Читать книгу Derecho civil constitucional - José Guillermo Castro Ayala - Страница 13

Pasar la página de un conflicto armado o de un régimen autoritario implica un gran esfuerzo institucional para transitar de un régimen de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, de injusticia y opresión, a un Estado justo, pacífico y democrático que garantice la vigencia de todos los derechos humanos. En ese sentido, la labor que los tribunales constitucionales pueden desempeñar en la construcción de un posconflicto es importante y, de hecho, el éxito de esta labor no solo compete a quienes suscriben un acuerdo o pacto político para poner fin a las hostilidades de las partes en conflicto, sino que esta tarea va mucho más allá e involucra a toda la sociedad en general.

Sin embargo, no todos los ciudadanos tienen el capital jurídico y político (Bourdieu, 2000) para influir en las decisiones de las altas esferas del poder que deciden sobre la implementación y el desarrollo normativo del posconflicto. En este contexto, los tribunales constitucionales no tienen un rol estático durante el posconflicto, sino que, por el contrario, pueden —y deben— intervenir activamente en su construcción. La labor de estos tribunales se magnifica si se tiene en cuenta que lograr el tránsito a la paz y la vigencia de un orden justo y democrático pasa necesariamente por garantizar, respetar y hacer justiciables todos los derechos humanos.

Actualmente, Colombia atraviesa una a coyuntura y un momento histórico sin precedentes por la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016) entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP en el 2016. Esto se logró luego de cuatro años de diálogos formales en el marco del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” (2012)¹. Dadas las circunstancias actuales, es necesario, además de una convergencia de los diferentes actores sociales, el compromiso de la institucionalidad y —en lo que aquí nos interesa— de la Corte Constitucional para lograr construir un escenario de posconflicto armado que depure también el conflicto social. Lo anterior, a través de la activa intervención de la Corte para garantizar todos los derechos humanos y, especialmente, de los derechos sociales como derechos correctores de desigualdad (Arango, 2012, p. 185).

Ciertamente, en el proceso de discusión de reformas constitucionales y legales, de políticas públicas y de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, la Corte Constitucional podría adoptar y defender posiciones tan disímiles que, incluso, pondrían en riesgo el proceso de transición o, por el contrario, lo agilizarían y dotarían de legitimidad. Esto implica varios dilemas que la Corte Constitucional tendría que afrontar durante o después de la transición democrática, por ejemplo: ¿debe primar la defensa de la Constitución (función principal encargada a los tribunales constitucionales) sobre la posibilidad de lograr un tránsito pacífico a una sociedad justa y democrática? En eventos en los que, para dotar de seguridad y legitimidad jurídica a la transición se requiera modificar o cambiar la constitución vigente, ¿es legítima la intervención de la Corte en la defensa del texto constitucional?

En este sentido, este estudio se orienta a establecer algunos criterios que la Corte Constitucional colombiana y, en general, otros tribunales constitucionales, que puedan acoger esta experiencia, deberían tener en cuenta para contribuir en la construcción de escenarios de posconflicto y lograr la garantía y plena justiciabilidad de los derechos humanos. Para ello, se abordarán, en primer lugar, dos experiencias comparadas que sirven como referente sobre el rol de los tribunales constitucionales en la garantía de los derechos humanos en situación de posconflicto. En segundo lugar, se hará referencia a la experiencia previa de Colombia en justicia transicional con los grupos paramilitares. Posteriormente, se estudiará la teoría jurídica del neoconstitucionalismo como fundamento del rol del tribunal constitucional en la construcción de escenarios de posconflicto a partir de la garantía y justiciabilidad de los derechos humanos. Finalmente, se expondrán las conclusiones generales del trabajo.