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El 18 de septiembre de 1841, Joaquín Prieto se dirigió por última vez como presidente al Congreso Nacional. Más que satisfecho con el desenlace de su decenal gestión, invitaba a sus auditores a recordar «aquellos días de zozobra en que nada parecía vaticinar a nuestra patria un destino más próspero que el de otros pueblos hermanos». Desgarrada por la crisis de la independencia y por las normales tribulaciones de un estado naciente, la sociedad chilena se había visto afectada por «la exageración de principios, que en todas partes ha traído en pos de sí la inseguridad, el desorden, la dilaceración, la inmoralidad, y todos los vicios y males de una larga y a veces incurable anarquía». En tan alarmante contexto, la necesidad que su gobierno había venido a llenar, según él exitosamente, era la de instalar «un orden moderador, que pusiese trabas a los elementos de disociación». Entre éstos, de más está decirlo, figuraban con especial relieve los encarnados en una plebe levantisca, viciosa, y, para peor de males, con cuotas altamente inconvenientes de figuración política. Fruto de su remoción, concluía, «nuestro edificio social ha descollado sereno y majestuoso en medio de tempestades que han sembrado de escombros todas las secciones del territorio hispano-americano; y a su sombra no sólo han desarrollado rápidamente los gérmenes de prosperidad material, sino la cultura del entendimiento, y los goces de una civilización refinada»²²⁹.

Anticipando de manera casi idéntica las palabras del presidente saliente, El Araucano se congratulaba algunos meses antes de que «la nación que acababa de salir de la anarquía y la guerra civil, entregada ahora a la industria y al trabajo, no sólo vio desaparecer pronto hasta las últimas trazas de los males pasados, sino que también empezó a disfrutar de una prosperidad y adelanto, desconocidos antes en este país o en cualquiera otro de los hispano-americanos»²³⁰. Haciendo referencia específica al problema del orden social, el periódico oficial aseguraba que «ahora vivimos en medio de la más completa seguridad», y precisaba: «los delitos se castigan con la prontitud y severidad necesarias: todo ha cambiado de aspecto; y la generalidad del pueblo ha llegado a conocer cuán perjudicial era para la represión del crimen, para la seguridad y la moral, la antigua compasión o mal entendida caridad para con los delincuentes»²³¹. Este reconocimiento popular se hacía a su juicio extensivo al conjunto de la obra portaliana, lo que habría quedado en evidencia con el todavía reciente triunfo en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, reforzado por «el entusiasmo público que siguió a nuestros bravos desde su embarque y les acompañó en todos sus pasos y acciones», lo que permitía concluir que «el espíritu nacional estaba formado, y no era extraño que produjera tan grandes resultados». En suma, la estabilidad del orden autorizaba a proclamar «sin temor de la menor contradicción, que la revolución había terminado en Chile, y que este país afortunado sobre los que tuvieron el mismo origen y emprendieron una misma carrera, salía el primero de ella con honor y gloria, para entrar en la vida ordinaria de los pueblos cultos, que sin tocar a los fundamentos del edificio social (énfasis mío), sólo aspiran a mejorarlo y embellecerlo»²³².

¿Se justificaba realmente tanto triunfalismo? La propia documentación oficial, ya sea de cuño administrativo o periodístico, permite ponerlo en duda. Ateniéndose estrictamente al orden de lo social, es significativo que antes de transcurrido un mes desde la muerte de Diego Portales, la peonada del mineral de Chañarcillo, enardecida por la aplicación de la pena de azotes a uno de sus compañeros acusado de robar «piedras ricas» (acto que en la jerga minera se conocía como «cangalla»), se haya sublevado en masa contra las autoridades locales, configurando lo que María Angélica Illanes califica como una de las primeras rebeliones con «expresa identificación de clase» de la era pelucona²³³. Según el parte del gobernador de Copiapó, «sólo unos pocos de los amotinados eran peones de las faenas que hay en aquel Mineral, y el resto como en número de cincuenta o sesenta eran gente advenediza y vagos, de los muchos que seducidos por el interés de la compra de piedras se mantienen y conservan allí, a pesar de las activas y eficaces medidas que constantemente se han tomado para exterminarlos».

No obstante su tranquilizadora afirmación de que «las desgracias nacidas de este atentado no han sido de consideración», llama la atención que en uno de los epicentros de la bonanza económica portaliana se permitiese pulular a tanta «gente advenediza y vagos», o que sus propios trabajadores hayan exhibido tal propensión a la rebeldía masiva. Así lo reconocía a renglón seguido el citado gobernador, señalando que pese a ocupar «el arreglo y orden de este Mineral» la atención preferente del gobierno local, «no ha sido posible contener del todo los desórdenes», razón por la cual se comprometía a elaborar, «de acuerdo con el Gremio de Mineros», el reglamento de régimen laboral recordado páginas más arriba, y cuya entrada en vigencia, en abril de 1841, coincidió casi al minuto con los balances celebratorios de la administración Prieto²³⁴. Sin embargo, estos preparativos no evitaron que en julio de 1839 estallase un nuevo motín en Chañarcillo, esta vez con el propósito de «apoderarse de la prisión que allí existe, y poner en libertad varios reos presos por robos». Pedía al efecto el Gobernador el aumento de la fuerza militar a su disposición, pues la existente era «escasamente lo bastante para la conservación del orden y la sujeción de la peonada siempre díscola, siempre tumultuosa e interesada en trastocarlo todo»²³⁵. Como se ve, el orden no estaba tan garantizado como se decía, tal como lo refrendaba el propio intendente de la Provincia de Coquimbo un año después, al decretar, una vez más, ante la proliferación de «riñas, robos y otros desórdenes», el cierre de pulperías y bodegones²³⁶.

Similares conclusiones pueden extraerse a partir del devenir de otro de los símbolos del orden social portaliano: el presidio ambulante, escenario permanente de fugas, violencias y revueltas. El 7 de julio de 1839, cuando en el país aún se celebraba el retorno victorioso de las tropas vencedoras en Yungay, el intendente de Santiago informaba al gobernador de Rancagua sobre la sublevación en Casablanca de «treinta o más criminales» que eran conducidos a los carros-jaula, logrando trece de ellos darse a la fuga²³⁷. Mucho más grave fue la estallada menos de dos años después en las inmediaciones de Valparaíso, la que arrojó un saldo de 27 presidiarios muertos, ocho heridos y veinte fugados, así como tres soldados heridos. Comentando al respecto, El Araucano revertía sus juicios anteriores sobre las bondades del presidio ambulante y aseguraba que el gobierno, «que conocía por experiencia todos los riesgos y desventajas del sistema actual de presidiarios, meditaba muy de antemano el remedio, o sea el establecimiento de otros que, sin tales inconvenientes, pudiesen llenar las exigencias de la ley»²³⁸. Esto no ocurriría hasta 1847 –es decir, mucho después del término de la administración Prieto– cuando el presidio ambulante fue reemplazado por la flamante Penitenciaría de Santiago²³⁹. Por lo visto, ni la pena de azotes ni los carros-jaula eran antídotos suficientes frente a una plebe «díscola», «tumultuosa», y siempre presta a trastocarlo todo.

Ni siquiera el corazón mismo de la capital, la Plaza de Armas de Santiago, estaba libre de ese tipo de tumultos. Según lo relata el historiador Diego Barros Arana, testigo presencial de los hechos, la concurrencia de un gran número de personas, «especialmente de plebe», a presenciar el espectáculo de una ascensión en globo aerostático, se vio alterada por el mal funcionamiento del novedoso aparato. Enardecida ante lo que consideró una estafa, la multitud las emprendió contra el frustrado aeronauta, y, al ser protegido éste por la policía, en contra de ella también. El enfrentamiento, alimentado con el empedrado que por entonces pavimentaba la plaza, fue escalando hasta afectar las casas contiguas, entre las cuales descollaba la residencia presidencial (que aún no se trasladaba al Palacio de La Moneda). Ante esta circunstancia, intervino un escuadrón de la escolta presidencial, que «sable en mano, cayó como un rayo sobre la plebe». El incidente concluyó con la dispersión total de los «revoltosos», un número indeterminado de los cuales quedó herido, «tendidos por el suelo». Según el recuerdo del historiador, corría el mes de abril o mayo de 1839, es decir, la etapa final del tan justipreciado cierre de la primera presidencia del «orden»²⁴⁰.

Tal vez previsible en el ámbito de lo «estrictamente» social, inherentemente esquivo al control policial o gubernamental, esta incapacidad también comenzó a hacerse manifiesta en el de la política, tan celosamente despejada de intromisiones plebeyas desde los albores de la administración Prieto. Hay por cierto que advertir que ese afán desmovilizador siempre reconoció límites, hasta cierto punto inevitables para quienes habían optado por atenerse a los parámetros fundamentales del republicanismo, y a lo que esa alineación implicaba en materia de legitimación política²⁴¹. Así, aun aplaudiendo el término de los «tumultos» y los «desenfrenos» de la era pipiola, el discurso oficial no perdía ocasión para asegurar que el orden restablecido era al fin y al cabo sólo un síntoma de su universal y espontánea aceptación por parte de las grandes mayorías nacionales, inevitablemente ganables para una propuesta que se cimentaba en la unión y el progreso colectivo (entendiendo este último adjetivo en su acepción de «nacional»).

En esa veta, y refiriéndose a la tranquilidad en que habían transcurrido las elecciones municipales de comienzos de 1831, El Araucano aseguraba que «la masa de la población descansa en los sufragios de esa fracción que sabe dar dirección a sus destinos, y como no ha divisado un partido de oposición capaz de hacerle frente, ha permanecido quieta, manifestando que su voluntad es la misma, en esa aprobación y alegría con que celebra el resultado de las votaciones»²⁴². Algo similar se señalaba respecto del clima con que se había festejado el 18 de Septiembre de 1834: «en ninguna de las fiestas anteriores ha sido tan universal el regocijo. Contribuían sin duda a exaltarlo el sentimiento de paz y seguridad, que cuatro años de orden y sosiego han arraigado al fin en los ánimos, y la esperanza de un porvenir dichoso, de que vemos tan alegres presagios en la creciente prosperidad del país»²⁴³.

En una coyuntura particularmente crítica para el régimen, como lo fue la que derivó en el Motín de Quillota y la muerte de Portales, la falta de adhesiones plebeyas a dicho movimiento subversivo fue interpretada como demostración palmaria de validación política: «la mejor prueba de la regularidad de la administración y del orden que reina en todos los ángulos del Estado, es el entusiasmo general con que se han pronunciado los individuos de todas las clases en defensa de las autoridades y de las leyes»²⁴⁴. Lo propio habría ocurrido, o al menos así lo interpretó el discurso oficial, ante el desafío planteado por la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Con motivo del recibimiento masivo brindado a las tropas vencedoras, El Araucano editorializaba complacido: «en estos transportes de júbilo vemos algo más que aclamaciones efímeras… Hay la aprobación espontánea y universal de un pueblo, que sella los actos de sus mandatarios, y se da el parabién a sí mismo por el acierto de su elección». «El profundo interés de los Chilenos de todas clases», continuaba, «ha contribuido a la solemnidad y alegría de esta fiesta patriótica; cada cual ha hablado el lenguaje que le era propio; y las demostraciones honoríficas del Gobierno han sido dignamente sostenidas por el exaltado alborozo del pueblo»²⁴⁵.

Pero el régimen no siempre se conformó con un apoyo meramente «tácito». Así por ejemplo, cuando se promulgó la Constitución de 1833, se estimó necesario organizar en todos los pueblos de la República actos masivos de adhesión, cuidadosamente coreografiados por el Ministerio del Interior. Tras la jura del documento por las autoridades locales correspondientes, éstas debían convocar al «pueblo»–entendido aquí como el conjunto de la población respectiva–, solicitando un juramento análogo bajo la siguiente invocación: «¿Juráis por Dios y por los santos evangelios observar como ley fundamental de la República de Chile, el Código reformado por la Convención? –Sí juro– Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden». Como en todos los festejos públicos de la época, esta ceremonia, realizada en la plaza principal de cada localidad, debía ser acompañada de «repique general de campanas y salvas de artillería», además de iluminación y embanderamiento de las viviendas. Se instruía asimismo a sus organizadores a solemnizar la proclamación «lanzando al pueblo monedas y medallas»²⁴⁶. De acuerdo a los informes recibidos de diversas autoridades locales y regionales, las expectativas oficiales se habrían cumplido a plenitud. En Talca, por ejemplo, el pueblo respondió a la lectura de la Constitución «con gritos de entusiasmo y demostraciones de júbilo: ¡Sí Juramos, viva la Constitución, honor a la Gran Convención!»; en tanto que en Rancagua, durante tres días, «el pueblo todo sólo se ha ocupado en celebrar el porvenir venturoso, que nuestra Carta le ha afianzado para siempre»²⁴⁷.

No sería difícil descartar estas descripciones como mera propaganda oficial, destinada al autoconvencimiento de una élite que, con o sin ese apoyo plebeyo, no tenía intención alguna de renunciar a lo que hacía mejor: el ejercicio fáctico del poder. Como es de suponer, el «entusiasmo» popular seguramente no se originaba en reconocimiento alguno, sino simplemente en el reparto de monedas y la perspectiva de tres días de festejos autorizados y gratuitos. En perspectiva de largo plazo, sin embargo, la necesidad de reconvertir la dominación en hegemonía requería de mecanismos un poco más consensuales o sutiles de validación política, aunque sólo fuese para distender las disidencias oligárquicas que, pese al transcurso de los años, se resistían a desaparecer, y que siempre podían apoyarse, como ya lo habían hecho durante los años veinte, en potenciales adhesiones plebeyas. En ese contexto, y como lo han hecho notar numerosos autores, la desaparición física del ministro Portales y el triunfo contra la Confederación Perú-Boliviana propiciaron un clima de reconciliación política que podía conducir a una verdadera estabilización institucional, sin los sobresaltos y conspiraciones que habían jalonado el primer decenio portaliano²⁴⁸. Así lo comprendió el gobierno de Prieto cuando resolvió poner término a la prolongada vigencia (noviembre de 1836 hasta mayo de 1839) de las facultades extraordinarias y el estado de sitio, anunciando unas próximas elecciones parlamentarias y presidenciales bastante más libres y competitivas que las verificadas durante todo el período anterior, y donde, por lo mismo, una movilización plebeya, activa o manipulada, como electores o como guardias cívicos, adquiría nuevamente ribetes estratégicos.

El primer capítulo de esta nueva coyuntura de politización plebeya se escribió hacia comienzos de 1840, en torno a las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar los días 29 y 30 de marzo. Estimulada por la apertura política en curso, la emergente oposición liberal creó por esos meses una «Sociedad Patriótica» integrada, entre otros, por antiguos pipiolos como José Miguel Infante o Joaquín Campino. Según el relato de Barros Arana, esa organización se propuso «distribuir impresos entre las clases trabajadoras, para ilustrarlas contra el gobierno y ganar en ellas auxiliares para la próxima batalla electoral». Colaboraba en el mismo sentido una renaciente prensa opositora, encabezada por El Diablo Político del tribuno Juan Nicolás Álvarez, donde se llamaba a «derrocar la tiranía y establecer sin estragos ni desgracias un gobierno que mereciese el encantador epíteto de republicano». Aunque el historiador citado calificó los temores que estos hechos suscitaron en el gobierno como «infundados», por cuanto «el pueblo», posiblemente «levantisco en una asonada», no estaba preparado «para dejarse arrastrar a una verdadera contienda política», lo cierto es que las autoridades acusaron a Álvarez por delitos de injuria y sedición, y terminaron declarando nuevamente el estado de sitio. Oficiaba al respecto a los intendentes regionales el ministro del Interior, Ramón Luis Irarrázaval, que «los díscolos, los que no se conformarán jamás con el imperio del orden y de las leyes», procuraban «alucinar a las gentes sencillas y menos advertidas» con el objeto de «arrebatarnos los bienes que diez años de tranquilidad y progresos han hecho saborear a cada habitante de la República». Por su parte, el propio Presidente de la República justificaba la nueva suspensión del régimen constitucional aludiendo a «la seducción con que se pretendía apartar de sus deberes a las guardias cívicas», y a la organización en Santiago de «reuniones tumultuosas que en la plaza pública prorrumpiesen a presencia del mismo Gobierno en gritos sediciosos»²⁴⁹. De hecho, el juicio público seguido al editor de El Diablo Político fue acompañado, citando nuevamente a Barros Arana, por los bulliciosos vítores de «grupos de gente del pueblo», y por nuevos tumultos plebeyos que motivaron «la intervención enérgica y resuelta de la policía»²⁵⁰.

En ese clima, y bajo las restricciones propias del estado de sitio, tuvieron lugar las elecciones, en las que pese a todas las dificultades la oposición liberal logró llevar a nueve de sus candidatos a la Cámara de Diputados, rompiendo así con el monopolio pelucón imperante desde 1830. Según el siempre parsimonioso Barros Arana, estos resultados nunca estuvieron en riesgo, sobre todo considerando que la Guardia Nacional, «regularizada por el ministro Portales para moralizar al pueblo y para el mantenimiento del orden y de la tranquilidad, era en esas luchas un auxiliar poderoso del gobierno»²⁵¹. Así y todo, varios testimonios de la época proyectan una impresión bastante menos flemática de tales comicios, sobre todo de sus ribetes más plebeyos. El Mercurio de Valparaíso, por ejemplo, denunciaba la compra de votos «a varios infelices que no saben lo que hacen»; acusaba a «inconsecuentes demagogos» de «proclamar la igualdad de derechos, sentar que no deben existir ni existen clases en la sociedad, y que el pueblo lo componen las masas no pensadoras»; y ridiculizaba, a través de un imaginario diálogo entre un patrón y su sirviente, la injerencia extemporánea del vulgo en cuestiones políticas que superaban su capacidad de comprensión²⁵². Por su parte, una vez verificadas las elecciones, el intendente de Coquimbo deploraba «los muchos desórdenes y excesos cometidos por la multitud» durante dicho acto, exponiendo la ciudad de La Serena «a un desastre», lo que llevó al Ministerio del Interior a exigir «la formación de un proceso indagatorio a fin de proceder criminalmente contra los que resultaren culpables, y que se les aplique el condigno castigo»²⁵³.

La agitación política volvió a encenderse al aproximarse las elecciones presidenciales, programadas para el 25 y 26 de junio de 1841. Emergieron de cara a ellas tres candidaturas: una oficialista, encarnada en el general Manuel Bulnes; una liberal, a cargo del expresidente pipiolo Francisco Antonio Pinto; y una «ultra-conservadora», del antiguo ministro Joaquín Tocornal, movilizada por el bloque portaliano más intransigente, descontento con la apertura que venía articulando el presidente Prieto. Se trataba, como es evidente, de una coyuntura nuevamente propicia para la seducción y la activación política plebeya, como de hecho aconteció. En su minucioso estudio sobre el «republicanismo popular» santiaguino, James Wood da cuenta de los esfuerzos de todas las candidaturas por convocar y movilizar al mundo artesanal y a los guardias nacionales (también denominados a estas alturas «cívicos»), fundando sendos periódicos dirigidos expresamente a dicho público (dos de ellos se denominaban El Artesano y El Hombre del Pueblo, un tercero se titulaba El Miliciano, en referencia precisamente a los guardias nacionales, en tanto que el cuarto, El Infante de la Patria, evocaba con su nombre el antiguo batallón independentista conformado por sujetos populares, en su mayoría de origen afro-americano)²⁵⁴. Un quinto periódico, titulado La Guerra a la Tiranía e impulsado, irónicamente, por el grupo más conservador, fue clausurado por el gobierno por amenazar «el edificio social en sus cimientos, acostumbrando a la multitud, poco educada, a mirar en menos la moralidad y la decencia, y a perder toda idea de consideración y respeto a los primeros magistrados»²⁵⁵. Ya casi en vísperas de los comicios, el periódico oficial exhortaba a las personas «más eminentes y respetables» (y por tanto, «que tenían algo que aventurar»), a «dar el primer ejemplo a las clases inferiores, o a los que poco reflexionan acerca de los inminentes riesgos que correría el país, si se desbordase el espíritu de agitación y con él todas las malas pasiones que lo acompañan de ordinario»²⁵⁶.

A la postre, y como era de esperarse, la candidatura Bulnes se impuso holgadamente, esta vez sin estado de sitio y con el beneplácito de la oposición liberal (no así de la intransigencia portaliana, la gran derrotada en esta coyuntura). Según el juicio de Barros Arana, era incuestionable que ella había contado con el apoyo de la intervención oficial, encarnada concretamente en la Guardia Nacional, y en las autoridades regionales y locales, todas designadas por el Ejecutivo (lo que de paso ilustraba la creciente eficacia del estado en construcción). Sin embargo, agregaba, «el hecho de no haber ocurrido a violencias para alcanzar el triunfo, y la entidad de éste, su extraordinaria magnitud, revelaban a no caber duda, que esa candidatura tenía un gran prestigio, y fuerzas propias fundadas sobre todo en la gloria militar»²⁵⁷. La agitación plebeya, por lo visto, no había jugado un papel tan determinante ni había alcanzado a pasar a mayores, lo que de alguna manera refrenda la interpretación de Sergio Grez de ser ésta una instancia más de lo que ha denominado una «convocatoria política instrumental», que hacía del pueblo llano no más que «un elemento secundario de la lucha política»²⁵⁸.

Para James Wood, sin embargo, el reconocimiento generalizado por parte de los sectores de élite sobre el papel estratégico del involucramiento plebeyo, y sobre todo el renacer de la antigua alianza pipiolo-artesanal, anunciaban un cambio político más profundo, premonitorio de iniciativas populares más auténticamente independientes²⁵⁹. Algo parecido sugiere el evidente alivio con que el oficialismo celebró la tranquila y «decorosa» conducta (sus propias palabras) observada durante los comicios por «las clases inferiores del pueblo, instigadas y preparadas por los partidos a tomar en esta circunstancia más parte que las que les había cabido antes en otras iguales o análogas»²⁶⁰. Cuando se recuerda la intransigencia con que esa misma opinión había impuesto, a comienzos de la administración Prieto, la total exclusión política de las clases plebeyas, los hechos recién reseñados revelan que los resultados no habían sido precisamente los esperados, como tampoco lo habían sido, según se constató más arriba, en materia de conductas cotidianas u orden social. En definitiva, los «años de plomo» del régimen portaliano no habían producido ni reconversión, ni disciplinamiento, ni desalojo. Y con un nuevo gobierno que presagiaba aires todavía más «aperturistas», el futuro tampoco parecía apuntar en la dirección deseada.

⁹⁸ Una parte del material presentado en este capítulo fue publicado previamente en mi artículo «¿La tendencia de la masa al reposo? El régimen portaliano enfrenta al mundo plebeyo, 1830-1851», Historia, Nº 44, vol. II, julio-diciembre 2011, pp. 401-442. Se agradece a la Dirección Editorial de esa revista por la autorización para incorporar dicho material en este libro. Ver sobre este tema James Wood, The Society of Equality, op. cit., especialmente su capítulo 2. También Sergio Grez, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general, op. cit., capítulo IV.

⁹⁹ Ministro del Interior a Corte Suprema de Justicia, 15 de enero de 1831; Corte Suprema de Justicia a Ministro del Interior, 20 de enero de 1831; ambos reproducidos en El Araucano (Santiago), 29 de enero de 1831.

¹⁰⁰ Para las conductas «alborotadoras» de la plebe durante el período tardo-colonial, ver Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial, Santiago, DIBAM, 1999; Leonardo León, Plebeyos y patricios en Chile colonial, 1750-1772. La gesta innoble, Santiago, Universitaria, 2014; Verónica Undurraga, Los rostros del honor. Normas culturales y estrategias de promoción social en Chile colonial, siglo XVIII, Santiago, Universitaria/DIBAM, 2012; Mario Góngora, «Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVI a XIX)», Cuadernos del Centro de Estudios Socio-económicos, Nº 2, Santiago, 1966, pp. 1-41; Renato Gazmuri, «La élite ante el surgimiento de la plebe. Discurso ilustrado y sujeción social en Santiago de Chile, 1750-1810», tesis inédita de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002.

¹⁰¹ Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile, op. cit.; Sergio Grez, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general, op. cit., capítulo IV.

¹⁰² Sergio Grez, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general, op. cit., p. 203.

¹⁰³ Se ha analizado con mayor detenimiento este proceso en Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación, op. cit.; especialmente capítulos 3 y 4.

¹⁰⁴ Ver los artículos de María Angélica Illanes y Sergio Grez en Manuel Loyola y Sergio Grez (comps.) Los proyectos nacionales en el pensamiento político y social chileno del siglo XIX, op. cit.

¹⁰⁵ El Araucano (Santiago), 27 de noviembre, 1830.

¹⁰⁶ El Mercurio, (Valparaíso), 10 de noviembre, 1830.

¹⁰⁷ Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile, op. cit., particularmente el capítulo VII.1.

¹⁰⁸ El Araucano, (Santiago), 4 de diciembre, 1830.

¹⁰⁹ El Araucano (Santiago), 2 de julio, 1831.

¹¹⁰ El Araucano (Santiago), 9 de julio, 1831.

¹¹¹ Diego Barros Arana, Historia general de Chile, tomo XVI, p. 218.

¹¹² Las actas de la «Gran Convención» constituyente han sido publicadas en el tomo XXI de las Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile, 1811-1845, editadas por Valentín Letelier entre los años 1887 y 1908, Santiago, Imprenta Cervantes. Las frases citadas corresponden a la sesión de 24 de octubre de 1831, y aparecen en las pp. 10-12 del tomo indicado.

¹¹³ El Araucano (Santiago), 25 de mayo, 1833.

¹¹⁴ El Araucano (Santiago), 1º de junio, 1833.

¹¹⁵ «Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de lo Interior presenta al Congreso Nacional, año de 1834», en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXII, Cámara de Diputados 1833-1834, Santiago, Imprenta Cervantes, 1901; p. 17.

¹¹⁶ El Araucano (Santiago), 22 de julio, 1836.

¹¹⁷ Para un análisis exhaustivo del pensamiento de esta corriente «liberal-conservadora» en el caso francés, ver Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, París, Gallimard, 1985; y también Biancamaria Fontana, Benjamin Constant and the Post-Revolutionary Mind, New Haven, Yale University Press, 1991. Para el caso chileno, ver Ana María Stuven, «Una aproximación a la cultura política de la élite chilena: Concepto y valoración del orden social (1830-1860), Estudios Públicos, 66, 1997; y sobre todo su libro La seducción de un orden, op. cit.; también Alfredo Jocelyn-Holt, La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, Madrid, MAPFRE, 1992; y Simon Collier, Chile: The Making of a Republic, op. cit.

¹¹⁸ Para el fenómeno de los Pincheira, ver Ana María Contador, Los Pincheira: un caso de bandidaje social, op. cit.; y Carla Manara, «Revolución y accionar guerrillero en las fronteras andinas del sur», op. cit.

¹¹⁹ Ramón Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del General don Joaquín Prieto, 4 vols., 3ª edición, Santiago, Fondo Histórico Presidente Joaquín Prieto, 1962-1980; tomo I, p. 147; Diego Barros Arana, Historia general de Chile, tomo XVI, p. 85.

¹²⁰ Epistolario de Portales, 2ª edición a cargo de Carmen Fariña, dos tomos, Universidad Diego Portales, 2007; Portales a Garfias, Valparaíso, 21 de enero, 1832, tomo I, p. 178.

¹²¹ El Araucano (Santiago), 28 de enero, 1832.

¹²² El Mercurio (Valparaíso), 21 de enero, 1832.

¹²³ Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XIX, Cámara de Senadores, 1831-1832, Oficio del Presidente Prieto a la Cámara de 3 de agosto de 1832, p. 394.

¹²⁴ El Mercurio (Valparaíso), 21 de enero, 1832.

¹²⁵ Benjamín Vicuña Mackenna, La guerra a muerte, edición original Santiago, Imprenta Nacional, 1868.

¹²⁶ El Araucano (Santiago), 21 de enero, 1832.

¹²⁷ James Wood, The Society of Equality, op. cit., p. 107.

¹²⁸ Ver a este respecto Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial, op. cit.

¹²⁹ El Araucano (Santiago), 2 de octubre, 1830.

¹³⁰ El Araucano (Santiago), 23 de octubre, 1830.

¹³¹ Boletín de las Leyes, Órdenes y Decretos del Gobierno (citado en adelante como BLODG), Libro Quinto, N° 1, Decreto del Ministerio del Interior de 8 de junio de 1830; p. 10.

¹³² Para una mirada que cruza analíticamente la mirada descalificatoria de la élite portaliana sobre la «barbarie» plebeya con la «criminalización» de este actor social, ver Marco León, Construyendo un sujeto criminal, op. cit., capítulo 1.

¹³³ Para una visión más sistemática de las prácticas recreativas populares durante esta época, ver Fernando Purcell, Diversiones y juegos populares. Formas de sociabilidad y crítica social, Colchagua, 1850-1880, Santiago, DIBAM, 2000, y «Una aproximación a las diversiones populares en el Norte Chico: Las chinganas en Copiapó, 1850-1860», Revista Chilena de Historia y Geografía N° 164, Santiago, 1998; ver también Maximiliano Salinas, «La fiesta: utopía, historia y derecho a la vida», Revista Historia Social y de las Mentalidades Nº 7, vol. 2, pp. 73-94, Universidad de Santiago de Chile, 2003; y Milton Godoy Orellana, «Fiesta, borrachera y violencia entre los mineros del Norte Chico, 1840-1900», Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Nº 7, vol. 1, Santiago, 2003, pp. 81-117; y del mismo autor «¡Cuándo el siglo se sacará la máscara! Fiesta, Carnaval y disciplinamiento cultural en el Norte Chico. Copiapó, 1840-1900», Historia 40, vol. I, Santiago, 2007, pp. 5-34, Santiago.

¹³⁴ El Araucano (Santiago), 7 de enero, 1832.

¹³⁵ El Mercurio (Valparaíso), 1º de febrero, 1832.

¹³⁶ El Mercurio (Valparaíso), 29 de noviembre, 1832.

¹³⁷ Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 52, Bando del Gobernador de Copiapó, 6 de abril de 1833.

¹³⁸ Karen Donoso Fritz, «Fue famosa la chingana... Diversión popular y cultura nacional en Santiago de Chile, 1820-1840», Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Nº 13, vol. I, Santiago, 2009, pp. 87-119.

¹³⁹ Epistolario de Portales, op. cit., Portales a Urízar Garfias, Santiago, 1º de abril de 1837, tomo...

¹⁴⁰ La documentación de Urízar Garfias, contenida en el vol. 171 del Archivo Intendencia de Aconcagua, me fue gentilmente señalada y facilitada por Gonzalo Serrano del Pozo, a quien agradezco tan generoso gesto.

¹⁴¹ El Araucano (Santiago), 22 de enero, 1836.

¹⁴² Archivo Intendencia de Santiago, vol. 22, Intendente a Subdelegado José Miguel Serrano, N° 435, 30 de noviembre, 1837; Intendente a Subdelegado de la 10ª Subdelegación, N° 91, 2 de junio, 1838.

¹⁴³ Archivo Intendencia de Concepción, vol. 26, Inspector de Noguén a Intendente, 16 de julio, 1839.

¹⁴⁴ El Araucano (Santiago), 11 de marzo, 1842.

¹⁴⁵ Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 4, Bando del Intendente, 8 de febrero de 1834.

¹⁴⁶ El Araucano (Santiago), 19 de febrero, 1836; ver también, Maximiliano Salinas, «En tiempos de chaya nadie se enoja: la fiesta popular del Carnaval en Santiago de Chile», Mapocho N° 50, Santiago, DIBAM, segundo semestre 2001, pp. 281-325.

¹⁴⁷ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 5, Intendente a Gobernador de Rancagua, 7 de diciembre de 1830.

¹⁴⁸ El Araucano (Santiago), 17 de junio, 1836.

¹⁴⁹ BLODG, Libro VII, N° 2, Circular del Ministerio del Interior de 4 de julio de 1836; p. 389.

¹⁵⁰ El Araucano (Santiago), 10 de febrero, 1837; ver también sobre este tema Paulina Peralta Cabello, ¡Chile tiene fiesta! El origen del 18 de septiembre (1810-1837), Santiago, LOM, 2007; Karen Donoso Fritz, «Fue famosa la chingana… Diversión popular y cultura nacional en Santiago de Chile, 1820-1840», op. cit.; y Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Chilenos todos?, op. cit.

¹⁵¹ El Araucano (Santiago), 12 de noviembre, 1831.

¹⁵² El Araucano (Santiago), 14 de marzo de 1834.

¹⁵³ BLODG, Libro VI, N° 10, circular de 24 de noviembre de 1835, p. 376.

¹⁵⁴ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 6, Intendente a Subdelegado de Renca, 16 de diciembre de 1831.

¹⁵⁵ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 6, Intendente a Obispo de Santiago, 18 de junio de 1831.

¹⁵⁶ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 14, Intendente a Provisor Eclesiástico, oficios N° 49, de 10 de marzo de 1834, y N° 158, de 21 de julio de 1834.

¹⁵⁷ María Angélica Illanes, «Censura, desacato y simulacro. Expansión e implosión cultural en Chile republicano, 1800-1900», en Chile des-centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910), Santiago, LOM, 2003. Las citas son de las pp. 100 y 97, respectivamente.

¹⁵⁸ María Angélica Illanes, «Azote, salario y ley. Disciplinamiento y rebeldía de la mano de obra en la minería de Atacama, 1817-1852», op. cit.

¹⁵⁹ El Araucano (Santiago), 22 de julio, 1836.

¹⁶⁰ El Araucano (Santiago), 8 de enero de 1836.

¹⁶¹ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 9, Alcalde de Casablanca a Intendente, 17 de mayo de 1830; vol. 5, Intendente a Alcalde de Casablanca, 18 de mayo de 1830.

¹⁶² BLODG, Libro Quinto, ps. 10-14, Decreto de 8 de junio de 1830; también publicado en El Mercurio (Valparaíso), 6 de julio, 1830.

¹⁶³ Ver al respecto Jaime Valenzuela Márquez, Fiesta, rito y política. Del Chile borbónico al republicano, Santiago, DIBAM, 2014.

¹⁶⁴ El Araucano (Santiago), 29 de enero, 1831; ver también Ramón Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del general Don Joaquín Prieto, op. cit., tomo I, ps. 38-44.

¹⁶⁵ El Araucano (Santiago), 23 de octubre. 1830.

¹⁶⁶ El Araucano (Santiago), 29 de enero, 1831. La aprobación de la ley en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, vol. XIX, Cámara de Senadores 1831-32; sesión de 6 de agosto, 1831; BLODG, Libro Quinto, N° 4, ley de 6 de octubre de 1832.

¹⁶⁷ BLODG, Libro Quinto, N° 5, Oficio de 8 de diciembre de 1832, ps. 109-110.

¹⁶⁸ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 6, Intendente a Subdelegado José María Vergara, 3 de junio de 1831.

¹⁶⁹ El Araucano (Santiago), 17 de marzo, 1837.

¹⁷⁰ El Araucano (Santiago), 28 de julio, 1837.

¹⁷¹ Aparte de múltiples referencias en las obras generales sobre el período, ver el estudio específico que consagró a este mecanismo punitivo Francisco Rivera Tobar en su artículo «El resorte principal de la máquina. El presidio ambulante en el orden portaliano. Chile, 1830-1840», Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Universidad de Santiago de Chile, Nº 13, vol. I, 2009, pp. 15-54. Ver también Daniel Palma, «Las correrías y carcelazos de Pancho Falcato. Delincuencia y prisión en el Chile del siglo XIX», en Daniel Palma (ed.), Delincuentes, policías y justicias. América Latina, siglos XIX y XX, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015; Marco León León, «Entre el espectáculo y el escarmiento: el presidio ambulante en Chile (1836-1847)», Mapocho N° 43, Santiago, 1998, pp. 183-209; y del mismo autor (ed.), Sistema carcelario en Chile. Visiones, realidades y proyectos (1816-1916), Santiago, DIBAM, 1996.

¹⁷² Francisco Rivera, «El resorte principal de la máquina...», op. cit., p. 27.

¹⁷³ El Araucano (Santiago), 15 de julio, 1836.

¹⁷⁴ Antonio Correa Gómez, El último suplicio. Ejecuciones públicas en la formación republicana de Chile, 1810-1843, Santiago, Ocho Libros, 2007; ver también Marco León León, «Entre el espectáculo y el escarmiento…», op. cit.

¹⁷⁵ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 23, Intendente a Director del Presidio Ambulante, N° 218, 14 de noviembre de 1838.

¹⁷⁶ Daniel Palma Alvarado, «Los fantasmas de Portales. Bandidaje y prácticas judiciales en Chile, 1830-1850», Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Nº 16, vol. I, Santiago, 2012, pp. 13-49.

¹⁷⁷ Un estudio general sobre la precariedad material del incipiente estado portaliano en Elvira López Taverne, El proceso de construcción estatal en Chile. Hacienda pública y burocracia (1817-1860), Santiago, DIBAM, 2014. Sobre la delegación en los hacendados de las funciones judiciales durante la colonia, ver Rolando Mellafe, «Latifundio y poder rural en Chile de los siglos XVII y XVIII», en el libro del mismo autor Historia social de Chile y América. Sugerencias y aproximaciones, Santiago, Universitaria, 1986; también Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos, op. cit., pp. 111-112.

¹⁷⁸ El Araucano (Santiago), 29 de enero, 1831.

¹⁷⁹ El Araucano (Santiago), 2 de abril, 1836.

¹⁸⁰ Mauricio Rojas Gómez, Las voces de la justicia, op. cit.

¹⁸¹ Ver las reflexiones que al respecto desarrolla, tildándolo como un factor de debilidad estatal, Hillel David Soifer en State Building in Latin America, op. cit.

¹⁸² El Araucano (Santiago), 29 de enero, 1831.

¹⁸³ La labor jurídica y política de estos dos distinguidos colaboradores del orden portaliano ha sido analizada en detalle en las recientes biografías escritas por Iván Jaksic, Andrés Bello: La pasión por el orden, Santiago, Universitaria, 2001; y Enrique Brahm, Mariano Egaña. Derecho y política en la fundación de la República Conservadora, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2007.

¹⁸⁴ El Araucano (Santiago), 8 de enero, 1836.

¹⁸⁵ El Mercurio (Valparaíso), 14 de noviembre, 1839.

¹⁸⁶ José Zapiola, Recuerdos de treinta años, edición original Santiago, La Estrella de Chile, 1872-74; la cita es de la 9ª edición, Santiago, Editorial Francisco de Aguirre, 1974, ps. 210-211; énfasis en el original.

¹⁸⁷ «Discurso del Presidente de la República en la apertura de las Cámaras Legislativas de 1835», reproducido en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXIII, Cámara de Senadores, 1834-35, Santiago, Imprenta Cervantes, 1902, ps. 311-313; según la Memoria presentada ese mismo año por el Ministro del Interior, sólo habían ocurrido 18 homicidios durante todo el año 1834; ver el mismo tomo, ps. 413-419.

¹⁸⁸ El Mercurio (Valparaíso), 3 de diciembre, 1835.

¹⁸⁹ El Araucano (Santiago), 21 de septiembre, 1838.

¹⁹⁰ «Exposición que el Presidente de la República Don Joaquín Prieto dirige a la nación el día 18 de septiembre de 1841, último día de su administración», reproducido en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXIX, Cámara de Senadores, 1841, Santiago, Imprenta Cervantes, 1906; ps. 318-326.

¹⁹¹ Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Chilenos todos?, op. cit.; Philip Corrigan y Derek Sayer, The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution, Oxford, Basil Blackwell, 1985.

¹⁹² El Araucano (Santiago), 15 de enero, 1836.

¹⁹³ Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del General Don Joaquín Prieto, op. cit., tomo I, p. 57.

¹⁹⁴ Barros Arana, Historia general de Chile, op. cit., tomo XV, p. 436; Benjamín Vicuña Mackenna, Don Diego Portales. Introducción a la Historia de los diez años de la Administración Montt, edición original Valparaíso, Imprenta de El Mercurio, 1863; la cita es de la 3ª edición, Santiago, Editorial del Pacífico, 1974, p. 149.

¹⁹⁵ Sergio Grez, De la regeneración del pueblo…, op. cit., p. 271; Joaquín Fernández, , «Los orígenes de la Guardia Nacional y la construcción del ciudadano-soldado (Chile, 1823-1833)», Mapocho, Nº 56, Santiago, Segundo Semestre 2004, pp. 313-327; y «¿Pueblo en armas o juguetes del poder? La Guardia Nacional y la formación de la identidad nacional en los sectores populares en Chile (1830-1846)», ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Historia Social, Universidad de Chile, 2005; y Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Chilenos todos?, op. cit., capítulo VI.

¹⁹⁶ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 8, Intendente a Ministro de la Guerra, 14 de mayo de 1831.

¹⁹⁷ El Araucano (Santiago), 24 de septiembre, 1831.

¹⁹⁸ «Memoria que el Ministro de Estado en los Departamentos de Guerra y Marina presenta el Congreso Nacional», 12 de septiembre de 1836, en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXV, Cámara de Senadores 1836-1838, Santiago, Imprenta Cervantes, 1903, ps. 212-214; Portales a Joaquín Tocornal, Valparaíso, 27 de mayo, 1837, en Epistolario de Portales, op. cit., tomo II, p. 694.

¹⁹⁹ El Araucano (Santiago), 30 de junio, 1837.

²⁰⁰ El Araucano (Santiago), 16 de diciembre, 1837.

²⁰¹ El Araucano (Santiago), 11 de enero, 1839.

²⁰² Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del General Don Joaquín Prieto, op. cit., tomo II, ps. 357-358; sobre los problemas enfrentados por el reclutamiento durante esta guerra, ver Mariel Rubio Araya, «Por la razón o la fuerza: reclutamiento militar durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana», en Carlos Donoso y Jaime Rosenblitt (eds.), Guerra, región y nación: La Confederación Perú-Boliviana, 1836-1839, Santiago, Universidad Andrés Bello/DIBAM, 2009. Ver también Gabriel Cid, La Guerra contra la Confederación. Imaginario nacionalista y memoria colectiva en el siglo XIX chileno, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2011, especialmente su capítulo 2.

²⁰³ Portales a Fernando Urízar Garfias, Santiago, 1° de marzo, 1837; Portales a Joaquín Tocornal, Valparaíso, 27 de mayo, 1837; Portales a Domingo Frutos, Valparaíso, 31 de mayo, 1837; en Epistolario de Portales, op. cit., tomo II, ps. 674, 694 y 697.

²⁰⁴ «Memoria que el Ministro encargado accidentalmente del despacho de los Departamentos de Guerra y Marina pasa al Congreso Nacional de 1841», Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXVII, Cámara de Diputados 1840-1841, Santiago, Imprenta Cervantes, 1903, ps. 329-334.

²⁰⁵ El Mercurio (Valparaíso), 5 de julio, 1839.

²⁰⁶ Sergio Grez, De la regeneración del pueblo..., op. cit., p. 281. Ver también James Wood, The Society of Equality, op. cit., especialmente capítulos 3 y 4.

²⁰⁷ Francisco Antonio Encina, Portales, op. cit., tomo I, p. 392.

²⁰⁸ Archivo Intendencia de Concepción, vol. 61, Vice-Intendente a Ministro del Interior, 7 de mayo, 1830.

²⁰⁹ Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del General Don Joaquín Prieto, op. cit., tomo I, ps. 31-35.

²¹⁰ «Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al Congreso Nacional, año de 1835», Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXIII, ps. 413-419.

²¹¹ Citado en Enrique Brahm, Mariano Egaña..., op. cit., p. 182.

²¹² «Exposición que el Presidente de la República Don Joaquín Prieto dirige a la Nación el día 18 de Septiembre de 1841, último día de su administración», en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXIX, Cámara de Senadores, 1841, ps. 318-326.

²¹³ El Araucano (Santiago), 5 de agosto, 1836.

²¹⁴ El Araucano (Santiago), 19 de febrero, 1831.

²¹⁵ «Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al Congreso Nacional, año de 1835», Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXIII, ps. 413-419; «Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al Congreso Nacional», 23 de agosto de 1836, Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXV, ps. 165-168.

²¹⁶ «Memoria que el Ministro del Despacho de Justicia, Culto e Instrucción Pública presenta al Congreso Nacional en 1840», Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXVII, ps. 166-173.

²¹⁷ «Exposición que el Presidente de la República Don Joaquín Prieto dirige a la Nación el día 18 de Septiembre de 1841, último día de su administración», op. cit.

²¹⁸ El Araucano (Santiago), 5 de agosto, 1836.

²¹⁹ María Loreto Egaña y Mario Monsalve, «Civilizar y moralizar en la escuela primaria popular», en Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri (eds.), Historia de la vida privada en Chile, tomo 2, El Chile moderno de 1840 a 1925, Santiago, Taurus, 2006, ps. 119-137. Para una visión más general sobre el papel de la educación primaria popular en esta época, María Loreto Egaña, La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile. Una práctica de política estatal, Santiago, DIBAM, 2000. En relación a la política educacional en su conjunto, Sol Serrano, Universidad y nación, Santiago, Universitaria, 1994; Nicolás Cruz, El surgimiento de la educación secundaria pública en Chile (El Plan de Estudios Humanista, 1843-1876), Santiago, DIBAM, 2002.

²²⁰ El Araucano (Santiago), 17 de junio, 1836. Es interesante constatar los precedentes que este discurso encontraba en las postrimerías de la era colonial, especialmente bajo la inspiración de la ilustración borbónica; ver Alejandra Araya, op. cit., ps. 36-56.

²²¹ El Araucano (Santiago), 14 de marzo, 1834.

²²² El Araucano (Santiago), 22 de enero, 1836. Sobre la creación de esta primera policía profesional diurna por Portales, ver Daniel Palma, «Del ‘favor a la ley’ al Estado guardián. Las policías de Santiago de Chile en el siglo XIX (1822-1896)», en Lila Caimari y Máximo Sozzo (eds.), Historia de la cuestión criminal en América Latina, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2017, pp. 71-108.

²²³ Macarena Ponce de León, Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890, Santiago, Universitaria/DIBAM, 2011, p. 16. Ver también sobre este tema, aunque para un período levemente posterior, Óscar Mac-Clure, En los orígenes de las políticas sociales en Chile, 1850-1879, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.

²²⁴ Aldo Yávar Meza, «El Gremio de Jornaleros y Lancheros de Valparaíso, 1837-1859. Etapa de formación», Historia 24, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1989, pp. 319-395; Sergio Grez Toso, De la regeneración del pueblo…, op. cit., pp. 246-256.

²²⁵ María Angélica Illanes, «Azote, salario y ley…», op. cit.; Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, Santiago, SUR, 1985; Sergio Grez, De la regeneración del pueblo…, op cit.; Hernán Venegas, El espejismo de la plata. Trabajadores y empresarios mineros en una economía en transición. Atacama 1830-1870, Santiago, USACH, 2008.

²²⁶ Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 178, Intendente a Ministro del Interior, N° 46, 2 de marzo, 1841.

²²⁷ Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXVII, Cámara de Diputados, 1840-1841, Santiago, Imprenta Cervantes, 1903, ps. 397 y 421.

²²⁸ El Araucano (Santiago), 26 de marzo, 1841.

²²⁹ «Exposición que el Presidente de la República, Joaquín Prieto, dirige a la Nación Chilena, el día 18 de Setiembre de 1841, último de su administración», transcrito en El Araucano (Santiago), 24 de septiembre, 1841.

²³⁰ El Araucano (Santiago), 23 de abril, 1841.

²³¹ El Araucano (Santiago), 14 de mayo, 1841.

²³² El Araucano (Santiago), 15 de octubre, 1841.

²³³ María Angélica Illanes, «Azote, salario y ley...», op. cit., p. 39. Sobre la «cangalla», ver también Daniel Palma, «Historias de cangalleros», op. cit.

²³⁴ Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 128, Gobernador de Copiapó a Intendente, 13 de julio de 1837.

²³⁵ Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 28, Gobernador de Copiapó a Intendente, 18 de julio de 1839.

²³⁶ Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 10, Bando del Intendente de la Provincia, 27 de mayo de 1840.

²³⁷ Archivo Intendencia de Santiago, vol. 23, Intendente a Gobernador de Rancagua, 7 de junio de 1839.

²³⁸ El Araucano (Santiago), 19 de marzo, 1841.

²³⁹ Marco León, «Entre el espectáculo y el escarmiento...», op. cit., pp. 192-196.

²⁴⁰ Diego Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile (1841-1851), dos tomos, edición original Santiago, 1905-1906; el relato proviene de la re-edición realizada en 2003 por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, prologada por Cristián Gazmuri; tomo I, p. 124, n. 21

²⁴¹ Esta idea ha sido sistemáticamente desarrollada por Alfredo Jocelyn-Holt en su obra La independencia de Chile, op. cit.

²⁴² El Araucano (Santiago), 5 de marzo, 1831.

²⁴³ El Araucano (Santiago), 26 de septiembre, 1834.

²⁴⁴ El Araucano (Santiago), 9 de junio, 1837.

²⁴⁵ El Araucano (Santiago), 20 de diciembre, 1839.

²⁴⁶ Estas instrucciones están consignadas en una circular de fecha 29 de mayo de 1833 enviada por el Ministro del Interior, Joaquín Tocornal, a todos los intendentes de provincias, acompañando una copia de la constitución.; cf. Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXI, Gran Convención y Cámara de Senadores 1831-1833; pp. 353-354.

²⁴⁷ Ibid., pp. 352-353.

²⁴⁸ Ver, sobre todo, Jorge Núñez Rius, «Estado, crisis de hegemonía y guerra en Chile», op. cit.

²⁴⁹ La circular del Ministro del Interior en Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 133, Circular Nº 2 del Ministerio del Interior, 29 de enero, 1840; el decreto de declaración del estado de sitio en El Araucano (Santiago), 14 de febrero, 1840.

²⁵⁰ Las citas de Barros Arana son de Un decenio de la historia de Chile, op. cit., tomo I, pp. 123-126.

²⁵¹ Diego Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile, op. cit., tomo I, p. 135.

²⁵² El Mercurio (Valparaíso), 2 y 3 de abril, 10, 15, 21, 25 y 30 de septiembre, 1840.

²⁵³ Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 10, Bando del Intendente de la Provincia, 19 de abril de 1840; vol. 133, Ministro del Interior a Intendente, 28 de abril de 1840.

²⁵⁴ James Wood, The Society of Equality, op. cit., pp. 113-122.

²⁵⁵ El Araucano (Santiago), 12 de marzo, 1841.

²⁵⁶ El Araucano (Santiago), 2 de abril, 1841.

²⁵⁷ Diego Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile, op. cit., tomo I, pp. 194-5.

²⁵⁸ Sergio Grez, De la regeneración del pueblo a la huelga general, op. cit., pp. 283-287.

²⁵⁹ James Wood, The Society for Equality, op. cit., pp. 109-122.

²⁶⁰ El Araucano (Santiago), 2 de julio, 1841.