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I Prólogo

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El teletrabajo en la Administración Pública ni es un invento de la crisis sanitaria del COVID-19, implantado apresuradamente para garantizar una mínima continuidad de la actividad administrativa, ni es un recurso pasajero del que prescindir en eso que cruelmente se ha dado en denominar «nueva normalidad», como si pudiéramos retomar nuestras vidas en el punto en el que traumáticamente se interrumpieron o fatídicamente se frustraron.

Pero lo cierto es que esta crisis ha intensificado el recurso al teletrabajo, obligando a una reflexión sobre sus fundamentos, objetivos y contenidos. Sin duda alguna, la manifestación más visible de dicha reflexión lo constituye el Real Decreto-Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas. Pero junto a esta intervención normativa, hay que destacar el análisis doctrinal que se realiza en este libro, que tengo el honor de prologar. De la valentía del Prof. Rastrollo para afrontar temas novedosos del régimen de los empleados públicos teníamos ya noticia con su monografía sobre la Evaluación del desempeño en la Administración: hacia un cambio de paradigma en el sistema español de empleo público (2018), auténtica referencia en tal materia. Igualmente ocurrirá con esta nueva obra sobre El teletrabajo en el Sector Público, punto de partida y base sólida para ulteriores desarrollos normativos, para la aplicación por las Administración y para la comprensión de esta realidad por todos los actores implicados (en particular, empleados, sindicatos y Tribunales).

Decimos, en efecto, que esta monografía constituye una base sólida para entender el teletrabajo en la Administración. Y ello por diferentes motivos. En primer lugar, por la sugerente contextualización teórica y comparada del fenómeno, que ayuda a comprender sus presupuestos y sus implicaciones. En segundo lugar, por la exhaustiva presentación de la normativa autonómica que ha precedido a la básica estatal. Y, en tercer lugar, por la perspectiva jurídico-administrativa que informa el análisis del teletrabajo, permitiendo no ya un contraste claro con su regulación y aplicación en el sector privado sino sobre todo la identificación de los retos que su implantación suscita en el sector público.

Desde este punto de vista, no hay duda de que el teletrabajo en el Sector público constituye un escenario novedoso más del difícil y siempre inestable equilibrio entre, por un lado, los derechos y obligaciones de los funcionarios y, por otro, la potestad de autoorganización de la Administración al regular y gestionar sus recursos humanos, elementos ambos que en última instancia caracterizan el peculiar régimen jurídico de los empleados públicos.

En efecto, el régimen jurídico del teletrabajo de los empleados públicos viene a plasmarse en una suerte de estatuto particular de derechos y obligaciones, singularizándose como una especie de situación administrativa específica en el seno de la de servicio activo. Ahora bien, la concreción de este «mini estatuto jurídico» no deja de resultar problemática, tal y como el Prof. Rastrollo va desgranando de manera convincente en su libro. De entrada, la propia conceptualización del teletrabajo no como un derecho del empleado sino como resultado de una decisión discrecional de la Administración. Aunque una y otra caracterización no son incompatibles, lo cierto es que la subjetivación creciente del Estatuto funcionarial, primando los intereses de los empleados sobre los de la organización, aboca a una tensión aplicativa generadora de una conflictividad judicial que corre el riesgo de desdibujar aquella conceptualización inicial (en particular, a través del control que los Tribunales empiezan a ejercer sobre las solicitudes de trabajo, no ya al exigir una motivación circunstanciada de las denegaciones al amparo del interés del servicio sino al ponderar otros bienes objeto de protección, como la integridad física y la salud o la conciliación familiar).

Otros derechos de los empleados deberán ser adecuadamente considerados, como el fundamental de la intimidad y protección de datos de carácter personal o el recientemente incorporado al estatuto básico de los empleados de la desconexión digital. También discutibles serán las soluciones que se arbitren sobre la asunción y reparto de los costes del teletrabajo –en particular si tenemos en cuenta la potencialidad del principio de indemnidad, acuñado en los dos últimos años por el Tribunal Supremo–, pues podrían dar lugar a decisiones polémicas que se plasmaran en diferencias de trato entre empleados (no sólo entre aquellos que teletrabajan, sino también entre éstos y los que trabajan presencialmente) o en abusos resultantes de la negociación colectiva (en particular, en Administraciones de reducido tamaño).

En lo que respecta a los retos organizativos que el teletrabajo plantea a las Administraciones Públicas, el Prof. Rastrollo identifica acertadamente dos: la compleja identificación de los puestos de trabajo susceptibles de teletrabajo y la gestión del personal que se acoja a esta modalidad de servicio. En realidad, tales retos trascienden la mera dimensión jurídica, aunque no por ello ésta deje de ser necesaria, como lo prueban las interesantes propuestas del autor de que aquella identificación se plasme en las relaciones de puestos de trabajo o de que se dote a la Administración de las imprescindibles técnicas de control.

Pero como decíamos, el teletrabajo en el sector público no puede ser abordado exclusivamente en términos jurídicos pues requiere una nueva organización funcional del trabajo en la Administración, basada en resultados y objetivos y no en el mero cumplimiento presencial o “telepresencial” de un horario. Y para ello, se revela inexorable dotarse de personal con tales habilidades y competencias organizativas al dirigir y gestionar a los empleados públicos.

Son sólo unos ejemplos de los retos teóricos y prácticos que el teletrabajo en el sector público suscita. De ahí la relevancia de este libro del Prof. Rastrollo, con el que el autor no sólo se consolida como uno de los autores de referencia en el Derecho de la Función Pública en España sino que, sobre todo, la obra consituye base sólida y segura para afrontar tales retos.

Por Jesús Ángel Fuentetaja Pastor

Catedrático de Derecho administrativo

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Crisis, reacción y evolución: el teletrabajo en el sector público

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