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B. Lineamientos generales de la OCDE

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El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por su sigla en inglés) adoptó la Recomendación para Mejorar la Calidad de la Regulación Gubernamental [C(95)21/FINAL] sobre Mejora Regulatoria en marzo de 1995 –en adelante, la Recomendación–, la cual incluía diez aspectos que considerar, entre los cuales se encontraba la aplicación del AIN como herramienta clave para optimizar la calidad de la regulación (OECD, 1997).

Esta recomendación marca un hito sobre el establecimiento de principios en materia regulatoria entre distintos países, teniendo en cuenta que para la OECD la regulación involucra el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas y demás normativa en todos los niveles de gobierno, incluyendo incluso aquellos organismos no gubernamentales a los que se hubiese delegado dicha función normativa.

Desde esa fecha la OECD ha impulsado de manera activa los principios en materia de calidad regulatoria, difundiendo las buenas prácticas en sus países miembros y procurando la adopción de sus recomendaciones.

Como parte de estos hitos clave, en el año 2009 se crea el Comité de Política Regulatoria de la OECD, con el objetivo de formar y fortalecer capacidades en calidad y reforma regulatoria tanto a los países miembros como a los no miembros.

El 22 de marzo del 2012, el Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria establece la Recomendación sobre Política y Gobernanza Regulatoria luego de un proceso de discusión y participación entre sus países miembros, así como de fuentes externas. Este conjunto de elementos por considerar comprende lo siguiente (OECD, 2012):

- Comprometerse al más alto nivel con una política expresa de gobierno para la calidad regulatoria. La política debe tener objetivos y marcos claros para la implementación con el fin de asegurar que, si la regulación se emplea, los beneficios económicos, sociales y medioambientales justifiquen los costos, se consideren los efectos distributivos y se maximicen los beneficios netos.

- Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso regulatorio con el fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público y esté informada de las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta.

- Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los procedimientos y objetivos de la política regulatoria, apoyarla e implementarla, y por consecuencia fomentar la calidad de la regulación.

- Integrar la evaluación de impacto regulatorio (análisis de impacto normativo, AIN) a las primeras etapas del proceso de diseño de políticas públicas. Identificar claramente las metas de política pública, y evaluar si es necesaria la regulación y de qué manera puede ser más efectiva y eficiente para alcanzar dichas metas.

- Revisar de forma sistemática el inventario de regulación significativa con base en metas de política pública claramente definidas, incluida la consideración de costos y beneficios.

- Publicar de manera periódica informes acerca del desempeño de la política regulatoria, así como de las autoridades públicas encargadas de aplicar las regulaciones.

- Desarrollar una política congruente que contemple el papel y las funciones de las entidades regulatorias con el fin de infundir mayor confianza de que las decisiones en cuestiones regulatorias se toman a partir de criterios objetivos, imparciales y coherentes, sin conflictos de interés, prejuicios ni influencias indebidas.

- Asegurar la efectividad de los sistemas para revisar la legalidad y la justicia procesal de las regulaciones y decisiones que toman los órganos facultados para emitir sanciones en el ámbito regulatorio. Asegurar que las personas y las empresas tengan acceso a estos sistemas de revisión a un costo razonable y conozcan las decisiones oportunamente.

- Aplicar, cuando se considere adecuado, la evaluación, la gestión y las estrategias de comunicación de riesgos al diseño y la implementación de las regulaciones para asegurar que éstas estén bien orientadas y sean efectivas.

- Promover, cuando sea adecuado, la coherencia regulatoria a través de mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno supranacional, nacional y subnacional.

- Impulsar el desarrollo de capacidades y el desempeño de la gestión regulatoria en los órdenes subnacionales de gobierno.

Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, cuando sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera de su jurisdicción.

Como se observa, el numeral 3 establece expresamente el considerar el AIN desde el inicio del proceso regulatorio; así mismo, los demás criterios contienen diversos principios complementarios para su desarrollo, como la coherencia regulatoria, la participación pública, la institucionalidad y el desarrollo de capacidades.

De manera complementaria, la OECD ha venido acompañando el progreso en materia de diseño e implementación regulatoria en distintos países o actividades económicas específicas en el transcurso de los años, generando vasta información sobre aplicación de metodologías, innovación en el AIN y recomendaciones aplicables.

De acuerdo a lo establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2020), para que el AIN tenga éxito es necesario:

- La metodología debe estar presente desde el inicio del procedimiento de elaboración de la norma.

- Identificar claramente el problema y los objetivos deseados de la propuesta.

- Identificar y evaluar todas las posibles alternativas (incluidas las no regulatorias).

- Intentar siempre evaluar todos los costos y beneficios potenciales, tanto directos como indirectos.

- Estar basado en toda la evidencia disponible y experiencia científica.

- Desarrollarse de manera transparente con las partes interesadas y comunicar claramente los resultados.

Del mismo modo, es importante resaltar que la OECD en sus más recientes publicaciones al respecto realiza énfasis sobre la importancia de flexibilizar y adaptar la metodología del AIN a circunstancias determinadas, incluir las ciencias de comportamiento y la economía para mejorar las estrategias, así como la intensificación en el uso de datos y evidencia para el buen sustento en el diseño y la posterior implementación y evaluación del AIN.

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