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El resultado de la Guerra Civil fue la dictadura de Franco —un militar conservador, católico, desconfiado, prudente, obsesionado por el comunismo y la masonería—, régimen que se prolongó hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Basado en las ideas nacionalistas y fascistas de la Falange, en el pensamiento social de la Iglesia y en los principios de orden y unidad de los militares, el franquismo fue una dictadura personal, el arquetipo de régimen autoritario: totalitario hasta 1945; confesionalmente católico y anticomunista desde 1945-1950, al hilo de la Guerra Fría; tecnocrático y desarrollista desde 1957-1960. La dictadura no fue, con todo, un mero paréntesis en la historia de España. El país cambió decisivamente entre 1939 y 1975: no se modificaron, sin embargo, ni la naturaleza antidemocrática del franquismo ni su acción represiva permanente.

Instalada, en efecto, en la Europa de Hitler, España vio desde 1939 la creación de un Estado nacional-sindicalista, la oficialización de los rituales fascistas de la Falange, la recatolización de España, la afirmación del Movimiento como partido único y la adopción de políticas económicas basadas en la autarquía y el control estatal. España no entró en la II Guerra Mundial, pero mandó la División Azul a Rusia en 1941. Tras la derrota del Eje en 1945, el régimen de Franco fue definiéndose como una monarquía social y representativa y como una democracia orgánica. Franco retuvo siempre todo el poder: las jefaturas del Estado y del Gobierno, la jefatura del Movimiento, el mando de las Fuerzas Armadas. Las Cortes, creadas en 1942, fueron concebidas como un órgano de colaboración, no de control del gobierno. Eran designadas, no elegidas: carecían de funciones legislativas. La dictadura prohibió partidos políticos, movimientos nacionalistas, sindicatos, huelgas y manifestaciones y controló, a través de la censura y las consignas, la prensa y la radio.

Régimen autárquico y nacionalista, el franquismo organizó un fuerte sector público: ferrocarriles, minas, teléfonos, distribución de gasolina y transporte aéreo. Para impulsar la industrialización, en 1941 creó el Instituto Nacional de Industria, que entre 1941 y 1957 construyó fábricas y empresas de aluminio y nitratos, industrias químicas, astilleros, grandes siderurgias, refinerías y fábricas de camiones y automóviles. El régimen impulsó las obras públicas (pantanos, centrales térmicas). Controló precios y salarios, y el comercio exterior. Integró desde 1940 a trabajadores y empresarios en la Organización Sindical, los sindicatos verticales del Estado; y creó un modesto sistema de seguros sociales de tipo asistencial y paternalista. El coste que todo ello supuso para España fue, sin embargo, muy elevado. La autarquía tuvo un precio desmesurado y se hizo a costa de un proceso inflacionario alto. La política agraria del primer franquismo fue un desastre. El cuatrienio 1939-1942 se caracterizó por años de hambre. La reconstrucción de lo destruido durante la guerra fue solo aceptable. La producción, pese al esfuerzo inversor del Estado, no alcanzó el nivel de 1936 hasta 1951. En 1960 España era uno de los países más pobres de Europa.

La derrota del fascismo en la II Guerra Mundial dejó, además, al país en una situación dificilísima. La ONU rechazó en 1945 la admisión de España; el 12 de diciembre de 1946 votó una declaración de condena del régimen español y recomendó la ruptura de relaciones con el mismo, resolución que la comunidad internacional, con pocas excepciones, comenzó a cumplir de inmediato. El régimen de Franco sobrevivió, con todo, a las dificultades que había provocado. Desde 1945, hizo cambios que le dieron una fachada más aceptable: Fuero de los Españoles, leyes de Referé ndum y de Sucesión, amnistía parcial, supresión del saludo fascista, evacuación de Tánger, ocupada en 1940¹³. Su política exterior buscó formas (limitadas) de legitimación internacional: pacto ibérico con Portugal, hispanidad, amistad con los países árabes, concordato con el Vaticano. La Guerra Fría fue, con todo, esencial. Revalorizó al régimen de Franco ante los Estados Unidos y propició la aproximación hispano-norteamericana: en septiembre de 1953 cedió a Estados Unidos bases militares en Torrejón, Zaragoza, Morón y Rota¹⁴. Tras su ingreso en la ONU el 15 de diciembre de 1955, la España de Franco fue ya una nación reconocida por la comunidad internacional. Nunca tuvo, con todo, legitimidad democrática. En febrero de 1956 se produjeron graves protestas contra el régimen, protagonizadas por estudiantes de la universidad de Madrid. En abril, España daba precipitadamente la independencia al Marruecos español, forzada por la decisión previa francesa de retirarse del Marruecos francés. En octubre, inflación, déficit exterior y pérdida masiva de reservas de divisas extranjeras crearon la situación de crisis económica más grave desde el fin de la guerra.

España cambió en la década de 1960. La clave de la transformación fue el Plan de Estabilización de julio de 1959, un modelo ortodoxo de estabilización¹⁵ y una apuesta por la liberalización de la economía española que rectificaba todo lo que el régimen había hecho desde 1939. Estabilización y liberalización provocaron, en efecto, el despegue económico. Los años del desarrollo (1960-1973), pilotados por gobiernos con fuerte presencia de ministros del Opus Dei, hicieron de España un país industrial y urbano. Grandes migraciones transformaron su estructura demográfica. En 1960 hubo 6 millones de turistas; en 1975, 30 millones: el turismo cambió la economía de muchas regiones y enclaves, y los hábitos y comportamientos de los españoles. La producción y el uso de automóviles y electrodomésticos aumentaron de forma espectacular. La economía española creció a una media anual de entre el 5 y el 10 por ciento entre 1966 y 1971. En 1970, el 75 por ciento de la población laboral trabajaba ya en la industria y los servicios. En 1975, en torno al 75 por ciento de la población vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes. El número de estudiantes universitarios pasó de 87.600 en 1962 a 255.000 en 1971-1972. El «milagro español» tuvo graves contrapartidas: estancamiento de la agricultura, fuertes desequilibrios regionales, elevado éxodo rural, sector público ineficiente y deficitario, graves insuficiencias de tipo asistencial, horrores urbanísticos, desastres ecológicos, hacinamiento de la población industrial en barriadas carentes de servicios. Pero España había superado la barrera del subdesarrollo. En 1971 era el cuarto país del mundo en construcción naval; la primera empresa española era SEAT, del sector del automóvil. La renta per cápita que en 1960 era de 300 dólares, llegaba en 1975 a 2.486.

La década del desarrollo vio, como contrapartida, la reaparición de la conflictividad. Estudiantes e intelectuales se rebelaron en demanda de libertades y derechos democráticos. Los trabajadores reclamaron libertades sindicales y mejores condiciones laborales. ETA, creada en 1959 y que desde 1968 recurrió al terrorismo, reactivó el problema regional. Desde el Concilio Vaticano II (1964), la misma Iglesia fue divorciándose del régimen. La contradicción entre una sociedad en vías de modernización y un régimen político autoritario y de poder personal se hizo así manifiesta. Escindido entre aperturismo e inmovilismo, el franquismo, que tuvo ahora su hombre fuerte en el almirante Carrero Blanco, entró en crisis a partir de 1969. El crecimiento económico siguió a un muy fuerte ritmo en los años 1970-1975. Pero el continuismo institucional que Franco y Carrero Blanco quisieron proyectar en los últimos años del régimen era cuando menos problemático: la naturaleza del régimen debilitaba su propia autoridad política y moral ante los conflictos, y amenazaba su propia estabilidad¹⁶. El juicio que en diciembre de 1970 tuvo lugar en Burgos contra 16 militantes de ETA provocó violentas protestas en toda Europa. ETA mató en diciembre de 1973 al propio presidente del gobierno y pieza clave del régimen, Carrero Blanco.

La apertura prometida en febrero de 1974 por el último ejecutivo de Franco, encabezado por Arias Navarro, promesa que galvanizó la política del país —y permitió la acción pública de la oposición moderada y una considerable libertad de prensa—, fue un fracaso: no hubo democratización del régimen. En marzo de 1974 fue ejecutado un joven anarquista acusado de terrorismo, Salvador Puig Antich. Una bomba de ETA mató en Madrid, en septiembre de 1974, a once personas. El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados, en medio de la indignación internacional, dos militantes de ETA y tres del FRAP, un grupo de extrema izquierda aparecido en 1973 que había atentado contra varios policías. La evolución del franquismo hacia la democracia era imposible.