Читать книгу Colombia y la Medicina Veterinaria contada por sus protagonistas - Luis Carlos Villamil Jiménez - Страница 10
ОглавлениеSector agropecuario, educación e institucionalidad *
El sistema más seguro de trabajar por el progreso y la riqueza del país, se basa en tres pilares fundamentales: el fomento de la agricultura moderna, la transformación de los métodos coloniales de nuestros agricultores y hacendados por otros más científicos y la educación de las generaciones jóvenes en los nuevos principios.
Juan de Dios Carrasquilla (1880, citado en De Francisco Zea, 2004)
Ante el fracaso de las llamadas industrias modernas (textiles, loza, vidrios, velas, fósforos, jabones y sombreros), el aprovechamiento de las ventajas competitivas del país era una necesidad. Durante el gobierno de Mosquera (1845-1849) y hasta bien entrado el siglo XX, la doctrina del libre cambio y el comercio internacional predominaron en las expectativas de la nación.
No obstante el desinterés por el campo, la economía colombiana tenía como sustento el incipiente sector agropecuario, por lo que la exportación de materias primas tomó un auge importante. Sin embargo, los comerciantes se limitaban a explotar los productos silvestres (dividivi, tagua o maderas preciosas) sin realizar resiembras, sin innovaciones tecnológicas y sin preocuparse por la permanencia y el mejoramiento de los recursos; los bosques de quina fueron saqueados sin misericordia.
Había interés en la clasificación, la descripción y la extracción, pero ninguno en la conservación y en la transformación. Tal vez por eso, a pesar de las buenas intenciones, fue difícil establecer escuelas y conformar la academia en el campo de las ciencias agropecuarias; la empresa agroexportadora no demandaba conocimientos científicos o técnicos aplicados a la producción y, además, los frecuentes conflictos civiles y la Guerra de los Mil Días truncaron iniciativas y desarrollos institucionales en agricultura, ganadería y educación veterinaria.
El agro en el siglo XVIII
En el siglo XVIII Bogotá era un virreinato pobre comparado con los de Perú y México. Había dos médicos y un grupo de curanderos para atender a una población de cerca de 20.000 habitantes. No había acueducto ni alcantarillado y eran comunes las enfermedades infecciosas por falta de higiene; la expectativa de vida estaba entre veinte y treinta años. En aquella época, las personas fallecían por enfermedades como el tifo, la viruela y la tuberculosis (Díaz Piedrahíta y Mantilla, 2002).
Se dividieron las tierras de los resguardos indígenas, se suprimieron los diezmos, se eliminaron los estancos, se abolió la esclavitud y se liberó el comercio. Los indígenas se transformaron en jornaleros; la burguesía utilizó la coyuntura para aprovechar las ventajas comerciales y administrar la rentabilidad de la tierra, pero no para generar cambios en la modernización de la producción agrícola o ganadera (Becerra y Restrepo, 1993).
Como se señaló, no había conocimiento ni interés en las llamadas revoluciones agrícolas observadas en Europa: el país estaba lejos de la primera revolución del siglo XVIII, relacionada con nuevas formas de utilización de los suelos, el tipo de labranza y la rotación de cultivos para eliminar barbechos y mejorar los sistemas de cría de ganado, de la selección de semillas y del empleo del caballo en la preparación de la tierra; pero más lejos aún de la segunda revolución de mediados del siglo XIX, caracterizada por la introducción de algunas máquinas, el uso generalizado de la tracción animal y el empleo de fertilizantes químicos; en otras palabras, distaba de la aplicación de las ciencias (mecánica, biología, botánica y química) al desarrollo de las técnicas agropecuarias, así como de la biología y la microbiología en el desarrollo ganadero (Bejarano, 1993).
De acuerdo con Kalmanovitz (1996), el siglo XIX se caracterizó por dos tipos de economía, fruto de la colonización:
Una economía terrateniente organizada a partir de la hacienda, que ocupó las tierras más fértiles y accesibles y que sujetaba a una abundante población arrendataria por medio de las deudas, el control político local y la ideología católica. El campesinado estaba sometido a periódicas faenas gratuitas “la obligación”, rentas en producto como los “terrajes”, rentas que combinaban un salario atrofiado y coerción extraeconómica, donde primaba la segunda, como el “concierto” o la “agregatura” y, finalmente, los “colonatos” de las inmensas haciendas ganaderas de las tierras bajas, tierras que eran entregadas vírgenes a los campesinos para que dos o tres años más tarde, después de sacarle varias cosechas de maíz, las entregaran habilitadas con pastos, para proseguir entonces a tumbar más selva y abrirle más pastizales al hacendado.
Una economía campesina subdividida a su vez en sectores de distinto desarrollo técnico, que ocupaba en su mayor parte las pobres vertientes andinas, con algunas tierras buenas que fueron resguardos indígenas. En el oriente santandereano y el occidente antioqueño se desarrollaron vigorosas economías campesinas y artesanales, cuya población estuvo compuesta principalmente por emigrantes españoles. Estos ocuparon tierras de regular calidad y tuvieron que enfrentar en más de una ocasión las pretensiones monopolizadoras de los terratenientes, pero en términos generales ganaron acceso a la tierra.
En Antioquia, en particular, se dio un proceso de colonización de tierras nuevas, desde fines del siglo XVIII hasta 1870 aproximadamente, que estaban tituladas; los colonos tuvieron que librar una ardua lucha contra la titulación colonial y republicana, que en 1863 casi alcanza visos de insurrección general contra las pretensiones de los herederos de los Aranzazu de cobrar rentas a los colonos. La región no dejó de contar con haciendas y parte de los colonos más ricos trajeron consigo aparceros, pero aun así se dio un avance técnico de los cultivos y la ganadería en pequeña escala, un gran desarrollo de las fuerzas productivas en la consecuente activación de relaciones mercantiles, una considerable movilidad de los trabajadores y las tierras, que probarían ser decisivos en la gran expansión cafetera de principios del siglo XX y que originó la total transformación del país. (Kalmanovitz, 1996)
Hacia 1832, en aras de difundir (sin mucho éxito) los avances de la primera revolución agrícola y desarrollar lo que se denominó la industria agrícola, Rufino José Cuervo fundó El Cultivador Cundinamarqués, y se estableció la Sociedad Democrática de Cultivadores y Artesanos con la publicación del periódico El Labrador y El Artesano en 1839.
A pesar de los conflictos civiles de la época, en 1871 se creó la primera entidad gremial del sector rural, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), bajo la dirección del general Rafael Uribe Uribe y Salvador Camacho Roldán, quienes figuran en la historia como impulsores de la economía y la educación agraria (Gracia, 2002; Reyes et al., 2004).
La SAC constituyó la organización pionera que lideró las actividades gremiales y estuvo relacionada con el nacimiento de las hoy profesiones del sector agropecuario. Su objetivo fundacional fue el de promover el adelanto y defender, por medio de la discusión pública, los intereses de los agricultores. Tenía como objetivos el intercambio de semillas, el mejoramiento de las razas animales y la promoción de las escuelas agrícolas. Propuso la edición de un órgano de difusión: El Agricultor, publicado entre 1873 y 1901, con el propósito de estudiar el estado de la agricultura y la ganadería, los obstáculos para su desarrollo, las instituciones que debían protegerla, los progresos que se hicieran y los adelantos que pudieran aclimatarse en el país (Gracia, 2002).
El Agricultor, la Gaceta Agrícola (Cartagena) y la Escuela Agrícola de Cundinamarca fueron los únicos periódicos especializados en temas agropecuarios en la segunda mitad del siglo XIX (Bejarano, 1985).
Educación para el agro. Iniciativas y dificultades
Durante el siglo XIX no hubo en Colombia un pensamiento claro acerca de las ciencias agropecuarias (agronomía y veterinaria), tampoco innovaciones; lo que se observa es la preocupación persistente pero infructuosa, por reproducir los elementos de las dos revoluciones agrícolas y sus formas de difusión hasta la Guerra de los Mil Días (Bejarano, 2011). La hacienda, la agricultura práctica que apuntaba a conformar hábitos rutinarios en la cría de animales y el establecimiento de los cultivos; la aparición de los periódicos para el agro desde comienzos del siglo XIX; la introducción de pastos y el uso del alambre de púas, complementaron las acciones de difusión masiva sobre los oficios, prácticas y saberes, roturando el terreno para la conformación de las primeras escuelas vocacionales de agricultura. Su demanda se sustentó en las acciones de difusión masiva de efímeros periódicos en las provincias facilitados por los párrocos rurales, abriendo el camino para la aparición de las primeras escuelas profesionales, donde las ciencias naturales y sus aplicaciones para la agricultura, la ganadería y la minería constituyeron la base de los inicios, ante el enorme potencial del trópico, las expectativas de los gobiernos de turno, la exportación y el consumo local.
“Los estudios superiores para el agro no estaban en el ideario de los jóvenes de la ciudad; el campo y sus trabajadores eran considerados inferiores; las instituciones educativas no contaban con dolientes que representaran alto nivel científico, ni sus instalaciones eran adecuadas; la utopía de un país que adoptara los logros de la segunda revolución agrícola era lejana”; no obstante que en el ámbito mundial era un hecho y que la veterinaria y la agronomía se nutrían de la ciencia básica y aportaban desde la investigación soluciones a los problemas sanitarios y productivos (Restrepo, Arboleda y Bejarano, 1993).
En 1874, José Eustorgio Salgar, gobernador de Cundinamarca, presentó a la Asamblea la iniciativa para crear una institución que se encargara de la enseñanza de las técnicas agropecuarias. Se creó la Quinta Modelo de Aclimatación de la Escuela Agrícola de Cundinamarca, primera institución dedicada a la formación técnica agropecuaria, cuyas actividades se centraron en la producción rural mediante la introducción de semillas, animales reproductores, instrumentos de labranza y otros elementos requeridos para la enseñanza teórica y práctica. Tuvo su órgano de divulgación: La Escuela Agrícola, que reemplazó temporalmente al periódico de la SAC, pero la revolución de 1876 truncó las actividades de la escuela (Gracia, 2002).
A mediados del siglo XIX se incrementó el interés por las ciencias naturales y aparecieron instituciones científicas: en 1867, la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, con sus escuelas superiores de Ciencias Naturales, Ingeniería, Jurisprudencia y Medicina; en 1873, la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá, y en 1887, la Academia de Medicina de Medellín. También se imprimieron varias publicaciones: la Revista Científica e Industrial (1871-1872), los Anales de la Universidad Nacional (1868-1880), los Anales de Instrucción Pública (1880-1892), El Agricultor (1873-1901) —obra que perduró a pesar de los conflictos y limitaciones propios de la época, sin duda porque el anhelo por el establecimiento de educación para el sector agropecuario así lo ameritaba—, y la Revista Médica (1873-1924). Los interesados en la ciencia tenían un espacio para sus escritos en el joven país (Obregón, 1989). De acuerdo con Melo (1989):
Hacia 1880 estaba adquiriendo prominencia un empresario rural y urbano más ilustrado que el terrateniente tradicional, partidario del progreso técnico, dispuesto a ensayar nuevos cultivos y nuevas formas de actividad productiva. Dichos empresarios vinculados también a la política, parecían dar más importancia a la apertura de haciendas, la formación de bancos, el desarrollo de las vías de comunicación, la siembra de café, que a la satisfacción de ambiciones de empleo a costa del presupuesto nacional. Es posible que el sector de comerciantes liberales que adquirió tierras a consecuencia de las grandes reformas de mediados de siglo tuviera que ver con la expansión de esta nueva mentalidad empresarial; ideas similares se extendieron entre los propietarios conservadores antioqueños o fueron promovidas por algunas de las familias de inmigrantes recién llegadas al país. En todo caso, este sector de la clase dirigente se estaba desarrollando en el seno de ambos partidos, y sus intereses no estarían servidos sino con el establecimiento de un acuerdo político que estableciera un mínimo de unidad nacional, consolidara el orden público y diera prelación los problemas prácticos sobre los agudos enfrentamientos ideológicos que habían dominado hasta entonces. (Melo, 1989, párr. 13)
Por medio de los decretos 337 y 636 de 1878 se autorizó la organización del Departamento de Agricultura, con el fin de adelantar estudios sobre el estado de la agricultura y la ganadería; introducir plantas y semillas nuevas para distribuirlas y procurar su aclimatación; hacer publicaciones en los periódicos; establecer relaciones con sociedades agrícolas de otros países, y formar una nueva biblioteca nacional de agricultura. En este contexto se fundó, en 1879, el Instituto Nacional de Agricultura.
Su primer director fue el médico Juan de Dios Carrasquilla, estudioso de las ciencias agropecuarias. Allí se formaron los primeros profesores a cuyo cargo estuvo la divulgación de los principios científicos para el mejoramiento y el desarrollo de la producción agropecuaria (Gracia, 2002). Fueron varias las publicaciones realizadas: Conferencias de Agronomía (1884), Tratado General de Agronomía (1890) y Lecciones de Agricultura para las Escuelas de Colombia (1894).
Durante 1882 se estableció el estatuto orgánico del nuevo instituto. El plan de estudios incluyó, para el tercer año, las materias de fitotecnia y zootecnia, y para el cuarto veterinaria, ingeniería rural, economía rural e industrias agrícolas; los espacios académicos de química, física, botánica y zoología se estudiaban en los dos primeros años.
En 1884 se modificó el estatuto orgánico, se reformó el plan de estudios, se redujo la carrera a tres años y se estableció la enseñanza teórica y práctica de la veterinaria. Pero eran solo anhelos, pues faltaban los dolientes; ante la ausencia de expertos en la materia y la imposibilidad de formar profesionales competentes, los señores Juan de Dios Carrasquilla, Salvador Camacho Roldán y Jorge Michelsen Uribe solicitaron a las autoridades gubernamentales la contratación del personal idóneo y necesario.
De acuerdo con Gracia (2002), en 1887 el instituto dejó de funcionar, y la instrucción veterinaria pasó a la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Por lo anterior, se creó la Escuela Nacional de Veterinaria dirigida por Claude Vericel, que funcionó como entidad anexa a la Facultad de Medicina, hasta su cierre definitivo, como consecuencia de la guerra civil.
Vericel, veterinario francés, fue invitado para regentar las cátedras de elementos de patología e higiene en el Instituto Nacional de Agricultura, para aclarar situaciones complejas referentes a la salud pública. Con la llegada de Vericel el 12 de junio de 1884 se dio inicio formal (con más de una siglo de diferencia con respecto a Europa) al estudio de la veterinaria, inicialmente en el instituto y luego en la Escuela Nacional de Veterinaria; con ayuda de sus alumnos sentó las bases de la microbiología médica, la veterinaria y la salud pública. Asimismo, su gestión para la importación de bovinos de Francia, Holanda y las Antillas Británicas constituyó un aporte al mejoramiento genético de la ganadería lechera del país.
Los egresados de la primera y única promoción de la Escuela Nacional de Veterinaria recibieron el título de Profesor en Veterinaria (tal como se propuso en el Instituto Nacional de Agricultura); dicho título era apreciado y otorgaba una posición social destacada para los doce graduados de la escuela. La producción de la vacuna contra la viruela, así como el servicio de laboratorio para la salud animal y también para la salud humana y la inspección de alimentos, se iniciaron en el país a cargo de los egresados (Gracia, 2009). La nueva escuela de veterinaria cerró sus puertas después de graduar la primera promoción, debido a la Guerra de los Mil Días.
El 8 de enero de 1893 el Consejo Universitario de la Universidad de Cartagena creó la Facultad de Veterinaria, anexa a la Facultad de Medicina (Piñeres de la Ossa, 2001); la dirección estuvo a cargo del veterinario español P. Leyes Posse, contratado en La Habana por el cónsul de Colombia Marcos Medrano. Esta iniciativa académica tuvo una corta vida, graduó solo tres veterinarios antes de su cierre definitivo por problemas presupuestales: Manuel Benito Revollo, Sergio D. Ibarra y Luis Lacharme. Poco se sabe de los egresados; Lacharme fundó en Montería la empresa Agua, Hielo y Luz S. A., construyó el primer acueducto de Montería, en 1923 fundó la Hacienda Morocoquiel y la fábrica de mantequilla El Encanto en 1926.
Presencia lasallista en Colombia, logros y proyecciones
Otro proyecto importante del profesor Vericel tuvo lugar por la misma época: los Hermanos de La Salle llegaron a Colombia en 1890. De acuerdo con Obregón (1992), desde 1871 Julián Trujillo, embajador en Ecuador, presentó un informe sobre la educación en ese país, destacando la labor realizada por los Hermanos. El arzobispo Bernardo Herrera Restrepo logró la vinculación definitiva del lasallismo al país. Los primeros miembros de la comunidad llegaron a Medellín en 1890 y en 1893 a Bogotá. Cuatro aspectos estratégicos señalaron el derrotero de su presencia en el país: la formación de maestros, los estudios de fauna y flora, la práctica de la ingeniería y el desarrollo agropecuario.
En 1903 se expidió la Ley 39 (Congreso de Colombia), que proponía un tipo de educación orientada a la agricultura, la industria y el comercio. Los Hermanos introdujeron las cátedras de ciencias que no existían en la educación secundaria, emplearon metodologías y didácticas sobre la base de la observación de la naturaleza y el estudio de las matemáticas. Los colegios adquirieron prestigio y otras instituciones adoptaron la enseñanza de las ciencias. También fortalecieron y renovaron la enseñanza de las ciencias en las instituciones universitarias. El Hno. Apolinar María, naturalista alsaciano, fue profesor de ciencias naturales en la Facultad de Medicina y rector del Instituto La Salle de Bogotá (Obregón, 1992).
Durante el gobierno de Reyes los Hermanos se encargaron de la dirección de la Escuela Normal Central de Institutores, escuela pedagógica por excelencia y que se constituyó en el inicio de los procesos de formación de maestros en Colombia y de la publicación de textos como apoyo didáctico, lo que contribuyó a la reivindicación y profesionalización del oficio docente; la revista pedagógica de la Escuela, así como los textos de Bruño y Stella, contribuyeron a modelar el espíritu nacional y a darle a la educación un estatus profesional y hacerla objeto de estudio (Gómez, 2008).
Como señala Morales (1993), organizaron un instituto de educación superior que era una verdadera Facultad de Ingeniería y funcionaba en los edificios del Instituto Técnico Central. Allí se formaron excelentes ingenieros que competían con los de la Escuela Nacional de Ingeniería, contribuyendo al desarrollo de las obras de infraestructura del país hasta los años treinta, cuando por cambio de Gobierno fueron retirados de dicha institución. Sus ingenieros fueron protagonistas de la consolidación y el crecimiento de la red ferroviaria del país y de los primeros procesos de electrificación e industria.
La enseñanza de las ciencias naturales constituyó el énfasis de los colegios lasallistas, en los que se implantó el bachillerato moderno francés y se contribuyó con la creación de museos de ciencias naturales, el cultivo de las matemáticas y la generación de proyectos de investigación que permitieron avances significativos en la taxonomía, el reconocimiento de la riqueza biológica y los estudios geográficos de Colombia (Obregón, 1992). Pero, de acuerdo con Gómez (2008):
[…] el desarrollo agropecuario, se vio truncado por la miopía de algunos Hermanos asistentes, que no lograron desde fuera entender las realidades del país; de hecho, ya los Hermanos habían vislumbrado la gran riqueza de los Llanos Orientales y el potencial que encerraban para el futuro de Colombia. (p. 3)
Sería la Universidad de La Salle la que lo recuperaría para completar el proyecto original lasallista de la fundación en tierras colombianas.
Los tiempos del Centenario. La exposición agroindustrial
Mientras se preparaba la celebración del primer Centenario de la Independencia, el padre Ladrón de Guevara publicaba en la Imprenta Eléctrica de Bogotá el libro Novelistas malos y buenos: juzgados en orden de naciones, que era en la opinión de Bermúdez y Escovar (2006) una especie de “índex” donde se juzgaba la obra de 2500 novelistas, en su mayoría franceses, dos centenares de españoles y uno de hispanoamericanos: “ni los tres mosqueteros se salvaron de su pluma inquisidora” (p. 1).
Muy temprano el día 20 de abril del año de 1910, la tranquila rutina de los cien mil habitantes de Bogotá, se tornó en pánico; tras los cerros tutelares de Monserrate y Guadalupe apareció un fenómeno celeste: el cometa Halley era visible. (p. 2)
Los rumores señalaban peligros inminentes: se especulaba sobre un gas letal “cianógeno”, expelido por la cola del cometa, con una toxicidad capaz de envenenar a los habitantes del planeta; el fin del mundo parecía inminente. Varios periódicos de la ciudad corroboraban el hecho (Castro Gómez, 2008).
Opiniones autorizadas, como la de Julio Garavito, el entonces director del Observatorio Astronómico y estudioso de la órbita de los cometas visibles en Colombia en 1901 y 1910, no fueron suficientes para calmar el pánico de los bogotanos.
Nada trágico sucedió y la situación volvió a la normalidad; tal como señala Castro Gómez (2008), era sin duda una señal de cambio, pero de un cambio de grandes proporciones:
[...] eran tal vez los augurios de una nueva era, la ventana al mundo abierta desde el siglo dieciocho y prolongada durante el siglo diecinueve se cerraba, estábamos ad portas del comienzo de una anhelada trayectoria de justicia y progreso para la nación. (p. 223)
Se celebraría en pocos meses el primer Centenario de la Independencia, hecho que inspiraba esperanza, sueños de progreso, oportunidades y cambio. El país tenía en su recuerdo cercano una inútil abundancia de leyes, varias constituciones, conspiraciones, violencia, corrupción, golpes de Estado, inequidad, exclusión, la Guerra de los Mil Días (1899-1902), la expropiación de Panamá (1903) y el evidente deterioro de la academia; de hecho, la primera escuela veterinaria fundada por Vericel se cerró con la guerra. Se valoraba lo foráneo y se despreciaba lo local, y el patrimonio artístico prehispánico era desconocido o rechazado y el de la Colonia subvalorado; la tradición indígena se ignoraba, las clases “subalternas (negros, mestizos e indios) eran tenidas como incapaces de progreso” (Castro Gómez, 2008, p. 236).
A comienzos del siglo XX solo el 12 % de la población vivía en las ciudades de más de 10.000 habitantes; el analfabetismo rondaba el 75 %, y la expectativa de vida no alcanzaba los 40 años. De acuerdo con Melo (2003):
uno de cada seis niños iba a la escuela. Las epidemias amenazaban a los menores, y el tifo, la viruela o las enfermedades gastrointestinales mataban a uno de cada seis niños antes de cumplir un año. Los médicos solo existían para la minoría que podía pagarlos: para las enfermedades había que resignarse a infusiones de hierbas u otras formas de medicina alternativa y casera. Apenas uno de cada cincuenta colombianos terminaba secundaria, y uno de cada doscientos la universidad. (párr. 2)
Había descontento con el servicio de tranvías de mulas. En el país había dos o tres automóviles; los caballos eran de los ricos, y los trenes que salían de Bogotá o Medellín no llegaban todavía al río Magdalena (Melo, 2003).
Era una época compleja, con una situación económica y política difícil, que caracterizó el quinquenio de Rafael Reyes (1904-1909) y el gobierno de transición de Ramón González Valencia (1909-1910). Se iniciaba un nuevo gobierno: Carlos E. Restrepo, abogado y periodista republicano (alianza entre algunos liberales y conservadores), había sido elegido para el periodo (1910-1914) (Plazas, 1993).
Se buscaba renovar la representación visual de la nación; se debía luchar contra la invisibilidad de la patria: ¿qué imagen dar de ella misma en el teatro de las naciones civilizadas?
Los preparativos para la celebración avanzaban: el Gobierno asignó un presupuesto que puede considerarse modesto ($180.000), en comparación con el de varias ciudades de América Latina, pero que superaban en mucho la capacidad económica del Estado; se solicitó a las organizaciones privadas y a la ciudadanía la colaboración para terminar la construcción de los diversos pabellones de la Exposición Agroindustrial y, paradójicamente, el agro era en ese entonces la representación de la nación y debía ser el factor de visibilidad internacional (Martínez, 2000).
Las exposiciones universales eran el paradigma y Colombia había fracasado en su representación oficial en ellas. Los conflictos civiles, el agotamiento del erario público, la irresponsabilidad de los comisarios designados por el Gobierno y la dificultad para contar con una colección de productos nacionales digna de ese nombre explicaban, en la opinión de Martínez (2000), el reiterado fracaso de la participación oficial.
El modelo para la exposición de 1910 fue el de París de 1889, que celebró el centenario de la Revolución. El lugar escogido fue el parque de La Independencia en el sector de San Diego. La Exposición Agroindustrial de 1910 era una exaltación del trabajo y el progreso, pues el país debía aprovechar las riquezas naturales mediante procesos industriales. Este cambio se esperaba desde finales del siglo XIX. Camacho Roldán (citado en Castro Gómez, 2008) lo manifestaba en foros y escritos: “nada se prosigue con constancia y muy poco llega a su término natural; proponía “cultivar el instinto mecánico de nuestro pueblo con premios en efectivo a quien lograra inventar máquinas para industrializar el agro” (p. 209).
El 15 de julio de 1910 se iniciaron los festejos del primer centenario de la Independencia con la Exposición Agroindustrial. La preponderancia de lo extranjero caracterizaba la estructura física de los escenarios: el quiosco de la música; el quiosco japonés; los pabellones transitorios (pesebreras y carrusel de vapor); el pabellón central (exhibición de tejidos, productos farmacéuticos, cigarrillos, jabones y velas; talabartería tapicería y carpintería); el pabellón de las bellas artes; el pabellón egipcio (exhibición de trabajos manuales de las damas), y el quiosco de la luz (novedosa construcción en cemento con la nueva iluminación eléctrica), eran muestras inequívocas de los avances del momento (Castro Gómez, 2008; Martínez, 2000).
Se valoraba la importancia de la ciencia para el progreso material de la nación; en la muestra se incluyó la exhibición científica del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, bajo la dirección del Hno. Apolinar María, quien presentó muestras geológicas, del territorio, minerales y piedras preciosas. Se señalaba asimismo la importancia de la riqueza biológica de la nación; en este sentido, el Museo de La Salle interpelaba al visitante mostrándole la diversidad y su responsabilidad frente a la misma (Becerra y Restrepo, 1993).
Se presentaron también trabajos científicos importantes, enfocados en la higiene pública, entre ellos Consideraciones sobre política sanitaria, del profesor Ismael Gómez Herrán, veterinario graduado en la escuela de Vericel en 1885 (Castro Gómez, 2008).
Pero, una vez desaparecido el cometa Halley y finalizados los festejos, las cosas parecieron volver al lugar de siempre; el pasado quedaba en el recuerdo y la nueva era no daba señales de su existencia. Los pabellones construidos cayeron en el olvido una vez desmontados; algunas de las estatuas siguen en pie, como representación petrificada de la nacionalidad (Castro Gómez, 2008).
Los primeros cien años se celebraron de esa manera: se pensó en el agro y lo agroindustrial como temas centrales (aspectos que se subvaloraron durante el siglo XIX), como imagen momentánea que pudiera representar la nación colombiana, fruto de su devenir por la conquista, la Colonia y la vida independiente. Algunos hechos, tendencias y personajes conformaron escenarios, hitos y realizaciones que contribuyeron a la conformación de oficios, a la posterior aparición de las escuelas vocacionales y también al reinicio de los estudios profesionales en la escuela veterinaria.
La Sociedad de Ciencias Naturales
Posteriormente se presentó un tiempo de cambio acelerado en un país de 5.000.000 de habitantes al comienzo del siglo XX, a más de 40.000.000 hoy. Se esperaba una política de educación que la hiciera útil y aplicable a la vida nacional, incentivando la agricultura científica buscando la diferencia regional, que debía permitir a cada departamento educar a sus habitantes de acuerdo con sus necesidades locales; no obstante, los problemas inherentes al gobierno y la cultura aristocrática imperante, que consideraba indignos los oficios agropecuarios, se señalaban como obstáculos para el desarrollo de esas iniciativas (Kalmanovitz y López, 2006).
Los esfuerzos del estamento académico para tratar de recuperar el impulso perdido en la investigación hacia finales del siglo XIX y tratar de consolidar las ciencias agropecuarias fueron evidentes. Obregón (1992) indica al respecto que a inicios del siglo XX apareció la Sociedad de Ciencias Naturales (1912), organización disciplinar no gremial fundada por los Hermanos de La Salle, liderados por el Hno. Apolinar María, quien había llegado a Colombia en 1904 y mostró cualidades de liderazgo y convocatoria para reunir a los naturalistas que vivían en Colombia, con el objetivo de trabajar con entusiasmo y coordinación, vinculando a las nuevas generaciones con las ciencias naturales desde la Sociedad de Ciencias Naturales. Los 140 socios que tenía en 1914 eran estudiantes del Instituto de La Salle y médicos de la Academia Nacional de Medicina, ingenieros de la Sociedad de Ingenieros y clérigos naturalistas.
El objetivo de la Sociedad era fomentar el estudio y la riqueza natural del suelo patrio, en especial de los minerales, fósiles, plantas e insectos, y aplicar dicho estudio a la agricultura, la industria y la medicina. Su órgano de difusión fue el Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales del Instituto La Salle (números 1-51); luego el Boletín de la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales (números 52-99), y posteriormente la Revista de la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales (números 100-110).
La revista se publicó durante más de dos décadas, con contenidos de alto valor científico, no solo por sostenerse gracias a las contribuciones del Gobierno y con el respaldo personal de José Vicente Concha y Miguel Abadía Méndez; lo difícil era sostener la regularidad de los escritos sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo por los miembros de la Sociedad. Los escritos se orientaban a acrecentar el inventario de los recursos naturales del país, acorde con la tendencia del momento: una economía de extracción. Su estabilidad se debió a la vinculación con una institución estable y a la calidad de sus directores: Hnos. Apolinar María (1904-1949), Nicéforo María (1950-1980) y Daniel (1080-1988). El lema de la revista manifestaba su espíritu: “Magna et mirabilia sunt opera tua, Domine Deus Omnipotens” (Grande y admirable es tu obra Señor Dios Omnipotente). La Sociedad desarrolló más de cuatrocientas sesiones, hasta que se suprimió para continuar como Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (Obregón, 1992).
Los Hermanos establecieron una red de colegios en Colombia, y en colaboración con los miembros de la Sociedad organizaron un grupo de recolectores de especímenes animales, vegetales y minerales para surtir el Museo de Historia Natural del Instituto La Salle. Para 1919 en el museo se habían clasificado 73.000 muestras de flora y fauna, minerales y fósiles. En la opinión de Becerra y Restrepo (1993), “por primera vez era posible realizar una colección que superaba el plano individual y privado, un logro colectivo y vigente de los Hermanos de La Salle” (p. 37).
La educación y la investigación agrícola se institucionalizan
En 1914, el Ministerio de Agricultura y Comercio era el responsable de la investigación agropecuaria que se realizaba en las escuelas y granjas experimentales. En 1915 se transformó el Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria en Instituto Nacional de Agronomía; se creó el Ministerio de Agricultura y Comercio que, al poco tiempo, se convirtió en el Ministerio de Industrias, con lo cual se perdió lo logrado para el sector agropecuario. López (citado en Kalmanovitz y López, 2006) anotaba que la sola enseñanza no podía transformar la agricultura; para ello se debía generar una demanda para la agricultura científica mediante la promoción de importantes empresas agrícolas. Se conformaron entonces las primeras Estaciones Experimentales Agrícolas.
El sector agropecuario, con el auge cafetero, inició el desarrollo de una industria nacional y el montaje de los servicios públicos (la electricidad, el agua, la radiodifusión, el teléfono y la urbanización), con más del 70 % de presencia en las grandes ciudades. El auge del ferrocarril y la mayor demanda de alimentos incentivaron a su vez la investigación y el desarrollo agropecuario. La ganadería era una actividad muy difundida en el territorio nacional; Colombia ocupaba el cuarto lugar de América Latina en la producción de ganado vacuno (Kalmanovitz y López, 2006).
La Ley de Fomento de la Agricultura (Congreso de Colombia, 1926) asignó un papel importante a la educación agropecuaria; con la creación del Consejo Nacional de Agricultura en 1931 se fortalecieron la investigación y la educación (granjas experimentales y granjas infantiles).
De acuerdo con Trigo y Pineiro (1981), durante 1928 el Ministerio de Agricultura e Industria se transformó en el Ministerio de Economía Nacional, con dos departamentos de orden nacional: el de agricultura y el de ganadería. A dichas secciones se adscribieron la Dirección de Investigación Agropecuaria y la Administración de Estaciones Experimentales.
El Gobierno contrató una misión canadiense con especialistas en botánica, economía y producción animal. Se crearon dos estaciones agrícolas experimentales: una en Palmira, donde se realizaría la investigación en caña de azúcar, arroz, fríjol, pastos y forrajes para la alimentación animal; otra en Bogotá (La Picota), para cultivos y ganadería del clima frío.
La Ley 132 (Congreso de Colombia, 1931) determinó la función del Estado para el desarrollo y el fomento de la investigación agropecuaria. Los servicios de investigación, experimentación, demostración, enseñanza, estadística y divulgación agrícola y pecuaria estaban coordinados mediante un plan conjunto. Se afirmaba así la idea de investigación y educación para el sector agropecuario.
Desde 1945 la SAC presionó la creación de las facultades de Ciencias Agronómicas; la extensión agrícola fue exitosa, las granjas experimentales cafeteras y el Centro Nacional de Investigaciones del Café en Chinchiná constituyen un testimonio de estas actividades pioneras en América Latina. Los departamentos cafeteros contaron con diversidades regionales donde se formaron agrónomos, veterinarios y zootecnistas. En el Valle del Cauca, por su parte, mediante el Decreto 262 (Gobernación del departamento de Valle del Cauca, 1934), se creó la Escuela Superior de Agricultura Tropical, a la que se anexó la granja de Palmira.
La cooperación internacional para la investigación y la consolidación de las instituciones
A partir de 1943 (Trigo y Pineiro, 1981), el Gobierno de Estados Unidos se vinculó con la organización de la investigación para el sector; la Fundación Rockefeller expresó su interés por establecer una Misión Técnica mediante una unidad agrícola con sede en Medellín. Su unidad operativa se denominó Oficina de Investigaciones Especiales (OIE) y su sede inicial fue la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia.
Durante 1950 se crearon el Ministerio de Agricultura y el Departamento de Investigaciones Agropecuarias (DIA). Aparecieron asimismo los Centros Nacionales de Investigación. El convenio con la Fundación Rockefeller terminó en 1956: todos los elementos e infraestructura pasaron al DIA; la OIE permaneció vigente, y los expertos y especialistas extranjeros permanecieron hasta 1969. En 1959 Ulises J. Grant se encargó de la dirección de Ciencias Agrícolas de la Fundación Rockefeller en Colombia y fue jefe de la OIE, en reemplazo de Lewis Robert.
Los terrenos para el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Tibaitatá, en Mosquera, se adquirieron en 1951. Dicho centro inició actividades en 1952, en investigación agropecuaria representativa de la agricultura y la ganadería de clima frío y en el mejoramiento y el fomento pecuario.
Mediante cooperación con el Gobierno italiano, en 1954, se fundó el Instituto Zooprofiláctico Colombiano; allí se dio inicio al servicio de diagnóstico en salud animal, a la investigación en virología veterinaria y a la producción de biológicos, en especial contra el virus de la fiebre aftosa.
Los buenos resultados del DIA, que durante 1960 fue promovido a División del Ministerio de Agricultura, llevaron al Gobierno nacional, mediante los ministerios de Agricultura y Educación, la Universidad Nacional de Colombia, y con el apoyo de las fundaciones Rockefeller, Ford, Kellogg, la Universidad de Nebraska y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a promover la creación de una entidad descentralizada de carácter nacional que se encargara de la investigación, la educación y la extensión para el sector agropecuario. Mediante el Decreto 1562 (Presidencia de la República, 1962) se creó la Corporación Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el cual asumió las responsabilidades del DIA en investigación agropecuaria y formación del personal profesional en cooperación con la Universidad Nacional, así como el fomento, la divulgación y la extensión (Trigo y Pineiro, 1981).
En 1963 el ICA inició labores y recibió los Centros Experimentales, las instalaciones y el personal adscrito al DIA; por medio del Decreto 3116 (Presidencia de la República, 1963) se convirtió en el instituto rector de la investigación agropecuaria, adscrito al Ministerio de Agricultura. El DIA contaba con 22 programas de investigación y tenía 1523 funcionarios.
Para 1968, por medio de los decretos 2420 y 3120, se reestructuró el sector agropecuario: al ICA se le adscribieron las funciones de control y supervisión de insumos, fomento y certificación de semillas, asistencia técnica, extensión y desarrollo rural. Se adscribieron al instituto los funcionarios y dotación del Instituto Zooprofiláctico Colombiano, el Instituto de Fomento Algodonero y el Instituto Tabacalero.
Los anteriores desarrollos hicieron posible el establecimiento en Palmira del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), como parte de una red mundial de centros de investigación en diferentes países del mundo como México, Perú, India, Nigeria, Kenya y Filipinas. El gerente del ICA y el rector de la Universidad Nacional de Colombia hacían parte de la junta directiva.
En 1967 se realizó en Fusagasugá el Primer Seminario sobre Ciencia Tecnología y Desarrollo, que recomendó la creación de un fondo especial para apoyar financieramente la investigación científica. Mediante el Decreto 2869 (Presidencia de la República, 1968) se creó el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas Francisco José de Caldas (Colciencias) (Becerra y Restrepo, 1993).
Las necesidades de los gremios, en cuanto a investigación y extensión, generaron el nacimiento de instituciones privadas que asumieran dichas funciones. La Federación Nacional de Cafeteros se creó después del segundo congreso nacional del gremio en 1926, y en 1938 se establecieron en Chinchiná, Caldas, los primeros programas de investigación. Ni el DIA ni el ICA realizaban labores en este cultivo. Para 1947 se creó la Federación Colombiana de Cultivadores de Arroz Fedearroz, y la Federación de Algodoneros se creó en 1965, la cual se adscribió al ICA en 1968.
En el 2004 se creó el Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana (Ceniflores); existen también el de Investigaciones en Caña de azúcar (Cenicaña, creado en 1977); palma de aceite (Cenipalma, creado en 1991); Camarón (Ceniacua, creado en 1993); papa (Cevipapa, creado en 1995) y banano (Cenibanano, creado en 1999). Este sector se caracteriza por sus resultados en producción y poscosecha; la preparación de sus investigadores; las prioridades de investigación y su pertinencia, y su capacidad para atraer recursos (Duarte y Velho, 2010).
En 1993 se tomó la decisión de dividir las funciones del ICA en dos institutos: uno que seguiría siendo el ICA, para ocuparse de la responsabilidad en las áreas de sanidad, protección, regulación vegetal y animal, y supervisión y coordinación de la investigación pública; y otro nuevo denominado Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), el cual asumió las actividades de investigación y transferencia de tecnología.
Este proceso de transformación tiene similitudes y diferencias marcadas con situaciones experimentadas por otras instituciones públicas de investigación agropecuaria en Suramérica, como la Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina, los cuales también sufrieron transformaciones, pero mantuvieron su orientación estratégica sin necesidad de la creación de una segunda institución (Duarte y Velho, 2010).
La institucionalidad del sector es dinámica y compleja; tal y como sucedió en otros países latinoamericanos, los servicios veterinarios en Colombia tomaron impulso y mayor desarrollo institucional desde la década del sesenta y reposaban casi en su totalidad en el sector público.
Los procesos de reestructuración han sido frecuentes, tal vez constantes y con mayor fuerza en tres ámbitos cubiertos por el Estado: el financiamiento, la investigación y la transferencia tecnológica. Como resultado de lo anterior, la reducción de la participación del Estado en el suministro de servicios veterinarios es notable, al punto que más del 80 % de los profesionales del área veterinaria ejercen práctica privada.
En cuanto al financiamiento, la investigación y la transferencia de tecnología, se ha incrementado la participación del sector privado, ejecutándose de manera mixta, lo que limita la acción del Estado a la vigilancia, el control y la ejecución de actividades públicas o de carácter privado cuando estas se circunscriban a pequeños productores (Villamil y Romero, 2003).
La veterinaria del siglo XXI debe reaccionar ante las anteriores situaciones mediante una eficiente organización gremial, perfeccionar su formación volviendo su mirada a la universidad que adelantará con precisión las respectivas reformas curriculares de los planes de estudio de pre y posgrado, para perfeccionar la formación profesional, adaptar y transferir las nuevas tecnologías y satisfacer en mayor medida las exigencias actuales de la sociedad y las dinámicas del sector agropecuario.
* Este capítulo se estructuró en torno a lo discutido en la Cátedra Lasallista de 2010: “Miradas prospectivas desde el Bicentenario: Reflexiones sobre el desarrollo humano en el devenir de doscientos años” (Villamil, 2010).
