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INTRODUCCIÓN

El uso de métodos cuantitativos para medir el impacto de programas sociales ha cobrado un gran interés recientemente. En los últimos años han surgido organizaciones dedicadas a la elaboración y el financiamiento de evaluaciones de impacto. Las entidades multilaterales de crédito y las agencias de cooperación han enfatizado, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de evaluar concienzudamente los proyectos de desarrollo. Muchos países han creado oficinas independientes de evaluación y monitoreo de programas públicos. Las evaluaciones de impacto han comenzado a desempeñar un papel preponderante en el diseño de políticas públicas y, por ende, en el control político y la controversia democrática.

Hace apenas unos años la evaluación de impacto era un tema casi desconocido en la gestión social. En el mejor de los casos, se percibía como una curiosidad de especialistas; en el peor, como un desperdicio de recursos y un obstáculo tecnocrático a las iniciativas sociales. El impacto de la mayoría de las políticas públicas era desconocido. La pregunta sobre el impacto no se planteaba y menos aún se respondía. Las buenas intenciones y la inercia operativa desplazaban cualquier intento de escrutinio cuantitativo.

White (2009) describe el caso del Programa Integrado de Nutrición de Bangladesh. Este programa identificaba, mediante mediciones en campo, a los niños desnutridos en aldeas rurales y los asignaba a un tratamiento que incluía alimentación suplementaria a los menores y educación nutricional a sus madres. Por muchos años el programa fue considerado como un gran éxito. Las cifras oficiales mostraban una aparente mejoría en los indicadores antropométricos de los niños. El Banco Mundial decidió, con base en esta evidencia incompleta, aumentar los recursos destinados al programa. Ni los financiadores ni los ejecutores parecían dudar de la bondad del programa.

Pero las primeras evaluaciones de impacto, realizadas por el Grupo Independiente de Evaluación del mismo Banco Mundial y por la ONG inglesa Save the Children, mostraron que la mejoría de los indicadores de los beneficiarios era similar (o inferior en algunos casos) a la de otros niños con características comparables que no hacían parte del programa. Las pesquisas que siguieron a la evaluación encontraron que la educación nutricional dada a las madres era irrelevante, pues ellas ni iban al mercado ni decidían sobre la elaboración de los alimentos. En suma, la evaluación señaló que las percepciones de los administradores del programa y de las entidades financiadores eran erradas, y sugirió algunos correctivos al programa.

El caso del programa colombiano Hogares Comunitarios de Bienestar también es ilustrativo. Este programa, creado en 1986, ofrece servicios de cuidado infantil y nutrición a niños de familias de escasos recursos. El servicio es prestado en sus viviendas por madres pertenecientes a las comunidades beneficiadas y la alimentación es provista por el Estado. Durante sus primeros quince años de operación, el programa nunca fue evaluado. La evaluación se consideraba innecesaria: el programa era visto mayoritariamente como costo-efectivo, es decir, de calidad aceptable y costo muy bajo (Perotti, 2005).

Las primeras evaluaciones permitieron conocer el impacto del programa y ayudaron a despejar algunos malentendidos (Attanasio y Vera-Hernández, 2004, y Bernal et ál., 2009). Las evaluaciones mostraron que el programa tiene un impacto sustancial sobre los niños más vulnerables, especialmente los que llegan en condiciones críticas de nutrición, pero no sobre el resto de los beneficiarios. Además, el impacto parece circunscrito a los niños entre 2 y 4 años. Para los niños menores, el impacto es incierto; para los mayores, adverso. En suma, las evaluaciones permitieron cuantificar el impacto y conocer quiénes se benefician y quiénes no de la existencia del programa, a la vez que facilitaron el diagnóstico de correctivos clave en el programa.

Guía práctica para la evaluación de impacto

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