Читать книгу Mediación y educación en valores. Hacia una estrategia de Desarrollo Sostenible - María Rosa García Vilardell - Страница 6

En el ámbito de la ONU, desde hace décadas, la UNESCO viene trabajando en la educación para la ciudadanía mundial, con la finalidad de convertirse en factor de transformación. Pese a que el mundo está cada vez más interconectado, –como denuncia desde su sede– la paz y el desarrollo sostenible siguen estando amenazados por las violaciones de los derechos humanos, las desigualdades y la pobreza. La consecución de una educación para la ciudadanía mundial es la respuesta de la UNESCO a este reto, con el propósito de inculcar los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes que los educandos necesiten para poder contribuir a un mundo más inclusivo, justo y pacífico; para que se vuelvan contribuyentes, en una actitud proactiva, de un mundo más pacífico, tolerante, seguro y sostenible.

En el año 2015, concretamente el 25 de septiembre, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales de desarrollo sostenible (ODS), 17 exactamente, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, y los incluyeron en su Agenda para el año 2030. Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Para la consecución de estos objetivos se detallan en cada uno de ellos una serie de metas específicas –169 metas o áreas de acción más concretas, de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y aplicación universal– que debían alcanzarse en los próximos 15 años.

Lógicamente la educación es uno de esos 17 objetivos, concretamente el ODS 4, dirigido a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. En esta dirección, los fines marcados por la Agenda 2030 se suman, a modo de actualización, a los ya definidos por los distintos instrumentos internacionales y también por nuestra Carta Magna.

Efectivamente, nuestro Texto Constitucional configura un modelo de educación que tiene como finalidad el pleno desarrollo individual del sujeto, y también su inserción en sociedad, y más concretamente en una sociedad específica, definida por características muy precisas. Por ello, todo ser humano, independientemente de su edad, raza o condición, por poseer dignidad de persona, tiene un derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, a la libre formación de la propia conciencia, y que se acomode a la cultura y tradiciones del país y, al mismo tiempo, se abra a las relaciones con otros pueblos.

Se hace patente que el respeto a los derechos humanos y a los principios fundamentales que sustentan la convivencia no son un mero límite, sino que deben conformar el marco de acción pedagógico del sistema educativo. Como afirma nuestro TC, el mandato recogido en el art. 27.2 constituye “un parámetro de adecuación de las enseñanzas a nuestra Constitución”.

En la actualidad se percibe de forma más agudizada una cierta violencia en la escuela, y existe la sensación generalizada de que la agresividad se está haciendo cada día más presente, no sólo en el ámbito educativo sino también en el conjunto de la sociedad. La violencia, en todas sus formas, tiene un efecto generalizado en las sociedades. Afecta al desarrollo y el bienestar de los niños, así como a su capacidad para prosperar, debilitando la inclusión social. Del mismo modo, la falta de acceso a la justicia implica que los conflictos quedan sin resolver y que las personas no pueden obtener ni protección ni tampoco reparación por el daño sufrido. La exclusión y la discriminación no solo vulneran los derechos humanos, sino que también causan resentimiento y pueden provocar actos de violencia. La educación es fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas. Los ciudadanos, en general, no deben tener temor a ninguna forma de violencia y tienen que sentirse seguros independientemente de su origen étnico, religión, ideología, sexo, etc.

Tenemos un firme compromiso dirigido a proporcionar una educación de calidad, inclusiva e igualitaria a todos los niveles: enseñanza preescolar, primaria, secundaria y terciaria y formación técnica y profesional, e incluso universitaria. La Agenda 2030 implica y compromete a todos los actores sociales, y no solo a las organizaciones internacionales y gobiernos, por lo que el papel de las instituciones educativas, incluida la educación universitaria, en la transformación hacia una sociedad más justa e inclusiva es fundamental.

Una educación de calidad es parte integral del desarrollo sostenible y un facilitador clave de este. El concepto de desarrollo sostenible ha adquirido un nuevo y más amplio significado, relacionándose ahora con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, con la consecución de la equidad social y, por tanto, con el propósito de construir una sociedad más justa. Desde este prisma, la educación se concibe como formación en valores, como una educación cívica y ética, que busca la formación de una ciudadanía crítica, que sea capaz de analizar los graves problemas de nuestro entorno, y de liderar el cambio social. Y, al mismo tiempo, debe percibirse como una educación holística y transformadora, que aborda no solo el contenido y los resultados, sino también la pedagogía y el entorno de aprendizaje.

Derechos humanos, promoción de una cultura de paz, no violencia, valoración de la diversidad cultural o consolidación de una ciudadanía mundial son términos eminentemente relacionados con el proceso de mediación, y con los objetivos que con él se persiguen. La mediación como mecanismo para la resolución del conflicto, o mejor, como gestión positiva del conflicto, ofrece grandes posibilidades para lograr la formación de ciudadanos respetuosos, dialogantes, buscadores del consenso y capaces, por tanto, de transformar y mejorar la sociedad, y precisamente por ello debería ser parte de la educación, en todos los niveles.

Si bien es cierto, que puede resultar curioso hablar de mediación como algo novedoso –cuando en realidad se trata de un mecanismo de gestión de conflictos que lleva décadas en nuestro tejido social–, por las razones que fuere, parece que no llega a consolidarse como un medio de entender las relaciones humanas a todos los niveles que permita a la persona la gestión de las causas reales de sus problemas, deponiendo cualquier actitud violenta y resolviendo sus conflictos del mejor modo para ella y, por ende, para la sociedad. A ello responden estas páginas, y por tanto la importancia y actualidad de este estudio: consolidar y promover una cultura de mediación, que habilite a las personas a responsabilizarse y contar con capacidades para afrontar y resolver sus conflictos, desacuerdos y problemas, es un instrumento sumamente eficaz para elevar los niveles de respeto y armonía en la convivencia, finalidad totalmente alineada con la Agenda 2030.