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Primera parte. Conflicto, luchas y resistencias por el agua

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Para Castro, en el capítulo 1, un enfoque verdaderamente interdisciplinar del conflicto por el agua debe esforzarse por hacer observables los procesos que crean y reproducen las desigualdades socioeconómicas y políticas estructurales, las cuales continúan determinando que un gran sector de la población mundial permanezca excluida, no solo de la participación sustantiva en el gobierno democrático del agua, sino también del acceso a los volúmenes de agua limpia esenciales para su supervivencia en dignidad. Un enfoque así requiere tratar los “conflictos del agua” como un objeto de conocimiento por derecho propio, lo cual constituye un paso crucial para transformar las condiciones inaceptables que caracterizan la gestión del agua a nivel global:

[…] los eventos de conflicto y gestión del agua, deben analizarse como partes de una confrontación social estructural de carácter más sustantivo, vinculada a la lucha social por la superación de las desigualdades cualitativas y cuantitativas que impiden que millones de personas tengan acceso pleno a las condiciones de vida civilizada. La comprensión y entendimiento del carácter multidimensional de ese proceso se han visto obstaculizadas por una racionalidad tecno-científica y burocrática que caracteriza a las formas dominantes de gobierno y gestión del agua y que históricamente ha contribuido a volver inobservable el carácter social del proceso.

El autor se refiere en específico a los “conflictos por el agua en el medio urbano” y en el México contemporáneo, los cuales se basan en hechos reportados desde mediados de la década de 1980, tales como quejas de usuarios a través de los medios de comunicación y otros canales, hasta acciones violentas que incluyen ataques a la infraestructura de servicios de agua, a representantes de los organismos competentes y a otros actores en posiciones de poder respecto de la gestión del agua.

Castro resalta la importancia de entender el carácter social y político del conflicto para poder analizarlo mediante un enfoque multidimensional e interdisciplinar, en el cual converjan los objetivos de las disciplinas técnicas y los de las sociales; asumiendo, por otra parte, que el gobierno entiende al conflicto con base en una racionalidad burocrática y administrativa que además de ser tecno-científica también está despolitizada. De este modo, el autor invita a superar el reduccionismo técnico que responde a un enfoque dominante y sesgado.

De igual modo, como señala Karina Kloster en el capítulo 2 de este libro,

[…] un conflicto no puede existir en abstracto, es decir, no puede estudiarse sin referencia a un orden histórico que está en disputa. Y un orden, en tanto ejercicio de la victoria, es el resultado de una lucha que quedó definida y plasmada en las instituciones (Foucault, 1978, 1992, 1994). En este sentido, cuando hablamos de conflicto y orden, nos referimos al ejercicio de un poder que es posible observar en la construcción y establecimiento de determinadas instituciones y reglas; en la construcción de un cuerpo y un tipo específico de disciplinamiento y saber construidos a partir de la expropiación del poder de los cuerpos (Marx, Foucault, Marín).

La reflexión de Kloster le permite hablar de diferentes grados en el nivel de toma de conciencia de los problemas, lo que supone que, a mayor capacidad de conceptualización acerca de los motivos que los originan, mejores son las capacidades de construir una alternativa viable para gestionar el recurso y comprender a quién dirigirse ante el agravio.

Kloster sugiere partir del concepto territorio político del agua, esto es, la construcción del agua como un territorio de dominación, para así analizar los conflictos con los que se lucha en relación a la gestión y uso del recurso y la gestión de riesgos, en un contexto donde la dominación del Estado reduce la identidad ciudadana a una forma subordinada al mercado (consumo) y cuya corresponsabilidad se basa en el pago y cobro del servicio, y donde la ciudadanía ha materializado su insatisfacción en luchas por el agua mediante mecanismos de confrontación como acciones directas y toma de conciencia. Kloster argumenta que las luchas por el agua muestran las formas en que se ejerce el poder en tanto ejercicio de dominación, asegurando que “no es la falta de agua lo que genera conflictos, sino el modo en que se gobierna la escasez” (escasez social o construcción social de la escasez).

En el capítulo 3, Gabriela Cabestany se posiciona respecto al carácter de los problemas actuales relacionados con el agua y reafirma que es posible estar de acuerdo con que los conflictos relativos a este recurso son técnicos y políticos (De Alba, 2007: 101) y que es probable que se han sobrevalorado los aspectos físico-naturales y técnico-económicos en el estudio de la escasez de agua en la ciudad, cuando la consideración de las dinámicas sociales y políticas pudieran ser igual de importantes (Castro et al., 2004: 340). Para explorar esta afirmación, la autora analiza los conflictos por el agua en el valle de México, la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

Cabestany retoma el enfoque de la estructura de oportunidad política (McAdam et al., 1996; Tarrow, 1999; Tilly, 2004; Valocchi, 1996) y propone que las acciones colectivas no son una respuesta inmediata a una situación objetivamente desfavorable, sino que aquellas reciben la influencia de distintos elementos; uno sería el ambiente político en el que suceden (McAdam et al., 1996: 12). De igual modo, Cabestany analiza los conflictos en la Ciudad de México y el Estado de México observando el juego entre dos mecanismos explicativos del contexto político, delimitados por su opción analítica, la apertura del sistema político para la participación y la propensión y capacidad del Estado para la represión y su relación con el mayor o menor grado de forma contenciosa que adoptan las acciones en su ámbito de análisis.

Cabestany concluye que el hallazgo sobre la concentración de mayores acciones disruptivas en los municipios conurbados y de su potencial explicación mediante las diferencias en los contextos políticos locales, permite subrayar que la problemática del agua y el actuar de los residentes en torno a ella, tienen una importante dimensión política y que remediar aspectos técnicos relacionados con dicha problemática podría ser necesario pero no suficiente para mejorar el panorama conflictivo de la Ciudad de México y los municipios conurbados, tal como se ha señalado en algunos textos (Castro et al., 2004: 340; De Alba, 2007: 101).

Esta primera parte cierra con el capítulo de Beatriz Torres Beristain, José Agüero y Julia Tepetla que versa acerca de la resistencia al proyecto hidroeléctrico El Naranjal en Veracruz. Para ello, los autores parten de identificar esta lucha como un conflicto socioambiental desde la perspectiva de la ecología política que abarca la distribución y apropiación desigual de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios ambientales, así como las relaciones de poder que les subyacen (Leff, 2003: 19), en un contexto en donde el capitalismo se caracteriza por el extractivismo y el neoextractivismo, y el gobierno —en todos sus niveles— actúa en favor de las empresas por sobre las comunidades. Los autores toman como eje del análisis las luchas de los colectivos Defensa Verde Naturaleza para Siempre (dvns) y la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (uecvt). A lo largo de su estudio, ellos dan cuenta del “camino cuesta arriba que tienen que emprender las comunidades rurales mexicanas que se enfrentan en una lucha desigual para defender los bienes comunes naturales, el territorio, así como su supervivencia física y cultural”, frente a una empresa que no cumplió con los condicionantes para la aprobación del proyecto y que ha acosado permanentemente a los pobladores para que vendan sus tierras, con una serie de vacíos institucionales, caracterizados por la omisión o desacato normativo, la desinformación y la falta de consenso social previsto en los diversos ordenamientos de planeación y las normas ambientales.

Asimismo, estos autores muestran cómo el colectivo dvns ha realizado un gran trabajo de difusión y de vinculación a nivel local y con otros grupos y organizaciones con problemas similares, así como en plataformas a nivel nacional e informacional, con lo cual han logrado capacitarse para denunciar los abusos e irregularidades de la empresa y del gobierno, la cancelación real de la hidroeléctrica, divulgar información verídica, y protegerse del acoso y violaciones por parte de la empresa, lo que implica una lucha cada vez más sólida por los derechos humanos y la defensa del territorio y la naturaleza.

El conflicto del agua

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