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Cambio de gestión del agua, acción directa y toma de conciencia

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Para abordar este tema partimos de que las transformaciones en las formas de gestión y gobierno del agua tienen su reflejo en las formas de lucha por este recurso, por eso es que se revisó este aspecto y así se obtuvieron diversos elementos de análisis.

Por una parte, las manifestaciones de inconformidad y su transformación en el tiempo son expresiones que se concretan en dos problemas clave: la gestión y uso del recurso, y la gestión de riesgos, los cuales han aumentado en su frecuencia sostenidamente.

Por otra, en la información se registra cómo el Estado emprende la mayor cantidad de acciones directas ante el pago por el servicio, con lo que se podría afirmar—al menos hipotéticamente— que se está llevando a cabo un importante esfuerzo para disciplinar a la población ante esta nueva idea de corresponsabilidad ciudadana en el uso y gestión del recurso, mismo que se relaciona con el pago y cobro del servicio.

Observamos además que la gestión del agua —que pasa por la reducción del Estado y su imposibilidad concomitante de atender las necesidades básicas de su población— enfrenta alternativas más o menos originales en términos de abasto, y que esta necesidad de la población de hacerse cargo de su propia situación influye en la conceptualización de la problemática relacionada con ese recurso y por eso repercute en la toma de conciencia de la propia acción.

Se muestra entonces, en las acciones de lucha registradas, que estas influyen en particular en dos grandes determinaciones. La primera consiste en la evolución hacia el uso de la acción directa como mecanismo de confrontación, lo que indica la carencia de un interlocutor válido que absorba y dé cauce y solución a las quejas y las denuncias; la ausencia de esa figura en el imaginario de quienes se perciben agraviados con la gestión del agua provoca la acción directa como mecanismo de defensa y confrontación. Así, la acción directa refiere al quiebre, ausencia e insuficiencia (dependiendo de los casos) de canales políticos e institucionales para la gestión de la inconformidad.

La segunda determinación sería el uso de la acción directa como modo de lucha, lo cual se expresa fundamentalmente ante la imposición del pago del agua y en la distribución y uso de esta. Ambos recursos apuntan a la toma de conciencia acerca de la construcción política del territorio del agua. Se comprende así que la escasez del agua no se enmarca en una cuestión hídrica, sino que más bien constituye una determinación política en la gestión del recurso.

Estos problemas y las formas de enfrentarlos, así como su respectiva transformación, lleva a considerar que lo que está en juego en la lucha por el agua es más bien un asunto de políticas de gestión del recurso, las cuales amenazan con la restricción y carencia del suministro, más que con su disponibilidad natural. Esta idea, unida a la reflexión de arriba, señala que no es la falta de agua lo que genera conflictos, sino el modo en que se gobierna la escasez (escasez social o construcción social de la escasez). Dicho de otra manera, la escasez del agua no se corresponde con la problemática de la falta de agua, sino con una toma de conciencia acerca de su gestión inequitativa.

Ahora bien, la creciente alternativa de la acción directa para solucionar estos problemas, podría atribuirse a la fragmentación, clausura o estrechamiento ocurridos en los canales de resolución, de tal modo que son el enfrentamiento y la presión las vías con las que se expresa el descontento de la población, en específico en su relación con el recurso del agua y su saneamiento.

La intensidad de la lucha respecto del pago y la distribución y uso del agua registrada en las últimas décadas puede estar condicionada por la crisis en la toma de decisiones que atraviesa este sector. Las reformas neoliberales que se instalaron con el quiebre de la hegemonía política de un grupo en el poder desde los años setenta, influyeron en la crisis decisional propia de la etapa neoliberal como la resultante de una fragmentación política y, por lo tanto, constituye una apertura política a la movilización social. De este modo, la transformación del territorio político del agua, su descentralización y desconcentración, sumado a la introducción de nuevos y diferentes actores que estructuran la gestión del recursos, ha generado una crisis en la dirección de un grupo hegemónico, lo que constituye una estructura de oportunidades para la movilización y el conflicto que se ha traducido en la transformación paulatina de las formas de confrontación. Por una parte, constituye un clima de desobediencia e inconformidad que nutre la posibilidad de contestar la determinación del gobierno de gestionar la distribución del agua y su transferencia progresiva al sector privado, lo cual se observa en la instalación y disciplinamiento hacia el pago por el servicio y la corresponsabilidad “ciérrele al grifo”. Por otra parte, crea una sensibilidad social para la difusión de dichas manifestaciones. Así, estas empiezan a ser notadas y difundidas por los medios de comunicación y son percibidas positivamente por parte de la sociedad que aprehende los mecanismos favorables a su determinación política.

En consecuencia, existen determinados procesos sociales, entre los que se encuentran los de carácter político, en correspondencia con la forma e intensidad en que se dirimen las luchas en torno al agua. Si, por otra parte, tenemos en cuenta que estas muestran cómo se ejerce el poder en tanto ejercicio de dominación, entonces, con esos datos se puede reflexionar acerca del conflicto por el cual se lucha, esto es: la construcción del agua como territorio de dominación.

El conflicto del agua

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