Читать книгу Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece? - Amanda Alvarado Cortés - Страница 24

Cada informe Cómo va la paz se enfoca en analizar los avances en la implementación de los puntos del Acuerdo Final, siguiendo cuatro líneas de análisis escogidos por la fundación: seguridad, política de reincorporación, ejecución presupuestal estatal e infraestructura institucional para la paz. De acuerdo con el informe de 2018, estas cuatro líneas de análisis corresponden a los grandes obstáculos que ha enfrentado la implementación, específicamente, en los territorios. En particular, en el tema del Punto 1 sobre RRI, los informes se enfocan en el análisis de la implementación de los programas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial (PDET) (segundo subpunto del Punto 1) en los territorios.

En el mismo informe también se mencionan “iniciativas hermanas” como las “obras de pequeñas infraestructuras comunitarias”, “obras por impuestos” y “proyecto de red de vías terciarias para la paz y el posconflicto: Plan 51/50”. Esto tiene una implicación puntual: en estos informes no se abordan de manera rigurosa todos los subpuntos del Punto 1, como los que se refieren a acceso y uso, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva; ni el de los planes nacionales para la RRI.

A pesar de esta falencia, los informes de la Fundación Paz y Reconciliación (2018a; 2018b) hacen un esfuerzo por dar cuenta detallada de los avances y riesgos de la implementación, a partir de las acciones, planes y programas pactados y de datos cuantitativos y cualitativos. Con esto, realiza un análisis de las transformaciones territoriales y el impacto de la implementación (o la falta de implementación) de los acuerdos en la realidad de las comunidades, especialmente, en temas de seguridad, presencia de grupos armados, procesos metodológicos de PDET, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), implementación de espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) y aspectos ambientales.

Lo anterior significa que el tipo de evaluación que está haciéndose es respondente, es decir, que tiene en cuenta las demandas e intereses de las audiencias que hacen parte de la discusión, no solo las partes (Gobierno y Farc-EP), sino también las comunidades afectadas en el proceso de implementación. De esta manera, la lógica de la evaluación se basa en el papel del evaluador como orquestador de procesos de negociación entre diferentes visiones de la realidad, a partir de lo cual busca construir un consenso entre las visiones y aportar una nueva interpretación, en este caso, para evidenciar avances y riesgos de la acción pública.