Читать книгу Empresas en el Conflicto Armado : Aportes a la Construcción de la paz en Colombia - Mary Martin Beth - Страница 46

En el año 2016, el Gobierno colombiano firmó el Acuerdo de Paz con el grupo, hoy desmovilizado, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (en adelante, FARC-EP), que se erigió sobre diferentes obligaciones en seis ámbitos: (a) reforma rural integral, (b) participación política, (c) fin del conflicto, (d) solución al problema de las drogas ilícitas, (e) víctimas y (f) implementación, verificación y refrendación. Dentro de estas obligaciones pactadas se encuentra la reincorporación económica y la normalización de los excombatientes a través de apoyos estatales y de diferentes organizaciones, que en términos teóricos supone materializar la economía solidaria y social.

Este enfoque económico del Acuerdo de Paz se convierte en una novedad histórica de los instrumentos que han tratado de poner fin al conflicto armado colombiano¹, ya que en los diferentes acuerdos con grupos armados ilegales no se prestó tanta atención al desarrollo de procesos de reincorporación socio-económica de excombatientes². Inclusive, el propio lenguaje de estos procesos cambia: por ejemplo, en los acuerdos de la década de 1980, con la ley de amnistía (Ley 35 de 1982) y los Acuerdos de “La Uribe” de 1984, bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) se denominan “procesos de reinserción”³, hasta 1990, cuando se realiza el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y los grupos Movimiento 19 de Abril (M-19), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), entre otras guerrillas regionales, que contribuyeron de forma decisiva a los cambios conseguidos a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de la Constitución Política de 1991^[4].

Posteriormente, en el 2003, con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)⁵ se denomina “procesos de reintegración”, que, de acuerdo con Villarraga, priorizan tres aspectos: (a) los perfiles diferenciados de los desmovilizados; (b) servicios especializados de acompañamiento psicosocial, en salud, educación y condiciones de reintegración; y (c) propender a la regionalización⁶. Este proceso de reintegración se caracteriza, primero, por el tratamiento de las autodefensas como “grupo armado ilegal”, equiparado legalmente a las organizaciones guerrilleras, y segundo, por el gran número de desmovilizados, que se duplico al admitir la inclusión de colaboradores y personas allegadas⁷, fenómeno que tuvo resistencias internas e internacionales⁸.

Desafortunadamente, como lo sostienen Martínez y Lefebvre, a pesar de que Colombia tiene una vasta experiencia en la implementación de acuerdos originados de los distintos procesos de paz, particularmente en medidas, políticas públicas e instituciones destinadas a los llamados procesos de desarme, desmovilización y reincorporación⁹, se tiene pocos resultados cuantitativos y cualitativos satisfactorios¹⁰. No ha sido fácil entender cómo “silenciar los fusiles” o cómo lograr la terminación total del conflicto armado colombiano. Tal vez, la primera lección de esta vasta experiencia es que se requiere mucho más que el desarme y la desmovilización, también es necesario el desarrollo de procesos eficaces de reincorporación socioeconómica que vayan más allá del corto y mediano plazo. Para lograr el fortalecimiento de un sistema institucional que garantice una paz estable y duradera, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de los excombatientes, se requiere un compromiso de toda la sociedad y del Estado a largo plazo.

Durante el conflicto armado colombiano, los diferentes acuerdos firmados por cada uno de los gobiernos que intentaron alcanzar la paz contemplaron procesos de reincorporación socioeconómica del excombatiente, con medidas a corto y mediano plazo que buscaban dar una segunda oportunidad y evitar que los desmovilizados retomaran las actividades ilícitas. Precisamente por ello, en el Acuerdo de Paz de 2016 hay un cambio en el diseño de los apoyos de naturaleza económica que, diseña un nuevo proceso de reincorporación, primero, con un enfoque que va de lo individual a lo colectivo y un enfoque de participación bajo formas asociativas que se erigen en la economía social y solidaria, cuyo objetivo es establecer los planes para garantizar la sostenibilidad económica de los excombatientes a lo largo de la ejecución de los acuerdos. Que en palabras de Nussio, sin importar la complejidad de la reincorporación,

será necesario ocuparse de los excombatientes por diferentes razones. Algunos simplemente dirán que se merecen una segunda oportunidad; otros, más pragmáticamente, dirán que son un riesgo para la seguridad postconflicto. Además, sin integrarlos a la sociedad civil, será difícil un proceso más amplio de reconciliación¹¹.

Algunos apoyos económicos consisten en la provisión de recursos de “capital semilla” no reembolsables, promoción de fondos agropecuarios, seguros de cosecha y en el fomento de procesos de formación técnica, elementos que se han implementado en el Acuerdo de Paz desde el año 2016^[12]; además, el Acuerdo contiene la obligación de brindar un apoyo estatal de ocho millones de pesos para emprender un proyecto productivo colectivo o individual para los excombatientes. Lo anterior, siempre y cuando los beneficiarios hayan cumplido con los requisitos de: (a) ser exintegrantes del grupo de las FARC, siendo acreditados como tal por la Oficina de Alto Comisionado para la Paz; y (b) haber ratificado el compromiso de no resiembra de cultivos ilícitos (numeral 4.1.3.6 de los Acuerdos de Paz y requisitos exigidos también en el Decreto Ley 899 de 2017).

Un aspecto adicional, que aplica una de las lecciones aprendidas del pasado, es que el Acuerdo de Paz de 2016 involucró nuevos sujetos en la construcción de “una paz estable y duradera”, incluye a las víctimas o comunidades afectadas por el conflicto y atiende a sus necesidades y carencias de estas personas en el contexto de sus territorios. Así, son un beneficiario más de los procesos de re-incorporación mediante los planes y los programas productivos: especialmente, se centra en la erradicación de la pobreza, del hambre, en el desarrollo del campo y en la generación de empleo e ingresos para una transformación estructural basada en la equidad, igualdad y democracia.

Resulta inevitable que este proceso de reincorporación socioeconómica del excombatiente no sea algo confuso y complejo¹³, en tanto que siempre van a existir fuerzas contradictorias a lo pactado en el Acuerdo de Paz o su implementación en el posconflicto. La oposición de intereses en pro de la paz o de continuar la guerra parece nutrirse por constantes elementos unívocos desde el punto de vista de sus actores: el victimario, víctimas y Estado. Lo anterior es explicado por el profesor Trejos, al señalar que

La realización de una tipología o caracterización del conflicto armado colombiano es una actividad académica inacaba y sometida a continuas presiones y revisiones fundamentadas especialmente en argumentos político-ideológicos, por lo cual es necesario dejar en claro que no existe una única teoría que explique o analice la naturaleza y las características de los distintos conflictos armados bélicas internos, ya que, debido a la complejidad y longevidad del caso, y a las cambiantes dinámicas político-militares de sus actores, resulta muy difícil encuadrarlo en una categoría preestablecida¹⁴.

En tal contexto, vale la pena traer las voces críticas que han cuestionado la efectividad de procesos de reincorporación socioeconómica del excombatiente que se fundan en las políticas, los mecanismos o estándares comunes desarrollados por organizaciones como, por ejemplo, la guía de las Naciones Unidas Integrated disarmament, demobilisation and reintegration standards¹⁵ para el mantenimiento de la paz y las estrategias de recuperación posteriores al conflicto; o el informe Stockholm initiative on disarmament, demobilisation and reintegration, que son un conjunto de recomendaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia dirigidas a los actores relevantes que participan en programas de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes y proporciona la base para un marco de coordinación de las diversas fuentes de la financiación¹⁶; o el documento técnico La contribución de Cartagena al desarme, desmovilización y reintegración¹⁷, que no es simplemente un reporte de las lecciones aprendidas, sino un registro de temas claves, debates, ideas frescas y preguntas sin resolver entre aquellos que han estudiado, negociado y vivido personalmente procesos de paz; entre otros informes.

Este estudio se centra en un enfoque de reincorporación socioeconómica del excombatiente. Según Muggah, “Las recetas universales deben ser evitadas: el contexto lo determina todo”¹⁸, con un elemento adicional: la “última palabra” en los desafíos de la construcción de paz en Colombia se encuentra en los individuos, bien sean excombatientes o sus víctimas¹⁹. Bajo este enfoque ontológico, se propone que las empresas están llamadas a cumplir un papel protagónico en la implementación del Acuerdo de Paz, y para ello resultan cruciales los conceptos de economía social y solidaria²⁰, que van más allá de la creación y el fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias.

Precisamente por ello, se propone que los mecanismos y las políticas públicas de reincorporación socioeconómica se diseñen a partir de entender al individuo del conflicto armado, esto es preguntarse: ¿qué necesitan los excombatientes para permanecer en la legalidad? La respuesta, según Stefan Thorsell, se encuentra al tener en cuenta “[…] los desafíos que esta población experimenta”. Esto lo explica Amartya Sen como un enfoque de “desarrollo humano”²¹ del excombatiente que, desde una perspectiva individual y colectiva, les dé la libertad de definir cómo reincorporarse a su nueva vida de desmovilizados. Se exige repensar los mecanismos y las políticas públicas de reincorporación económica, que cambien la lógica centrada en el mercado y se pase así a la priorización de las personas al implementar el Acuerdo de Paz²², es decir, que no imagine al excombatiente como un mero receptor pasivo de las prestaciones de programas de reincorporación.

Es más, para una implementación exitosa del Acuerdo de Paz con FARC-EP de 2016 no basta con aprovechar la larga experiencia en buscar soluciones al conflicto armado colombiano, lo que hace ineludible es identificar algunas lecciones aprendidas de los anteriores procesos de desmovilización, para tratar de reconocer cuáles son las medidas que han dado mejores resultados teniendo en cuenta al individuo y su entorno en que inicia el proceso de reincorporación socioeconómica.

En últimas, se propone cambiar el paradigma neoliberal para construir la paz sobre una economía social y solidaria, esto es, sobre una “empresa campesina y familiar” que se estructure como cooperativa, mutual, comunal, microempresa o asociación solidaria, que sus procesos productivos incluyan a las minorías (las mujeres víctimas de la violencia, los desplazados, la población rural sin tierra o con tierra insuficiente, los saberes o formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenquera) y que comprenda el funcionamiento del territorio (que priorice la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad).