Читать книгу Estallido social y una nueva Constitución para Chile - Mario Fernando Garcés Durán - Страница 6

Durante la semana del 14 al 18 de octubre, los estudiantes secundarios llamaron a evadir el pago de los boletos del Metro de Santiago, como una forma de protestar frente a una reciente alza de las tarifas de este importante medio de transporte. «Evadir, no pagar, otra forma de luchar», fue la consigna que cientos de estudiantes coreaban a la entrada de las estaciones de Metro desde el lunes 14 en adelante. El conflicto comenzó a escalar, contando con el apoyo tácito de gran parte de la población, cuando la tarifa del Metro alcanzaba, en horas punta, los 830 pesos chilenos.

Junto a las consignas, los estudiantes ingresaban a las estaciones del Metro y saltaban los torniquetes evadiendo el pago del boleto. El día jueves 17, mientras las estaciones eran custodiadas por carabineros de Fuerzas Especiales, el conflicto se radicalizó con ataques a las instalaciones de algunas estaciones, especialmente los torniquetes.

Pero no fue sino hasta el viernes 18 que el conflicto se expandió y amplificó con manifestaciones en estaciones de alta concurrencia de usuarios,lo que alteró el funcionamiento regular del Metro, que transporta diariamente a aproximadamente 2,8 millones de santiaguinos. Se empezaron a cerrar estaciones y se incrementó la represión en distintos lugares, alterando todo el sistema de transporte en una ciudad de 7 millones de habitantes. Cuando anochecía, la policía se vio aparentemente superada y el gobierno amenazaba a los manifestantes con aplicarles la Ley de Seguridad Interior del Estado y no ofrecía ninguna salida al alza de tarifas. O sea, solo se criminalizaba la protesta, acusando a los manifestantes de «vándalos y criminales». A las 20:30 horas comenzaron a sonar las cacerolas en distintos barrios de Santiago y muchos manifestantes se congregaron a la entrada de varias estaciones del Metro, y con mayor presencia de jóvenes de los barrios populares –de nuestras poblaciones– vino el estallido de la rabia acumulada por unas mayorías que viven cotidianamente la precariedad social y la desigualdad estructural que el neoliberalismo configuró, materializó y naturalizó en la sociedad chilena, desde la dictadura de Pinochet hasta la fecha. Se iniciaron entonces ataques e incendios de algunas estaciones del Metro, más el saqueo de locales comerciales y supermercados. A estas alturas el Metro había suspendido todas sus operaciones en la ciudad y el gobierno se reunió de urgencia en La Moneda, para decretar, pasada la medianoche, el «estado de emergencia», que entregó la mantención del orden público a los militares.

La estrategia del gobierno fue desatinada y tardía en todas sus etapas. El día viernes, cuando el conflicto escalaba, solo ofreció represión, que estimuló aún más la movilización, la cual tomó formas inéditas: el ataque a las estaciones del Metro, que en pocas horas destruyó y provocó incendios de distinta magnitud –los daños suman varios millones de pesos– que dejaron al Metro prácticamente fuera de servicio (aún se evalúan los daños y no se sabe cuánto tiempo tomará la restitución del servicio).

El sábado 19, con estado de emergencia en ejercicio, las manifestaciones tomaron un doble giro: a) junto a la expresión pública del malestar mediante caceroleos y manifestaciones en plazas y grandes avenidas, se multiplicaron los saqueos a supermercados y farmacias; y b) la protesta se extendió a las provincias y se hizo nacional, de norte a sur del país, al menos desde Iquique hasta Punta Arenas, con mayor intensidad en Valparaíso y Concepción, las dos mayores ciudades después de Santiago.

En esta fase de la movilización, aun en desarrollo, el estado de emergencia fue desafiado y desobedecido por la población, al punto de que la noche del sábado se impuso el «toque de queda» en Santiago, Valparaíso y Concepción. Tampoco el toque de queda alcanzó los efectos esperados y las manifestaciones públicas y saqueos continuaron.

Chile vivía entonces, el mayor «estallido social» desde que se recuperó la democracia, es decir en los últimos 30 años, un estallido que nadie podía imaginar o prever, aunque muchos admiten hoy que los síntomas existían y existen desde hace ya bastante tiempo. Como colofón de lo que hemos narrado, el presidente Piñera, en la sucesión de errores y fantasías de su gobierno, declaró, el domingo 20 de octubre al anochecer, que «estábamos en guerra».

Este estallido social, difícil de predecir en su magnitud, nos sorprende en un contexto francamente crítico desde el punto de vista social y político. Simplificando y de manera un poco esquemática: por una parte, desde el gobierno y el Estado, las instituciones viven su peor momento de credibilidad y legitimidad, producto no solo de la corrupción –de la que ya no se salvan ni las Iglesias– sino que además de su abismante distancia e indiferencia para con la sociedad y particularmente con el pueblo. Por otra parte, desde el punto de vista de las clases populares y sus luchas, esta movilización que conduce a un «estallido» se hace sin un convocante central, sin orgánicas conocidas (ni partidos, ni la CUT, ni coordinaciones territoriales), por lo que adquiere un «cierto» carácter espontáneo que hay que matizar, en el sentido de que los estudiantes secundarios y diversos movimientos sociales generaron sus propios procesos de organización y de expresión pública que preceden a este estallido: el movimiento mapuche, desde fines de los noventa; el movimiento estudiantil, secundario y universitario (mochilazo, en 2002; revolución pingüina en 2006; movimiento por la educación pública en 2011); el movimiento «No + AFP»³ desde 2016; el «mayo feminista» de 2018; los diversos movimientos socioambientalistas y de lucha por el «agua y los territorios»; las luchas y huelga de los profesores en 2018, etc. Todas estas luchas tienen un alto valor, pero carecen hasta ahora de instancias de coordinación y unificación suficientes.

No resulta fácil proponer una perspectiva analítica sistemática de lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos días. En primer lugar, porque los sucesos aún están en desarrollo; en segundo lugar, porque la situación desafía nuestras categorías analíticas tradicionales y, en tercer lugar, por las cargas subjetivas que representa para muchos de nosotros –los que vivimos la dictadura– volver a ver a los militares en las calles. Pero aun así es necesario intentarlo.