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Aunque el resultado final de la transición debe ser atribuido a la confluencia de diferentes intereses y proyectos –de UCD, PSOE, PCE, AP y de partidos nacionalistas, principalmente– lo cierto es que UCD fue el partido político que detentó el poder durante todo el proceso de transición, el responsable de muchas de las decisiones tomadas –acertadas o no– y también el partido que resultó más desgastado con muchas de las gestiones que se llevaron a cabo desde 1977 hasta 1982. Fue perdiendo fuerza y apoyos a medida que la Transición avanzaba, de modo que, con el final de su gestión comenzó la consolidación democrática, en la que PSOE, que hasta entonces había liderado la oposición, continuó la labor de democratización y modernización de las estructuras sociales, económicas y políticas. Por tanto, la idea de que UCD había sido el «partido de la transición» es esencialmente válida por cuanto sólo se mantuvo durante la transición. La causa de esto sea quizá que, como defiende C. Hunneus, la formación de UCD había estado claramente vinculada a la tarea histórica de devolver la democracia a España y una vez cumplida el partido no tiene más razón de ser,⁷⁶ o quizá que el electorado no vio después de 1982 más razones para seguir votándolo puesto que ya no había un peligro inmediato que UCD pudiese solucionar –J. M. Maravall defiende que el voto al centro-derecha y derecha está fuertemente vinculado a la búsqueda de la seguridad ciudadana⁷⁷– o quizá que el desencanto y la disminución de la movilización habían hecho mella en un electorado que veía a UCD agotada políticamente. En cualquier caso, bien por una mala gestión, bien porque se iba ganando en cotas de seguridad o bien por el desgaste del poder, lo cierto es que a medida que avanzaba el proceso democrático UCD perdió el apoyo de los electores: si en las elecciones de 1977 obtuvo el respaldo del 34’4% y en 1979 del 35%, en 1982 obtuvo tan sólo un 6’8% de los votos.

En cuanto al surgimiento de UCD, lo primero a tener en cuenta es que el partido se formó una vez iniciado el proceso de transición, y que el último impulso para la formación, que en principio fue una coalición electoral, fue la concurrencia a las elecciones constituyentes de junio de 1977. De hecho, tal como pone de manifiesto Attard, el proyecto de creación de un partido, en origen el Partido Popular, que ocupase el centro político fue bastante anterior a la decisión de Suárez de integrarse en él. Sin embargo, sobre este punto S. Alonso-Castrillo, hija del político centrista Arturo Alonso-Castrillo, hace dos importantes matizaciones: en primer lugar, una vez iniciado el año 1977 tanto el incipiente partido como el presidente del Gobierno comprenden que se necesitan mutuamente, dando lugar a lo que en ocasiones se ha llamado un «matrimonio de conveniencia»; en segundo lugar, Suárez no consiguió formar un partido hasta después de las mencionadas elecciones, sino que, únicamente consiguió atraer a su órbita a quince partidos nacionales o regionales que formaron una unión electoral –en cuya organización tuvo un papel destacado L. Calvo-Sotelo– que fue reagrupada bajo el nombre de Unión de Centros Democráticos.⁷⁸

Sobre el origen de estos partidos, es importante tener en cuenta que algunos de ellos fueron surgiendo como familias ideológicas en las postrimerías del régimen franquista,⁷⁹ a veces con confrontaciones con éste. Aunque tras el final del franquismo no todos estos grupos supieron organizarse con la misma eficacia, compartían su voluntad de participar en una transición hacia la democracia, así como su decisión de no incluirse ni entre las filas de la derecha más reaccionaria ni entre las de la oposición de izquierdas.⁸⁰ De modo que, de forma oficial, el 3 de mayo de 1977 Suárez se puso al frente de la coalición de partidos centristas, entre las que destacaban las siguientes formaciones: el Partido Popular –dirigido hasta ese momento por J. M. Areilza y después por Pío Cabanillas–, el Partido Demócrata Cristiano –con Fernando Álvarez de Miranda–, Partido Demócrata Popular –Ignacio Camuñas–, Partido Social Demócrata –Francisco Fernández Ordóñez– y Federación Demócrata Liberal –Joaquín Garrigues Walker–.⁸¹

Pese a la falta de coordinación, a tenor de los resultados –165 diputados y 106 senadores–, las elecciones de junio de 1977 fueron un éxito para UCD, entre otras cosas porque las deficiencias que el partido pudiese mostrar quedaban compensadas por el carisma de Suárez y por los apoyos económicos.⁸² De hecho, UCD fue el único partido que obtuvo representación en todas las provincias españolas excepto en Guipúzcoa, en la que la coalición no presentó listas.⁸³

Tras las elecciones, el 4 de agosto de 1977, se firmó la disolución de los partidos dentro de UCD, con lo que UCD se constituyó formalmente como partido político. A partir de aquel momento, las insistentes críticas de algunos sectores ante la diversidad ideológica de las familias en el seno del partido, llevaron a la redacción a finales de 1977 del primer «Documento ideológico» de UCD por parte de un comité formado con representantes de los diferentes sectores. Sin embargo, tal como defiende J. Hopkin, «el resultado fue más una acumulación que una síntesis de ideologías y no parece que ofreciera una aclaración de la dirección política de UCD».⁸⁴ Un nuevo intento de definición ideológica fue llevado a cabo bajo la dirección de Luís Gámir, que, sin embargo, fue rechazado por los sectores más conservadores del partido.⁸⁵

Llegados a este punto, UCD estaba centrada en llevar a buen término los Pactos de la Moncloa y la redacción y aprobación de la Constitución, de modo que no fue hasta el 19 de octubre de 1978 cuando se celebró el Primer Congreso de UCD, en el que Attard fue el responsable de la Comisión Ideológica. Tal como él mismo narró, no hubo confrontación ideológica sino, más bien, conversaciones no conflictivas entre Luís Gámir, Antonio Fontán y Óscar Alzaga, dando lugar a una línea ideológica basada, principalmente, en la consolidación del estado de derecho, la libertad, la pluralidad, el progresismo y en el humanismo de inspiración cristiana.⁸⁶ El hecho fundamental fue, sin embargo, el nombramiento por mayoría de Suárez como presidente del partido y de Rafael Arias-Salgado como secretario general.

Apenas unos meses más tarde, UCD se enfrentó al reto de unas nuevas elecciones generales en marzo de 1979, necesarias políticamente tras la aprobación de la Constitución, y de elecciones municipales en abril del mismo año. Aunque en origen los resultados electorales favorecieron de nuevo a UCD, con 168 diputados y 119 senadores,⁸⁷ lo cierto es que la quiebra del consenso –que Suárez hizo evidente en sus discursos, tal como ha sido explicado– y el inicio de una estrategia de oposición más dura por parte de PSOE debilitaron al partido.

Sin embargo, hubo otros elementos que perjudicaron al partido como su errática política autonómica. Desde el punto de vista institucional, la dimisión del ministro de Cultura, M. Clavero, en enero de 1981 por su oposición a la nueva política autonómica auspiciada por UCD, perjudicó la imagen del partido, y en cierto modo la creación de una estructura regional y no tan sólo provincial, al menos en Andalucía.⁸⁸

En febrero de 1980 Suárez acometió la formación de su cuarto gobierno, en el que ya no estaban representados ni el ala liberal ni el sector socialdemócrata.⁸⁹ En mayo de 1980 el nuevo gobierno hacía frente al importante revés que supuso la presentación de una moción de censura por parte de PSOE contra UCD y su candidato electo, Suárez. Aunque la moción no prosperó, hay unanimidad de criterios a la hora de señalar el daño irreparable que la moción produjo en el grupo centrista y, principalmente, en el de sus dirigentes. Quizá por esa razón UCD quiso contrarrestar sus efectos presentando en septiembre de 1980 una moción de confianza a través de Suárez. Para entonces, otro hecho fundamental había ocurrido: tras la remodelación del Gobierno en mayo de 1980, remodelación en la que Abril Martorell tuvo una evidente influencia, y tras el verano, cuando se había celebrado la famosa reunión llamada de la «Casa de la Pradera» en la que el liderazgo de Suárez fue abiertamente cuestionado, se había hecho pública el final de la intensa colaboración entre Suárez y Abril Martorell que tanta estabilidad y apoyo les había prestado a uno y a otro.

Aunque Suárez continuó al frente del partido, numerosas voces se alzaban contra su gestión en el seno del partido, y no tan sólo por parte de los denominados «barones». Por el contrario, se había organizado todo un movimiento, conocido como el «movimiento crítico» en el que Miguel Herrero de Miñón tuvo una especial predominancia. Cuando en octubre de 1980, Herrero de Miñón fue elegido presidente del grupo parlamentario centrista, se hizo evidente que amplios sectores del partido apoyaban su posición. Y así quedó patente cuando el 21 de diciembre de 1980, tras una derrota en la Ejecutiva Nacional, se hizo público el «manifiesto de los críticos», respaldado por más de 200 dirigentes y cuadros intermedios de UCD. Desde ese momento y hasta la dimisión de Suárez apenas pasan unos meses. Finalmente, Suárez presentó su dimisión el 29 de enero de 1981; el vicepresidente y quién sería finalmente su sucesor en la Presidencia del Gobierno, L. Calvo-Sotelo, tampoco recibió el apoyo que necesitaba para solventar los problemas del partido y del Gobierno, de modo que en el II Congreso de UCD, celebrado en Palma de Mallorca en febrero de 1981, los debates se centraron en la diatriba entre los sectores oficialista y crítico. Sería el sector oficialista quién obtendría la mayor parte de los puestos relevantes, pero el malestar era creciente en UCD a lo largo de toda la geografía española.

Un nuevo acontecimiento relevante marcó el panorama político: el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981, iniciado con el secuestro de los parlamentarios reunidos en el Congreso. Aunque no hubo que lamentar consecuencias mayores, sí sirvió de acicate para un nuevo periodo de relativa estabilidad política, si bien en el seno de UCD se producía contratiempo tras contratiempo: en las elecciones gallegas de octubre de 1981 obtuvo menos votos que AP; en noviembre Fernández Ordóñez y quince parlamentarios socialdemócratas abandonaron el partido; en enero de 1982 le tocaría el turno a Herrero de Miñón, Ricardo de la Cierva y Francisco Soler Valero, quienes se integraron en AP; en mayo de 1982 UCD sufrió la derrota en las elecciones andaluzas; a partir de ahí, las bajas en el partido serían continuas, siendo una de las más destacadas la de Suárez, a finales de julio de 1982, quién formó el CDS.⁹⁰

En cuanto a la dirección del partido, en noviembre de 1981, Calvo-Sotelo había asumido la Presidencia del partido e I. Cavero la Dirección General, Presidencia que sería asumida por Landelino Lavilla en junio de 1982. Sin embargo, no pudieron evitar la estrepitosa derrota de UCD en octubre de 1982, en unas elecciones generales en las que sólo obtuvieron doce diputados.⁹¹

La agonía del partido aún se prolongó un poco más, puesto que aún en diciembre de 1982 se celebró el congreso extraordinario que dio predominancia a sector democristiano, confirmando en la presidencia a Lavilla. El final definitivo vendría en 1983.

A la hora de caracterizar a UCD hay que destacar, al menos, tres elementos: su ideología de centro o de centro-derecha, su fuerte carácter personalista y la heterogeneidad de su formación, tanto de facciones –grupos de poder– como de tendencias –grupos de opinión–, siguiendo la distinción de G. Sartori.

En cuanto a la ideología, lo primero a tener en cuenta es el espacio político que ocupa entre la derecha más reaccionaria y la izquierda marxista. Como expresó con rotundidad S. Alonso-Castrillo:

En 1975, España está tan alejada del crepúsculo como del nivelamiento de las ideologías. La derecha española es muy de derechas, y la izquierda española es muy de izquierdas. Existe, pues, un amplio espacio político, sin ocupar, en el centro.⁹²

Posteriormente, coincidiendo con la designación de L. Calvo-Sotelo para la Presidencia del Gobierno tras la dimisión de Suárez, desde algunos sectores de la prensa se especuló con un acercamiento de UCD hacia el centro-derecha.⁹³ Además, como escribió J. M. Maravall:

(Por las preferencias ideológicas del electorado), UCD no podía permitir que su imagen se desplazara a la derecha, mientras que al mismo tiempo tendría que procurar representar a los sectores de la derecha.⁹⁴

Como consecuencia de su heterogeneidad los principios ideológicos de UCD podían aparecer diluidos en algunas ocasiones, aunque una premisa básica en UCD era su voluntad de lograr una democracia que pudiera igualarse en derechos reconocidos con el resto de países occidentales, democracia basada en la unidad española que encarnaba la Corona en la persona de D. Juan Carlos.

En cuanto a la política social, ésta quedaba supeditada a la política económica y a la recuperación de la crisis, lo cual fue interpretado como un elemento de conservadurismo por una parte de la oposición. En opinión de Maravall sería una prueba de este conservadurismo el apoyo a la enseñanza privada a través de la Ley de Centros Docentes de 13 de marzo de 1980, y la Ley Básica de Empleo de 29 de septiembre de 1980. Además, prosigue este autor, durante el gobierno de UCD no hubo voluntad de conseguir la construcción de un sistema de servicios sociales que lograra avanzar hacia un Estado del bienestar, lo que hubiera paliado los efectos de la crisis económica; por el contrario, los esfuerzos se encaminaron a recortar el gasto público.⁹⁵

Por otro lado, era indiscutible una proximidad ideológica con la Iglesia Católica, como muestra el importante número de políticos pertenecientes a UCD que se manifestaban como democristianos. También es importante tener en cuenta que políticos tan representativos del centrismo como Suárez, Calvo-Sotelo o Attard, habían sido dirigentes o habían pertenecido a Acción Católica. Sin embargo, UCD se definió como un partido aconfesional, lo que, por otro lado, favoreció que el antiguo Partido Popular quedase como núcleo de la formación de UCD.⁹⁶

En materia de organización territorial definir la ideología de UCD es un trabajo complejo, entre otras cosas, porque, tal como ya ha sido explicado, a partir de 1979-1980 hubo un cambio importante. Sin embargo la defensa de la solidaridad interterritorial y el derecho a autorregularse, autodelimitarse y autogobernarse eran cuestiones mínimas mantenidas por todo el partido.⁹⁷ Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que UCD parecía debatirse entre una organización territorial basada en la provincia y una nueva organización basada en Comunidades Autónomas. De hecho, en la defensa que Abril Martorell hizo en el Congreso de los Diputados del proceso estatutario valenciano argumentó, precisamente, que había contribuido a dejar atrás la polémica entre la provincia y la comunidad.⁹⁸ Y es que la provincia jugó un importante papel en la política territorial de UCD: en primer lugar, la tendencia conservadora de las instituciones provinciales tales como las Diputaciones o los Cabildos, servía para contrarrestar la fuerza de los sectores más progresistas de la oposición; por otro lado, la provincia fue la base para un proceso de «colocación» de importantes «prohombres» del centrismo: hasta dieciocho organizaciones provinciales se vieron afectadas por la «llegada como candidatos líderes como miembros de la administración, cuyos vínculos con las provincias eran en muchos casos débiles».⁹⁹ Abril Martorell en Valencia¹⁰⁰ y Rafael Calvo Ortega en Oviedo constituyen los casos típicos. En principio esta práctica tuvo fines electoralistas, pero en la realidad, como se estudiará para el caso valenciano, fue el medio perfecto para «imponer» o ejecutar una política nacional a nivel de toda España pero desde los niveles políticos intermedios. La estructura provincial del partido, junto con la debilidad de las delegaciones provinciales permitió a UCD «bloquear las demandas de mayor autonomía de Castilla y León y Aragón».¹⁰¹

En cuanto al carácter personalista de UCD, en opinión de L. Calvo-Sotelo habría que buscar su origen en una concepción presidencialista de la política de Suárez.¹⁰² Sin embargo, el historiador M. Caciagli defiende la tesis de que UCD nunca fue el partido del presidente, quien nunca creyó en el proyecto de partido conservador de masas.¹⁰³ Lo que es cierto, sin duda, es que la personalidad de Suárez formaba parte de los elementos de aglutinamiento del partido, entre otras cosas, porque el partido había nacido una vez conseguido el poder por éste. Esto no significa que todos los políticos importantes de UCD participaran de su política como una forma de vincularse al poder, ya que, como recuerda E. Attard, para cuando se formó UCD ya había una gran cantidad de grupúsculos en todo el país, con una definición ideológica similar y con capacidad para formar un partido con relativa rapidez. Para gran parte de los políticos, principalmente de los políticos de base, aunque nunca se llegó a una verdadera fusión, UCD era algo más que una construcción artificial creada ex profeso para mantener el poder. Es en este sentido en que hay que entender las palabras de E. Attard a Suárez: «Mira, Adolfo, tú has aportado el poder, pero los que estamos detrás hemos aportado la legitimidad democrática de que tú carecías».¹⁰⁴

Del mismo modo, la pérdida del «halo carismático» de Suárez a los ojos de su grupo y de la opinión pública es una de las causas que explica la crisis de UCD. En opinión de Hopkin esta pérdida contribuyó negativamente al partido en dos sentidos: la capacidad de gestión de Suárez era una condición indispensable para que el partido pudiera mantener su estrategia del catch all; su debilidad dentro del partido permitió que subpartidos dentro de UCD contrarios a dicha estrategia «amenazar el modelo organizativo de Suárez».¹⁰⁵

La última característica, la heterogeneidad entre los orígenes ideológicos de los políticos de UCD, tiene que ver con el inicio de UCD tras la victoria de A. Suárez en las elecciones de 1977. No fue un partido iniciado desde un núcleo con una ideología concreta, sino una unión de pequeños partidos, en origen quince partidos, en los que los líderes luchaban por mantener dentro de UCD las máximas cotas de poder, especialmente aquellos líderes que se definían como democratacristianos o entre aquellos que ya habían mantenido algún cargo de responsabilidad durante el franquismo. Fue ése el origen de las «baronías». Además de los barones, que sí consiguieron tener acceso a cargos importantes, como los ministerios, había otros líderes que planteaban otra forma de mantener su poder: a través de una estructura confederativa en la que se debatieran las cuestiones y en las que cada grupo pudiera mantener en la región en la que operaba cierta autonomía, cosas que en la práctica no se lograron. El hecho de que «los miembros de la elite tuvieran muy escaso sentido del partido como empresa común y por ello no fueran capaces de elaborar un proyecto común»¹⁰⁶ tuvo como consecuencia el inicio de la crisis y la rápida desintegración de UCD. Otros motivos de disenso fueron la Ley de Divorcio, Ley de Reforma Fiscal y Ley de Autonomía Universitaria.

Si M. Caciagli consideró que las tres principales causas del hundimiento de UCD fueron el conflicto entre las facciones, la cultura política de la elite y la crisis de liderazgo de Suárez,¹⁰⁷ E. Attard destacó, además, otras dos: la voluntad, desde el ejecutivo, de imponer sus criterios al partido y al grupo parlamentario, y, por otro lado, la influencia del proceso autonómico.

En cuanto al grupo parlamentario, la defensa de una política conjunta fue una pelea continua entre el Gobierno y el grupo parlamentario. Esto se puede explicar como una incapacidad del grupo parlamentario de llevar a cabo algunas de sus propuestas dado su número de diputados, una «mayoría minoritaria», y el alto nivel de absentismo que tenían las filas centristas. Además, carecían de un órgano de coordinación o de un grupo de debate que sirviese para unificar criterios en algunos puntos –y cuando se creó no sirvió de nada¹⁰⁸–, del mismo modo que no hubo comunicación suficiente entre el gobierno y sus parlamentarios. Finalmente, está la cuestión de una cierta independencia política que los parlamentarios de UCD pretendían mantener a pesar de la voluntad de todos los gobiernos de UCD de imponer su criterio.

El problema de las autonomías era más complejo de manera que el desarrollo autonómico acabó ejerciendo una notable influencia sobre la crisis de UCD, del mismo modo que los problemas de UCD marcaron la configuración de la España de las autonomías. Así, las primeras actuaciones de UCD en materia autonómica estaban encaminadas a devolver la preautonomía y autonomía a aquellas comunidades que la habían perdido tras la Guerra Civil española. Con el consenso de todos los grupos se reestableció al Presidente Tarradellas en Cataluña y se intentó hacer lo mismo en el País Vasco, si bien conviene no olvidar las ventajas que tenía para el partido del Gobierno tomar la iniciativa política en esta materia y desmantelar así las demandas de la oposición.¹⁰⁹ El reconocimiento de la especifidad de estas comunidades llevó a que en la Constitución de 1978 hubiera una disposición, la disposición transitoria segunda, destinada a subsanar la pérdida autonómica en el mínimo tiempo posible. Otra cuestión diferente era la generalización del proceso a todo el territorio nacional, a pesar de que desde UCD se reconocía el derecho al autogobierno, como ha sido dicho anteriormente. En este sentido, desde UCD había cierto miedo a contribuir con sus iniciativas al «desguace» nacional»¹¹⁰. Sin embargo, el proceso autonómico continuó pese a que el Gobierno parecía ir a remolque de las demandas.¹¹¹

Así, desde un cierto «descontrol» del proceso autonómico, el Gobierno de Suárez comenzó a cambiar la estrategia autonómica, perdiendo la capacidad que hasta entonces había tenido para prever soluciones a los problemas aún antes de que se plantearan completamente. En el caso de Galicia, se quiso hacer una restricción tan grande de las competencias autonómicas que hubo que reformar el proyecto de estatuto, que además fue ratificado por un porcentaje bajísimo de población: sólo votó el 28’26% de la población, si bien, el 73’35% de esa población que votó lo hizo en sentido afirmativo. El Gobierno sufrió una importante pérdida de credibilidad con esa «pirueta política». Pero además, después vino el descalabro en Andalucía, proceso en el cual se produjo el «viraje» definitivo de UCD en materia autonómica: el «martinvillazo», en expresión de Attard. Este viraje político estaba destinado a ralentizar el proceso autonómico, lo que debía conseguirse, básicamente, a través de la utilización a nivel general del artículo 143 y no del 151 de la Constitución. Esto se justificó en base al temor de caer en un caos administrativo, y al aumento desmesurado del gasto público, pero sobre todo, por el temor a que todos los procesos de ratificación de estatutos se celebraran en fechas cercanas y acabara siendo una pérdida importante en horas de trabajo y salarios para el Estado.¹¹² Sin embargo, no había sido esta la política defendida al principio en Andalucía, por lo que el Gobierno acabó proponiendo a su electorado la abstención en un referéndum que había sido convocado por UCD. De este modo, se producía un nuevo desgaste del Gobierno de UCD que se podría haber evitado con una política autonómica coherente y consensuada desde el principio. Después, tras el 23-F, Gobierno y PSOE alcanzaron un pacto, como se ha dicho anteriormente, que tuvo como consecuencia la aceptación del artículo 143 para todo el territorio nacional, lo que de nuevo produjo desgaste en el Gobierno debido al aluvión de críticas que se recibió desde las Comunidades Autónomas, especialmente País Valenciano y Canarias, que ya tenían muy avanzada la redacción de su estatuto.

De este modo, la falta de organización de UCD provocó graves descontentos entre una población que podía considerarse burlada ante el cambio político, pero que sentía, además, cierta incertidumbre ante la expectativa de las comunidades autónomas, temor más que justificado dado el desigual resultado respecto al techo de competencias. Pero, además, en cierto modo el desgaste de UCD fue inútil porque la voluntad autonomista se mantuvo firme en aquellas comunidades que estaban bien organizadas y el Gobierno acabó teniendo que arreglar situaciones, como la andaluza, con medidas de emergencia como la reforma de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero a través de la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre.

1. P. Ysàs, «Democracia y autonomía en la transición española», en M. Redero (ed.), «La transición a la democracia en España», Ayer, núm. 15, 1994, pp. 77-107, esp. pp. 89-90.

2. Ibíd., pp. 93-94. Por otro lado, como defendió J. P. Fusi, la reacción «regional» que pudo observarse a partir de la década de 1960 evidenció el fracaso del modelo de Estado unitario y ultranacionalista del franquismo. J. P. Fusi, España. La evolución de la identidad nacional, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2000, p. 259.

3. S. Juliá et al., La España del siglo XX, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 196.

4. Una muestra de las diferentes valoraciones que sobre Suárez que hicieron el rey, la oposición y la elite franquista en P. Preston, Juan Carlos, el rey de un pueblo, vol. II, Madrid, ABC S.L., 2005, pp. 368-373.

5. Para un estudio en profundidad sobre la elite procedente del franquismo que llevó a cabo la Transición, vid. F. Gallego, El mito de la transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia, Barcelona, Crítica, 2008.

6. Ibíd., p. 381.

7. A. Suárez en V. Prego, Adolfo Suárez. La apuesta del Rey (1976-1981), Unidad Editorial, 2002, p. 44.

8. M. Caciagli distingue así entre una transición institucional y una transición política. La transición política comprendería desde el nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno hasta la victoria socialista en las elecciones generales de octubre de 1982. M. Caciagli, Elecciones y partidos en la transición española, Madrid, CIS, 1986, pp. 7-9.

9. A. Suárez, en V. Prego, op. cit., pp. 76-77.

10. V. Prego, op. cit., pp. 80-81.

11. <http://narros.congreso.es/constitucion/elecciones/generales/1977.htm>. Consultado el 20 de junio de 2007.

12. P. Ysàs, «Democracia y autonomía en la transición española», en M. Redero (ed.), op. cit., pp. 98-99.

13. J. P. Fusi, «El desarrollo autonómico», en J. Tusell y A. Soto, (eds.), Historia de la transición. 1975-1986, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 444-464, esp. pp. 449-450.

14. En el caso del territorio valenciano, valga como muestra la multitudinaria manifestación de 12 de julio de 1976, en la que se aclamaron consignas como «Per la llibertat. Per l’aministia. Per l’estatut d’autonomia. Pel sindicat obrer». B. Sanz y J. M. Felip, La construcción política de la Comunitat Valenciana (1962-1982), Valencia, Institució Alfons el Magnànim-Diputació de València, 2006, p. 153.

15. El Estado integral era una alternativa al Estado unitario y al federal, puesto que, si bien admitía las regiones, no admitía las federaciones entre las mismas. El estado integral tendió a convertirse en un Estado regional en el que «había un claro concepto de España, que veía a ésta como una unidad histórica, lingüística, cultural y estatal en la que se reconocía la existencia de varias culturas particulares –Cataluña, País Vasco y Galicia– y sentimientos más o menos afirmados de identidad regional». J. P. Fusi, España…, pp. 249-250.

16. E. Aja, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Madrid, Alianza Editorial,1999, pp. 46-47.

17. A. Lamelas, La transición en abril, Barcelona, Ariel, 2004, p. 219.

18. En palabras de Aja: «Autonomía significa, etimológicamente, poder para aprobar leyes, y en amplio sentido suele equipararse a autogobierno, porque no sólo son importantes las leyes sino también el conjunto de elementos que intervienen en las políticas públicas, como la dimensión de la administración y los recursos financieros. El autogobierno de las CCAA es notable». E. Aja, op. cit., p. 14.

19. Ibíd., p. 49.

20. E. Attard, La Constitución por dentro, Valencia, Ajuntament de València, 2003, p. 31. Para Attard, el autor jurídico de la transición, el impulsor del reformismo legislativo, fue, precisamente, L. Lavilla. E. Attard, Vida y muerte de UCD, Barcelona, Planeta, 1983, p. 156.

21. V. Prego, op. cit., p. 102.

22. Art. 138.2, Constitución Española, Madrid, Editorial Trivium, 1983, pp. 93-94.

23. Art. 158. 2, Constitución Española…, pp. 112-113.

24. B. de Riquer, «La configuración del sistema autonómico. El caso de Catalunya», en J. Tusell y A. Soto, (eds.), op. cit., pp. 465-492, esp. p. 479.

25. La tesis del trabajo de Aja es que la existencia de los llamados «hechos diferenciales» es, precisamente, el principal elemento que diferencia el Estado autonómico del federal. E. Aja, op. cit.

26. En este sentido, el discurso del presidente el 28 de diciembre de 1978 fue muy elocuente al respecto: «Ahora disponemos de un texto constitucional que nos ha de permitir gobernar de manera distinta y sin los condicionamientos o limitaciones propios de un período de transición». A. Suárez en V. Prego, op. cit., p. 111.

27. Art. 40. 1, Constitución Española…, p. 39.

28. E. Aja, op. cit., p. 59.

29. S. Juliá señaló que el propio Abril Martorell temía que las autonomías carecieran de techo. S. Juliá, op. cit., p. 223.

30. E. Aja, op. cit., p. 60.

31. E. Attard, Vida…, p. 93.

32. J. P. Fusi, «El desarrollo autonómico», en J. Tusell y A. Soto, (eds.), op. cit., p. 459. Los argumentos del Gobierno se basaban en el coste que supondría afrontar diecisiete referéndums. R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1985, pp. 176-184.

33. Sobre las características de este viraje autonómico iniciado con el Estatuto de Galicia y el descrédito asociado al mismo, vid. E. Attard, Vida..., pp. 98-102.

34. La respuesta de los ciudadanos gallegos fue contundente ante la incongruencia manifestada en la redacción de su estatuto: tan sólo el 28’26% de los electores se decidió a votar, de los cuales el 73’6% apoyó el Estatuto. Ibíd., pp. 99-100.

35. Ibíd., p. 94. También la socialista M. Izquierdo, que tuvo un importante papel en los acuerdos autonómicos, se manifestó en el mismo sentido. Ibíd., p. 112.

36. Ibíd., p. 149. Sobre este mismo aspecto J. Hopkin afirmó que PSOE se negó a apoyar la rectificación autonómica, pero que la aprovechó para realizar una política populista. J. Hopkin, El Partido de la Transición, Madrid, Acento Editorial, 2000, p. 185.

37. El líder del centrismo andaluz era M. Clavero, quién fue ministro para las Regiones entre 1977 y 1979, y ministro de Cultura entre 1979 y 1980, fecha en que dimitió, precisamente, por el problema de la autonomía andaluza, pasando así al Grupo Mixto. Clavero era partidario de la vía 151 para Andalucía, no así Abril Martorell a quién Attard vincula directamente con el frenazo autonómico en Andalucía. E. Attard, Vida..., pp. 102-104.

38. J. Tusell, «La transición política: un planteamiento metodológico», en J. Tusell y A. Soto, (eds.), op. cit., p. 134.

39. J. M. Santacreu y M. García Andreu, La transició democràtica al País Valencià, Simat de la Valldigna, La Xara, 2002, pp. 43-53.

40. B. Sanz y J. M. Felip, Política y políticos valencianos, Valencia, Editorial Gules, 2002, vol. I, pp. 277-278.

41. J. M. Santacreu y M. García Andreu, op. cit., pp. 53-83.

42. B. Sanz y J. M. Felip, op. cit., p. 144.

43. Ibíd., p. 147.

44. Ibíd., p. 149.

45. Ibíd., p. 150.

46. Ibíd., p. 153.

47. Ibíd., p. 154.

48. Ibíd., p. 178.

49. J. M. Santacreu y M. García Andreu, op. cit., p. 21.

50. Ibíd., p. 23.

51. Ibíd., p. 23.

52. Datos procedentes de B. Sanz y J. M. Felip, Política y políticos…, p. 248. Por su parte, T. Carnero y J. Palafox defendieron que una de las causas de estos resultados electorales hay que buscarla en el hecho de que sólo los partidos de «ámbito estatal», es decir, UCD primero y PSPV-PSOE después, presentaban un proyecto político de gobierno. T. Carnero y J. Palafox, Creixement, politització i canvi social. 1790-1980, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1990, p. 79.

53. Real Decreto-ley 10/1978 de 17 de marzo, en Presidencia del Gobierno, Regímenes Preautonómicos, Madrid, Servicio Central de Publicaciones, 1978, pp. 85-89, esp. p. 85.

54. Real Decreto-ley 10/1978 de 17 de marzo, ibíd., p.86.

55. Si bien la denominación «Consell» no aparecía en el Real Decreto-ley 10/1978 de 17 de marzo, sí que aparecería, no obstante, en la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

56. Es importante tener en cuenta las elecciones municipales de 3 de abril de 1979, puesto que, como defienden Santecreu y García Andreu, las elecciones municipales eran más representativas ya que en el escenario local pueden desarrollarse formaciones con insuficiente capacidad para lograr su representación en las Cortes Generales. En síntesis, los resultados no fueron muy diferentes del mostrado por las elecciones de 1 de marzo de 1979 –UCD obtuvo en torno a 580.000 votos y 2.250 regidores; PSPV-PSOE 610.000 votos pero 1.565 regidores; PCE-PCPV, 245.000 votos y, tan sólo, 492 regidores–, si bien supuso el acceso a la política local de CD –con 86 regidores– y de diferentes grupos independientes – con 882 regidores–, entre otros. J. M. Santacreu y M. García Andreu, op. cit., p. 93.

57. «UCD no tiene problemas. Porque tiene decretos ley para todo. Mussolini hacía lo mismo, y vean ustedes cómo acabó la cosa. Pero no es serio, no es serio ni ético que el partido del gobierno cambie los decretos a su gusto con tal de adaptar las nuevas realidades políticas a su conveniencia». G. Grau, «La izquierda empezó a mandar», Valencia Semanal, núm. 70, 6-13 de mayo de 1979.

58. G. Grau, «Estalló el Consell», Valencia Semanal, núm. 103, 6-13 de enero de 1980.

59. La aplicación retroactiva no está explicitada en la Ley Orgánica Reguladora del Referéndum. De hecho, hubo varios dictámenes de juristas valencianos que denostaban la inviabilidad de una aplicación retroactiva utilizando dicha ley. Valencia Semanal, núm. 114, 30 de marzo-6 de abril de 1980.

60. A. Cucó, Roig i blau, Valencia, Tàndem, 2002, p. 149.

61. M. Clavero, España, desde el centralismo a las autonomías, Barcelona, Planeta, 1983, p. 59.

62. «Informe sobre la llengua del País Valencià», Facultad de Filología, Universidad de Valencia, Valencia, 1978, en A. Cucó, op. cit., p. 121.

63. Ibíd., p. 68.

64. M. Clavero, op. cit., p. 59.

65. Ibíd., p. 60.

66. Así lo manifestó UCD-Valencia en repetidas ocasiones, como por ejemplo, en un documento elaborado el 16 de septiembre de 1979, apenas una semana después de haberse configurado la nueva ejecutiva regional de UCD.

67. J. M. Santacreu y M. García Andreu, op. cit., pp. 31-33.

68. B. Sanz y J. M. Felip, Política y políticos…, p. 297.

69. Ibíd., p. 298.

70. Ibíd., p. 299.

71. A. Cucó, op. cit., p. 145.

72. Ibíd., p. 233.

73. Ibíd., pp. 238-260.

74. J. Guillem Carrau, «Sinopsis del Estatuto de Comunidad Valenciana» en <http://www.congreso.es/constitucion/estatutos/sinopsis_pr.jsp?com=79>. Consultado en enero de 2007.

75. E. Attard, Hoja del Lunes, 8 de marzo de 1982, y E. Attard, «Gravedad de un voto negativo», Ya, 9 de marzo de 1982.

76. M. Caciagli, «La parábola de la Unión de Centro Democrático», en J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), La transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989, p. 390.

77. J. M. Maravall, La política de la transición, Madrid, Taurus, 1984, p. 187.

78. S. Alonso-Castrillo, La apuesta del centro, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 171 y 143, respectivamente.

79. E. Attard, Vida…, pp. 20-33.

80. S. Alonso-Castrillo, op. cit., p. 161 y ss.

81. B. Sanz, J. M. Felip, La construcción…, p. 370.

82. S. Alonso-Castrillo, op. cit., p. 196.

83. Ibíd., p. 200.

84. J. Hopkin, op. cit., p. 152.

85. Ibíd., pp. 152-153.

86. E. Attard, Vida…, pp. 72-77.

87. B. Sanz, J. M. Felip, La construcción…, p. 370.

88. J. Hopkin, op. cit., p. 187.

89. B. Sanz, J. M. Felip, La construcción…, p. 370.

90. Ibíd., p. 370.

91. Ibíd., p. 370.

92. S. Alonso-Castrillo, op. cit., p. 144.

93. Especulaciones con las que el propio Calvo-Sotelo se mostró en desacuerdo. L. Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza y Janés-Cambio 16, 1990, p. 69.

94. J. M. Maravall, op. cit., p. 36.

95. Ibíd., p. 69 y p. 85.

96. S. Alonso-Castrillo, op. cit., p. 166.

97. Attard, Vida…, pp. 86-88.

98. DSCD, 28 de abril de 1982, p. 13681.

99. J. Hopkin, op. cit., p. 127.

100. Tal como se verá más adelante, en el caso de Valencia no tiene tanto que ver con una débil estructura provincial, puesto que ésta será la base sobre la que Abril Martorell y su equipo prepararon la campaña de 1979. Se trata, más bien, de la obviedad de la inexistencia de un liderazgo fuerte capaz de obtener el apoyo de los electores tal como se esperaba.

101. J. Hopkin, op. cit., p. 187. Para un conocimiento más exhaustivo del liderazgo en cada provincia y qué miembro del Gobierno tenía ubicado su área de influencia en 1980, F. Jáuregui y M. Soriano, La otra historia de UCD, Madrid, Emiliano Escolar editor, 1980, pp. 169-183. Por ejemplo, en la provincia de Soria el ya fallecido Gabriel Cisneros era el presidente de UCD y uno de sus hombres de confianza, F. Sanz Cilla, era secretario general. Ibíd., p. 179. Otro tanto pasaba en León con R. Martín Villa. Ibíd., p. 175.

102. L. Calvo Sotelo, op. cit., p. 56.

103. M. Caciagli, «La parábola de la Unión de Centro Democrático», en J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), op. cit., p. 424.

104. E. Attard, Vida..., p. 53.

105. J. Hopkin, op. cit., pp. 293-294.

106. M. Caciagli, «La parábola de la Unión de Centro Democrático», en J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), op. cit., p. 422.

107. Ibíd., pp. 319-320.

108. E. Attard, Vida…, p. 60.

109. F. Gallego, El mito de la transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica, 2008.

110. E. Attard, La Constitución…, p. 83.

111. Ibíd., p. 84.

112. E. Attard, Vida…, pp. 92-93.