Читать книгу Empresas en el Conflicto Armado : Aportes a la Construcción de la paz en Colombia - Mary Martin Beth - Страница 49

Los proyectos productivos individuales y colectivos son una manifestación de la “empresa social y solidaria”, que puede ser considerada una forma de organización económica inédita e innovadora del Acuerdo de Paz de 2016, pues representan una de las alternativas más adecuadas para mejorar el entorno socioeconómico de los excombatientes y las víctimas del conflicto armado. Es más, estos emprendimientos suponen un repensar al homo economicus del conflicto armado colombiano, al retomar una perspectiva de la economía social y solidaria en la cual prevalecen valores de la reciprocidad, la sostenibilidad y la solidaridad, que coexiste y se articula como las formas de producción de la economía de mercado, sin caer en el tradicional paternalismo o asistencialismo de Estado. En la “empresa social y solidaria”, el excombatiente y las víctimas son el centro del proceso de reincorporación y se parte de una concepción de estos individuos radicalmente distinta a los anteriores procesos de paz, ya que se concibe a estas personas como un sujeto activo, que es el protagonista o el hacedor de su propio proyecto productivo, en últimas, son corresponsables con el Estado y dentro del mercado de la construcción de una paz estable y duradera.

Esta corresponsabilidad significa que en su actividad las empresas que desarrollan proyectos productivos individuales y colectivos generan valor social, mediante la remoción de barreras históricas que dificultan la inclusión o el acceso a mercado de aquellos que carecen de voz propia, como comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, etc. De ahí que estos emprendimientos sean diferentes a los procesos de paz anteriores, donde las garantías para los procesos de “reinserción” o “reintegración” económica recaían únicamente en el Estado colombiano, quien debía generar estabilidad socioeconómica en el mediano y largo plazos. Hoy la mayor responsabilidad recae en colectivos de excombatientes, quienes, según sus capacidades y vocación productiva emprenden un proyecto teniendo en cuenta su visión de desarrollo local, ya que estas empresas sociales y solidarias priorizan a las comunidades o grupos sociales contiguos a los espacios de reincorporación.

Empero, después de tres años del Acuerdo de Paz, parece lejano alcanzar uno de los prerrequisitos para una puesta en marcha de las empresas sociales y solidarias, y es contar con tierras aptas para el desarrollo de los proyectos productivos, además de que sean propias. Desafortunadamente, a pesar de que con el Decreto 902 de 2017 se le otorgó a la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización (ANR) la potestad de asignar tierras a los excombatientes, una verdadera reforma integral del campo colombiano aún está sin resolver, lo cual es esencial para materializar la anhelada la reincorporación socioeconómica de los excombatientes, quienes esperan la creación del Fondo de Tierras (con tres millones de hectáreas) para lograr la democratización de su acceso y llevar a cabo una economía campesina, familiar y comunitaria. Estos emprendimientos son el mejor vehículo para desarrollo del campo; sin embargo, se requiere lo antes posible de mecanismos de restitución, formalización de la pequeña y mediana propiedad, subsidios, créditos, cierre de la frontera agrícola, actualización del catastro y programas de desarrollo territorial con políticas públicas en infraestructura, salud, educación, vivienda, etc.

No hay que olvidar que la reincorporación ocurre en la ruralidad, así se advierte en la historia del conflicto armado colombiano y en el propio origen de la organización desmovilizada que operó en gran medida en áreas campesinas, en las cuales el Estado aún después de tres años del Acuerdo de Paz no hace presencia integral; peor aún, en este momento los excombatientes y las víctimas deben convivir con economías ilícitas (cultivos y procesamiento de drogas, explotación de recursos naturales, etc.) y con el control de otras organizaciones criminales.

Como si fuera poco, a lo anterior se suma otra dificultad o un choque de visiones, que existe desde la negociación en La Habana: por un lado, la del Gobierno, que optó por un modelo de reincorporación individual, y por otro, la de las FARC, que prefieren un modelo de reincorporación colectivo, que permita conservar la cohesión de la organización, que se representa en el mecanismo de Ecomún. Sin importar la visión que prevalezca en la actualidad, el gran reto se encuentra en que tan solo el 29,5% de los 13.360 excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hace parte de un proyecto productivo individual o colectivo, y la pregunta aún sin resolver es ¿qué actividades económicas está realizando el 70% de los excombatientes?