apela más a las denuncias y a las declaraciones que a la acción directa.

Gráfica 2.3. Acciones de protesta, según problema. México: 1990, 2000, 2010