Читать книгу Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947 - María Angélica Illanes Oliva - Страница 13

En el agudo tiempo de crisis que se inició con la primera guerra mundial y, especialmente, con el colapso mundial del capitalismo en los años de 1930, la mirada de los grupos dirigentes, especialmente de las izquierdas, se dirigieron hacia la situación social y económica que se vivía en la tierra y su influjo sobre la ciudad. Era la tierra la que, como siempre y más que nunca, debía seguir sustentando a la población en medio de la tormenta de la crisis comercial: del trabajo de sus cultivadores pendía la sobrevivencia de la población en su conjunto.

Sin embargo, estos cultivadores eran, mayoritariamente, trabajadores agrícolas mal pagados, mal comidos, mal dormidos; asalariados temporales sin arraigo o inquilinos cuya «regalía» de chacra y talaje le daba «derecho» a un latifundista, generalmente ausentista, a contar indiscriminadamente con su trabajo, el de su familia y de un trabajador extra. Como veremos, se trataba de un latifundista muy consciente de sus intereses particulares de clase y muy inconsciente acerca del valor social y humano de la fuerza de trabajo de sus fundos, así como acerca de su responsabilidad como propietario de un fragmento nada menor de la tierra de la nación. Dejadas en manos de administradores, las tierras de estos propietarios eran de baja rentabilidad y explotadas con escasa innovación en sus métodos productivos; tierras que servían más como fundamento de su poder de clase, que como fuente de producción y de generación de bienestar colectivo.

La situación de la miseria campesina y de la concentración de la propiedad terrateniente y su inefectividad productiva comenzó a ser, poco a poco, sacada a la luz desde principios del siglo xx y, con mayor énfasis, como decíamos, a partir de la crisis capitalista de 1930, cuando la supervivencia de todos pendía de la producción de alimentos. Las voces críticas de la época señalaban como el principal problema del régimen agrario, la mala distribución de la tierra y los bajos salarios de los trabajadores agrícolas, cuestionando el estancamiento de la producción de alimentos y el pauperismo del campesinado. Los estudios del norteamericano George MacBride sobre la situación del agro hacia 1924 revelaron la excesiva concentración de la propiedad de la tierra en Chile: entre Coquimbo y Biobío la tierra estaba principalmente en manos de hacendados con propiedades mayores de 2.000 hectáreas (5.396 haciendas, 11 millones de hectáreas), controlando el 89% de la tierra. El resto, un total de 1,3 millones de hectáreas, estaba repartida entre 76.688 propietarios con predios de menos de 5 hectáreas (1,4% de la tierra agrícola), un 40% de los cuales tenía en promedio apenas 1,5 hectáreas. En otros términos, la extensión del suelo cultivable alcanzaba al tercio de la superficie territorial: el 62% eran haciendas de más de 5.000 hectáreas, pertenecientes a 568 propietarios y el 16% eran predios entre 1.000 y 5.000 há., pertenecientes a 2.052 propietarios. En suma, «el 78% de la extensión cultivada chilena pertenece a 2.620 personas, (mientras) 57.360 personas son dueñas de propiedades de menos de 5 hectáreas»⁷⁹.

Tal como existe en nuestro valle céntrico, el latifundio significa (…) rutina y producción incompleta; en lo social, la supervivencia de un sistema semi-feudario que es la más cerrada valla en contra del advenimiento de un bienestar holgado para nuestro pueblo; en lo económico, una riqueza hoy muy inestable para el dueño y miseria de por vida para el hombre que unce junto con el buey, al arado; y en lo cívico, depósito de materia inflamable para cualquier explosivo revolucionario⁸⁰.

Se vislumbraba la necesidad de una reforma que permitiese abordar la mala distribución de la propiedad, siguiendo el cercano ejemplo del México post-revolucionario y de la Europa de post-primera guerra. Esta crítica alcanzó niveles cada vez más resonantes, especialmente al momento, como veremos, de la formación en Chile en 1936 del Frente Popular (en adelante FPCh), que constituyó una importante alianza de fuerzas políticas críticas, proclives a hacer del Estado un instrumento de cambio social al servicio de una democracia que resguardara los derechos sociales de los trabajadores y del pueblo en general. A través del periódico vocero de dicha alianza, el que justamente portaba el título de Frente Popular, esta coalición denunció los problemas de subsistencia popular, especialmente la carestía de vida, exacerbada por la exportación de alimentos, mientras se visibilizaba la grave situación salarial de los trabajadores, especialmente de los trabajadores agrícolas.

El trabajador agrícola gana, computando sus entradas por habitación y especies, $6.50 al día. El minero gana $11 diarios. El obrero de la industria gana $7.80 por día. El obrero ferroviario (…) gana $13.70 diarios. ¿Pueden bastar estos salarios para la subsistencia de una familia obrera? (…) El Dr. González demuestra que una familia obrera media, con 3 hijos, debe gastar a lo menos $13 diarios por el sólo capítulo de alimentación⁸¹.

Un panorama acerca de las condiciones de vida de sectores del campesinado de la época en estudio fueron reveladas a través de un Informe de Visitación del Trabajo presentada al Congreso Nacional a raíz de una petición de Oficio requerida por el diputado y dirigente de la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres, Emilio Zapata. En dicho Informe (1937), relativo al fundo «Santa Elisa»⁸², se daba cuenta que los 22 inquilinos que allí laboraban percibían un salario consistente en $0.80 diarios, 3 galletas diarias de valor de $0.60 cada una, media cuadra de terreno para chacra de valor de $600 (anuales) y talaje para 10 animales de un valor de $6 mensuales por cabeza, haciendo presente que «este derecho a talaje puede considerarse casi nominal, por cuanto la pobreza de estos inquilinos no les permite tener animales». La pulpería del fundo, entregada a un concesionario, era la encargada de pagar a los inquilinos, los cuales, con los descuentos realizados, por lo general no recibían pago alguno en dinero efectivo. Requerido el pulpero para que publicase los precios de los productos, este habría declarado que estaba de más porque los campesinos jamás alcanzaban a llevar un kilo, lo cual «me demostró palpablemente la pobreza suma en que vive la gente del fundo». Los inquilinos, además, estaban sometidos a una serie de multas «sin tasa ni medida». Había inquilinos a quienes se le aplicaban multas de $20 el día del pago, los cuales, habiendo tenido un alcance líquido en la quincena de $9.60, quedaban sin sueldo alguno y endeudados. Se le obligaba al inquilino a proporcionar cada 15 días un arreador de ganado para ir a la feria, el cual estaba obligado a servir en caballo y montura propia, remunerándoseles con un viático de $2.50 para tres días. No existían contratos de trabajo y no pudo saber el Visitador si las libretas del Seguro Obligatorio (que todos tenían) estaban al día. Había reclamos respecto de los desahucios, no otorgándose los dos meses que requería el Código del Trabajo. La vivienda se describe como «rucas primitivas o ranchos de paja», existiendo 10 casas de teja y zinc en regular y mal estado. La única expresión de «modernidad» era la existencia de una escuela al interior del fundo. En suma, el Visitador anotaba que el patrón sólo cumplía en parte con el Código del Trabajo, manifestando que los escasos salarios y las pocas facilidades que se les otorgaba se expresaba «en los rostros de todos los inquilinos muestras de descontento, angustia y miseria»⁸³.

Las denuncias sobre los bajos salarios y sobre los abusos en relación a los precios de compra-venta de productos y mercaderías en las haciendas, eran pan cotidiano en la década de 1930. Como ejemplo, en la prensa de Talca se denunciaba que en el fundo «San Pedro» de Molina (departamento de Lontué) la comida de los trabajadores no era ni para perros, intragable, que los sueldos eran de $2.50 al día, suma con que los inquilinos, con 4 y 5 hijos, no alcanzaban a alimentar a su familia; las mujeres ganaban $1.80 diarios y los afuerinos $3 y $3.50. A los inquilinos que recién habían hecho sus cosechas, el patrón se las compraba en dinero a razón de $1.45 el qq. de porotos y se los vendía después a $1.80 el qq. ; el maíz se les pagaba a razón de $45 el qq. y se les vendía luego a $60; mientras en el almacén patronal se les recargaba «30 ctv. por el kilo de azúcar y les roba 8 decagramos y así en todas las mercaderías que hay en este negocio»⁸⁴.

En algunas haciendas y fundos solían trabajar también los niños campesinos, sustrayéndose a la escuela y soportando largas jornadas que sus cuerpos débiles resentían. Era lo que ocurría en el extenso fundo «Santa Inés» de la Beneficencia, ubicado en Melipilla, donde trabajaban 100 trabajadores campesinos que habitaban en chozas de paja llovidas por la lluvia y donde «más de 60 menores de quince años, entre los cuales hay algunos que no han llegado a los nueve, trabajan en los campos, arrancando malezas y realizando una faena que a los adultos se les paga a $3, por la cual ellos obtienen no más de $1,20», realizando jornadas de más de 10 horas diarias⁸⁵.

Una de las denuncias reiteradas que se hace en la época a través de la prensa, se refiere a la «vivienda» campesina. En su Informe de Visita al fundo «El Carmen» de Colchagua, el inspector Vial visitó las habitaciones de los inquilinos y «pude comprobar, dice, que ellas no solo eran anti-higiénicas e inadecuadas, sino que en ellas hacían vivienda común los obreros y sus familias con las aves y hasta chanchos y (…) se encontraban con barro y estiércol debido a la mala techumbre y a que el piso de las piezas se encontraba a un nivel más bajo que el del patio. (…) la familia del inquilino vivía en una promiscuidad inconveniente de padres e hijos»⁸⁶. Esta descripción, que habla de hacinamiento, miseria, humedad y promiscuidad, son imágenes que se repiten en las denuncias sobre las condiciones de la «vivienda» campesina, una de cuyas dramáticas expresiones eran los «burros parados» del fundo «El Radal», como se muestra en la carta y dibujos de Tegualda.

Al respecto, en Longaví, Linares, se daba cuenta de la miseria de la habitación campesina en la Hacienda La Quinta, que reunía a los fundos «Esperanza», «San José», «Santa Amalia» y Macul», abarcando más de 144.000 cuadras, cuya propietaria solo cultivaba 3.000. Miseria de las chozas llovidas de los 700 campesinos que allí trabajaban, en violento contraste con la gran mansión construida por su dueña, donde pasaba solo dos o tres meses al año. La pobreza y la mala alimentación entre la gente del campo se manifestaba en sus cuerpos a través de la tuberculosis que hacía muchas víctimas entre ellos. Esta miseria había sido el motor que había llevado a sus trabajadores a formar sindicato: «ellos por fin se han convencido de que la unión hace la fuerza»⁸⁷.

Los diputados de izquierda –especialmente el diputado socialista Emilio Zapata Díaz–, reiteradamente denunciaban las malas condiciones de vida del campesinado ante la Cámara, solicitando a menudo por oficio al ministro del Trabajo realizar visitas inspectivas a los predios cuestionados. Así, con prontitud y por orden superior, se trasladó en auto al fundo «La Cé» el inspector del Trabajo de Talagante, en compañía de Pedro Saravia, presidente del Sindicato Agrícola de ese predio, arrendado por un señor Alfaro, con el fin de verificar el estado de las viviendas de los trabajadores, cuyas malas condiciones habían sido denunciadas en la Cámara por el diputado Zapata. El inspector Luis Bahamondes visitó las 44 casas del fundo, constatando que éstas se encontraban «en estado lamentable», no pudiendo ni siquiera ser refaccionadas, «por cuanto estas están afirmadas por horcones, su cielo es de totora y el piso es nada más que tierra, acarreando graves enfermedades a los niños». Bahamonde denunciaba, asimismo, que los trabajadores del fundo estaban bebiendo agua de acequia⁸⁸.

Motivo de reiterados reclamos y demandas en los Pliegos de Peticiones que se presentaron en el período que estudiamos era la alimentación de los trabajadores campesinos, la que consistía en un solo y mismo plato día tras día, semana tras semana, mes a mes: el plato de porotos con grasa, acompañado de una «galleta», que, a menudo, combinaba el trigo con otras harinas de mala calidad y sabor. Ninguna variación, ninguna verdura, ninguna fruta. Se denunciaba la desnutrición en los campos y que, en algunos fundos, como en «Santa Inés» de Melipilla, propiedad de la Beneficencia, se echaba los porotos a los trabajadores en un tarro parafinero, debiendo comer varios del mismo tarro y sentados en el suelo…⁸⁹.

La prensa no solo sacaba a la luz las noticias acerca de la situación puntual que vivía el campesinado, sino que, a menudo, adoptaba la forma de una denuncia activa, es decir, operaba a través de una «observación por dentro», a través de emisarios y corresponsales ocultos que penetraban en las haciendas y vivían la situación de los campesinos, para luego hacer la denuncia desde dicha experiencia vivida en carne propia. Es el caso de varios artículos escritos, por ejemplo, en el diario La Hora por «Juan Mirón». El autor, que dice haber vivido en el campo algunos meses, se dirige en sus artículos al ministro del Trabajo, aclarándole cuáles son las causas de la precaria situación de los obreros agrícolas. Hace una descripción de la situación de los inquilinos y afuerinos: el «inquilino de obligación entera» debía prestar servicio al terrateniente, recibiendo como pago $0.60, tres galletas, un pan negro, una «casa», talaje para seis animales, una cuadra de tierra para sembrar trigo y una chacarería. La «obligación del inquilino» era llevar y pagar a un trabajador haciendo ciertas obras de cosecha y proporcionar un hombre con caballo cada vez que la hacienda lo requiriese. Los «inquilinos de media obligación» cumplían y se beneficiaban de la mitad de lo anterior, con un salario de $0.40. La casa era «un pobre rancho de paja y barro formado por dos cuartos y una cocina», dice don Mirón, y agrega que las tierras para cosecha y talaje eran malas, que se daban «en campos llenos de troncos y zarzamoras, generalmente sin agua». Al contrario, le daban buena tierra para chacarería: «porque después que el inquilino cumplía la obligación de levantar el terreno, éste quedaba barbechado para la próxima siembra de trigo de la hacienda». Por otro lado, «nunca se les da carne de vacuno y una vez que hubo que sacrificar un novillo quebrado, éste fue comido a escondidas a orillas de un río, muy lejos de las casas del rico»⁹⁰. A los «afuerinos» el patrón sólo les pagaba un jornal diario y alimentación que era la misma que se le daba a un inquilino: 3 o 2 galletas de pan y medio litro de frijoles. Los «afuerinos», llamados a veces «trateros» (trabajo a trato), debían buscar alojamiento por su cuenta, deambulando de campo en campo, a veces con sus familias. A menudo era el propio inquilino el que los contrataba y los alojaba. Ganaban entre $1 y $2 diarios. Finalmente, don Mirón llama al ministro del Trabajo a preocuparse de la situación laboral que afectaba a 200.000 afuerinos chilenos⁹¹.

Además de la miseria, muchos campesinos arriesgaban su vida si caían en alguna detención por acusación de algún robo del que, por lo general, no había comprobación. Los carabineros de las localidades acudían al llamado de los patrones para detener a algún campesino o trabajador agrícola, el que quedaba en manos de autoridades policiales a menudo inescrupulosas y torturantes:

«No puedo describir la escena brutal cuando carabineros me ataron las muñecas y colocándome alambres por detrás de las manos, me colgaron de un árbol, azotándome cada cinco minutos. Hace algunos años carabineros de este mismo retén asesinaron a mi padre. Fue encarcelado uno de ellos, seguramente el culpable. Después de esa época mi hermano y yo hemos sido víctimas de represalias y persecuciones de parte de estos indignos miembros del cuerpo de carabineros. El día sábado después del 18 de septiembre último fui detenido por orden de Santiago Herrera (administrador de la hacienda) a raíz de haber desaparecido una rastra de clavos. Fui llevado al retén y allí se me sometió a trabajos y torturas que ustedes y el Ministerio del Interior ya conocen. Cuando los representantes de la autoridad comprobaron que mis manos habían quedado inutilizadas, me pusieron un cordel a la cintura y me echaron a un pozo de agua, pero ya era tarde, pues mis brazos no volvieron a recuperar su movimiento… me amenazaron, me dijeron que si hablaba me matarían como a un perro…calladamente me dirigí al hospital de Melipilla…»⁹². El campesino de Alhué que daba su testimonio tenía 20 años.

No solo en los fundos y haciendas de propiedad privada pertenecientes a familias terratenientes chilenas los trabajadores campesinos vivían y trabajaban en muy malas condiciones, sino que ello también ocurría en predios que pertenecían al Fisco, especialmente a la Beneficencia Pública: fundos entregados a administradores muy explotadores, según las reiteradas denuncias de los dirigentes políticos de izquierda. En dichos fundos, denunciaba el diputado comunista Juan Chacón, «que deberían ser modelos de respeto a las leyes, protección a los obreros y cuidado del elemento humano, no ocurre nada de esto sino que, por el contrario, se hace todo lo posible por ahondar más las luchas sociales con la explotación despiadada del trabajador»; que allí se producían despidos arbitrarios de trabajadores e inquilinos, especialmente por causa de haberse éstos sindicalizado (fundos «Coirón» y «Tranquillas»), dando trato a «correazos» a inquilinos (fundo «El Tambo»), percibiendo salarios bajos que no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas de la familia campesina, la que mal habitaba en pésimas viviendas (salvo algunas escasas nuevas construcciones), recibiendo la misma mala alimentación consistente en porotos y galletas, con una alta incidencia de tuberculosis y raquitismo y alta mortalidad infantil, fruto y expresión de las malas condiciones de vida y alimentación del campesinado en dichos fundos de la Beneficencia Pública⁹³.

A pesar de la inclusión que el Código del Trabajo hizo de los trabajadores agrícolas, estableciendo deberes laborales y obligaciones patronales destinadas a generar un mejoramiento en las condiciones de trabajo y vida del campesinado chileno, la documentación es reiterativa en denunciar las críticas condiciones de vida, de habitación y de trabajo de los campesinos, acomodando los patrones las exigencias de la ley a los intereses propios de su empresa agrícola. Era común, por ejemplo, que los patrones no tuviesen los libros o registros a que obligaba el Código del Trabajo y sucedía que los contratos de trabajo, como veremos más adelante, quedaban inscritos en «Reglamentos Internos de Fundo» especiales que elaboraba cada patrón, los que, por lo general, regían el trabajo según exigencias propias y «especiales» del fundo o hacienda, como era el caso de las horas de trabajo, manteniéndose la jornada «de sol a sol».

Las denuncias de las malas condiciones de vida del campesinado no solo aparecen como desesperadas voces grabadas en la prensa de izquierda, sino también era motivo de publicaciones médicas y estadísticas chilenas y extranjeras. Los galenos no podían quedar ciegos y sordos ante la situación del pueblo y del campesinado que pasaba hambre y vivía en pocilgas en completo abandono y miseria, constituyendo una categoría de «verdaderos subhombres» a quienes se les negaba «el derecho a vivir». Dicha negación de vida era fruto de «salarios de hambre» y de la orfandad de los trabajadores agrícolas respecto de toda protección estatal: «La medicina, la instrucción y la cultura no han podido penetrar las bastillas de los latifundios», planteaban los médicos. El concepto de subhombres formaba parte del lenguaje de la biopolítica de la época y por el cual los galenos se referían a seres que, dada su degradación económica, física y cultural, no alcanzaban el status de «seres humanos». La causa de esta subhumanidad residía en factores socioeconómicos. A juicio del criterio médico, ello era producto, básicamente, de la alta concentración de la propiedad de la tierra en Chile («586 familias controlan el 61% de la tierra, trabajando solo una parte pequeña de ella»). Los galenos y las estadísticas no se quedaban en el diagnóstico, sino que indicaban el camino a seguir para Chile y los pueblos indo-americanos: «Terminar con el latifundio, subdividir la tierra, fomentar la propiedad familiar, proteger decididamente por el Estado al pequeño agricultor y dar condiciones de hombre a los inquilinos y campesinos que en ella trabajan». La economía agraria debía ser una «economía controlada», puesta al servicio de la colectividad y del bien común; solo así el pueblo podría nutrirse y elevar sus defensas biológicas contra la enfermedad y la muerte. «Chile vive horas trágicas en su historia y nosotros los médicos, en la hora presente, tenemos que marchar junto a todo un pueblo que busca su liberación al luchar contra el imperialismo y las formas coloniales de la explotación de la tierra»⁹⁴.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) alardeaba de las favorables condiciones en que vivían en Chile los trabajadores e inquilinos y de sus numerosas regalías. Sin embargo, algunos terratenientes abogaron, hacia los años de 1940, por la entrega de algunos beneficios y porque los agricultores mejoraran las condiciones de vida de sus trabajadores, especialmente en el plano de la alimentación del binomio madre-niño, como respuesta positiva a la presión que surgía desde todos los flancos. Respecto de estos beneficios, un informe del año 1940 relativo al fundo «Las Mercedes» de Longaví en Linares –tomado como modalidad, ya que «en general las condiciones en que se trabaja son más o menos las mismas que existen en los demás fundos de la región»– señalaba que: a) el fundo repartía aproximadamente 25 litros de leche al día a los niños enfermos o madres con guagua; b) Los inquilinos y obreros obligados que no poseían bueyes para su trabajo, los obtenían del fundo, por lo cual pagan 250 kg. de frejoles en la cosecha; c) La ración de tierra que se daba a los inquilinos era para chacra; no se daba ración para trigo; d) Los inquilinos que tenían familia obtenían una ración de tierra para chacra de 1 ½ cuadra y estaban obligados con 2 trabajadores; e) Los inquilinos de «obligación entera» tenían talaje para cuatro animales y los de ½ obligación para dos animales⁹⁵. El informe anterior muestra que, si bien se trata, en este caso, de patrones conscientes de la necesidad de «leche» de las familias campesinas, repartiendo también medicinas cuando se enfermaban, las condiciones de trabajo y vida de los campesinos eran difíciles, con recursos estrechos, puesto que escaseaba el talaje para animales, debían pagar caro por el uso de animales de trabajo, no podían sembrar trigo, por lo que debían comprarlo, y los inquilinos estaban obligados a poner dos trabajadores, lo que necesariamente mermaba notablemente sus ingresos.

Los trabajadores agrícolas sufrían, además, gran cantidad de accidentes del trabajo⁹⁶, arriesgando su permanencia en los fundos y haciendas cuando se fracturaban o lesionaban gravemente, como fue el caso del obrero del fundo «El Vergel» de Rengo, Daniel Leiva, quien se encontraba hospitalizado y muy «afligido», ya que el «patrón le exige que dejen la vivienda en la que están cobijados su mujer y sus cinco hijos menores de 12, 10, 8, 6 y 2 años», siendo que se había accidentado desempeñando sus funciones, circunstancia en que un caballo «lo arrastró fracturándole la pierna; no encuentra sea justo le dejen ahora la familia sin tener donde estar y que él desde su lecho no puede valerse…»⁹⁷.

Al ritmo, principalmente, de las luchas, las demandas, los Pliegos de Peticiones, así como también debido a la carestía de la vida y la participación en algunos de los beneficios del Código del Trabajo y de la previsión social (vacaciones, libreta de seguro), los salarios campesinos, durante el período que estudiamos, fueron subiendo –nunca al ritmo de la inflación– llegando hasta cerca $8 y $10 diarios en algunos fundos de la zona central, como lo revela este documento, escrito en términos de denuncia:

Desde hace dos años, este señor sub arrienda el fundo San Ramón. No ha reconocido las vacaciones a 7 campesinos que han trabajado más de año y medio en el fundo. Les tiene, además, retenida las libretas. A uno, que sufrió un accidente no se las pasó, por lo tanto no ha podido realizarse ningún tratamiento. Trata en forma violenta y agresiva a los campesinos y les paga $8 diarios y medio kilo de pan, pero sin derecho de recoger leña en el fundo. En los demás fundos de la zona, pagan $10 diarios como mínimo, más desayuno con galletas a la once y otra a la comida, aparte del litro de leche todos los días. Los inquilinos han hecho la denuncia a la Inspección del Trabajo, que ya hizo una visita y esperan que se resuelva su reclamo y se les pague su salario, se les devuelva sus tarjetas y se les den contratos⁹⁸.

En el norte, en la comuna de Salamanca, Illapel, hacia el año 1943 los trabajadores agrícolas estaban ganando $7 al día por el trabajo de sol a sol, lo que se consideraba una «miseria»⁹⁹. No obstante este mejoramiento de los salarios del campo, en muchas partes se mantuvieron estancados. Se denunciaba que en Coquimbo los campesinos ganaban entre $1 y $2,50 diarios por la ancestral jornada de sol a sol, cuestión que también ocurría en algunos fundos de Santiago (como era el caso de la Hacienda Boca-Lemu), mientras los patrones presionaban a los inquilinos por mayor fuerza de trabajo (dos trabajadores pagados por el mismo inquilino), además de la fuerza de trabajo de toda su familia¹⁰⁰. En Molina, los inquilinos de los fundos «Fuente de Agua» y «Las Trancas» (propietario Alejandro Gren) denunciaban que el fundo, de 14.000 hectáreas, sólo producía 60 hectáreas y que ganaban $2 al día y vivían en casas «veinte veces más malas que los corrales de los animales del patrón»¹⁰¹. En el sur, en la zona de la Araucanía (Arauco y Lebu) se denunciaba que, aún en 1943, los inquilinos y obreros agrícolas percibían un salario de $1,2 y $3, respectivamente, por jornada diaria de trabajo de sol a sol, lo que la prensa de izquierda calificaba como «la explotación más vergonzosa que existe en la agricultura»¹⁰². Es decir, resulta muy difícil establecer una tendencia (aún cuando muchos P/p han conseguido alzas), dependiendo cada situación de los patrones, libres de hacer y deshacer en sus propiedades.

Respecto de la situación de medieros y arrendatarios de tierras, la situación que vivían en la época era bastante angustiosa, dependiendo absolutamente de la autoritaria y oscilante voluntad patronal de entregar tierra en mediería y en condiciones siempre difíciles de sobrellevar y de costear por dichos medieros y arrendatarios, quienes eran, por lo general, humildes campesinos vecinos al terrateniente que se estaban jugando día a día su supervivencia y, por ende, su «libertad». Se denunciaba, al respecto, que en San Clemente y Molina (1937), «los arriendos por cuadra ya llegan a $1.300 adelantados por así exigirlo el terrateniente de los alrededores», mientras en algunas partes las tierras en arriendo se estaban rematando a $1.500 la cuadra, lo cual imposibilitaba el acceso a ellas a los campesinos arrendatarios, quienes debían, además, contar con bueyes, enseres y semillas. Se decía que ese año 1937 ya no habría tierras para arrendar en la zona «pues esta es la mejor manera de aniquilar a los medieros y arrendatarios de tierras hasta reducirlos al triste papel de simples trabajadores del campo, con salarios de $1.20 al día y una ración de porotos viejos con grasa, acompañados de una galleta de afrechillo…»¹⁰³.

En suma, a pesar de algunos logros que se alcanzaron al calor de las luchas, las demandas y la fuerza de la historia, las precarias condiciones de vida y las arbitrarias relaciones laborales en los campos de Chile se mantuvieron durante el período en estudio, prolongándose hasta la década de 1960. Un detallado informe sobre la situación del inquilinaje en San Vicente de Tagua Tagua realizado por el Departamento de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura a fines de los años sesenta, resaltaba la pobreza de este grupo con ingresos «extremadamente bajos», habitando malas viviendas, mal alimentados y muchos en condición de analfabetos: un 40%. Aún en esa década de 1960, el «80% de los inquilinos no tenía contratos de trabajo», el 74% habitaba «viviendas inadecuadas», mientras el «75% no gozaba de feriado», siendo notorio la «falta de horizontes» del campesinado chileno: ‘Aquí no se arriba nunca’, ‘uno trabaja para puro sostenerse’, ‘apenas alcanza para comer’, ‘la gente está acostumbrada a vivir siempre apretada’ (…)»¹⁰⁴.