Читать книгу Empresas en el Conflicto Armado : Aportes a la Construcción de la paz en Colombia - Mary Martin Beth - Страница 48

Pese a que con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, no se ha logrado silenciar “todos los fusiles” del longevo conflicto armado colombiano, es posible que este acuerdo se pueda convertir en una solución al problema de la implementación desarticulada de la economía social y solidaria, y, sobre todo, a la construcción de alternativas a la economía de mercado donde la reincorporación socioeconómica del excombatiente no se centre en la lógica del mercado, sino que priorice al individuo a partir de sus realidades en el territorio mediante el aprovechamiento asociativo y de la cooperación entre sí, es decir, crear una “sociedad de mercado”⁶⁸.

Dicho de otra forma, el Acuerdo de Paz conecta a las personas del conflicto armado con la sociedad y hace visible a un homo economicus que históricamente se marginaba del mercado: excombatientes, desmovilizados, víctimas, etc.; claro está, sin tener en cuenta el denominado “mercado negro” o la “economía de la guerra”⁶⁹. Hacer visible a un homo economicus en su contexto de violencia exige reconocer sus diferencias de género, étnicas, desarrollo entre los territorios, entre el campo y la ciudad, entre otras. Este gran cambio exige ver al excombatiente y su familia como un actor clave del posconflicto, a partir de la confianza de que las respuestas definitivas a los desafíos de la construcción de paz se encuentran en las aspiraciones y actitudes de cada uno de estos individuos.

El Acuerdo de Paz contiene los instrumentos esenciales para implementar procesos de reincorporación socioeconómica de los excombatientes, el principal, la economía social y solidaria. Así, el propio acuerdo lo establece:

[…] con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, y que promuevan la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y productoras de acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural.

Estas formas asociativas de trabajo son un nuevo paradigma de desarrollo rural que gira en torno al individuo del conflicto (excombatientes, desmovilizados y víctimas), la justicia social vista a través del comercio justo, el bienestar o buen vivir de la población rural y la diversidad sociocultural del territorio, y la sostenibilidad ambiental y alimenticia, que en últimas significa una economía social y solidaria.

Existe un significativo número de compromisos o puntos del Acuerdo de Paz relacionados con la implementación de la economía social y solidaria, tales como: (a) numeral 1.1.4, sobre acceso integral, los excombatientes tendrán derecho a acceder a proyectos productivos fomentados y apoyados por el Estado; (b) numeral 1.3.3.2, sobre asistencia técnica, el Gobierno diseñará un Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica⁷⁰ con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas; (c) numeral 3.2.2.6, sobre identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social, el Gobierno identificará los programas y proyectos productivos sostenibles según el censo con la finalidad de vincular al mayor número de excombatientes e identificar las actividades productivas a realizar según el territorio y las capacidades de ellos, también se especifican los apoyos económicos que debe brindar el Gobierno; (d) numeral 4.1.3.6, componentes de los planes integrales de sustitución, los proyectos productivos se sujetarán a los componentes de sustitución, en otras palabras, en los territorios con presencia de cultivos ilícitos, los beneficiados con capital semilla para iniciar proyectos productivos deberán comprometerse a la no resiembra de cultivos ilícitos, entre otros. Estos compromisos son implementados en diferentes decretos y resoluciones del Gobierno, que tienen como marco jurídico las atribuciones especiales que se establecen en el Acto Legislativo 01 de 2016^[71] y del Acto Legislativo 01 de 2017^[72].

En este marco, desde la firma del Acuerdo de Paz se crean disposiciones administrativas sobre normalización y reinserción de los excombatientes, como por ejemplo: (a) Decreto 691 de 2017, por el cual se crea el Fondo Colombia en Paz el cual tiene a su cargo los programas de enfoque territorial, que ayudan a los municipios afectados por la violencia; (b) Decreto 897 de 2017, el cual crea la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), con el propósito de gestionar la reincorporación social y económica de los excombatientes y sus familias⁷³; (c) Resolución 4309 de 2019, la cual especifica la Ruta de Reincorporación Económica y se ocupa del contenido de cada uno de los beneficios económicos que brinda el Estado; y (d) Decreto-Ley 899 de 2017, que crea la entidad Ecomún o de Economías Sociales del Común, una organización especial de economía solidaria facultada para recibir, administrar y gestionar los recursos de la reincorporación económica individual y colectiva a través de diferentes cooperativas, teniendo como finalidad apoyar los diferentes proyectos productivos individuales y colectivos de los excombatientes⁷⁴.

Este sistema de procedimientos para la reincorporación socioeconómica del excombatiente se caracteriza, primero, por su integralidad, ya que considera los intereses del excombatiente y su familia con el objetivo de fortalecer el tejido social en los territorios, por ello, el acompañamiento no se limita al ámbito económico, incluye apoyo psicosocial y capacitación académica y laboral; y, segundo, por la sostenibilidad, pues, promueve un ejercicio autónomo de los derechos fundamentales en el marco de la legalidad y del desarrollo de actividades productivas que le permitan al excombatiente un ingreso en el mediano y largo plazos que garantice estos derechos. La gobernanza del sistema la comparten el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), quienes determinan un conjunto de mecanismos, estrategias, acciones e iniciativas a corto y largo plazos para la reincorporación socioeconómica del excombatiente.

Dentro de las acciones o estrategias a corto plazo, también conocidas como reincorporación temprana, en cumplimiento del punto 3.2.2.6 del Acuerdo de Paz, regulado en el Decreto 1274 de 2017, que consisten en iniciativas o “[…] actividades tempranas para facilitar la adaptabilidad de los integrantes de las FARC-EP a la vida civil, en los siguientes ámbitos: (1) bienestar integral: salud, apoyo psicosocial y pensiones, (2) formación académica, (3) formación para el trabajo/productiva, (4) iniciativas artísticas, culturales, deportivas y (5) acciones comunitarias”⁷⁵.

A su turno, existen mecanismos de reincorporación a largo plazo, regulados en el punto 3.2.2.6, “Identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social del Acuerdo de Paz”, que establece la obligación del Gobierno Nacional de desarrollar y ejecutar programas y proyectos productivos sostenibles, como un derecho de cada excombatiente a un apoyo económico para emprender estos proyectos bien sea individual o colectivamente, por la suma de ocho millones de pesos. Este derecho del excombatiente fue implementado desde el documento Conpes 3931 de 2018^[76], donde se determinan los lineamientos generales sobre la política pública de los procesos de reincorporación socioeconómica. Posteriormente, con el gobierno del presidente Iván Duque se cambia la política pública a la llamada “Paz con Legalidad”, que se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

A partir del documento Conpes 3931 de 2018 y con la actual política de “Paz con Legalidad” se propone un proceso de reincorporación socioeconómica del excombatiente, desde cuatro líneas de acción:

- Vinculación laboral de los excombatientes mediante una ruta de empleo orientada a superar las barreras de acceso y formalización del mercado laboral;

- Caracterización de los perfiles sociolaborales de los excombatientes y diagnóstico de la vocación productiva de los territorios donde se efectúa su reincorporación;

- Fomento y fortalecimiento de formas asociativas a través de la capacitación para la estructuración y gestión de estas estructuras de economía social y solidaria, con atención especial en rutas de atención específicas para este tipo de emprendimientos colectivos;

- Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos mediante el emprendimiento y la estructuración de proyectos productivos, con servicios de acompañamiento de los proyectos para su gestión, su sostenibilidad y su inclusión en las rutas de comercialización y acceso a tierras⁷⁷.

Estas líneas de acción tienen un enfoque de “desarrollo humano” del excombatiente que, siguiendo a Amartya Sen, propone para su materialización preguntar ¿qué espera cada individuo del proceso? Así, para la implementación del Acuerdo de Paz se hace necesario conocer las particularidades de cada excombatiente, reincorporarlo a la vida económica teniendo en cuenta sus vivencias dentro del conflicto, sus expectativas y motivaciones. Uno de los mecanismos más notorios que permiten lograr el “desarrollo humano” del excombatiente son las iniciativas de proyectos productivos que, según el informe de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (en adelante, ARN) del 31 de marzo de 2020, existen 1304 proyectos productivos individuales y colectivos aprobados que benefician a 3957 personas de los 13.360 excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con una inversión total de recursos de $39.522 millones⁷⁸.

Sin embargo, al evaluar cuantitativamente estas cifras se evidencia que tan solo el 29,5% de los 13.360 excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hace parte de un proyecto productivo individual o colectivo, el resto de los excombatientes aún dependen económicamente de la renta básica y la asignación mensual brindada por el Estado, cada una equivalente al 90% de un salario mínimo legal. En el caso de la asignación mensual, que equivale a un monto de $2.000.000 (pesos corrientes), se entrega por una única vez a los excombatientes de las FARC al momento de terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), y la renta básica equivale al 90% del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y se otorga durante 24 meses a los excombatientes de las FARC acreditados, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en la Ruta de Reincorporación Económica, es decir, que no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos, que realicen actividades de educación o sostenibilidad económica, tengan la necesidad de mejorar sus condiciones de vivienda, salud o de un mejoramiento en el bienestar psicosocial integral, o tengan a cargo a su familia, o cuando asista a procesos de formación en los diferentes trabajos comunitarios⁷⁹.

Pese a que solamente el 29,5% de los excombatientes emprende proyectos productivos, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Reincorporación que lleva la ARN, al preguntarles que mecanismos prefieren para su reincorporación socioeconómica, el 96% de los excombatientes prefiere los proyectos productivos que incorporarse al mercado laboral formal⁸⁰, lo cual demuestra la importancia que tiene la economía social y solidaria para la implementación del Acuerdo de Paz⁸¹.

El proceso de reincorporación socioeconómica del Acuerdo de Paz se enfrenta a unas debilidades de variada naturaleza: la primera, histórica, ya que la constante en los procesos de desmovilización colombianos es que una vez finalizada la etapa transitoria de la “renta básica”, los excombatientes recurren a actividades económicas informales que, según el Departamento Nacional de Planeación, no aportan un mínimo de estabilidad laboral. Esto ocurre, generalmente, por la falta de capacitación técnica en profesiones u oficios que permitiera una inserción al mercado laboral formal⁸², por el origen rural y gran parte de los excombatientes solo tienen formación básica primaria⁸³, de ahí que, para Martínez y Lefebvre, resolver este obstáculo sea uno de los retos más importantes del proceso de reincorporación⁸⁴. Otra debilidad histórica de los procesos de reincorporación en Colombia⁸⁵ y en otros conflictos del mundo que, según Nussio y Howe, difícilmente escapa la desmovilización de las FARC-EP, es que la paz será siempre “incompleta”, particularmente la reincorporación de excombatientes, ya que muchos no entregan todas las armas y otro buen número se dedica a actividades ilegales después de desmovilizarse⁸⁶.

La segunda, debilidad económica: la cifra del 29,5% de los excombatientes que emprenden proyectos productivos no parece suficiente para lograr una paz estable y duradera; es más, revela que el proceso de reincorporación socioeconómica es lento y que se necesita un mayor esfuerzo financiero del Gobierno para fomentar la creación de estos emprendimientos. Sobre todo, no resulta fácil lograr el aumento y la estabilidad a largo plazo de proyectos productivos de reincorporación de excombatientes sin una reforma rural. En este sentido, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi estima que el 60% de los predios rurales en Colombia no tiene un título legal de propiedad, lo que corresponde, aproximadamente, a cuatro millones de predios⁸⁷. De no resolver las causas económicas más profundas del conflicto armado colombiano: la concentración de la propiedad rural; la exclusión del campesinado; el atraso de las comunidades rurales y la ausencia de procesos de formalización de la tierra en el ámbito rural; parece lejana una implementación de los procesos de reincorporación de excombatientes⁸⁸.

Por último, la debilidad social del proceso de reincorporación socioeconómica del Acuerdo de Paz se evidencia en una colaboración directa transitoria e insuficiente del sector empresarial privado para generar estrategias que contribuyan a incentivar, proteger y vincular las formas asociativas del posconflicto en sus cadenas de valor. En otras palabras, es necesario que las empresas se conviertan en verdaderas alternativas al camino tradicional de la economía de mercado, que contribuyan a la implementación de una economía campesina y familiar desarrollada a través de una cooperativa, mutual, comunal, microempresa o asociativa solidaria y de formas propias de producción de las comunidades étnicas. Así, el compromiso de la empresa en la construcción de la paz no puede limitarse a fomentar la reinserción laboral de los excombatientes a través de la vinculación directa en sus empresas, o al pago de impuestos y contribuciones fiscales, ni muchos menos a la caridad o filantropía⁸⁹.

Para entender estas debilidades de los procesos de reincorporación es necesario analizar algunos resultados de la implementación del Acuerdo de Paz. En primer lugar, resulta fundamental entender cómo se implementa y qué significa el principio democratización del acceso y uso adecuado de la tierra del Acuerdo de Paz⁹⁰. En especial, el alcance de las obligaciones señaladas en los puntos 1.1: “Acceso y Uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva”; 1.2: “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”; y 1.3: “Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral”.

Un aspecto que permite dar respuesta a estos interrogantes son las cifras por sectores económicos y la participación por género de los diferentes proyectos productivos de reincorporación socioeconómica proporcionada por la ARN⁹¹. Así, por ejemplo, los primeros resultados que se observan son los proyectos con “iniciativas individuales”: según el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), hasta el 18 de febrero de 2020 han sido aprobados 1237 proyectos que vinculan a 1454 exintegrantes de las FARC y cuentan con una inversión de más de 11 mil millones de pesos⁹². Por sectores económicos, las “iniciativas individuales” prefieren emprendimientos en actividades agropecuarias del 64,6% con participación masculina, y del 52% con participación femenina⁹³.

FIGURA 1

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales de la ARN del 2019.

Estas cifras de implementación de procesos de reincorporación socioeconómica nuevamente revelan la importancia de resolver los problemas de la tenencia, distribución y uso de la tierra que, en palabras de Reyes, se caracteriza por su alta concentración en pocas manos y los millones de minifundios y pobres del campo, que solo disponen de su fuerza de trabajo⁹⁴. Una reforma integral del campo colombiano significa hoy beneficiar al 64,6% de los hombres y al 52% de las mujeres excombatientes, que esperan la creación del Fondo de Tierras (con tres millones de hectáreas) para lograr la democratización de su acceso y llevar a cabo una economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo que requiere mecanismos de restitución, formalización de la pequeña y mediana propiedad, subsidios, créditos, cierre de la frontera agrícola, actualización del catastro y programas de desarrollo territorial con políticas públicas en infraestructura, salud, educación, vivienda, etc.

Por otro lado, el 36,4% de los hombres y el 48% de las mujeres excombatientes que se dediquen a otros sectores de la economía, distintos al agrícola, son el esfuerzo conjunto del emprendimiento de excombatientes y del desarrollo e implementación de la asistencia técnica de proyectos productivos que se gestiona a través de la Mesa Técnica de Proyectos Productivos⁹⁵ creada por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) con el apoyo del Sena y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Aquí, no hay que olvidar las lecciones de procesos de reincorporación socioeconómica del pasado, donde el excombatiente termina desplazándose del campo a la ciudad, bajo alguna de estas condiciones: (a) un alto porcentaje incursiona en el mercado laboral de las ciudades con un precario ingresos en el sector informal, o un bajo porcentaje de excombatientes que tienen acceso a trabajos formales, por lo general de carácter temporal; y (b) un elevado fracaso de emprendimientos de los proyectos productivos en microempresas urbanas, debido a diferentes factores como el incumplimiento del pago de obligaciones crediticias; la falta de experiencia empresarial, de contactos y viabilidad comercial; y en muchas casos la desviación de los recursos para gastos de manutención.

Con todo, es necesario recordar otra lección del pasado de los procesos de reincorporación, donde predominaron proyectos productivos individuales sobre los colectivos, los cuales fracasaron por la ausencia de políticas públicas integrales de largo plazo, que hoy el Gobierno Nacional denomina su política de estabilización: “Paz con Legalidad”, cuyo marco es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. El predominio de un enfoque de reincorporación individualizado exige que en el proceso de construcción y mantenimiento de la paz haya una mayor voluntad política del Gobierno Nacional en articulación de instrumentos de política pública y financiación; además, exige un mayor esfuerzo de sostenibilidad en la legalidad de los excombatientes que se cimienta en decisiones personales carentes de una participación colectiva.

Otro panorama se presenta con las “iniciativas productivas colectivas”, que se centran casi de manera exclusiva en el sector agropecuario, con un acompañamiento en su creación y gestión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ARN y, en algunos casos, por el Sena y Agrosavia⁹⁶. Estas iniciativas son viabilizadas por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) de acuerdo con criterios técnico-productivos, ambiental, comercial y de mercadeo, y social. Ahora bien: tras cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz, estas iniciativas colectivas, según los informes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) se viabilizaron 49 proyectos productivos que beneficiaron 2480 excombatientes, incluidas 695 mujeres, el 80% de los proyectos son agropecuarios, el 16%5 presenta diversos servicios y e1 3% se dedica a la industria de manufactura, por un valor que supera los 27 mil 700 millones de pesos⁹⁷. De nuevo, se encuentra que el elemento de incidencia en el funcionamiento de estos proyectos colectivos, que en su gran mayoría son de tipo agropecuario, es la necesidad de tierra.

En tal contexto, el Informe del Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia del 26 de marzo de 2020 destaca otra problemática alrededor de la tierra que incide en estos proyectos productivos:

En la actualidad 9.412 excombatientes residen fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde resulta muy complicado proporcionarles todo el abanico de beneficios establecidos en el Acuerdo de Paz […]. La mayoría de estas nuevas áreas en las que tienen lugar procesos colectivos de reincorporación siguen teniendo acceso limitado a tierras, vivienda, educación, oportunidades productivas, atención de la salud y seguridad. […] Hasta el momento, 22 de los 49 proyectos productivos colectivos aprobados benefician a excombatientes que residen fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación⁹⁸.

Pese a que el presidente Duque diseñó una nueva política de “Paz con Legalidad” que se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, durante estos años de gobierno, se hacen cada vez más notorios los vacíos del plan de acción (entre ellos, ausencia de cronogramas e indicadores de resultado), así como la poca armonización con los lineamientos del Conpes 3931^[99] y con los principios del proceso de reincorporación formulados en el Acuerdo de Paz, muy particularmente en los emprendimientos productivos individuales y colectivos. Uno de los aspectos más criticables se encuentra en el distanciamiento con la economía social y solidaria, que se advierte, entre otras cosas, en la falta de articulación institucional entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, el Sena, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, etc., quienes tienen la función de impulsar las formas de asociación colectivos e individuales.

Respecto a los recursos financieros invertidos en los diferentes proyectos productivos, las principales fuentes siguen siendo el Estado colombiano y, hasta cierto punto, la cooperación internacional, principalmente organizaciones internacionales y algunos Estados que han apoyado desde el inicio el proceso de paz. Así, por ejemplo, el Estado colombiano, según el informe del ARN con corte al 30 de abril de 2020, invirtió para la estabilización económica de los excombatientes, en particular, en emprendimientos de proyectos productivos un total de 40.821 millones de pesos, destinados al pago de renta básica (de 381 excombatientes), la asignación de normalización (de 12.962 excombatientes), la bancarización (de 13.056 excombatientes) y la asignación mensual (de 10.832 excombatientes), lo cual suma hasta la fecha un total de 180.307 millones de pesos¹⁰⁰. Empero, desafortunadamente respecto a los recursos financieros no existe aún precisión en la asignación presupuestal del gobierno de Duque para la implementación del Acuerdo de Paz, ni mucho menos son claros los recursos destinados para el futuro de la reincorporación de los excombatientes, lo que en la práctica significa desconocer la decisión de la Corte Constitucional que, en la sentencia C-699 de 2016, estableció frente al Acto Legislativo 001 de 2016 que los recursos para la paz son obligatorios para todos los gobiernos¹⁰¹.

En tratándose de la financiación proveniente de cooperación internacional, por ejemplo, se destaca el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia, que ha recibido contribuciones del Reino Unido, Noruega, Alemania, Canadá, Suecia, Suiza, España, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Finlandia, Nueva Zelanda, Chile y Portugal, que, hasta febrero de 2020, llegaron a un total de US 148 millones recaudados¹⁰². También existen el Fondo para la Consolidación de Paz del Secretario General de las Naciones Unidas y el Fondo Humanitario y de Paz para las Mujeres de la ONU. Ahora bien: las consecuencias más relevantes de la cooperación internacional no se encuentran en los recursos financieros otorgados, sino en el trabajo de control, vigilancia y veeduría del desempeño a las organizaciones estatales, como el ARN y el CRN, y, además, en el papel de las organizaciones internacionales en la verificación y el fortalecimiento de los diferentes proyectos productivos.

Por otra parte, vale la pena insistir en que existe un sistema de principios (como el bienestar y el buen vivir, el desarrollo sostenible social y ambiental, el desarrollo integral del campo, la integralidad, la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra, entre otros) en los que se erige el Acuerdo de Paz, que sitúan a los excombatientes y las víctimas en el centro del proceso transicional a través de diferentes mecanismos e instituciones de la economía social y solidaria, cuyo postulado fundamental es coexistir y articular con otras formas de producción con el objetivo de lograr la transformación estructural del campo, donde la economía campesina, familiar y comunitaria permita erradicar el hambre, generar empleo e ingresos, garantizar la seguridad alimentaria, erradicar de la pobreza y lograr la participación de las comunidades (atendiendo su diversidad social y cultural) en la formulación y ejecución de diversos planes y programas.

Aquí se encuentra una de las innovaciones del Acuerdo de Paz de 2016, respecto a la larga historia de procesos de negociación con grupos armados en Colombia: “la coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción”. Construir un nuevo paradigma en el proceso de transición a partir del desarrollo de proyectos productivos que no se limitan a la lógica de la economía de mercado, es decir, por un lado, hay una coexisten entre la libertad de empresa, la libre competencia y la libertad en la búsqueda de beneficio o riqueza, con el uso adecuado de la tierra, el estímulo a la formalización, restitución y distribución equitativa de aquella, la garantía del acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo (muy especialmente a las mujeres rurales y la población más vulnerable), la democratización de la propiedad con la promoción de la desconcentración de la tierra. Por otra parte, se propone una articulación entre el Estado, la sociedad, los excombatientes y las víctimas para implementar una economía campesina, familiar y comunitaria a través de empresas con diferentes formas asociativas de trabajo entre pequeños y medianos productores.

Finalmente, el problema que todavía no se resuelve en la implementación del Acuerdo de Paz es: ¿cómo lograr esta coexistencia y articulación? Para tratar de dar una respuesta a este interrogante, el propio Acuerdo establece algunas obligaciones que corresponden a la economía social y solidaria, como son:

a. Existencia de pluralidad de formas asociativas regidas por los principios de solidaridad y cooperación, la cual se advierte en el objetivo de los llamados “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)” del Acuerdo de Paz, que para lograr la transformación estructural del campo establece como prioridad el desarrollo de la economía campesina y familiar o económico a través de cooperativas, mutuales, comunales, microempresarial y asociativa solidaria y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Además, promueve las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales¹⁰³, lo cual permite integrar a las empresas solidarias los sectores sociales más desfavorecidos e históricamente afectados por el conflicto.

b. Predominio de la autonomía o autogestión entre trabajadores o los participantes de estas formas asociativas, con acceso a medios de producción y conocimiento, con distribución de trabajo y una relación restitutiva entre trabajo y una pluralidad de formas de propiedad. Un ejemplo de esta autogestión se encuentra en los “mecanismos para promover el acceso a la tierra” del Acuerdo de Paz, que obliga al Gobierno a tramitar una ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso, en particular para pequeños y medianos productores en forma individual o asociativa solidaria¹⁰⁴. Así mismo, el Gobierno debe crear e implementar el Plan Nacional con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria¹⁰⁵.

c. La realización de las necesidades de la totalidad de los participantes de estas formas asociativas a través de la igualdad sociopolítica, que permite construir una empresa participativa que redistribuya la riqueza o beneficios producidos. Para ello, el Acuerdo de Paz establece “estímulos para producción agropecuaria” que generen ingresos, ayuden a superar la pobreza (en especial, para las mujeres rurales) y el fomento de economía solidaria. Entre los principales estímulos se encuentran: (1) asistencia integral técnica y tecnológica; (2) subsidios, créditos y generación de ingresos, mediante recursos de capital semilla no reembolsables, fondos agropecuarios rotatorios de las asociaciones de pequeños y medianos productores con menores ingresos, líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas, seguros de cosecha, etc.; (3) estímulos de mercadeo como son: la promoción de asociaciones solidarias para comercialización, es decir, que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo, además, la financiación o cofinanciación de centros de acopio, la promoción de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, un sistema de información de precios regionales, y finalmente, un mecanismo de compras públicas que fomente la producción local para apoyar la comercialización y absorción de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria; y (4) formalización laboral a través de un sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales, la erradicación del trabajo infantil, beneficio económico periódico para los trabajadores del campo en edad de jubilarse, vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales, entre otras¹⁰⁶.

d. Intercambio justo entre personas, sectores y regiones con predominio de la reciprocidad sobre la competencia y con apoyos directos para el fortalecimiento productivo que eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la internacionalización de la economía y la liberalización del comercio. En otras palabras, fortalecer, desarrollar y afianzar la producción y el mercado interno que contribuya a su autosuficiencia y al autoconsumo garantizando beneficios a favor de los territorios en donde se encuentran estas formas asociativas¹⁰⁷.

e. Consumo responsable frente a la naturaleza y las generaciones futuras, de ahí que el Acuerdo de Paz apueste por el cierre y limitación de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva y áreas de especial interés ambiental por medio de prácticas alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienes y buen vivir¹⁰⁸. También señala un apoyo especial a comunidades rurales que colindan con zonas de manejo ambiental especial para la estructuración de planes de desarrollo, la recuperación comunitaria de bosques, y la conservación ambiental, teniendo por principio la participación de las comunidades rurales y desarrollo sostenible. Por último, promoción de mercados locales y regionales que acerquen a quienes producen y consumen.

f. Coordinación y participativa efectiva del conjunto de procesos económicos o formas de acción colectiva e individual de los excombatientes. Dicho de manera explícita por el Acuerdo de Paz, como la promoción de “procesos de reincorporación socioeconómica” tanto individual como colectiva del excombatiente por medio de la denominadas Economías Sociales del Común (Ecomún), que se materializan en el desarrollo y ejecución de programas y proyectos productivos sostenibles¹⁰⁹.

A pesar de los esfuerzos de implementación, hasta el momento estas obligaciones del Acuerdo de Paz que corresponden a la economía social y solidaria se han enfrentado a un verdadero desafío práctico, toda vez que este nuevo modelo implica una actuación estatal distinta a la lógica tradicional de intervención del Estado colombiano. No basta con una simple actuación desde el Estado regulador, que en la práctica suele ir acompañada de reformas constitucionales o legales, que se desarrollan desde el gobierno central en un cuerpo normativo o de políticas públicas. Transformar ese papel marchito del Estado, con un enfoque territorial, exige romper con la hegemonía política (del presidente de turno) y económica (de mercado), y el primer paso se da al situar en el centro de la implementación del Acuerdo de Paz a las personas, esencialmente a las víctimas y a los excombatientes, lo cual permite construir una corresponsabilidad con el mercado que democratice los procesos económicos.

Un proceso transicional que desborde el marco legislativo y la implementación del gobierno exige construir la paz desde la participación efectiva de todos aquellos que hicieron parte del conflicto armado (excombatientes, víctimas, terceros, etc.). Precisamente, aquí cobra valor la economía social y solidaria que incluye y prioriza a las comunidades, los movimientos sociales de reivindicación de derechos, movimientos indígenas, movimientos ecológicos, movimientos feministas, movimientos estudiantiles, agentes locales, autoridades territoriales y regionales, sectores académicos y empresas.

Aunado a lo anterior, es necesario superar un viejo desafío de la economía social y solidaria que la limita a una manifestación del pensamiento o corriente ideología socialista¹¹⁰, talanquera que desde más de un siglo se afincó en el ideario del colectivo político, lo cual suele frustrar su materialización, pues los esfuerzos o propuestas históricas suelen focalizar su acción en una lucha ideológica entre la económica de mercado del pensamiento liberal y la económica planificada del pensamiento socialista. Ya es hora de superar este largo debate: hoy por hoy, no se debe concebir a la economía social y solidaria simplemente como opuesta al capitalismo o a la economía de mercado, es una alternativa más para homo economicus del conflicto armado colombiano, que exige un nuevo homo que se afirme en los valores y las prácticas de solidaridad¹¹¹.

En otras palabras, para “silenciar los fusiles” del conflicto armado se requiere superar los problemas estructurales de Colombia, tales como: la acumulación de tierras por parte de grandes latifundistas en contraste a la imposibilidad de acceso a la propiedad de tierras para campesinos y pequeños propietarios; las brechas socioeconómicas entre el campo y la ciudad, la estigmatización y segregación de mujeres y comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes y su situación de pobreza, consecuencia de coincidir con zonas marcadas por el conflicto; entre otros. Abrir los ojos al proceso transicional desde un enfoque multidimensional es posible desde la economía social y solidaria, ya que para lograr implementar el Acuerdo de Paz se debe entender cada dimensión del conflicto a partir de una reincorporación socioeconómica de cada una de las personas que participaron en él. Precisamente por ello, la creación de empresas solidarias mediante proyectos productivos individuales y colectivos permite vincular al mayor número de excombatientes y víctimas, identificar las actividades productivas a realizar según el territorio y determinar las capacidades y las aspiraciones de los excombatientes.