Читать книгу Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947 - María Angélica Illanes Oliva - Страница 17

«Estos latifundistas no nos sacarán vivos, pues no estamos dispuestos a dejarnos arrebatar lo más preciado: el sustento de nuestros hijos y de nuestras mujeres»¹⁷². Así lo afirman en su carta dirigida al presidente de la República, Arturo Alessandri (enero de 1936), un grupo de 70 colonos, en la que le piden amparo y título definitivo a sus más de 8.000 hectáreas. En ella denuncian los conflictos con colonos alemanes y chilenos como Osvaldo Biewar, Víctor Menguer, Augusto Grob y Rubustiano Hidalgo, quienes los arrancaban de sus tierras acompañados de carabineros y de un supuesto inspector del Trabajo.

Era un día del caluroso verano de 1936 cuando esta carta de los colonos violentados por los propietarios de Valdivia aparece en la prensa capitalina: el periódico La Hora le da espacio bajo el titular «450 campesinos radicados en la provincia de Valdivia piden amparo del Gobierno». Se trataba de más de 450 personas entre 5 a 40 años que allí vivían y que estaban constituidos en Cooperativa, decía la carta, quienes habían invertido mucho dinero en esas tierras. El periódico contactó al diputado José Vega. quien, como parte de una Comisión Investigadora de la Cámara, había acudido al lugar de los hechos y se había entrevistado con los campesinos de la zona. Allí los colonos le habían dicho a Vega que el carabinero Armando Mandujano, con un documento del gobernador de La Unión, había acudido a comunicarles «que tenían que dejar las tierras por ellos cultivadas porque eran comunistas». Denunciaba el diputado Vega que existía un comando de carabineros que estaba en la hacienda del propietario terrateniente vecino, Augusto Grob, y que desde allí, embriagados, salían a golpear a los campesinos, obligándolos a firmar contratos de trabajos para que quedasen como simples inquilinos y perdiesen sus derechos a la tierra. El diputado Vega había podido evidenciar por sí mismo, el día 11 de enero, cómo un grupo de colonos fue golpeado por carabineros: «tenían la cabeza rota y el cuerpo machucado»; que carabineros, mandados por Grob, ni siquiera permitía que levantasen su cosecha, afirmó el diputado, asegurando que habían castigado al joven que permitió el paso de la Comisión Investigadora al lugar de los hechos, deteniéndolo en el calabozo instalado en la misma casa del señor Grob. Ante el escándalo de los hechos de violencia presenciados, el diputado Vega se había comprometido no sólo a conversar con el Presidente de la República, sino que «en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados haré una relación de los hechos para que se tomen medidas a fin de evitar la continuación de este despojo de tierras que tiene idénticas características del ocurrido en Lonquimay el año 1934»¹⁷³.

¿Quiénes eran y dónde habitaban estos colonos que en 1936 eran gravemente violentados por sus vecinos, grandes terratenientes y empresarios de la zona sur?

A orillas del lago Puyehue, a unos 80 kms. de la localidad de Río Bueno en el sur valdiviano-osornino de Chile, se encontraba el fundo Mantilhue de unas 8.000 hectáreas, ocupado hacía más de 30 años –desde principios de siglo xx– por más de 80 familias que hacían en total una población de más de 400 habitantes. En el entendido de que esas tierras eran fiscales las habían ocupado dichas familias, habiéndose discutido durante los últimos 30 años el dominio de esas tierras en los estrados judiciales…. Así expuso el drama de Mantilhue el diputado socialista Casanova, quien fue interrumpido por ruidosos comentarios en la sala del Congreso por parte de quienes buscaban obstaculizar la denuncia, lo que obligaba al Presidente de la Cámara a mandar guardar reiteradamente silencio.

Detrás de este juicio estaba un grupo de latifundistas de esta zona que reclamaban el dominio sobre Mantilhue, entre ellos Robustiano Hidalgo y Augusto Grob, «dueño en esa zona de 114 fundos, adquiridos en la misma forma que pretende adquirir el fundo Mantilhue», afirmaba Casanova, provocando mayores ruidos en la sala. El diputado informaba que dichos latifundistas no podrían obtener el disputado Mantilhue por la vía legal, ya que «no contaban con uno de los requisitos exigidos por el D.L. N°. 1600: el requisito de la ocupación material»¹⁷⁴. Por el contrario, las 80 familias, afirmaba el diputado, sí habían «ocupado a nombre propio esas tierras, las han cultivado y han constituido allí pequeñas parcelas», hecho que les daba plena validez legal al dominio sobre Mantilhue. Ante esta situación, los latifundistas nombrados habrían optado por valerse de «medios torcidos para lanzar a esos ocupantes», aseguró Casanova: el comisario de Carabineros de La Unión, acompañado de cuatro subalternos, «se apersonó al fundo Mantilhue y procedió a allanar las casas de esta gente, sin exhibir ninguna orden», supuestamente con el fin de «establecer si en Mantilhue existían o no células comunistas, si se estaba allí atentando contra la seguridad interior del Estado, allí, a 80 km. de la ciudad más próxima, allí, en una cordillera aislada...»¹⁷⁵. El diputado expresaba, irónicamente, el absurdo de la presunción política que pretendía justificar el allanamiento realizado, amedrentando a los colonos.

Casanova relató a la Cámara que él mismo había acudido a hablar, de modo cordial, con el carabinero que había protagonizado el allanamiento, quien le había asegurado que había sido enviado por el gobernador para abrir un camino público, el que jamás había existido; que allí solo había un camino interno, privado, por el cual se comunicaba el fundo Mantilhue con el fundo Arrayán, de propiedad de Grob, a través del cual, aseguraba el diputado, éste pretendía hacer entrar gente a Mantilhue como acto de ocupación, así como inculpar a los de Mantilhue por hurto o robo de animales...

Yo me imaginé que terminaban aquí los abusos; no fue así: el 14 del mes actual (14 de enero de 1936) llegó hasta mi oficina el ciudadano Juan Rojas, uno de los ocupantes del fundo Mantilhue. En su voz, en su físico, en todo su aspecto se notaba haber sufrido un enorme castigo, una flagelación bárbara; así lo entendió toda la gente que estaba en mi oficina; y este ciudadano que llegaba hasta mi oficina en esas condiciones me informó que tuvo que valerse de mil recursos para poder salir del fundo, porque los carabineros acababan de flagelarlo y no dejaban que nadie entrara ni saliera de ese fundo, a fin de evitar que se denunciara ese abuso¹⁷⁶.

El campesino Juan Rojas, flagelado, hecho presente en la oficina provincial de un diputado de la República como cuerpo de prueba de la violencia de carabineros, del gobernador, de Grob, fue un grito de alarma que despertó la solidaridad de los trabajadores de las comarcas y provincias aledañas. Los obreros de Valdivia, de Temuco y de Osorno se movilizaron y formaron una «delegación obrera» que se apersonó en la oficina del diputado en demostración de solidaridad con los campesinos abusados. Resolvieron presentarse al terreno mismo de los hechos para inquirir acerca de la situación de los colonos de Mantilhue y de la flagelación de Rojas, previo anuncio de su viaje por parte del diputado al gobernador de La Unión.

Y, pásmese la Honorable Cámara: esa noche, al llegar al fundo, hemos sido recibidos a balazos por los cuatro carabineros más un grupo de inquilinos del fundo del Sr. Grob. Hemos sido perseguidos como se persigue a los delincuentes, o como se persigue a las liebres a través de las pampas; y sólo la sombra de la noche pudo evitar que algunos de los acompañantes cayeran bajo las balas homicidas de los carabineros. / Este es un hecho que yo he presenciado, de manera que si alguna vez en esta Honorable Cámara algún honorable Diputado ha tenido el subterfugio de decir que aquí se traen hechos que no constan a los honorables Diputados, ahora ella está frente a un caso que me consta a mí mismo¹⁷⁷.

(...) para evitar ser atacados en forma inhumana por esos hombres, hemos eludido los caminos, debiendo internarnos en las montañas y estar casi toda la noche sin poder salir de ella. Por fin, después de muchas horas, nos hemos encontrado con los ocupantes de Mantilhue; había en la cara de esa gente, en su manera de obrar, todas las manifestaciones de que está atemorizada por las amenazas, por el castigo, por un régimen de terror¹⁷⁸.

Después del allanamiento del comandante Mandujano al fundo Mantilhue y no satisfecho con el retén de carabineros de Chinchín existente a 2 kilómetros, el Sr. Grob instaló en su fundo El Arrayán (o Hijuelas) un retén de Carabineros «al que se han destinado en ocasiones 12 carabineros provistos hasta de fusiles ametralladoras», con el pretexto de proteger su propiedad «porque decía que se habían formado células comunistas»¹⁷⁹, dedicándose dicha fuerza policial a perseguir y flagelar a los colonos, quienes, a partir de ese momento, habían tenido que abandonar sus casas y dispersarse por la montaña.

La llegada de la comitiva solidaria fue, pues, un motivo de «júbilo» para los colonos de Mantilhue, reuniéndose en una choza, narrando el terror que estaban viviendo, mostrando sus cuerpos flagelados, sus casas abandonadas…¹⁸⁰. Actos a los que se sumaban los permanentes allanamientos a las casas, destruyendo cercos y sementeras, derribando puertas, atropellando a los que habían quedado, las mujeres y los niños, obligando a ancianos y enfermos a levantarse, registrando camas, robando el dinero que encontraban, destrozando muebles, persiguiéndoles en su huida al monte...¹⁸¹.

¿Cuál era el objetivo inmediato de la escalada de terror, allanamientos, persecuciones y flagelaciones a los colonos de Mantilhue dirigida por el latifundista Grob y llevada a cabo desde el «retén privado» de fuerza pública instalada en sus dominios? Como lo expresan y evidencian los denunciantes: el objetivo de Grob era la extensión de su propiedad Arrayán hacia las tierras aledañas de Mantilhue. La vía del juicio legal para obtener título de dominio había fracasado para Grob, por lo que la violencia había sido su recurso; no obstante, ella no era suficiente para producir el reconocimiento legal de dominio.

¿Cómo pasar de la ilegalidad de la violencia a la legalidad del título como estrategia de apropiación-expropiación de tierras por parte de latifundistas como Grob en la tercera década del siglo xx en Chile? La lógica de esta contradicción puesta en movimiento en la zona sur de Chile, es expuesta por el diputado denunciante en la Cámara de Diputados de la República:

Los carabineros han notificado a esos ocupantes que no pueden sacar nada de sus sementeras, ni de la montaña; no pueden cortar leña, ni hacer carbón, ni sacar la cáscara a los ulmos o lingues porque ese fundo –dicen esos carabineros- está destinado para beneficio exclusivo del ‘patrón’. Para que esta gente pueda, entonces, comer, ganar la subsistencia de su familia, se verá obligada a firmar el contrato de inquilinaje, con los cuales tarde o temprano se les despojará de sus tierras. O bien esos pobladores, para escapar de la muerte, de los castigos de carabineros, para escapar su familia de una muerte por inanición, por hambre, tendrán que abandonar el fundo o robar y asesinar¹⁸².

Esta forma de usurpación de tierras por la vía de la inquilinización estaba siendo un mecanismo recurrente en la época, según lo que se puede constatar por algunos casos denunciados en la prensa. En este mismo sentido fue lo ocurrido a José Aicón y sus familiares, caso que muestra otras facetas de este mismo fenómeno. José María Aicón vivía en propiedad heredada de sus antepasados en «Maule Esperanza», comuna de Fresia, provincia de Llanquihue, tierras que se extendían desde el río Maule Esperanza hasta el Pacífico, las que trabajaba junto a decenas de familias mapuche. «Sólo un pequeño río separaba la propiedad de Aicón de la de un latifundista, Juan Schwerter, actual propietario de 45.000 hectáreas de terreno, sin título alguno». Un día Schwerter ofreció y transó con Aicón talaje para los animales de éste, a cambio de la ordeña de sus vacas, pacto verbal que el alemán transformó en un contrato escrito que hizo firmar al analfabeto Aicón con el estampado de su huella. Pero el documento escrito por Schwerter no era sino un acto fraudulento, en el cual se estipulaba que Aicón era sólo un inquilino de Schwerter, quien era el «propietario de todas las tierras de Maule Esperanza». Con este documento Schwerter se habría presentado ante el Tribunal del Trabajo de Puerto Montt, «solicitando la fuerza pública para arrojar a Aicón y a los demás indígenas de ‘sus propiedades’; tribunal que falló a favor de Schwerter, arrojando a la desesperación y al hambre a decenas de familias indígenas»¹⁸³.

Como se sabe, desde tiempos de la colonia, el sistema de inquilinaje había consistido en un pacto entre un sin-tierra y un hacendado que se ha hecho de ella por las diversas vías de la conquista-y-coloniaje. Este pacto consistía en una suerte de contrato de «ocupación», por parte del sin-tierra, de una porción de la tierra del hacendado; ocupación con la cual el propietario obtenía, a menudo, el beneficio de un arrendamiento de dicha porción (en productos generalmente y, más tarde, en trabajo) y, principalmente, le servía como resguardo de los límites de su propiedad, tomando el inquilino la función de «marca de propiedad», especialmente por su ubicación en los lejanos lindes de la misma. De este modo, el inquilinaje se usó históricamente para afianzar y asegurar la consolidación de la propiedad latifundista de la tierra. Mario Góngora consigna que en la época colonial, adoptan, asimismo, este nombre de «inquilinos» indígenas que, habiendo perdido sus tierras en el proceso de la conquista-colonia, logran permanecer habitando dichas tierras sin tener derecho legal a ellas. Al inquilinizarse, estos indígenas firmaban la pérdida de su tierra¹⁸⁴.

El recurso al contrato de inquilinaje por parte de Augusto Grob, Juan Schwerter y otros propietarios de la época en estudio tiene este doble objetivo, de constituirse en una marca de ocupación, la que también sirve de «vía de apropiación legal» de las tierras de los campesinos y mapuche y, en consecuencia, como vía de su despojo de la propiedad de su tierra y su consiguiente seudo proletarización.

El problema de la usurpación violenta de tierras por parte de los mayores propietarios respecto de los colonos chilenos u ocupantes campesinos y mapuche era desde la república, como se sabe, pan cotidiano en la Araucanía y Sur Austral, donde «convivía» malamente la gran propiedad privada por un lado y, por otra parte, la propiedad mapuche y la propiedad fiscal ocupada con campesinos colonos legitimados por la ley, aunque no titulados. Esta situación había hecho de la cuestión de la propiedad de la tierra un conflicto permanente, una lucha civil ampliada, prolongación de la Conquista, consistente en la presión expansiva ejercida por los grandes propietarios tanto sobre los terrenos fiscales ocupados por campesinos libres, como sobre los terrenos de comunidades y familias mapuche.

Si el problema de la usurpación de tierras como vía para la constitución de la propiedad privada en Chile no era algo nuevo, ¿cuál es la especificidad, novedad o discontinuidad histórica que reconocemos en el caso de Mantilhue y de otros casos semejantes? Para intentar una respuesta, habría que formular una serie de preguntas: ¿Cuáles son los principales actores involucrados en este caso y qué representan? ¿Cuál es la relación que se establece en este momento histórico entre el Estado y los campesinos y el pueblo mapuche en Mantilhue? ¿Cuál es la relación entre la clase política y dichos campesinos y mapuche? ¿Qué rol juega la ideología como herramienta de usurpación? ¿Cuál es el mecanismo factual y «legal» para el intento de usurpación? ¿Cuál es la relación entre el gran-propietario usurpador y el Estado, a nivel local y nacional? ¿Cuáles son las motivaciones de la usurpación dadas a nivel de la lógica económico-social?

Uno de los elementos de discontinuidad que se revelan en el caso Mantilhue y en otros casos de este tiempo como Ranquil, es la presencia operante de la Ley de Colonización de 1927 (que trataremos más adelante), la que sin duda constituye un hecho muy importante, quizás un hito en la historia de la intervención del Estado en la constitución de la propiedad privada en la tierra chilena. Como veremos, a través de dicha ley el Estado incorpora el criterio de la simple «ocupación» por un tiempo determinado como criterio de «propiedad», criterio que buscaba reconocer al ocupante-cultivador chileno de tierras fiscales –figura que correspondía a una gran parte de las familias campesinas del sur-austral de Chile–, así como a proteger a las comunidades mapuche. No obstante, los grandes propietarios históricamente han sabido usar múltiples vías para eludir las leyes que tratan de imponer un límite a su deseo de posesión: a través del recurso del «falso-inquilinaje», pretendían algunos señores poner la ley a su favor, en connivencia con la violencia, el terror y la complicidad de las autoridades locales.

Otro de los factores de discontinuidad que salen a la luz en el caso Mantilhue y que se repetirá en múltiples casos de la época, es el hecho de su denuncia pública, la que no sólo devela los hechos ocurridos en los medios de prensa, sino que adopta la forma de una «denuncia política» que toma el carácter de un «asunto de Estado» al estar involucrados en esta denuncia parlamentarios de la República que la enuncian en el seno del aparato político nacional, el Parlamento. Tanto la prensa de izquierda como también la «bancada parlamentaria de izquierda» asumen, en los años de 1936, clara y tajantemente la tarea de denunciar los atropellos que estaban sufriendo los pequeños campesinos y mapuche por parte de la violenta fuerza expansiva de los grandes propietarios, que se consideraban dueños no solo de lo propio, sino también de las amplias tierras fiscales existentes en el territorio sur desde tiempos de la colonia y de los «tratados» del Estado español con los indígenas, tierras que, como decíamos, habían sido ocupadas por pequeños campesinos o colonos sin tierras y reconocidos (aunque no titulados) por la Ley de Colonización del gobierno del general Ibáñez (1927), las que ahora estaban siendo reclamadas y apropiadas violentamente por los terratenientes del sur, apoyados por las autoridades judiciales y policiales locales.

En este mismo sentido, el caso Mantilhue también revela el hecho nuevo de la búsqueda de protección, por parte de campesinos y mapuches víctimas de la usurpación, en miembros de la clase política parlamentaria que conforman lo que en la época se llamó el «block de izquierda», los que responden con evidente compromiso a dicha demanda de protección, en calidad de sus representantes ante el Estado. Esto muestra la presencia de una relación de mediación política parlamentaria y partidaria entre las víctimas y el Estado, pasando a tomar la forma de un «hecho político» que configura a los propios aparatos partidarios como aparatos de defensa social y que, a través de su acción protectora y de denuncia, impacta y afecta a la sociedad en su conjunto. «En el Congreso Regional de seccionales (del Partido Socialista) de Valdivia y Osorno se discutió el problema de la tierra y se acordó denunciar los lanzamientos y despojos de tierras que se hacen con los campesinos e indígenas de esa provincia e iniciar una campaña pública señalando los casos más concretos como son los de Huiño-Huiño, Tringlo, Mantilhue y Pichi-Ropulli en donde, desconociendo los derechos de los ocupantes, se les tiene a todos ellos ante el peligro inminente de los inicuos lanzamientos»¹⁸⁵. Ese Congreso Regional del PS acordó fundar una Oficina de Defensa del Campesinado y los Indígenas, que estaría atendida por un abogado designado por el comité central de ese partido.

Nosotros, los hombres de Izquierda, hemos luchado con grandes esfuerzos por la constitución definitiva de la propiedad del pequeño colono, de los indios. En más de una ocasión hemos denunciado casos de indios y de pequeños ocupantes que, como estropajos humanos, han sido lanzados al camino público (…) por grandes señores que tienen enormes extensiones de suelos fiscales que ni siquiera conocen. Actualmente pesa una amenaza sobre más de 200 colonos ocupantes de terrenos fiscales en la comuna de Llonquén, del departamento de Valdivia, en los fundos Llonquén, Tranguil, Malihue, Ranquintuleufo, Chanlil, Coñaripe y Pueura. Hace más de 10 años que estos ocupantes poseen materialmente el terreno (…) la que ha de ser otorgada por el Gobierno a quien la ocupa y la cultiva y no a los grandes detentadores, que ni siquiera conocen esas extensiones de tierras. No obstante las activas gestiones realizadas por los ocupantes, no han podido obtener el reconocimiento de sus títulos, pesando sobre ellos la amenaza de un lanzamiento. (…) en Llonquén se efectuó el lanzamiento del indígena José Neihual, hecho ocurrido el 9 de febrero y ejecutado por los carabineros de Panguipulli por orden del Intendente de Valdivia¹⁸⁶.

En el seno y a través de esta mediación política, los derechos amenazados del campesino y mapuche, estaban siendo puestos sobre la mesa de debate nacional por un grupo político identificado en la época como «la izquierda»: grupo que estaba en proceso de constituirse en una fuerza política (Frente Popular) decisiva en la historia del país. Esta fuerza política se sentirá, como veremos, llamada a romper los marcos de la subordinación ancestral en los campos a través de esta acción de mediación política denunciante tanto de las malas condiciones de vida y trabajo de los trabajadores agrícolas apatronados, como de las amenazas a su libertad y propiedad de pequeños campesinos y mapuche. Por su parte, se puede evidenciar que los pequeños campesinos-colonos-ocupantes y mapuche, a través de esta nueva mediación política activa y militante que se está poniendo a su favor en la coyuntura, estaban teniendo la oportunidad histórica de constituirse en un sujeto que enuncia pública y políticamente el rechazo a su victimización y a su desalojo por parte de su vecino, el gran propietario de tierra.

Ante la sombra de esta emergente fuerza política de izquierda frentista, no era de extrañar el recurso de los terratenientes a la acusación de sus vecinos campesinos y mapuche de «comunistas»: acusación que apuntaba, en realidad, al «block de izquierda» que construía hegemonía política en el país. Así, otro de los elementos relevantes que salen a luz en el dramático caso Mantilhue es el recurso a la acusación ideológica o de adscripción política como justificación de los actos del terrateniente y autoridades locales respecto de los campesinos y mapuche. Ello nos muestra que la usurpación de tierras a los ocupantes campesinos y familias mapuche ya no puede ser un acto absolutamente privado y arbitrario, sino que ha de estar sustentado en algún discurso acusatorio de sus víctimas, aunque sea inconsistente o absurdo. Por otra parte, esto nos habla de la construcción en la época de un «delito político»: el «ser-comunista» que actúa transversalmente sobre todos los actos y las relaciones sociales existentes, justificando el uso privado de la fuerza policial en persecución de dichos «delincuentes políticos» campesinos y mapuches a quienes interesa desalojar de sus tierras. Es decir, la violencia usurpadora de tierras se legitima como acto de «limpieza y persecución de comunistas» o como una acción de «policía política» legitimada ante el Estado local, en la cual se hermanan e involucran mutuamente los señores privados y las autoridades locales junto a las policías públicas.

Lo que motiva, en última instancia, el acto de usurpación, es la sed de tierras de los grandes propietarios, los que se construyen como tales en base a un movimiento continuo de apropiación de tierras aledañas y, simultáneamente, de intervención violenta y fraudulenta para producir des/campesinización o «inquilinización/forzada» de algunos usurpados y su consiguiente proletarización, como parte de su propia construcción en cuanto propietario capitalista del medio de producción-tierra.

Este suceso y fenómeno –estructural y configurativo de las relaciones sociales de una sociedad– ocurre, con mayor énfasis, en aquel momento especial que constituyó la postcrisis capitalista de la década de 1930 cuando, bajo el estímulo del alza de los artículos alimenticios básicos, especialmente del trigo, y ante la crisis de la economía minera, manufacturera, industrial, mercantil y financiera, la valorización de la tierra, como medio de producción por excelencia, alcanza su más evidente manifestación.

En efecto, en el peak de la crisis capitalista el año 1932, la agricultura chilena, como todos los demás ámbitos de la economía, se vio severamente afectada, especialmente debido a las restricciones bancarias y el cobro de deudas, a la pérdida de los mercados para los productos agrícolas y a la caída de los precios de los mismos. «Los agricultores que hasta antes de la crisis, como todos en el país, habían llevado una vida fácil y holgada, se vieron obligados a trabajar intensivamente sus campos y a vivir en ellos (…)». Sin embargo, la bonanza llegó pronto: con la quiebra del patrón oro, los productos alimenticios «subieron bastante, llegando a muy buenos precios hasta los años 1936 y 1937. (…) Los agricultores, acostumbrados ya con la crisis a trabajar intensivamente sus terrenos, continuaron en esta forma». Los precios más subidos habían sido los de la carne, la leche y el trigo, siendo objeto de especulación y acaparamiento. Respecto del valor de la propiedad de la tierra, ésta había subido notablemente, lo que se expresó en el aumento de los avalúos y las contribuciones: «el Fisco ha efectuado nuevos avalúos de todas las propiedades; éstas en su mayoría han subido un 50% y en ciertos casos hasta un 120%»¹⁸⁷. El precio del quintal de trigo, según un estudio hecho por una comisión parlamentaria, «no podría exceder de $ 60. Sin embargo, hoy día, la Junta de Exportación Agrícola tiene fijado el precio del quintal de trigo en $110 (…)»¹⁸⁸.

Este es el trasfondo económico de la sed y acción usurpadora de tierras por parte de los terratenientes respecto de sus vecinos campesinos-ocupantes y mapuche que tiene lugar en la postcrisis capitalista: actos de usurpación que si bien eran una práctica ancestral, encuentran en esta coyuntura un especial estímulo activador. No obstante, los tiempos han cambiado, encontrándose los terratenientes con el obstáculo, nada desestimable, de la ley y, especialmente, de la denuncia y la presencia protectora de los partidos, de autoridades políticas y de un nuevo conglomerado político con una importante participación de izquierda, quienes se constituyen en representantes militantes de las víctimas usurpadas.

En efecto, años después de los hechos violentos narrados, en el invierno de 1945 (gobierno del presidente Juan A. Ríos), los campesinos de Mantilhue se dirigen directamente al Ministerio del Interior a través de una carta, solicitándole auxilio al ministro por los abusos que aún cometía el Sr. Grob, quien continuaba hostilizando a los campesinos y había logrado la detención de uno de los dirigentes del Sindicato Agrícola de Mantilhue. Simultáneamente, una delegación de diputados de la gobernante Alianza Democrática se dirigía a conversar con el ministro del Interior para asegurar la protección de estos campesinos amenazados, denunciando que aún no se entregaban títulos de dominio a los campesinos de varios territorios vulnerables como el caso de Mantilhue: El Manzano, Santa Amelia, Ensenada, Pichirropulli, el Budi, entre otros. Por su parte, José Becerra, consejero de la Asociación Nacional de Agricultores –que agrupaba a los pequeños y medianos agricultores desde los años de 1940–, se disponía a entregar al gobierno un Memorial con los acuerdos de dicha Asociación respecto del problema de despojos de tierra que se vivía en el sur de Chile. En suma, los campesinos sin título aún sufrían de cotidianas amenazas de despojo, pero ya no estaban solos ni enmudecidos¹⁸⁹.

Si bien no es nuestra intención aquí hacer una historia de las usurpaciones de tierras en el sur de Chile (lo cual amerita una investigación histórica propia), nos ha interesado presentar en algún detalle el caso Mantilhue como un paradigma que nos permite ver a los actores involucrados, así como la lógica que motiva y opera en estas usurpaciones, tanto desde el punto de vista económico como político y social. Pensamos que esta lógica no sólo actúa en el caso de las usurpaciones de tierras, sino que, a nuestro juicio, también influye en los desalojos de inquilinos (desinquilinización interna) que, como veremos, comenzarán a ocurrir masivamente a partir del triunfo electoral del Frente Popular, en una coyuntura de alza de todos los productos alimenticios agrícolas y, especialmente, del trigo. Fuerzas expulsoras de campesinos se activan por doquier en los campos chilenos al paso de la valorización de la tierra.